"La Xunta de Galicia y la entidad
Puertos del Estado, ambas gobernadas por el Partido Popular, planean una
gran operación urbanística con casi 330.000 metros cuadrados
de terrenos públicos en el centro de A Coruña, destinada a obtener
fondos para neutralizar la colosal deuda que arrastra el puerto exterior
de la ciudad.
El Ayuntamiento, gobernado por Xulio Ferreiro, de En
Marea, formación aliada de Podemos, se opone a esa pretensión y reclama
que ese suelo revierta en la ciudad y sea destinado a usos públicos.
Los terrenos forman parte del muelle de
San Diego, donde se ubican instalaciones industriales y portuarias cuya
actividad está previsto trasladar al puerto exterior de Punta
Langosteira, en el vecino municipio de Arteixo.
La dársena exterior fue diseñada por el Gobierno de José María Aznar,
que pretendía enviar allí el tráfico de mercancías sucias y peligrosas,
especialmente los hidrocarburos vinculados a la refinería coruñesa de
Repsol, para evitar la entrada en aguas de la bahía limítrofes con el
casco urbano de buques petroleros que pudieran ocasionar catástrofes
recurrentes como las que provocaron el Prestige en el 2002, el Mar Egeo
en 1992 y el Urquiola en 1976.
Las obras se presupuestaron con un
coste inicial de 429 millones de euros, pero acabaron convertidas en un
saco sin fondo que acumula sobrecostes de más de 315 millones y que ha
hecho que la Autoridad Portuaria arrastre una deuda de casi 400
millones.
El puerto exterior, con varios kilómetros de diques y
alrededor de doscientas hectáreas de terrenos, empezó a funcionar hace
cinco años en plena crisis del comercio marítimo internacional, y a día
de hoy sigue recibiendo menos tráfico del que hubiera justificado tamaña
inversión.
En buena parte debido a que carece de conexión ferroviaria y
de una salida adecuada por autovía, infraestructuras aún no ejecutadas
que requerirán nuevas inversiones millonarias. El año pasado, la
facturación del puerto exterior fue de 4,4 millones de euros,
es decir apenas el 16% del negocio de la Autoridad Portuaria coruñesa,
que ronda los 26 millones anuales. Una cantidad que difícilmente le
permite afrontar la devolución de los créditos contraídos con el Banco
Europeo de Inversiones y con Puertos del Estado.
La venta de los terrenos de San Diego
permitiría desahogar esa delicada situación financiera, y de hecho ya
estaba contemplada en un convenio del año 2004 firmado por el entonces
ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos; el ex alcalde socialista
Francisco Vázquez, y el por entonces consejero de Obras Públicas y
actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Pero el
Ayuntamiento de En Marea considera que la situación ha cambiado
sustancialmente trece años después, y que un pelotazo urbanístico
que permitiría la construcción de cerca de 3.000 nuevas viviendas en un
área pegada al centro de la ciudad y en primera línea de su fachada
marítima, no está justificada ni responde a las necesidades de
desarrollo urbanístico de A Coruña.
La ejecución de aquel acuerdo, por
el que las instituciones implicadas se comprometían a impulsar la
recalificación de los terrenos “para usos lucrativos residenciales y
terciarios”, representa en opinión de Ferreiro “una hipoteca” que los
coruñeses no deben asumir.
Tras reunirse con el presidente de
Puertos del Estado, José Llorca, el alcalde reiteró que el Ayuntamiento
no admitirá soluciones que supongan el recurso a “la especulación”
urbanística. Y criticó la estrategia de la Xunta y el Ministerio de
Fomento de relegar al Gobierno de la ciudad del proceso de toma
decisiones sobre su desarrollo.
Ferreiro se refería al acuerdo adoptado
hace dos semanas por Feijóo y Llorca, quienes celebraron una reunión a
la que no fue invitado en la que pactaron no urbanizar, pero tampoco
ceder al Ayuntamiento, otros 90.000 metros cuadrados
propiedad del puerto en otras zonas de la ciudad. También aplazaron el
proyecto de edificar en San Diego hasta el 2020.
Es decir, cuando vencen
las actuales concesiones a las empresas que allí operan, y cuando ya se
habrá agotado la actual legislatura municipal, en la que En Marea ya ha
advertido que no recalificará los terrenos.
Por su parte, Llorca justificó que
Puertos del Estado no quiera comprometerse a devolver a la ciudad de A
Coruña la superficie portuaria que quede liberada por el traslado de
actividad a Punta Langosteira porque ese suelo seguirá bajo “gestión
pública” en manos de la Autoridad Portuaria. Y
explicó que ese organismo no necesita de momento vender los terrenos
liberados en San Diego porque tiene las “necesidades financieras” de su
deuda cubiertas hasta el año 2022.
Llorca también prometió estudiar la
propuesta de colaboración que le ha enviado la Alcaldía coruñesa, y que
pretende garantizar, en colaboración con todas las administraciones
implicadas y los grupos políticos con representación municipal, el
aprovechamiento de los terrenos portuarios excluyendo cualquier
posibilidad de que se especule con ellos. " (Juan Oliver, Público, 25/10/17)
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