"Como su vida es todavía corta, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil
solo ha tenido dos presidentes, y se puede decir que el 100% de sus
responsables están imputados porque ambos son objeto de investigación
judicial.
El primero, que inauguró el cargo a la par que una lujosa
sede, Francisco Fernández Liñares (PSOE), representa el origen y el eje del macrocaso Pokémon
sobre corrupción política que instruye desde Lugo la magistrada Pilar
de Lara.
El segundo, Francisco Marín, que relevó al socialista cuando
Rajoy recogió los bártulos de Zapatero, acaba de ser citado a declarar
en calidad de imputado por un supuesto delito de quebrantamiento de
medida cautelar por parte de la juez de Sarria Diana Vales.
Presuntamente este alto cargo dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente desobedeció al juzgado, que había ordenado suspender la tala de
árboles prevista por las obras de encauzamiento del río Sarria, a su
paso por la población lucense a la que también da nombre.
El descomunal
proyecto de canalización con el que la Confederación pretendía evitar
las crecidas afectaba a la mayor parte (178 árboles) de la vegetación de
ribera, un conjunto de alisos saludables que conforman el pulmón verde
de una localidad tomada por el cemento.
Además, el plan, impulsado ya por el primero de los presidentes de esta Confederación, Fernández Liñares,
contemplaba obras de demolición y reforma en varios puentes, algunos de
ellos históricos.
El juzgado número 1 de Sarria ordenó la suspensión
cautelar de la tala tras la denuncia de buena parte de los vecinos,
movilizados desde hace año y medio contra el polémico proyecto que
cambiaría por completo su paisaje urbano. Durante varias semanas los
protagonistas de lo que se dio en llamar "el Gamonal de Sarria" llevaron
a cabo protestas y se encadenaron, dentro de la isla fluvial de O
Toleiro, a los árboles marcados con un aspa por la empresa maderera para
evitar su tala.
Luego fueron desalojados bruscamente por las fuerzas
del orden y algunos de ellos empezaron a recibir multas de la
Subdelegación del Gobierno que en total sumaban más de 20.000 euros y
que interpretaron como "medida represora".
El juzgado abrió un proceso penal para investigar la legalidad de
unas obras denunciadas por los vecinos —aunados por la Plataforma Sarria
polo Río— y bendecidas en principio tanto por el anterior gobierno
local del PP como por la Xunta de Galicia.
En una nueva fase, la juez
quiere saber por qué se taló un árbol en la isla tras el veto que
impuso. Francisco Marín ha sido citado después de haber declarado ya
como imputados, tal y como informa la plataforma vecinal, la directora
de la obra, un jefe anterior, un encargado y el representante legal de
la empresa adjudicataria.
Numerosos colectivos ecologistas, culturales y sociales de toda
España han dado su respaldo a los vecinos desde que se rebelaron ante
estas obras impuestas por la Confederación. En Galicia, desde la Escola
Galega da Paisaxe hasta el Consello da Cultura Galega, pasando por
varios de los más destacados catedráticos de Botánica e Ingeniería
Agroforestal tomaron partido en contra el proyecto. Todos advirtieron de
la necesidad de conservar unos árboles "indiscutibles", "prioritarios",
"insustituíbles", además de raramente sanos en una comunidad autónoma
donde buena parte de los alisos están enfermos.
La obra proyectaba la eliminación de presas históricas y de parte de
la isla fluvial, y la transformación radical de cuatro puentes. Uno,
Ponte Ribeira, con base medieval y en pleno Camino Francés a Santiago,
una ruta que en su conjunto ha sido declarada patrimonio de la Unesco; y
otro, el de la rúa Calvo-Sotelo, construido en el XIX.
Hoy, la Plataforma Sarriana polo Río, que continúa su lucha, ha hecho
público un comunicado en el que felicita a los sarrianos porque de
momento el "esfuerzo" del pueblo mantiene en pie buena parte del
patrimonio local amenazado por la piqueta. "Fuimos capaces de hacerlo en
contra del deseo de la mayoría de los políticos, que solo veían en la
demolición una obra que les podía dar réditos electorales", afirman.
Mientras tanto, el presidente anterior de la Confederación
Hidrográfica, el jefe cuando el proyecto de encauzamiento del Sarria
(previo a la era de los recortes) se calculaba aún más ambicioso, sigue siendo investigado por la juez De Lara, titular del 1 de Instrucción de Lugo.
La magistrada sigue su pista desde que estalló la Operación Carioca
sobre prostitución y trata de mujeres. Liñares aparecía entonces
estrechamente ligado al propietario del solar en el que se levantaba el
prostíbulo epicentro de la trama.
Durante años, la juez tiró del hilo y
terminó cercando al político socialista que había sido la mano izquierda
del alcalde Orozco en Lugo y fue premiado por el Gobierno con una
Confederación recién nacida y con infinidad de concursos y contratos por
cerrar.
El sumario de la Pokémon nace con capítulos que describen el supuesto cobro de sobresueldos y mordidas por parte de Liñares, apodado Garbancito
en las escuchas telefónicas a empresarios supuestamente beneficiados
por él. En los registros domiciliarios apareció todo un arsenal de
lujosos regalos que recibía a cambio de los favores. También anotaciones
contables que lo delataron.
Es uno de los pocos imputados de la Pokémon
que reconoció los hechos nada más entrar a declarar después de ser
detenido. Según los investigadores de Aduanas, tampoco le hacía ascos a
los presentes en especie, y presuntamente aceptaba tanto perdices como
costosos trabajos forestales gratuitos en sus fincas plantadas de
eucaliptos.
Además, en una pieza separada, la juez De Lara rastrea ahora
si Fernández Liñares acosó y abusó sexualmente de varias mujeres que
declararon que lograron puestos de trabajo a cambio de presuntas
relaciones." (
Silvia R. Pontevedra
, El País, Santiago
2 JUL 2015)
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