"Isabel López acudió con sus sobrinos, como cada sábado a última hora, a recoger a su hermana Elena, cajera del supermercado mayorista Cash Record en el polígono de O Ceao,
a las afueras de Lugo. Aguardó un buen rato fuera, en el coche,
entreteniendo a los niños con el partido del Dépor que sonaba por la
radio.
Pero Elena López no salía. El local estaba cerrado, aunque con
las luces prendidas. Y se intuía una rara paz en el interior que la
inquietó. Isabel marchó en busca de ayuda y cuando regresó con su padre y
su marido, pasadas las nueve de la tarde del 30 de abril de 1994, en el
almacén mayorista el hilo musical seguía sonando y la tele con la que
el personal llenaba los tiempos de espera permanecía encendida.
Frente
al aparato apareció muerto el reponedor Esteban Carballedo, de 26 años. Y
a escasa distancia, al otro extremo de una hilera de huellas de calzado
deportivo de la talla 42 manchado de sangre, yacía Elena, de 32 años y
madre de dos niños, junto a la caja registradora.
Alguien se había llevado el dinero, probablemente más
de cinco millones de pesetas (30.000 euros), y había disparado a los
dos empleados, en torno a las ocho de la tarde, con una pistola de 9
milímetros parabellum. María Elena y Esteban
presentaban sendos tiros, certeros y a corta distancia, en la cabeza, y
un tercer proyectil había rebotado derribando un bote.
El arma de fuego empleada nunca llegó a aparecer, pero las pruebas de balística determinaron que era un modelo como los usados por los cuerpos de seguridad del Estado. Casi un cuarto de siglo después del suceso, acaba de expirar el plazo de la última prórroga judicial que logró el abogado de las familias de las víctimas para investigar un crimen que creen que alguien se esforzó en tapar.
Porque desde que empezaron las pesquisas, inicialmente a cargo de la Policía Local, el sumario que con la división de juzgados acabó varado en el número 1 de Primera Instancia de Lugo no ha acumulado más que cuatro tomos y nunca llegaron a realizarse interrogatorios que la acusación particular considera básicos para resolver el caso.
Entre los folios hay además ausencias flagrantes, como un posible análisis de esas huellas ensangrentadas que hacían de cordón umbilical entre los muertos o el acta de registro de un Volkswagen Passat blanco que un mes después apareció abandonado en las inmediaciones con aparentes manchas de sangre.
El dueño de un taller de coches que sí llegó a testificar había visto un vehículo idéntico, con tres personas a bordo, dando vueltas lentamente, como si vigilase algo, aquel fatídico 30 de abril en que jugaba el Dépor. Años después, pese al tiempo transcurrido, el mecánico llegó a señalar a uno de los supuestos ocupantes en una rueda de reconocimiento fotográfica.
"Cada hilo del que se tira acaba en un abismo", resume Gerardo Pardo de Vera, el último letrado de estas dos familias que claman justicia ante la "pasividad de la fiscalía". Y esto, a pesar de que ese pequeño sumario reúne importantes indicios contra un hostelero relacionado con el narcotráfico y las armas que regentaba un bar en la ciudad y era cliente habitual del Cash Record.
Este hombre, que terminó marchándose de Galicia, cumplió prisión por otros asuntos, en 1996 negó saber nada del crimen y nunca más volvió a declarar. Un toxicómano ya fallecido había testificado espontáneamente (tras una redada por drogas en el local del sospechoso) que poco antes del crimen el hostelero le había paseado en su Talbot por delante del supermercado; le había puesto una 9 milímetros en la mano y le había planteado dar un golpe al establecimiento. Una tarea fácil en sábado a última hora, le dijo supuestamente, porque "solo está la cajera". El interlocutor se negó a hacerlo.
El abogado calcula que el delito todavía no
habría prescrito para el sospechoso, porque el plazo de "20 años por
asesinato del Código Penal de la época" deja de correr en el momento en
que se acuerdan resoluciones que suponen una imputación implícita: "La
prescripción se interrumpe cuando la causa se dirige contra el
culpable".
“No se pudo hacer peor. Si se falla en la inspección ocular y en la toma de huellas en las primeras actuaciones, toda la investigación se ve viciada”, declaraba a EL PAÍS un mando de la policía nacional cuando en 2014, 20 años después, pareció reactivarse el caso con el desembarco, sin mucho éxito, de la UDEV (Unidad para la Delincuencia Especializada y Violenta).
Ahora Pardo de Vera lamenta el silencio del juzgado, que aún no ha respondido a las últimas diligencias solicitadas antes del fin de la prórroga ni se ha pronunciado sobre el esperable sobreseimiento de un caso que ya había sido archivado antes. La causa fue reabierta en 2010 después de que Isabel, la hermana de Elena López, se encadenase en la calle y protagonizase huelgas de hambre.
