Dorribo reconoció este martes que cobró tres millones de euros del Igape utilizando facturas falsas

"Un total de 11 imputados por el caso Campeón —de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos de la Xunta— pactaron hace un mes con la Fiscalía una rebaja de condenas a cambio de reconocer sus delitos. 

Pese a ello, el juicio al primer escándalo de corrupción de la era Feijóo empezó este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, porque uno de los acusados, el número 12, rechazó el trato.

El recuerdo de una operación que se desató en 2011 y que puso contra las cuerdas al entonces ministro de Fomento, José Blanco, y al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, se reaviva durante una vista oral que se prolongará probablemente hasta el jueves, y en la que se vuelve a poner encima de la mesa la concesión de seis millones de euros a una empresa tapadera a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el brazo inversor de la Xunta de Galicia.

El principal procesado de la trama es el empresario lucense Jorge Dorribo, que aceptó cinco años y 11 meses de prisión, la mayor condena, aunque no irá a la cárcel por haber permanecido cuatro años en prisión preventiva y carecer de antecedentes penales.

 En su declaración ante la Audiencia, Dorribo reconoció este martes que cobró tres millones de euros del Igape utilizando facturas falsas, pero aseguró desconocer la existencia de una contabilidad B en su empresa Nupel, y justificó no haber presentado la declaración de la renta en 2010 porque se encontraba en prisión.

Dorribo solo respondió a las preguntas de la Fiscalía para explicar que se ha quedado “sin nada”. “Me lo quitaron todo”, lamentó durante el interrogatorio el empresario, que deberá devolver seis millones de euros recibidos de forma fraudulenta. Su acuerdo con el fiscal le evita hacer frente a una pena de hasta 19 años de prisión, por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Entre los acusados que pactaron con la Fiscalía se encuentran antiguos altos cargos de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo y del PP, cuyas penas se quedarán en menos de la mitad de lo que pedía el Ministerio Público en su escrito de acusación.

 Entre ellos se encuentra Pablo Cobián, que en el momento de los hechos era diputado y concejal del Partido Popular, y que aceptó ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias y dos años y tres meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Deberá pagar una multa superior a los 45.000 euros.

También pactaron con el fiscal dos importantes dirigentes del Igape cuando se produjeron los hechos delictivos: su director, Joaquín Varela, y el subdirector de Información Especializada, Carlos Silva. El pacto con la Fiscalía se ciñe a la imposición de multas de más de 2.000 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

 El fiscal retiró la acusación contra la exdirectora de Financiación del Igape Cristina Quintela. Solo unos meses después de que se desatara la Campeón, Carlos Silva fue destituido del cargo de responsabilidad que aún mantenía en el Igape, dependiente de la Consellería de Economía, tras conocerse las subvenciones por siete millones de euros concedidas por este organismo a la empresa que fundó la mujer de Silva con un antiguo colaborador de este.

Del acuerdo con la Fiscalía también se benifició el socio de Dorribo en la empresa Laboratorios Asociados Nupel y segundo mayor responsable del fraude, Arsenio Méndez, cuya condena quedará en dos años de cárcel y tendrá que indemnizar al Estado con dos millones de euros.

 El responsable de Proitec, la agencia consultora que ayudó a Jorge Dorribo a solicitar las subvenciones simulando proyectos de inversión, Carlos Monjero, aceptó una condena de 10 meses de prisión, mientras que el resto de los empleados llegaron asimismo a acuerdos que se concretan en penas inferiores a un año de cárcel.

El único acusado que rechazó el pacto con el fiscal fue el socio de Proitec Javier Rodríguez, quien pidió sin éxito la nulidad de la causa. “Es inocente, y por eso nos hemos arriesgado a venir a juicio”, declaró este martes su abogado, José Luis Fiza.

El fiscal del caso, Roberto Brezme, valoró los acuerdos por el hecho de que “todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta adecuada, en consonancia con la reparación del daño causado”. 

Así, cuando se alcanzó el pacto, explicó que la Fiscalía había tratado de “condicionar cualquier tipo de informe favorable de la suspensión o sustitución de las penas” solicitadas “al esfuerzo de todos los acusados por reparar el daño causado”. Ello implicó “consignaciones o ingresos de cantidades económicas relevantes para dar respuesta a los intereses de la víctima”, en este caso el Igape, ya que se trata de “fondos públicos sustraídos”.

El caso Campeón se desató en Lugo en mayo de 2011, cuando la jueza Estela San José ordenó la detención de 15 personas vinculadas en su mayoría a las empresas Nupel y Proitec e intervino una tercera empresa en Outeiro de Rei. 

En Santiago fueron detenidos el director general y el subdirector de Información Especializada del Igape, a quienes se atribuyó el “asesoramiento" a los directivos de Nupel para montar una trama que les permitiese obtener subvenciones.

La lista de imputados creció hasta cerca del centenar de personas durante la instrucción del caso, que se cerró casi cuatro años después con 13 implicados. La investigación se fue desgajando en diversas piezas y fueron retiradas varias imputaciones, en un proceso durante el cual se archivaron los casos que afectaron al exministro José Blanco, al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, y al alcalde de Lugo durante los hechos que se investigan, José López Orozco, del PSOE. 

En otra causa aparte queda el 'exconselleiro' de Industria del bipartito Fernando Blanco, del BNG.

El calvario judicial fue especialmente duro para José Blanco, que era ministro de Fomento, portavoz del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y número dos del PSOE cuando se desencadenó la operación. En octubre de 2011, Jorge Dorribo acusó ante la jueza a José Blanco de cobrar 400.000 euros para que agilizase unos permisos del Ministerio de Sanidad​ favor de Nupel. 

Según su testimonio, 200.000 se los entregó en una estación de servicio de Guitiriz (Lugo), en una cita concertada por el primo del político gallego. Dos años después, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo daba el portazo final a la investigación judicial. 

 El auto del TS desmontaba la petición que realizó el magistrado instructor José Ramón Soriano para que se le abriese juicio a Blanco por tráfico de influencias porque, según esgrimía, testimonios recogidos ya en marzo y en diciembre del año anterior contradecían algunas de sus “afirmaciones nucleares”."                 (Pablo López. , El Confidencial, 25/05/17)