"Ramón V.R. era policía local de Lugo y, al mismo tiempo, socio del
burdel Queen's. Tan implicado en el buen funcionamiento de la empresa
que se ocupaba "personalmente" de la decoración y protestaba por la baja
productividad de las víctimas de trata.
Esto es al menos lo que
sostiene Pilar de Lara,
la instructora de la Operación Carioca, la mayor causa contra el
proxenetismo en España, en el auto de transformación en procedimiento
abreviado de una de las principales piezas en las que fue desguazado el
descomunal sumario para facilitar su digestión a la Fiscalía.
Pese a
esto, las dos fiscales sobre las que recayó parte del trabajo de lectura
no alcanzan a ver el delito y en diciembre pidieron exculpar antes de llegar a juicio a este y a otros agentes del orden que supuestamente engrasaban la maquinaria de "terror" gobernada por el jefe de la trama, el proxeneta José Manuel García Adán. El ministerio público cree que su papel era el de meros clientes.
"Todo apunta a que realmente Ramón V. R. constituyó
una sociedad [inmobiliaria] con fines meramente instrumentales para
ocultar su participación en el negocio" del Queen's. Y como socio,
explica la magistrada, no solo gestionaba desde su posición de
funcionario los problemas relativos a las licencias municipales de las
que carecía el local, sino que se preocupaba por el suministro de
electricidad y "se encargó directa y personalmente de las reformas del
establecimiento en 2009".
Contrató "la pintura de la fachada del club,
la instalación del suelo de parqué, de las rejas, de las persianas y
ventanas, de los revestimientos y los rótulos luminosos". La juez
reprocha a la Fiscalía que busque alguna "excusa exculpatoria" frente a
estas evidencias que ella presenta y así se libre del banquillo al
agente.
Ramón "siempre entraba al local por la puerta de
acceso de las mujeres, no de los clientes. Andaba por todas las
dependencias del club", a cualquier hora y uniformado, "estuviera o no
Adán. Por el comedor, la cocina, en el despacho del dueño y también en
la recepción", describe De Lara. Según diversos testimonios del sumario,
el municipal no pagaba las copas, entraba y salía del local como si
estuviera en su propia casa, y además, sacaba a las chicas y las metía
cuando le daba la gana sin pedir permiso al cabecilla de la trama de
proxenetismo.
Un exempleado del burdel aseguró en su declaración que el
policía local le "controlaba el libro de subidas a las habitaciones" y
le recriminaba que "se jodiera poco”. Esto "no lo hace un cliente",
defiende la magistrada, "sino alguien interesado en el rendimiento
económico del negocio".
"No se puede negar que tomaba copas y hacía uso de
los servicios sexuales", reconocían las dos fiscales en su escrito de
finales de 2018, pero "lo hacía como particular", defendían para a continuación excusarlo del delito de cohecho impropio.
"Por más que la Fiscalía trate de deslindar la vida privada de la
profesional", argumenta ahora la magistrada, "las obligaciones de un
funcionario policial no son a tiempo parcial sino las 24 horas" cuando
se trata de perseguir delitos.
Además, "existen numerosísimos
testimonios que refieren que en no pocas ocasiones acudía uniformado,
con su arma reglamentaria y en coche oficial rotulado para disfrutar de
toda clase de servicios ofertados por el club". Y además "comía y
cenaba" en la sala "utilizada solo por las mujeres". Y según las
víctimas de trata, se jactaba ante ellas de su condición de policía
local.
La testigo R.S. asegura que "cuando llegaba una chica
nueva, ya estaba allí Ramón presentándose él mismo" y enseñando "la
placa" . C.L.O. recuerda en su declaración como testigo que les decía:
"Aquí no hay riesgo de nada, este es el mejor club de Galicia, no
marchéis a otro porque aquí estáis protegidas".
Violencia de género
"La relación de amistad" de Ramón V. R. con Adán, jefe del Queen's
y de La Colina, "se remonta a varios años antes" de abrirse el primero
de estos burdeles, narra la magistrada. "Existen varios testimonios" que
aseguran que "habría ayudado a ocultar pruebas del apuñalamiento" de un
hombre cometido por el proxeneta, un episodio anterior a la Operación
Carioca. "Al margen de lo anterior, y de la participación que pudiera
tener en el negocio, resulta indiciariamente acreditado que este
funcionario policial daba plena cobertura a las actuaciones
presuntamente ilícitas de Adán", concluye De Lara.
Y supuestamente ocultó "los malos tratos sufridos por
la entonces esposa del proxeneta", sin "protegerla", ni "detener" al
maltratador, ni "perseguir los hechos que conocía perfectamente". Adán
cumple actualmente 21 años de prisión por violencia de género mientras
espera los juicios de la Operación Carioca.
La propia víctima relató que
el policía local, supuesto socio de su marido en la clandestinidad, "le
veía la cara", que "cuando curaba de un lado ya tenía el otro lado
mal". Pero "nunca" la ayudó, sino al contrario, recuerda la juez; ya que
supuestamente colaboró con el proxeneta "para que este pudiera expulsar
a su esposa" de casa.
Además, "varios testigos" cuentan en las diligencias
judiciales que Ramón V. R. "captaba mujeres para ir a trabajar a los
locales de Adán y las trasladaba en coche" hasta los clubes. Siempre
merodeando por allí, según De Lara "parece tener pleno conocimiento" de
las condiciones de trabajo, con "intimidación y coacciones", y de las
actividades de inmigración irregular desplegadas por el jefe de los
burdeles y su encargado para traer a España mujeres con deudas.
