"Galicia arde indefensa a manos de pirómanos y especuladores del cemento y
el eucalipto.
Desde el gobierno de la Xunta de Galicia se pretende dar a entender que los incendios son algo inevitable, un fenómeno de la naturaleza, pero no es cierto, Galicia arde porque un gobierno irresponsable ha decidido recortar en medios y hacer leyes a medida de especuladores sin escrúpulos.
Desde el gobierno de la Xunta de Galicia se pretende dar a entender que los incendios son algo inevitable, un fenómeno de la naturaleza, pero no es cierto, Galicia arde porque un gobierno irresponsable ha decidido recortar en medios y hacer leyes a medida de especuladores sin escrúpulos.
Los intereses oscuros de algunos se
van ahora a beneficiar de la aprobación de una ley que permite
recalificar suelo quemado, una ley que es mucho más peligrosa para los
montes gallegos que todo un año de sequía.
Dice el señor Feijoo
que Galicia arde porque el suelo está muy seco, alguien debería decirle a
esta lumbrera que esto suele pasar en verano, que todo el mundo sabe
que en temporada de lluvia, que en Galicia es casi todo el año, va a ser
complicado que suframos una ola de incendios.
Y Feijoo dice semejante tontería sin ponerse colorado, al más puro estilo George W. Bush que en sus tiempos como inefable presidente de Estados Unidos defendió públicamente que el mejor modo de evitar incendios era cortar los árboles.
Y Feijoo dice semejante tontería sin ponerse colorado, al más puro estilo George W. Bush que en sus tiempos como inefable presidente de Estados Unidos defendió públicamente que el mejor modo de evitar incendios era cortar los árboles.
No creo en las coincidencias, como que esta ola de
incendios coincida con la aprobación de esta ley que el PP se sacó de la
manga que va permitir recalificar en suelo quemado.
Es
importante tener memoria histórica, también cuando hablamos de incendios
en Galicia. En los últimos días de julio de 2006, hace ahora diez años,
Galicia estaba a punto de enfrentarse a la que acabó siendo peor ola de
incendios en dos décadas.
Aquel verano ardieron en los montes gallegos casi 100.000 hectáreas
en unos 7.000 incendios y en una pésima primera quincena de agosto
llegaron a estar activos casi dos centenares de focos al mismo tiempo,
muchos de ellos próximos a las principales ciudades y vías de
comunicación e incluso en el entorno de la residencia oficial del
presidente de la Xunta.
Los incendios de aquellas dos semanas largas,
que habían provocado además la muerte de cuatro personas, dieron lugar a
una fortísima controversia política entre la Xunta y el que entonces
era único partido de la oposición, el PP.
En las siguientes semanas de
rifirrafe partidario e institucional había llegado a salir a la luz que
una parte de la dirección de los populares gallegos había instado a sus
alcaldes a boicotear el dispositivo contra incendios de la Xunta
mediante la obstaculización de la puesta en marcha de las brigadas
municipales.
Han pasado diez años del boicot del PP a las
brigadas contraincendios del entonces gobierno de la Xunta, pero el PP
popular ha seguido con su política de desmantelar y precariezar cada vez
más estas brigadas fundamentales en la prevención y lucha contra los
incendios forestales.
El colectivo de brigadistas es en gran
parte un grupo de trabajadores de carácter vocacional, que forman parte
de una empresa pública que ha pasado en los últimos años de 2000
trabajadores a los 500 actuales, y que después de diez años continúan
sin tener ni tan siquiera un convenio colectivo.
La Xunta de
Galicia apuesta en este caso, como en el caso del servicio de bomberos,
por privatizar salvajemente estos servicios básicos para la ciudadanía,
entregando la concesión a empresas privadas y desviando fondos que
deberían ser investidos en obra pública.
Este modelo de espolio y mercadeo con lo público conlleva entre otras cosas
una descoordinación evidente y una operatividad ineficiente, lo lógico
sería que este servicio formase parte de un cuerpo único y coordinado a
nivel autonómico.
