"Alcoa anuncia el despido de 524 trabajadores de San Cibrao sin esperar al plan de la Xunta y del Gobierno. La decisión de apagar las cubas preocupa a Administraciones y sindicatos, ya que implica el fin definitivo de la planta.
Finalmente hay una respuesta. Alcoa ha concretado este viernes el despido masivo que desde mayo sobrevolaba la planta de aluminio primario de San Cibrao, en la localidad lucense de Cervo. Los contactos con los empleados, el Gobierno y la Xunta han durado más de cuatro meses, pero no han conseguido doblegar a la empresa y asegurar la venta al grupo británico GFG Alliance, que presentó un plan industrial de 20 años para la fábrica.
La estadounidense baja la persiana de su última nave de producción de aluminio primario en España ante las acusaciones de “mala fe” desde los Ejecutivos central y autonómico, que ya habían advertido de la posibilidad de intervenir la empresa. El Ministerio de Industria y el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijoó, han responsabilizado a la compañía del fracaso en la venta y han mostrado su apoyo a los trabajadores, que solicitarán medidas cautelarísimas ante un juzgado.
El despido masivo afectará a 524 trabajadores de la planta de aluminio primario. La empresa mantendrá a los 99 empleados restantes operando una parte de la fundición del metal, mientras lleva adelante el apagado de las cubas donde se produce. Esto preocupa a los sindicatos, más allá del despido masivo.
El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha reclamado desde el inicio de las negociaciones que se mantengan siempre activas. Apagarlas significaría el fin de la planta debido a los costes y la complejidad de ponerlas en marcha nuevamente. Los trabajadores han reclamado la intervención del Estado desde la ruptura de las negociaciones. Un clamor respaldado por las administraciones locales, comerciantes y vecinos de la comarca lucense de A Mariña, con una economía muy dependiente de la fábrica, que representa una tercera parte del PIB de la provincia.
La empresa lleva advirtiendo de que la situación de la planta es insostenible desde hace varios años. Los empleados y la firma han reclamado desde 2012 una mejora en los altos costes energéticos para las compañías electrointensivas en España. Este reclamo perdió peso con la oferta de Liberty House, interesada en mantener la producción a pesar de los elevados gastos.
Sin embargo, las empresas no lograron alcanzar un acuerdo para el traspaso en las seis semanas que duró la negociación. El Gobierno respondió al desacuerdo entre las firmas con la propuesta de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comprara la fábrica para asumir las conversaciones con GFG Alliance, algo que la estadounidense rechazó. El secretario de Industria, Raúl Blanco, advirtió de que con eso se abrió un “escenario menos amistoso”.
La posición de las administraciones se había hecho clara durante la semana previa a la declaración del despido masivo. El Ministerio de Industria envió este lunes un requerimiento a la empresa para verificar que cumple con las condiciones para recibir las ayudas por CO₂ correspondientes a 2019. El martes, durante una comparecencia en el Senado, la ministra de Industria, Reyes Maroto, acusó a la empresa de bloquear las negociaciones y afirmó que el Gobierno analizaba todas las posibilidades jurídicas para garantizar el futuro de la planta. El jueves, el ministerio solicitó a la Abogacía del Estado un informe que analice las posibilidades de intervención.
La Xunta también se ha mostrado favorable a que el Estado tome el control de la planta. El pasado miércoles, el presidente Alberto Núñez Feijoó aseguró ante el Parlamento regional que solicitaría la intervención del Gobierno central en caso de que la empresa anunciara el despido masivo.
Este viernes, el Gobierno autonómico ha emitido un comunicado —minutos antes del anuncio de Alcoa— en el que advertía a la empresa de que infringió el “deber de buena fe contractual” durante el proceso de despido masivo. Según relatan fuentes de la Consejería de Trabajo a Europa Press, la compañía presentó varias veces documentación en inglés y no frenó el proceso durante el estado de alarma, como pidió la autoridad laboral." (Caridad Bermeo, El País, 09/10/20)
"Este anuncio, a través de un comunicado de prensa, se produce a cuatro días de que terminase el plazo de 15 días que se había dado tras fracasar las negociaciones para la venta de la factoría y también después de que las conversaciones con el comité de empresa para el expediente de regulación no llegasen a ningún acuerdo.
