"El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, salpicó sus dos intervenciones en el debate en el Senado con Pedro Sánchez de referencias a su gestión de trece años al frente de la Xunta de Galicia. En su afán por destacar su propia visión a largo plazo, incluyó en su primer turno una autocita para subrayar su capacidad de previsión al asegurar que él fue el primero en aprobar ayudas para que las familias hiciesen frente a los problemas del encarecimiento de la energía. Tanto se anticipó que, como destacó él mismo, lo hizo en 2017, cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy y difícilmente se podía achacar a Sánchez el origen del problema.
“Las dificultades energéticas de las familias no han empezado con la guerra”, explicó el líder del PP. “En el año 2017 hubo una comunidad que fue pionera en lanzar un bono eléctrico para ayudar a las familias a pagar un 50% de los recibos de la luz. Se ayudó a más de 33.400 familias al año y además se hizo un complemento extraordinario de 100 euros del bono social que terminó ayudando a 64.000 hogares”. “¿Sabe cuál, fue esa comunidad autónoma que antes de que usted fuese presidente del Gobierno ya estaba ayudando lo que dice usted que va a ayudar ahora? La comunidad autónoma de Galicia”, reveló entre aplausos de la bancada conservadora.
La realidad, sin embargo, es mucho más incómoda para el líder del PP y, sobre todo, para su currículum de buen gestor. Apenas el 21% de las ayudas, presupuestadas para 2016 y publicitadas por la Xunta con la etiqueta de “ticket eléctrico”, acabaron en los bolsillos de las familias más necesitadas. El resto del dinero anunciado por el Gobierno de Feijóo, 2,1 millones de euros que deberían haberse destinado a sufragar aproximadamente recibo y medio de la luz al año, acabó en su mayor parte pagando gastos diversos de la Xunta.
La lista de materias en la que la Xunta usó ese dinero, del que Feijóo presumió este martes en el Senado, incluye 165.550 euros para la Fundación Feiras de Lugo —una organización pública participada por los empresarios lucenses—, 150.000 euros para cambiar carteles en hospitales y 125.000 para la realización de un “estudio sobre publicidad”.
Pero no sólo eso. El dinero que debía ayudar a las familias más necesitadas acabó siendo usado también para abonar (140.000 euros) la defensa jurídica de la Xunta en relación con la mina de Corcoestro (Cabana de Bergantiños, A Coruña), un proyecto fallido de extracción de oro en el que la concesionaria acabó acusando a Feijóo de haber pedido una mordida a cambio de la licencia de explotación. Y para pagar la iluminación de la Cidade da Cultura, el macro proyecto arquitectónico impulsado por Manuel Fraga en Santiago de Compostela e inaugurado parcialmente cinco años antes. Solo esa partida consumió 111.000 euros.
La lista de usos alternativos del dinero que debía ayudar a pagar la factura de luz incluye, como publicó
en su día Praza.gal, actividades de comercio “ya previstas” (79.500
euros), “recursos contra órdenes de ayudas de años previos” (50.000
euros) y la redacción del anteproyecto de aguas termales (8.950 euros).
Es una relación parcial: cuando se publicó esta información el Gobierno
de Feijóo tenía todavía pendiente reasignar otros 836.800 euros.
Fracaso
Al final, la Xunta sólo tramitó ese año 2.168 solicitudes por un valor total de 433.200 euros, muy lejos de las 14.000 familias que según Feijóo se iban beneficiar de la medida. A la vista del fracaso en la gestión de las ayudas (los solicitantes tenían que tramitarlas por Internet, lo cual suponía una barrera insalvable para muchas de las familias que podrían haberse beneficiado), el Gobierno de Feijóo optó por reducir un 62% la partida prevista para 2017.
Las condiciones exigidas por la Xunta eran muy restrictivas: dejaba
fuera de la convocatoria a los hogares en los que los ingresos de todos
sus miembros sumasen más de 798 euros mensuales, (684 en el caso de
salarios divididos en catorce pagas). Y negaba la ayuda a los hogares en
los que no hubiese menores o alguien con algún tipo de discapacidad
reconocida igual o superior al 33%.
La oposición de entonces, formada por En Marea, el BNG y el PSdeG-PSOE, intentó sin éxito en el Parlamento que la Xunta aceptase ampliar las condiciones exigidas para que las ayudas pudiesen llegar a más gente extendiendo el listón máximo de ingresos anuales de 9.600 a 11.500 euros y eliminando el requisito de que en los hogares hubiese menores o personas con discapacidad. El PP de Feijóo, con mayoría absoluta en la Cámara, votó en contra de la propuesta." (Fernando Varela, InfoLibre, 19/10/22)
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