"La Audiencia Nacional dispone de un limitado catálogo de materias
sobre las que tiene competencia para investigar. Las más sonoras son el
terrorismo, los delitos contra la Corona o el tráfico de drogas.
También
están en el listado las “defraudaciones y maquinaciones para alterar el
precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión
en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de
personas en el territorio de más de una Audiencia”.
Con el objetivo
puesto en depurar responsabilidades entre los muñidores de la estafa de
las participaciones preferentes, a muchos abogados se les fue la vista
al enunciado anterior, sacado literalmente del artículo 65.1 c) de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. Y en Madrid o Castilla y León, la
Audiencia ha aceptado investigar a los dirigentes de sus cajas. Pero no
en Galicia.
Aceptar la competencia no implica automáticamente que se investigue
el caso. Es un paso previo al de analizar si los hechos parecen
constitutivos de delito. En la investigación de las preferentes de Caja
Madrid y Bancaja, por ejemplo, la fiscalía —que ha asumido el criterio
de que las emisiones, aunque irregulares, no fueron criminales—
coincidió con el propio titular del Juzgado Central de Instrucción
número 4, Fernando Andreu, en que este era competente para investigar.
El juez lo fundamentó en un párrafo bastante sencillo de un auto:
“Puesto que las participaciones preferentes fueron adquiridas por una
multiplicidad de personas que finalmente han resultado perjudicadas con
su inversión habiendo perdido todo o gran parte del dinero que
destinaron a la adquisición de este producto y que el Gobierno ha tenido
que intervenir y dictar un Real Decreto Ley para regular su canje por
acciones, deben considerarse cumplidos los requisitos”.
En el caso de
Caja Duero y Caja España, tampoco se cuestionó la competencia. El asunto
cayó en el juzgado de Eloy Velasco, que de entrada rechazó la causa
porque entendía que no había delito. Pero la Sección Tercera de la Sala
de lo Penal le mandó investigar, tras el recurso de una asociación de
consumidores.
Con distintos matices —algunos casos no avanzan por
inacción de los propios demandantes, otros tratan de emisiones de
derivados financieros distintos de las preferentes— la Audiencia también
ha entendido apropiado que se investigue a los gestores de Caixa
Calalunya, el Banco Santander o la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Caixa Galicia y Caixanova no han entrado en el paquete. Con unos
1.800 millones de euros en solfa y más de 70.000 afectados cuando se
destapó el escándalo, el sindicato CIG recibió a mediados de octubre el
portazo de la Sección Cuarta de la sala de lo Penal, que ratificó un
auto previo del Juzgado Central de Instrucción número 1, dirigido por
Santiago Pedraz. “No reúne los requisitos establecidos”, determina sin
más la resolución.
“Es bastante decepcionante, porque no tiene prácticamente contenido
jurídico”, señala Guillermo Presa, el abogado que presentó la querella,
“basada en la que UPyD presentó contra Bankia y que sí fue aceptada”. El
letrado señala también el contraste entre esta negativa “asombrosa” y
el caso de las tarjetas de crédito irregulares de Bankia, de mucha menor
cuantía y circunscrito a Madrid, que sí ha asumido la Audiencia
Nacional
La querella de la CIG no es la única que se ha estrellado contra el
tribunal especializado. La plataforma de afectados por las preferentes
de Vigo presentó dos. Una, a comienzos de 2013, muy breve, poco
fundamentada y casi simbólica en el momento álgido de las protestas
ciudadanas contra la gestión política de la estafa, según admisión de
sus propios responsables, y otra más elaborada este año, también
rechazada por Pedraz y pendiente ahora del recurso ante la sala.
De
seguir el mismo camino que las anteriores, el caso recaerá en el Juzgado
de Instrucción número 2 de Vigo, que había archivado la denuncia
inicial. “No estamos dispuestos a tirar la toalla”, insiste Presa, que
piensa agotar los recursos jurídicos para reactivar la causa. Presentar
la querella en otro órgano y suscitar un conflicto de competencias en el
que tenga que mediar el Tribunal Supremo es una de las posibilidades
que se estudian." (
Víctor Honorato
, El País, Pontevedra
1 NOV 2014)
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