Se
produce también un día después de que el Ministerio de Industria
publicase en el BOE una resolución de ayudas en compensación de costes
de emisiones indirectas. Entre
los beneficiarios de la convocatoria de 2019 está la planta de San
Cibrao, que desde ayer tiene derecho a 900.000 euros públicos.
XUNTA Y ESTADO SIGUEN HACIENDO UN FRENTE COMÚN
Justo este viernes, la
autoridad laboral ha enviado una advertencia a la empresa en la que le
recrimina haber infringido el deber de buena fe contractual durante la
negociación de este despido colectivo.
La jefatura territorial de la Consellería de Emprego en Lugo
ha sido la que ha remitido el aviso a la compañía este viernes, a
cuatro días de que termine ese tope de 15 días que se dio la firma
(remitiendo al plazo legal) para la aplicación del expediente de
regulación, que afectaría a más de medio centenar de trabajadores de la
factoría de aluminio de A Mariña.
LA PARADA DE LAS CUBAS ES UN GOLPE DURÍSIMO
El anuncio de la parada de las cubas resulta especialmente significativo. Estos hornos consumen una enorme cantidad de energía. Al apagarlos, volver a encenderlos supondría una enorme inversión, tanto en electricidad como en mantenimiento.
En definitiva, la parada encarece y dificulta muchísimo la entrada de cualquier otro patrón, ya sea el Estado o una empresa privada. Está por ver qué hacen los operarios, que siempre advirtieron que jamás permitirían la parada de las cubas.
TRAS ANALIZAR "TODAS LAS OPCIONES"
Alcoa
informa mediante la nota de prensa de que tomó la decisión en la tarde
de este jueves "después de analizar todas las opciones posibles". Apela
al periodo de consultas de cuatro meses con los representantes de los
trabajadores y a las negociaciones para una "posible venta de la planta
de aluminio".
El 29 de septiembre, añade, "Alcoa se comprometió a
tomar y comunicar su decisión con respecto a la aplicación del despido
colectivo, dentro del plazo de 15 días que marca la ley, respecto a la
planta de aluminio, que cuenta con una capacidad de producción anual de
228.000 toneladas métricas".
Alcoa, señala, "prevé que la
hibernación ordenada de las cubas concluya en el primer trimestre de
2021". E indica que mantendrá 99 empleados "operando una parte de la
fundición".
"De acuerdo con lo que hemos compartido con las
partes interesadas a lo largo de este proceso, la desafortunada realidad
es que la planta de aluminio de San Cibrao no es competitiva y no
prevemos que cambien sus importantes problemas estructurales", destaca a
través del comunicado de prensa el presidente y consejero delegado de
Alcoa, Roy Harvey.
"Si bien hemos explorado distintas opciones en
los últimos meses, la reestructuración es necesaria para detener las
continuas pérdidas económicas. Entendemos que este es un resultado
difícil y estamos comprometidos en reducir el impacto en nuestros
empleados a la vez que trabajamos conjuntamente en la reestructuración
de la planta de manera segura y continuamos cumpliendo con todas las
normativas", añade.
La planta de aluminio de San Cibrao, según
Alcoa, "no es viable debido a factores productivos estructurales, como
la ausencia de un marco energético competitivo en España, la
sobrecapacidad mundial en la producción de aluminio y caída del precio
del aluminio".
Durante este año y hasta el 30 de septiembre, la
planta de aluminio primario ha registrado, según sus números, unas
pérdidas de "aproximadamente 45 millones de dólares". En 2018 y 2019,
sitúa sus pérdidas "combinadas" en 126 millones de dólares.
El
pasado 28 de mayo, Alcoa inició un proceso informal de consultas con los
representantes de los trabajadores. El 25 de junio comenzó el proceso
formal de consultas y lo amplió hasta el 28 de septiembre mientras
negociaba la posible venta de la planta de aluminio. "La venta
finalmente no se produjo, y el periodo de consultas concluyó sin llegar a
un acuerdo con los representantes de los trabajadores", concluye. " (GaliciaPress, 09/10/20)
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