El arma de fuego empleada nunca llegó a aparecer, pero las pruebas de balística determinaron que era un modelo como los usados por los cuerpos de seguridad del Estado. Casi un cuarto de siglo después del suceso, acaba de expirar el plazo de la última prórroga judicial que logró el abogado de las familias de las víctimas para investigar un crimen que creen que alguien se esforzó en tapar.
Porque desde que empezaron las pesquisas, inicialmente a cargo de la Policía Local, el sumario que con la división de juzgados acabó varado en el número 1 de Primera Instancia de Lugo no ha acumulado más que cuatro tomos y nunca llegaron a realizarse interrogatorios que la acusación particular considera básicos para resolver el caso.
Entre los folios hay además ausencias flagrantes, como un posible análisis de esas huellas ensangrentadas que hacían de cordón umbilical entre los muertos o el acta de registro de un Volkswagen Passat blanco que un mes después apareció abandonado en las inmediaciones con aparentes manchas de sangre.
El dueño de un taller de coches que sí llegó a testificar había visto un vehículo idéntico, con tres personas a bordo, dando vueltas lentamente, como si vigilase algo, aquel fatídico 30 de abril en que jugaba el Dépor. Años después, pese al tiempo transcurrido, el mecánico llegó a señalar a uno de los supuestos ocupantes en una rueda de reconocimiento fotográfica.
"Cada hilo del que se tira acaba en un abismo", resume Gerardo Pardo de Vera, el último letrado de estas dos familias que claman justicia ante la "pasividad de la fiscalía". Y esto, a pesar de que ese pequeño sumario reúne importantes indicios contra un hostelero relacionado con el narcotráfico y las armas que regentaba un bar en la ciudad y era cliente habitual del Cash Record.
Este hombre, que terminó marchándose de Galicia, cumplió prisión por otros asuntos, en 1996 negó saber nada del crimen y nunca más volvió a declarar. Un toxicómano ya fallecido había testificado espontáneamente (tras una redada por drogas en el local del sospechoso) que poco antes del crimen el hostelero le había paseado en su Talbot por delante del supermercado; le había puesto una 9 milímetros en la mano y le había planteado dar un golpe al establecimiento. Una tarea fácil en sábado a última hora, le dijo supuestamente, porque "solo está la cajera". El interlocutor se negó a hacerlo.
“No se pudo hacer peor. Si se falla en la inspección ocular y en la toma de huellas en las primeras actuaciones, toda la investigación se ve viciada”, declaraba a EL PAÍS un mando de la policía nacional cuando en 2014, 20 años después, pareció reactivarse el caso con el desembarco, sin mucho éxito, de la UDEV (Unidad para la Delincuencia Especializada y Violenta).
Ahora Pardo de Vera lamenta el silencio del juzgado, que aún no ha respondido a las últimas diligencias solicitadas antes del fin de la prórroga ni se ha pronunciado sobre el esperable sobreseimiento de un caso que ya había sido archivado antes. La causa fue reabierta en 2010 después de que Isabel, la hermana de Elena López, se encadenase en la calle y protagonizase huelgas de hambre.
Entre las diligencias
que reclama la acusación particular están la de que se investigue "el
destino del acta de inspección ocular del vehículo sospechoso", el
Passat blanco, y de "los resultados de las pruebas científicas
practicadas". Pero para el abogado lo más importante es que el juez cite
a declarar "al guardia civil que, supuestamente, tenía amenazado al
único investigado si hablaba".
Un agente que presuntamente "le proveía
de armas y lo protegía de la policía para que pudiese trapichear en su
bar". Existían dudas sobre la identidad de esta persona, que aparecía
citada con el alias de El Paleto en unas cuartillas mecanografiadas, con
el sello de la policía científica pero sin firma, que irrumpieron en
noviembre de 2011 en la instrucción tras aparecer por sorpresa en la
comisaría de Lugo. Estos papeles no estaban incorporados al sumario.
"Había tres guardias civiles que podían ser, pero ahora creemos tenerlo
identificado", comenta Pardo de Vera.
Aquellas hojas fechadas entre 1995 y 1998
semejaban una especie de seguimiento cronológico de algún agente
interesado en dejar constancia de unos hechos que consideraba
relevantes, y en los que otros policías parecían no reparar.
En ellas,
además de reveladores encuentros por la calle y detalles como la
entrevista televisiva a familiares por parte de María Teresa Campos, o
la nueva boda del viudo de Elena, figuraban novedosas declaraciones del
hostelero en la cárcel lucense de Bonxe sobre ese misterioso Paleto.
Según estas cuartillas el preso parecía vivir atemorizado por las
amenazas del guardia civil, hoy exguardia, y afirmaba que "muchos
comerciantes" del centro tenían pistolas Star BM 9 milímetros
Parabellum, supuestamente gracias a los turbios negocios del agente.
"Aquí se está encubriendo a alguien; hay un oscurantismo enorme",
protesta el abogado de las familias." (Silvia R. Pontevedra, El País, 10/01/19)
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