"El proceso de privatizaciones y depauperación que padece la sanidad gallega
tiene en contra a buena parte del estamento médico de la comunidad.
Pero esa estrategia, que el Gobierno de Alberto Núñez empezó a ejecutar
pocas semanas después de acceder a la Xunta en abril del 2009, no podría
haberse llevado a cabo sin el concurso de los profesionales.
Por eso
uno de los pilares de la política sanitaria de del PP ha sido laminar a
los mandos médicos que se oponían a ella, para situar, aun
contraviniendo la ley, a galenos afines al PP dispuestos a
aceptar y a facilitar los recortes presupuestarios, a camuflar las
listas de espera, a justificar y alentar las privatizaciones, y a
arrimarse al poder y abanderar sus argumentos frente a la contestación
social a esas medidas.
Así lo asegura un informe de la Asociación
Batas Blancas, que detalla las irregularidades en los nombramientos de
los jefes de Servicio del Servicio Galego de Saúde (Sergas) y que
concluye que han logrado que la sanidad gallega esté hoy bajo un “absoluto control político de
la gestión en todos sus niveles, incluido el clínico, asistencial y
docente”.
Un control que en ocasiones se ejerce también mediante
enchufismos de amigos y familiares de altos cargos, incluidos los de los
conselleiros de Sanidade de Feijóo y hasta de los parientes del propio
presidente de la Xunta.
El estudio se centra en el área sanitaria de Pontevedra, que cubre a una
treintena de municipios de esa provincia y de A Coruña que suman a una
población conjunta de 315.000 personas, y para cuya gestión Feijóo
nombró gerente a José Manuel González Álvarez, exconselleiro de Sanidade
y autor del decreto que modificó el sistema de designación de los jefes
de Servicio del Sergas en el 2005.
Ese decreto, recuerda Batas Blancas, instauró los nombramientos a dedo de
todos los puestos directivos de la sanidad gallega, incluidas las
gerencias de las once áreas de gestión sanitaria de Galicia –entre ellas
la del propio González Álvarez, una de las más importantes-, así como
de la mayoría de jefaturas de personal sanitario.
Se eliminó la
obligación de que sus nombramientos estuvieran sujetos a los criterios
de mérito, formación específica o experiencia, y, para los jefes de
Servicio de los hospitales, se estableció que los candidatos fueran
evaluados por tribunales cuyos miembros, al 100%, son elegidos por el
Sergas. Es decir por el mismo órgano convocante y sin participación
alguna de las organizaciones profesionales, los sindicatos o las
asociaciones de pacientes.
Además, se facultó a esos tribunales para
que, si lo consideran, no otorguen más puntos a los médicos que tengan
“dedicación profesional prioritaria o exclusiva a la institución”. Es
decir que un candidato adscrito durante toda su carrera profesional a
la medicina pública puede no obtener más puntos en la valoración de su
currículum que uno que haya trabajado toda su vida para la privada.
González Álvarez ya ocupó la gerencia de
varios hospitales en la Xunta de Fraga, y llegó a ser acusado de
negligencia por las familias de los fallecidos por un brote de
aspergillus en el Meixoeiro de Vigo, aunque entonces el fiscal no le
imputó ningún delito. En el 2005, Esperanza Aguirre lo nombró director
de la Fundación Hospital de Alcorcón, hasta que Feijóo lo designó
gerente del área sanitaria de Pontevedra, donde se mantuvo hasta febrero
del año pasado.
En ese período, según el estudio de Batas
Blancas, el exconselleiro relevó a 25 de los 35 jefes de Servicio a su
cargo.
De los diez restantes, al menos siete siguen en sus puestos
provisional e irregularmente dado que ya ha transcurrido con creces el
periodo legal establecido para cubrirlas mediante el pertinente
concurso-oposición o para reevaluar a los candidatos cada cuatro años
que fijaba su decreto. Además, de las plazas que sí sacó a concurso, en casi en el 100% de los casos el ganador fue el aspirante designado previamente por la Xunta para ocuparla con carácter provisional.
“De estos 35 jefes de especialidad que hay
en el área sanitaria, sólo nueve están en situación legal, es decir que
cumplen los requisitos reseñados en el decreto mencionado, tanto en el
sistema de acceso como de reevaluación”, afirman los autores del
estudio. “Esto nos lleva a que, en la actualidad, el 74% de los jefes de
Servicio están provisionales y sin cumplir la legislación vigente”.
