Isla de Toralla Vigo se rebela para recuperar la isla privada de Toralla

 

"El Ayuntamiento de Vigo ha iniciado los trámites para recuperar para el uso público el borde litoral de la isla de Toralla, un pequeño e idílico enclave situado al sur de la ciudad convertido en recinto de uso exclusivo para un puñado de afortunados propietarios, que desde hace decenios han logrado evitar cumplir la ley y dar acceso de la ciudadanía a los terrenos que ocupan ilegalmente.

La isla es una pequeña extensión de diez hectáreas ubicada frente a la playa do Vao, que durante el crujido inmobiliario de los años sesenta del siglo pasado se convirtió en un goloso bocado para constructores sin escrúpulos y promotores avispados, que la urbanizaron a machete. Destrozaron el entorno y levantaron decenas de chalés privados y una horrenda torre de veinte pisos que afea la línea del horizonte de la ría viguesa, tanto si se la observa desde la tierra como desde el mar.

Bajo las casas y los apartamentos yace un castro de la Edad de Hierro y una necrópolis romana, pero toda esa riqueza histórica, que se suma al patrimonio natural y paisajístico, permanece enterrada. Con los años, la propiedad de los terrenos y las viviendas se fue consolidando, y la urbanización tiene desde hace tiempo carácter privado. Pero algunos propietarios han ido extendiendo sus parcelas varios metros, en algunos casos decenas, hasta casi la orilla del mar, que es la zona legalmente reservada al dominio público marítimo-terrestre.

Aunque la Ley de Costas da derecho a cualquier ciudadano a hacer uso del suelo público y, en el caso de Toralla, como servidumbre de paso para llegar al mar andando por el borde de la isla, en la entrada de la urbanización una pareja de guardias privados, situados día y noche junto una barrera automática con cámara identificadora de matrículas, impide el paso al público que cruza el largo puente. Éste une el islote al mar, y durante mucho tiempo sólo fue accesible para los residentes.

Los vecinos y el Ayuntamiento de Vigo llevan años reclamando que se pueda bordear Toralla andando por esa zona en teoría pública. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino inició en el año 2008, bajo mando de la ex ministra viguesa Elena Espinosa, un plan para proceder al deslinde de la franja costera y aprovecharla para construir un paseo marítimo. Pero la crisis acabó con el proyecto, y Toralla siguió cerrada.

Ahora, es el Gobierno de Rajoy el que intenta beneficiar a los propietarios, tramitando la solicitud de uno de ellos para que se proceda a deslindar la zona y consolidar así como suya parte del dominio público evitando que se construya el paseo.

El Servicio Provincial de Costas, que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca , Alimentación y Medio Ambiente de Isabel García Tejerina, envió hace unos meses al Ayuntamiento que preside el socialista Abel Caballero un requerimiento para que le informara de la situación legal de la zona.

 En su contestación, el Concello explica de que el particular interesado en el asunto no aduce para el pretendido deslinde “causa distinta que el interés privado”, y señala que lo que propone el Gobierno afecta a una zona en la que ya es “imposible el libre acceso público en mínimas condiciones de seguridad. Por eso, considera que reducir aún más esa franja “reduce drásticamente las posibilidades de materializar ese libre tránsito mediante una senda, paseo o itinerario de uso público”.

En su informe, al Ayuntamiento adjunta las fotografías aéreas que acompañan a este texto, tomadas en 1956, en el 2004 y en el 2014, y que muestran cómo muchos de los propietarios han indo ampliando ilegalmente los cierres de sus fincas: 

“Según comprobamos en la información cartográfica disponible, la configuración de esta parte de la isla ha sufrido una transformación importante en las últimas décadas, de tal forma que la zona de rocas y ribera ha sido ocupada por muros o diques que han reducido de forma notable la zona marítima al tiempo que las parcelas avanzaron hacia el mar”, abunda. Además, subraya que los accesos al mar que en su día fueron contemplados en el proyecto del 2008, han sido “cerrados mediante diferentes cancillas y en la mayoría de los casos su uso público no es posible al encontrarse incorporados a propiedades privadas”.

En Toralla habitan en invierno medio centenar de vecinos y muchos de los chalés permanecen cerrados, aunque en los meses de verano, cuando se calman el frío, la niebla y el oleaje, la población se multiplica y llega al millar de personas. Son los únicos que pueden disfrutar sin problemas de ese entorno, aunque quizá no puedan seguir haciéndolo por mucho tiempo.

 El Ayuntamiento de Vigo advierte también en su escrito que si el Gobierno sigue empeñado en realizar el deslinde, reclamará que le ceda el terreno afectado “para garantizar la circunvalación peatonal pública de la totalidad del perímetro de la isla”.                (Juan Oliver, Público, 08/03/18)

"Toralla, la isla viguesa para ricos a la que no llega la Ley de Costas.

Treinta años después de que entrase en vigor la Ley de Costas, el litoral español exhibe en Vigo uno de sus mayores anacronismos. Enfrente de la playa de O Vao —si no la más turística, desde luego la favorita de la mayoría de los vigueses— se encuentra el paradisíaco islote de Toralla, de apenas 10 hectáreas. 

Al final del puente que conecta arenal e isla, una barrera impide el paso a extraños. Solo residentes y sus invitados pueden entrar en este pequeño vergel salpicado por 30 selectos chalés que llegan hasta donde rompen las olas. Por si fuera poco, una torre de 70 metros cimentada sobre la misma ría agrede el paisaje con toda la fuerza que era característica en los años en que fue levantada, a comienzos de los setenta.

