"La justicia ha vuelto a condenar a la Xunta por
irregularidades en los procesos de selección a plazas de su cuerpo
administrativo.
En una sentencia dura, clara y con fuertes reproches, el
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga a la Consellería
de Facenda a nombrar funcionaria del grupo A1 a una opositora que había
sido suspendida, ya que considera probada la existencia de una "conjura
del tribunal calificador con burla de las bases de la convocatoria", así
como "patente" el "panorama indiciario de intriga evidenciado por la
demandante".
El modus operandi
para el amaño de estas oposiciones fue tan burdo como evidente. Tal y
como también se detalla en la sentencia -hecha pública por el sindicato
CSIF-, la oposición constaba de varios ejercicios cuyas calificaciones
sumadas y ponderadas establecerían el resultado final de la prueba. No
obstante, ya en el segundo, el tribunal "declaró tantos aprobados como
plazas convocadas".
"El tribunal calificador, bien por inercia, economía
procedimental, ignorancia o error... hurtó la posibilidad a los
restantes aspirantes de aprobar el segundo ejercicio" aclara el dictamen
del TSXG, que asegura que "la sospecha vertida por la demandante de
existencia de una conjura [...] con burla de las bases de la
convocatoria se eleva [...] a convicción probada por el principio de
facilidad probatoria en manos de la Administración y por el patente
panorama indiciario de intriga evidenciado por la demandante".
Para llevar a cabo esta "maquinación" de la que habla el alto tribunal,
se cometieron varias irregularidades a la hora de evaluar los
ejercicios, al vulnerarse criterios de calificación de la convocatoria,
dejar de corregir exámenes, no establecer soluciones homegéneas y
objetivas o usar criterios genéricos susceptibles de aplicación
arbitraria.
"La valoración asignada a la segunda prueba es fruto más del
voluntarismo que de la razón científica" dice el TSXG, que asegura que
"resulta elocuente indicio de que [los ejercicios] no fueron objeto de
detenida valoración".
En definitiva, que aprobaron los que en el tribunal
cualificador habían previsto aprobar, tal y como asegura una fuente
conocedora del proceso, que va más allá: "Pasaron apellidos muy
conocidos y relacionados con cierto partido y se quedaron fuera otros".
Durante el proceso judicial, le fue aceptada a la demandante una prueba
pericial que acabó por ratificar los numerosos defectos en la corrección
de los ejercicios.
La sentencia es ya firme al no
ser recurrida por la Xunta, a pesar de que tenía posibilidad de hacerlo.
"Fue tan contundente y claro el dictamen que ni se atrevió a hacerlo",
dicen estas mismas fuentes.
Ahora, la demandante figurará cómo aprobada
en el segundo ejercicio de la oposición y aprobada en el proceso
selectivo, por lo que cuenta ya con todos los derechos administrativos y
económicos inherentes. Obtendrá su plaza de funcionaria del grupo A1 en
la Xunta, tal y como le ha confirmado ya Función Pública, sin que eso
afecte a las condiciones del resto de compañeros de promoción aprobados y
cuyos nombramientos permanecerán intactos. (...)
Esta resolución, que considera "sangrante" la situación
de la opositora, se suma a otras tres anteriores de diferentes
tribunales que reconocían la arbitrariedad en la actuación de los
órganos de selección, así como la indefensión de los opositores. En una
de esas sentencias, el Supremo condenaba la Xunta por evaluar exámenes
de oposición sin "criterios objetivos".
Desde el CSIF
lamentan esta "esperpéntica situacion de desconfianza que ya está
implantada entre los aspirantes a un puesto de trabajo en la
Administración Pública" e insiste en la necesidad de creación de la
figura del Observador de la Legalidad en los procesos selectivos,
mediante el cual los sindicatos, sin formar parte de los tribunales de
selección, participarían "velando por la limpieza de estos y su
transparencia".
Además, y ante los argumentos del Ejecutivo de que no
hay tantas denuncias sobre irregularidades, desde el sindicato responden
con claridad: "Si no hay más es porque ahora es muy caro ir a un
contencioso, un proceso que suele salir por más de 2.000 euros en gastos
cuando antes era gratuito". (eldiario.es, 09/01/17)
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