Una ley de suelo irresponsable y temeraria,
unida a privatización salvaje de los servicios contra incendios, sumada a
la descoordinación, al drástico recorte de plantilla de las brigadas
contra incendios, a la falta de medios, al trabajo en precario, son la
suma de factores que nos da el resultado de una Galicia en llamas, que
arde por sus cuatro costados, no es la sequía la causa de este drama
señor Feijoo, es usted y su mal gobierno." (André Abeledo Fernández , Rebelión, 16/10/17)
"Un año después de aprobarse la Ley de Montes, España sometida a las llamas.
Poco más de un año ha pasado desde que el Gobierno de Mariano Rajoy, por entonces sin estar en funciones, reformase la Ley de Montes entre duras críticas por eliminar la limitación de 30 años que hasta entonces debían pasar para permitirse la recalificación de un terreno quemado. Una modificación que, se apuntó, avivaría los incendios.
Ya en 2015 los hechos vinieron a demostrar que quienes pensaban así no andaban muy confundidos. Este verano parece ratificarse el temor, y el alto número de incendios por toda España hace que ecologistas y afectados vuelvan a poner su mirada en la ley.
En concreto, lo que la actual Ley de Montes, que regula el 54% de la superficie de España, recoge
es que “con carácter excepcional” las Comunidades Autónomas podrán
cambiar mediante una ley el uso que se le da los terrenos calcinados
“cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer
orden”, siempre que se adopten medidas para recuperar una superficie
forestal equivalente a la que se hubiese quemado.
Desde las organizaciones ecologías, y los propios agentes forestales, denunciaron que esta reforma apostaba por los intereses privados frente a los públicos. Y se señaló como ya se habían hecho movimientos similares desde el Gobierno del Partido Popular con otras leyes como la de Costas y la de Parques Nacionales. (...)" (El Plural, 12/08/16)
"Las comunidades autónomas podrán recalificar los terrenos tras un fuego.
El PP aprueba la reforma que permite cambiar el uso de los suelos forestales afectados por incendios cuando existan razones de "interés público".
El PP ha aprobado definitivamente este miércoles en el Congreso la reforma de la Ley de Montes. Entre los cambios está la posibilidad de que las autonomías recalifiquen zonas forestales quemadas "cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden". El PSOE ha considerado que así se favorece la "especulación" y el PP ha acusado a la oposición de "confundir a la opinión pública"; recuerda que solo es una salvedad, pero sigue prohibido construir durante 30 años en áreas quemadas. (...)" (El País, 08/08/15)
"Un año después de aprobarse la Ley de Montes, España sometida a las llamas.
Poco más de un año ha pasado desde que el Gobierno de Mariano Rajoy, por entonces sin estar en funciones, reformase la Ley de Montes entre duras críticas por eliminar la limitación de 30 años que hasta entonces debían pasar para permitirse la recalificación de un terreno quemado. Una modificación que, se apuntó, avivaría los incendios.
Ya en 2015 los hechos vinieron a demostrar que quienes pensaban así no andaban muy confundidos. Este verano parece ratificarse el temor, y el alto número de incendios por toda España hace que ecologistas y afectados vuelvan a poner su mirada en la ley.
Lo que dice una reforma conflictiva
Desde las organizaciones ecologías, y los propios agentes forestales, denunciaron que esta reforma apostaba por los intereses privados frente a los públicos. Y se señaló como ya se habían hecho movimientos similares desde el Gobierno del Partido Popular con otras leyes como la de Costas y la de Parques Nacionales. (...)" (El Plural, 12/08/16)
"Las comunidades autónomas podrán recalificar los terrenos tras un fuego.
El PP aprueba la reforma que permite cambiar el uso de los suelos forestales afectados por incendios cuando existan razones de "interés público".
El PP ha aprobado definitivamente este miércoles en el Congreso la reforma de la Ley de Montes. Entre los cambios está la posibilidad de que las autonomías recalifiquen zonas forestales quemadas "cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden". El PSOE ha considerado que así se favorece la "especulación" y el PP ha acusado a la oposición de "confundir a la opinión pública"; recuerda que solo es una salvedad, pero sigue prohibido construir durante 30 años en áreas quemadas. (...)" (El País, 08/08/15)
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