"No es el único, pero sí el más visible. El joven ganadero Eduardo Quintás es un ejemplo de los efectos del polémico proyecto de extracción de cobre en los municipios de Touro y O Pino, muy cerca de Santiago,
que ha provocado multitud de alegaciones y una fuerte oposición
política, científica y vecinal.
Quintás, asentado en la zona cero de la
futura mina, perderá la pequeña explotación que heredó de su familia, de unas 40 vacas, que asumió con tenacidad de emprendedor. “Esto es la ruina total”,
se lamenta. Una campaña de recogida de firmas trata de sensibilizar a
la población de su caso, considerado un paradigma del cambio que
supondrá el proyecto impulsado por la empresa San Rafael S.L., que eliminará 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación.
Quintás ha publicado un vídeo en YouTube
en el que resume en cuatro minutos el drama de los que acusarán de
forma más directa el impacto del proyecto minero, consistente en la
reapertura, amparada por el incremento del precio del cobre, de una explotación que funcionó entre 1972 y 1986
y de muy ingrato recuerdo para los habitantes de la zona.
En el vídeo
explica que hace solo cuatro años que se hizo cargo de la explotación de
sus padres, mixta pero orientada principalmente a la producción láctea.
Cuenta también que es el único titular de la misma y que allí es donde
trabaja. El megaproyecto supondrá “el cierre definitivo” de su medio de vida.
Una fuerte contestación acompaña el proyecto de San Rafael S.L., una empresa con un capital social de 3.000 euros en la que irrumpió hace un año el gigante de la minería Atalaya Mining, que explota Riotinto.
Durante el período de exposición pública se produjo una avalancha de
millar y medio de alegaciones que alertan de la proximidad de la balsa
del megaproyecto minero a las viviendas, la desaparición de manantiales,
el cambio del curso de los ríos y la extensión de los terrenos
ocupados, ya que la nueva mina será mayor que la que dejó de funcionar
hace 30 años. Se teme especialmente el efecto de un eventual accidente
que afecte al Ulla, un río que desemboca 80 kilómetros al oeste en la
ría de Arousa, donde se encuentra el mayor banco marisquero de Galicia.
La denuncia de
Eduardo Quintás es diferente, con el acento puesto en el modelo
económico que se implanta a la fuerza en una zona rural. Su granja está
situada “en la aldea de Arinteiro, parroquia de Loxo,
Ayuntamiento de Touro”, recita. Ese paisaje de enorme belleza es el
lugar elegido por San Rafael S.L., en asociación con Explotaciones
Gallegas, titular de los terrenos, para reactivar la explotación minera.
“Quieren coger prácticamente toda el área de Arinteiro y dejar
únicamente las casas. La base territorial para los animales
desaparecerá”, cuenta con resignación. También recuerda cómo el cierre
minero de 1986 benefició la aparición de negocios relacionados con la
agricultura y la ganadería. “Inicialmente quedó todo abandonado”,
apunta, pero a partir de ahí, la ganadería, que se limitaba a dos o
tres vacas por cada casa, empezó a florecer en naves de mayor tamaño.
Ahora lo que se producirá es el proceso contrario.
Porque la explotación abarcará una zona muy grande, que afecta al
Ayuntamiento de Touro y, en menor medida, al de O Pino. “Se van a arrasar cientos de hectáreas de terreno”,
advierte. “El proyecto dice que son simples pastizales, pero es todo
arable”, añade Eduardo, que alerta igualmente de otro peligro vinculado
al proyecto y que afecta al sector primario: el de la utilización de los acuíferos.
“Nos dejan sin la tierra, pero además desvían el manantial que pasa por
Arinteiro para su propia nave y nos dejan sin el agua, sin las fuentes
que tenemos para beber en las casas y en las explotaciones ganaderas”.
Los impulsores de la campaña de apoyo a Eduardo
denuncian el mérito de que todavía existan jóvenes ganaderos como él
trabajando en el sector primario, “en un momento en que la despoblación
del mundo rural es cada vez más preocupante”. “Está sufriendo una gran injusticia. Es un afectado directo y necesita que todos lo apoyemos”, reclaman.
Eduardo
Quintás alerta igualmente de otro peligro vinculado al proyecto y que
afecta al sector primario en la zona: el de la utilización de los
acuíferos
El valor de las propiedades es otro de los problemas
que generará el megaproyecto. “¿Quién va a querer comprar nuestras
casas? Ya no tienen valor alguno: quedamos encajonados entre dos balsas
de lodo y de aguas ácidas, y además sin agua”, relata el joven de
Arinteiro. Del peligro de esas balsas advierte Serafín González,
edafólogo del CSIC y presidente de la Sociedad Galega de Historia Natural (SGHN), una reputada entidad científica y ecologista
con más de 40 años de trayectoria. A la SGHN acudió la Xunta para
reclamar un informe externo del proyecto y el resultado fue demoledor.
“El problema son los compuestos del azufre en las rocas. Al oxidarse,
generan ácido sulfúrico y drenaje ácido en la mina”, explica González.
También preocupan los productos químicos que se usan para separar el
cobre de las rocas, “que no son inofensivos: tienen efectos en el
ambiente y en la salud”. “Se van a generar dos grandes depósitos de estériles que quedan ahí indefinidamente, con esas rocas y esos compuestos”, alerta.
Pérdida de 150 puestos de trabajo
La pérdida de valor de las casas que tanto temen los
vecinos no se verá contrarrestada por la creación de empleo, según los
afectados. Relata Quintás en su vídeo, y corroboran diferentes estudios,
que serán unos 150 puestos de trabajo
los que se eliminarán, ya que en la zona hay numerosas explotaciones,
alguna con hasta mil cabezas de ganado, que se verán afectadas total o
parcialmente." (Pablo López, El Conficencial, 02/05/18)
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