"El mismo martes 11 de marzo en que medio millar de marineros del
cerco convirtieron el centro de Santiago en una batalla de piedras,
sillas y botellas contra los antidisturbios que les devolvieron disparos
de pelotas de goma, una concentración de medio centenar de alcaldes
forcejeó también con la policía a las puertas del Parlamento gallego.
La
foto no encontró hueco en las portadas, copadas esos días por
barricadas de contenedores ardiendo y porrazos a los manifestantes. Pero
aquella mañana los agentes llegaron incluso a identificar a los
regidores socialistas de Becerreá y A Fonsagrada cuando intentaban
desplegar una pancarta contra el canon de Sogama ante la verja de la
institución.
Los empujones que intercambiaron con policías algunos
veteranos de la vida municipal, con trienios en la alcaldía, resumen la
desesperación que impera en los Ayuntamientos gallegos. A la polémica
tasa del agua impuesta por la Xunta el año pasado sucedió la ley Montoro
que vacía de competencias a los de menos de 20.000 habitantes.
Y el
incremento de un 34% impuesto unilateralmente por el Gobierno gallego en
el recibo de Sogama para contrarrestar la retirada de las primas del
Ministerio de Industria por producir energía ha sido el mazazo
definitivo.
Casi un centenar de alcaldes —prácticamente todos los que no son del
PP— mantienen desde hace semanas reuniones al margen de la Federación
Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para forzar “la retirada del
tasazo”. Se han manifestado ante las sedes del Parlamento y la Xunta,
donde amenazan con encerrarse.
Y avisan de que no van a pagar más que el
precio revisado con el IPC. El resto, hasta completar el recibo que
pasa Sogama, lo depositarán en el juzgado para que decidan los
tribunales si tiene razón la empresa pública o los Gobiernos
municipales. Los alcaldes consultados, de las siglas que sean, abominan
del nuevo recibo. Públicamente, los del PP lo critican con la boca
pequeña pero en cuanto se apagan las grabadoras echan sapos y culebras
contra la decisión de Sogama.
En medio, la Fegamp, que preside el regidor de Ferrol, José Manuel
Rey Varela, del PP, improvisa paños calientes. En su día aprobó una
declaración institucional que rechazaba el encarecimiento del nuevo
canon —vigente ya desde enero— pero cuando los regidores socialistas y
nacionalistas forzaron una votación (la primera del mandato en una
institución que presume de adoptar las decisiones por unanimidad) para
recurrirlo en el juzgado, la mayoría del PP echó abajo la propuesta.
Rey
Varela explica que prepara un estudio para analizar con la Xunta el
mapa de residuos en este nuevo contexto pero que entretanto tocará
pagar. En su caso ha decidido trasladar el coste a los vecinos, un euro
por hogar y mes, para evitar el agujero que haría a su maltrecho
presupuesto cargar 400.000 euros más por el tratamiento de la basura.
En
Santiago, se encarece en 600.000 euros. En Ribeira, una villa media
donde también manda el PP con el histórico Manuel Ruiz Rivas, son
150.000 más que hasta ahora.
Socialistas y nacionalistas plantan batalla a la subida en todos los
campos, incluida la calle. Intentan obligar a la Consellería de Medio
Ambiente y a Sogama a compartir el incremento de la factura. Pero la
Xunta reitera que es innegociable y alerta sobre el de la quiebra del
modelo.
“No descarto que el Gobierno se siente a negociar porque nos van
a tener en la calle”, avisa el alcalde de O Barco de Valdeorras, el
socialista Alfredo García, vicepresidente de la Fegamp. En la pelea hay
casi un centenar de alcaldes (los que no son del PP) y están todos los
partidos. Francisco García, el de Allariz —estandarte de la política
local del BNG— y número tres en la Fegamp vaticina “tiempos
convulsos” si no se aceptan las reclamaciones de los Ayuntamientos.
Uno
de los veteranos del PP admite en privado que “defender estas siglas”
desde el consistorio “se está poniendo imposible porque el partido solo
da malas noticias a sus alcaldes y concejales”. Asegura que mientras
socialistas y nacionalistas salen con la pancarta ellos se lamentan en
los despachos, también con escaso éxito. El conflicto va para largo y se
dirimirá en los juzgados.
Y no es el único frente abierto para el municipalismo. La ley que ha
diseñado el Ministerio de Hacienda para reformar las administraciones
locales ha encontrado un insólito consenso entre los partidos gallegos:
todos en contra. Como la Xunta, que después de formular en vano decenas
de alegaciones a los primeros borradores del Gobierno central, improvisa
ahora una norma gallega que enmendará a la estatal.
En la exposición de
motivos argumenta que Galicia tiene según su Estatuto de Autonomía
“competencias plenas sobre régimen local”. Lo dice el artículo 27, el
mismo que invoca el BNG para plantear un recurso de inconstitucionalidad
contra la ley Montoro. El PSOE ya se ha posicionado, primero contra la
norma estatal y ahora contra la gallega, aunque algunos de sus regidores
admiten en privado que esta última puede servir de parche para
amortiguar “el desaguisado del Gobierno”.
Con el texto de Hacienda en la mano, secretarios e interventores
municipales lo tienen crudo para autorizar cualquier gasto en servicios
sociales que planteen los Ayuntamientos, la primera institución a la que
llaman los ciudadanos en plena espiral de crisis y recortes. Y eso en
medio del clima de pavor generalizado —desatado por los sumarios que han
destapado una red de escándalos en una docena de Ayuntamientos con
teléfonos pinchados, donde jueces y fiscales analizan con lupa cada
papel que se firma— es una bomba de relojería a un año y pocos meses de
las próximas elecciones locales.
La aplicación escalonada de la ley
estatal aplaza la entrada en vigor de sus medidas más polémicas a
después de las municipales de 2015 pero el desconcierto y la indignación
cunden entre los alcaldes. Un ejemplo: si hasta hace nada recibían
instrucciones de la Xunta para crear consorcios —y compartir servicios y
costes— ahora esas entidades están amenazadas por la ley estatal. (...)
Alcaldes y ediles recuerdan además que en estos últimos años los
Ayuntamientos fueron las únicas instituciones que redujeron deuda, aun
cuando partían de una situación más saneada que las comunidades
autónomas y el Gobierno central y de que el actual sistema de
financiación solo les entrega 13 céntimos por cada euro que reparte." (El País, 23/03/2014)
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