"Los tres exdirectivos y un exasesor de Novagalicia (NCG) que cumplen dos años de condena desde enero de 2017
por el escándalo de las prejubilaciones millonarias y planes de
pensiones, ya podrán disfrutar de un régimen de semilibertad para
colaborar con programas de voluntariado social, según acordó en un auto
el pasado jueves la Audiencia Nacional.
Los internos que se encuentran en la prisión pontevedresa de A Lama, José Luis Pego y Óscar Rodríguez Estrada,
colaborarán con el Banco de Alimentos en Vigo, mientras que Gregorio
Gorriarán participará en un programa de mediación financiera, y al
asesor jurídico, Ricardo Pradas, seguirá impartiendo clases como
profesor universitario de laboral aunque también participará en
programas de atención a indigentes.
Estos dos últimos cumplen su condena en el penal de Soto del Real.
Los primeros banqueros que entraron en prisión en España para cumplir una condena por fraude financiero enfilan así el tercer grado penitenciario o libertad condicional que previsiblemente llegará a partir de enero cuando hayan cumplido la mitad de la condena.
El juez central de Vigilancia Penitenciaria ya les había concedido los primeros permisos carcelarios a mediados de octubre, cuando habían cumplido nueves meses de condena, y ahora les autoriza a salir de prisión durante el día para realizar programas de reinserción social y solo podrán dormir en sus domicilios los fines de semana.
El magistrado ha tenido en cuenta en su auto que los cuatro condenados han devuelto en concepto de responsabilidad civil los 10,4 millones de euros cobrados indebidamente de la entidad gallega y que ya han cumplido más de la cuarta parte de la condena que no se extinguirá hasta el 9 de enero de 2019. Además, han reconocido públicamente el delito, mostrando arrepentimiento, no tienen incidencias en su expediente carcelario y se han comprometido a realizar trabajos de voluntariado para reparar el daño ante la sociedad, según el auto del juez José Luis Castro.
Los cuatro internos tendrán que cumplir un calendario de horarios y actividades que será acordado por la Junta de Tratamiento de ambos centros penitenciarios hasta que esta revise la progresión de grado de cada uno, según han confirmado fuentes judiciales.
La concesión de semilibertad se produce tres meses después de que la Audiencia Nacional excarcelara al que fuera presidente de Novagalicia, Julio Fernández Gayoso, de 85 años, por motivos de salud, condenado como cooperador necesario en los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Gayoso colabora desde entonces con un programa de rehabilitación para toxicómanos que dirige la Fundación Erguete en Vigo, y también imparte cursos como voluntario de economía financiera.
El caso ha sido uno de los mayores escándalos financieros tras el rescate de 9.000 millones que precisó el banco en 2010 para seguir adelante a raíz de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, y que hoy opera como Abanca.
Según la sentencia de la Audiencia Nacional confirmada por el Supremo, que la calificó de "benévola", José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Rodríguez Estrada "urdieron un plan", con "la colaboración esencial e imprescindible" de Fernández Gayoso y el asesor Ricardo Pradas, para "beneficiarse económicamente" de millonarias prejubilaciones. Todo ello, ante "el supuesto más que probable, razonable y lógico", dice el fallo, de que "cuando se acabaran las ayudas públicas los nuevos inversores y dueños de la entidad fusionada decidieran prescindir de ellos". (Elisa Lois, El País, 20/11/17)
Estos dos últimos cumplen su condena en el penal de Soto del Real.
Los primeros banqueros que entraron en prisión en España para cumplir una condena por fraude financiero enfilan así el tercer grado penitenciario o libertad condicional que previsiblemente llegará a partir de enero cuando hayan cumplido la mitad de la condena.
El juez central de Vigilancia Penitenciaria ya les había concedido los primeros permisos carcelarios a mediados de octubre, cuando habían cumplido nueves meses de condena, y ahora les autoriza a salir de prisión durante el día para realizar programas de reinserción social y solo podrán dormir en sus domicilios los fines de semana.
El magistrado ha tenido en cuenta en su auto que los cuatro condenados han devuelto en concepto de responsabilidad civil los 10,4 millones de euros cobrados indebidamente de la entidad gallega y que ya han cumplido más de la cuarta parte de la condena que no se extinguirá hasta el 9 de enero de 2019. Además, han reconocido públicamente el delito, mostrando arrepentimiento, no tienen incidencias en su expediente carcelario y se han comprometido a realizar trabajos de voluntariado para reparar el daño ante la sociedad, según el auto del juez José Luis Castro.
Los cuatro internos tendrán que cumplir un calendario de horarios y actividades que será acordado por la Junta de Tratamiento de ambos centros penitenciarios hasta que esta revise la progresión de grado de cada uno, según han confirmado fuentes judiciales.
La concesión de semilibertad se produce tres meses después de que la Audiencia Nacional excarcelara al que fuera presidente de Novagalicia, Julio Fernández Gayoso, de 85 años, por motivos de salud, condenado como cooperador necesario en los delitos de administración desleal y apropiación indebida. Gayoso colabora desde entonces con un programa de rehabilitación para toxicómanos que dirige la Fundación Erguete en Vigo, y también imparte cursos como voluntario de economía financiera.
El caso ha sido uno de los mayores escándalos financieros tras el rescate de 9.000 millones que precisó el banco en 2010 para seguir adelante a raíz de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, y que hoy opera como Abanca.
Según la sentencia de la Audiencia Nacional confirmada por el Supremo, que la calificó de "benévola", José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Rodríguez Estrada "urdieron un plan", con "la colaboración esencial e imprescindible" de Fernández Gayoso y el asesor Ricardo Pradas, para "beneficiarse económicamente" de millonarias prejubilaciones. Todo ello, ante "el supuesto más que probable, razonable y lógico", dice el fallo, de que "cuando se acabaran las ayudas públicas los nuevos inversores y dueños de la entidad fusionada decidieran prescindir de ellos". (Elisa Lois, El País, 20/11/17)
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