En Toralla no hay dominio público, servidumbre de paso ni zarandajas, sino una comunidad de propietarios y una sociedad, Toralla S.A., con concesión sobre la isla hasta 2064. El de su recuperación es un proyecto interminable, que vuelve de forma periódica a las noticias para dar cuenta de pequeños progresos y nuevas reivindicaciones.

 Las últimas se han producido en el doble ámbito municipal y del Congreso, donde tanto el Ayuntamiento como los diputados de En Marea han vuelto a la carga para lograr que se normalice la situación. Hace una década que el Ministerio de Medio Ambiente aprobó un proyecto de recuperación del dominio público marítimo-terrestre, que preveía la creación de una senda de tres metros de ancho alrededor de la isla. Sigue siendo papel mojado.

Los grupos socialista y de En Marea sacaron adelante en un pleno el pasado 1 de marzo una moción para exigir al departamento de Isabel García Tejerina que recupere el dominio público y garantice la entrada de los ciudadanos en Toralla. El acuerdo incluye la propuesta de una senda peatonal accesible y segura que permita bordear todo el perímetro de la isla, para hacer efectivos los derechos recogidos en la Ley de Costas.

 Para En Marea, es "la herencia más vergonzosa del ayuntamiento" vigués y un ejemplo de "clara ocupación ilegal del espacio público". El PP se abstuvo por entender que el gobierno local quiere "enfrentar a los 800 propietarios de Toralla con el resto de la ciudad".

La última iniciativa del gobierno de Abel Caballero se debió a un nuevo intento de los propietarios de modificar la delimitación del dominio público en la isla y oficializar la ocupación de hecho de varios metros de la ribera de mar, donde se han construido piscinas y otras instalaciones particulares sin licencia municipal. 

El gobierno local, que se opuso al cambio, instó a Costas a revertir la actual situación, en la que prima el interés privado sobre el contenido de la Ley de Costas, que sí recoge el derecho al acceso libre. Según el Ayuntamiento, el ministerio asegura desconocer quiénes son los dueños de los caminos de la isla, y considera que son las autoridades municipales las que deben certificar la servidumbre de acceso al mar.

Aunque suavizada en 2013, la Ley de Costas de 1988 establece la necesidad de realizar un deslinde del dominio público marítimo-terrestre. Es decir, de establecer una línea que determine el límite entre el terreno que pertenece al mar y las playas, y que es de carácter público, y el interior, susceptible de pertenecer y ser gestionado por particulares.

 Ese deslinde debe realizarlo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tanto de oficio como a petición de cualquier parte interesada. Como dominio público, la zona delimitada en el deslinde no puede ser ocupada sin autorización. La ley establece además que el terreno inmediato a la ribera del mar que no es parte de dominio público está afectado por una serie de servidumbres de protección.

Nada de eso se ha dado en Toralla, donde los días de temporal las olas se meten literalmente en los jardines de los chalés y a veces se mezclan con el agua de las piscinas. Pero la barrera de acceso no se levanta solo para los vecinos de las viviendas unifamiliares. 

También pueden entrar los habitantes de ese brutal edificio de 21 plantas que se incrustó a machetazos en el horizonte de Vigo, ensuciando el telón de fondo de las islas Cíes. En los últimos años, la isla permitió una pequeña sensación de espacio público al ceder terrenos a la Universidad de Vigo para la instalación de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla, un edificio donde se lleva a cabo una valiosa tarea de investigación.

Pero el avance más notable en los casi 50 años de historia de esa valla de la vergüenza se dio en 1990, cuando una sentencia del Tribunal Supremo obligó a retrasarla al otro lado del puente y se liberaron para uso público las dos pequeñas playas del islote, que en realidad es solo una dividida por el agresivo viaducto. Por primera vez, miles de vigueses podían pasear por el puente y observar su ciudad y sus playas desde otra perspectiva, hasta entonces reservada para los propietarios y sus amistades. Desde entonces nada se ha movido en Toralla, más allá de los proyectos.

Casi al mismo tiempo que Abel Caballero proponía el respaldo del pleno al deslinde, En Marea trasladaba en el Congreso a García Tejerina una serie de preguntas sobre la necesidad de hacer cumplir la Ley de Costas en el islote vigués. 

Según los cálculos de su diputada Alexandra Fernández, que coinciden con los municipales, no son 800 los propietarios, como asegura el PP, sino 170, a los que acusa de vetar el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente sin que este haya opuesto resistencia. Fernández reclama como prioritaria la construcción de una senda litoral por el perímetro de la isla.

"Estamos ante un largo problema que no puede mantenerse más en el tiempo. Se trata de un espacio público en un dominio público marítimo-terrestre, pero que en la práctica se utiliza como reserva privada de forma ilegal.

 No es de recibo que una zona pública se haya convertido en un coto privado", señala el escrito presentado por En Marea. Sus preguntas instan también a Tejerina a contestar si es consciente de que algunos vecinos "han ganado terreno en sus fincas y han sobrepasado la zona de dominio público" y "si va a ordenar que se retire la barrera que impide el acceso a todas aquellas personas que así lo deseen".

Toralla es una isla que siempre tuvo dueños. El primero fue el Obispado de Tui, hasta que la Desamortización hizo que acabara en manos de Francisco Javier Martínez Enríquez, Marqués de Valladares. Un emigrante que regresó rico de Argentina, Martín de Echegaray, se la compró a principios del siglo XX, y sus herederos la vendería ya en 1965 a la familia que constituyó Toralla S.A. 

Su recuperación para uso público es un sueño que muchos vigueses ya han abandonado. Mientras tanto, los que no son propietarios tendrán que seguir recurriendo a la ficción para pasear por el paradisíaco islote, escenario, entre otras, de obras tan deliciosas como 'Ojos de agua', de Domingo Villar."              (Pablo  López Vigo, El Confidencial, 04/03/18)