Ese modo de actuar ha obligado a la justicia a actuar en varias ocasiones,
con sentencias que han constatado que hubo un purga en toda regla de
los jefes de Servicio del Sergas toda vez que el Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado que al menos media docena de
oposiciones –todas las recurridas- estuvieron amañadas para adjudicar
las plazas “de forma arbitraria, con ausencia de imparcialidad, desvío
de poder y sin garantizar los principios básicos de igualdad, mérito y
capacidad, afirmando que no se perseguía la elección del candidato más
idóneo sino el más afín”, tal y como recuerda Batas Blancas.
Aunque al Sergas no parece preocuparle,
porque ni siquiera se aviene a obedecer las decisiones firmes de los
jueces. El último caso es el de Víctor Pedreira, ex jefe de
Psiquiatría en Pontevedra, quien lleva cinco meses esperando a que la
gerencia del hospital ejecute la sentencia del TSXG de octubre del 2017 que declaró nula, por amañada en su contra, la oposición que le arrebató la plaza que ocupaba desde 1986.
“La jefatura de un servicio es el grado
máximo de promoción profesional a la que puede aspirar un médico del
Sergas”, recuerdan fuentes de Batas Blancas, que aunque reconocen que la
situación en el área sanitaria de Pontevedra es muy delicada, en el resto de áreas sanitarias de Galicia “ha pasado lo mismo o más grave”. Y ponen dos ejemplos.
Uno, la jefatura del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que fue adjudicada al marido de la exconselleira de Sanidade
Rocío Mosquera en detrimento del médico que la ocupaba, Evaristo Varo.
Varo fue uno de los galenos que denunció la negativa de la Consellería
de Mosquera a proporcionar a sus pacientes de hepatitis C el tratamiento
que precisaban, caso por el que están procesados dos altos cargos del
Sergas a quienes el fiscal acusa de homicidio.
El segundo ejemplo es el de Eloína Núñez, prima carnal de Feijóo y desde hace unos meses gerente del área sanitaria de Santiago,
donde fue designado jefe de Medicina Interna Antonio Domingo Pose
Reino, “una persona totalmente afín a ella”, asegura Batas Blancas, en
detrimento de Arturo González Quintela, catedrático de Medicina Interna
en la Universidade de Santiago, quien desempeñaba la plaza desde hacía
años y a quien, sorprendentemente, el tribunal designado por la prima de
Feijóo valoró menos que a quien había sido su adjunto y aprendiz.
Eloína Núñez ya había sido gerente del área
sanitaria de Ourense, cargo para el que fue nombrada apenas un mes
después de que su primo ganara las elecciones autonómicas del 2009. Y
allí también protagonizó otro sonado caso de nepotismo, cuando creó la
plaza de coordinador del Servicio de Urgencias para colocar en ella a su
marido.
“El impacto que tiene esta situación es de
enorme repercusión para la asistencia sanitaria de los pacientes”,
explica Batas Blancas. ”Tenemos a toda la organización hospitalaria
secuestrada por jefes en situación precaria, que dependen absolutamente
de la dirección y con un sometimiento a las instrucciones que emanan de
los poderes políticos, es decir de la gerencia y la Consellería”.
Las mismas fuentes alertan de que contar con jefes de Servicio supeditados al poder permite a la Xunta engañar a los pacientes y camuflar las consecuencias de los recortes en sanidad,
como el elevado aumento de las listas de espera. Aunque algunos jefes
de Servicio no se someten a esas directrices.
El último ejemplo es el de
Pedro Corsino Fernández Vila, jefe de Oftalmología en Pontevedra, quien
dimitió tras negarse a seguir aplicando el método ideado por el Sergas
para camuflar las elevadas espera de sus pacientes, que tardaban años en
ser operados a pesar de que la Xunta presumía oficialmente de que no
tenían que esperar más de treinta días.
“Para revertir el deterioro actual del sistema sanitario gallego es imprescindible derogar este decreto
y establecer un sistema de provisión de las plazas de jefes de servicio
y sección, así como el resto de puestos de responsabilidad dentro del
organigrama de los centros sanitarios, que garanticen absolutamente el
que puedan ser elegidas las personas más idóneas para el puesto
convocado, con respeto absoluto a los principios de igualdad, mérito y
capacidad”, concluye Batas Blancas.
“Y esto es lo que se pretende hacer en
varias comunidades autónomas, como la de Madrid, con la Ley de buen
gobierno y profesionalización de la gestión sanitaria, que están
cambiando los procedimientos para conseguir despolitizar y
profesionalizar la gestión de los hospitales y de los servicios
clínicos”. (Juan Oliver, Público, 18/03/18)
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