La brasileña C.D.L., tan enamorada y abducida
por Adán que llegó a tatuarse este nombre en el cuerpo, aseguró en su
declaración que "a quien solicitó permiso para trabajar en el Queen's
fue al policía local llamado Ramón", porque otra compatriota le dio el
teléfono del agente y "le indicó que para trabajar allí debía hablar con
él". Otra mujer, C. N., quiso dejar la prostitución y se fue de
camarera a un bar.
Trabajaba sin contrato y el policía local, recoge el
auto, "amenazó al propietario con denunciarle ante la inspección", con
lo que supuestamente forzó el regreso de la chica al burdel.
Esto no era todo, sigue desgranando el escrito
judicial. "Según varios testimonios", el funcionario "hacía negocio con
la situación de necesidad de las mujeres prostituidas, a las que vendía
ropa falsificada, joyas e incluso lencería". Aunque hay personas que
declararon que sí abonaba consumiciones y sexo, la magistrada recalca
que otros testigos aseguran que "nunca pagaba las copas" ni los "pases
sexuales".
"Hacía uso de los servicios" de las mujeres "casi a diario". Y
"gozaba de otros privilegios que no se permitían a otros clientes",
sigue la juez: "Podía prolongar los pases más allá de la media hora"
estipulada, "llevarse a mujeres fuera del club sin abonar la salida” y
"tratar de imponerles prácticas sexuales" a su gusto.
A veces, describe
la instructora, se adelantaba y ya subía él a esperar a las chicas en la
cama, y pedía "felaciones sin preservativo". Tal y como aparece en
declaraciones y "reportajes fotográficos aportados por testigos de la
causa", este agente y otros funcionarios policiales "participaban en
fiestas privadas organizadas por ellos mismos o por Adán en distintos
pisos con mujeres prostituidas".
Por último, "la Fiscalía omite los testimonios que
avalarían que Ramón recibía dinero de Adán", afea la magistrada al
ministerio público. "Así lo revela una testigo de peso" que describe
cómo el proxeneta repartía entre este policía y otros agentes también implicados
"dinero en fardos [fajos]" un poco menos gruesos que una cajetilla de
tabaco: "A veces de 500 euros, otras de 100 y otras de 50". La mujer,
cocinera del club, apunta una periodicidad ("cada 15 días") y asegura
que presenció "cuatro o cinco entregas" al policía local. Según esta
testigo, el proxeneta contaba delante de ella, en la cocina, los
billetes, y luego los metía en un sobre para dárselos.
Un presunto coladero en la puerta 16 de Barajas
Pilar de Lara imputa 15 delitos al jefe de la trama,
José Manuel García Adán, entre ellos, prostitución coactiva, tráfico
clandestino de personas con fines de explotación sexual, asociación
ilícita, prostitución de menor de edad, amenazas, falsedad documental,
tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y cohecho. Al policía Ramón
V. R. le atribuye cinco: omisión del deber de perseguir delitos en
relación con los malos tratos sufridos por la esposa de Adán; otro
también de omisión pero referido a las actividades del prostíbulo;
cohecho; revelación de información privilegiada y un delito continuado
de colaboración con la prostitución coactiva.
También en contra del criterio de la Fiscalía,
en este auto en el que dicta el sobreseimiento provisional respecto a
otra veintena de investigados la juez acuerda continuar con las
actuaciones contra dos agentes más. A Manuel A. C., otro policía local
asiduo al Queen's, le atribuye los presuntos delitos de tráfico de
munición y cohecho. Según diversos testimonios era el que supuestamente
proporcionaba los proyectiles a Adán para las pistolas que le fueron
incautadas en los registros. El otro agente que Pilar de Lara plantea
sentar en el banquillo es Francisco Javier F. B., policía nacional
destinado en el aeropuerto de Barajas.
La instructora sostiene que las mujeres procedentes de Brasil eran aleccionadas por la mafia para que entrasen en España por la puerta 16 del aeropuerto,
donde supuestamente las esperaba el agente, con sus nombres anotados
(en su taquilla apareció un papel con los datos de tres víctimas). Pero
las fiscales se basaron en un informe del aeropuerto, que en 2016
contestaba al juzgado que no se llevaba ningún tipo de registro de las
cabinas que ocupaban día a día los policías del puesto fronterizo, para
pedir su desimputación.
La magistrada blande, no obstante, una "abrumadora
prueba indiciaria" contra el agente, que estaba familiarmente vinculado a
un empleado del Queen's. Explica que el policía se veía "a menudo", en
Madrid y en Lugo, con Adán y su fiel encargado, José Manuel Pulleiro. Y
hasta la detención del funcionario, al que en el club se referían como
Paco, durante la investigación se intervinieron 61 comunicaciones entre
ellos.
Previsiblemente, este será uno de los últimos autos
dictados por la juez como titular de Instrucción 1 de Lugo. A falta de
que se resuelva el recurso que ella presentó, el Consejo General del
Poder Judicial le ha impuesto una sanción que implica la pérdida de su
plaza, castigada por lo que la cúpula de los jueces considera "retrasos
injustificados". En su pequeño juzgado de provincias se instruyen las
mayores causas anticorrupción de Galicia, y la Carioca cumple ya una
década. Bajo la lupa de la magistrada están no solo policías y guardias
civiles, sino muchos políticos, la gran mayoría del PP y del PSOE." (Silvia R. Pontevedra, el País, 18/06/19)
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