"La instrucción que se ha llevado a cabo durante cuatro años en Vigo
sobre la mayor trama presuntamente corrupta en la adjudicación de
contratos públicos en las Rías Baixas ha recibido este jueves el parón
de la Fiscalía Anticorrupción.
En su informe de conclusiones, el
ministerio público del caso reduce al mínimo las expectativas judiciales
del mismo, al solicitar que se archive la imputación de casi la mitad
de los investigados, cargos políticos la mayoría de ellos.
En un informe de 61 folios enviado al juzgado, el
fiscal señala que solo encuentra materia penal para continuar con la
investigación en 13 de los más de 30 implicados que aparecían en la
causa que derivó de la operación Patos, desplegada en febrero de 2014 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.
Es el caso de Rafael Louzán, entonces presidente del PP de Pontevedra
y de la Diputación, y actual presidente de la Federación Gallega de
Fútbol. El fiscal pide en su escrito que este siga como imputado por la
construcción bajo sospecha de un campo de futbol.
En la petición de archivo se encuentran prácticamente
todos los políticos que desfilaron como investigados en el juzgado. Es
el caso del alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, al que implicaron por haber recibido dos supuestos regalos del presunto cerebro de la trama, concretamente un reloj y una pluma estilográfica
del dueño de la constructora Eiriña y principal imputado, Enrique
Alonso País. Caballero siempre lo negó y dijo que aportó pruebas de que
habían sido devueltos.
También por presunto tráfico de influencias
acompañaron a Caballero en su vía crucis judicial tres
concejales de su equipo en el Ayuntamiento de Vigo (Ángel Rivas, David
Regades e Isaura Abelairas), para los que también se solicita el
archivo.
La Fiscalía también interesa a la jueza el
sobreseimiento de la investigación respecto al actual concejal del PP en
Vigo José Manuel Figueroa, vicepresidente de la Diputación pontevedresa
cuando se destapó el caso, y también de María José Bravo Bosch, que
había llegado a dimitir tras su imputación como delegada de la Xunta en
Vigo tras aparecer en pinchazos telefónicos como supuesta mediadora de
las constructoras investigadas.
Además de Rafael Louzán y su entonces jefe de
gabinete en la presidencia de la Diputación, Luis Serantes, que seguirá
como investigado por presunta falsedad documental, el fiscal
anticorrupción pide que continúe la tramitación de la causa a efectos del juicio contra varios empresarios, entre ellos Enrique Alonso y su número dos en la constructora,
Jaime Alvariñas, además del entonces jefe de los servicios técnicos de
la Diputación de Pontevedra, Manuel González Juanatey.
En su informe, la
Fiscalía señala que se han apreciado indicios de los supuestos delitos
de prevaricación, falsedad documental y alteración de precios en
relación con las obras del campo de fútbol de la localidad pontevedresa
de Moraña.
Como investigado seguiría, según el criterio del
fiscal, el jefe de División de Proyectos de la Autoridad Portuaria de
Vigo, José Enrique Escolar, por presuntas irregularidades en el contrato
de las obras de ampliación del puesto de control anexo al escáner de
contenedores del puerto.
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