"La Xunta ha pisado el acelerador en obviar los concursos públicos
durante 2012, año electoral y último del primer mandato de Alberto Núñez
Feijóo. El 56% de los 593 contratos de obras, suministros y servicios
de la Administración gallega, sin contar el Sergas, fueron adjudicados a
dedo.
Bajo la modalidad de negociado sin publicidad, el Gobierno
gallego, sus entes, organismos y sociedades otorgaron 263 contratos.
Otros 70 tampoco se anunciaron en el Diario Oficial de Galicia pese a
licitarse por un procedimiento abierto. Tan solo se informó en Internet a
través de la plataforma de contratación pública de Galicia, lo que
acota, y mucho, la participación de empresarios.
Numerosas son las adjudicaciones a dedo y elevada su cuantía total:
73,7 millones de euros (IVA incluido), casi una cuarta parte del dinero
público dedicado a obras, bienes o servicios. Es una práctica
generalizada en todos los departamentos pese a ser el negociado sin
publicidad una modalidad opaca, reservada por ley solo a casos o razones
puntuales y justificadas, como la urgencia de hacer determinada
contratación. Y sale cara para las arcas públicas. Al no haber
concurrencia, apenas se logran rebajas del coste real de la obra o
servicio sobre el precio inicial de licitación.
Pero la Xunta recurre a este procedimiento para todo tipo de
contrataciones, incluso costosas infraestructuras públicas o por valor
muy por encima del límite legal, ya de por si muy amplio. Los negociados
sin publicidad solo se permiten para obras valoradas en hasta 200.000
euros (sin contar el IVA) y suministros o servicios de menos de 60.000
euros.
Son múltiples las triquiñuelas para bordear la Ley de Contratos
del Sector Público y eludir los concursos, como fraccionar una obra en
varias fases para facilitar su adjudicación a dedo. La Axencia Galega de
Infraestructuras otorgó así “un complementario en la variante de
Ortigueira”, por importe de cuatro millones de euros a la constructora
Copasa. Y casi un millón de euros a otra empresa en julio para
“complementar el acondicionamiento” de un tramo de carretera en Lugo.
La
urgencia tampoco se justifica en muchos otros ejemplos de
adjudicaciones a dedo, como los 294.000 euros que otorgó la Secretaría
de Política Lingüística en abril para “la producción de una programación
para el público familiar con bebés”.
Tras las elecciones del 21 de octubre, la conselleira de Traballo e
Benestar, Beatriz Mato, tampoco tuvo reparo en adjudicar a dedo y de una
tacada 11,82 millones a la sociedad Atención Integral Personalizada
para su macrorresidencia privada de personas con discapacidades físicas
abierta en Bóveda (Lugo).
Casi la mitad de los 78 contratos de esta
consellería en 2012 fueron adjudicados a dedo. Y arbitraria la fórmula
que elige para resolverlos: convocó un concurso abierto para un servicio
de transporte a un centro de día, un contrato de solo 35.105 euros en
el que logró una rebaja del coste del 5%, pero concedió a dedo, y sin
apenas rebaja, 244.000 euros para impartir especialidades en centros de
FP.
En meses de escasas contrataciones públicas, como febrero, las
concedidas sin mediar concurso público representaron el 71% (5,74
millones) del volumen mensual adjudicado. En noviembre, la Xunta,
entonces en funciones, adjudicó de forma directa o al margen del Diario
Oficial 26 contratos por valor de 14,8 millones, el 44,7% del gasto
contratado ese mes.
Son múltiples las advertencias jurídicas y del Tribunal de Cuentas
contra el exceso de contratos negociados sin publicidad. Mediante un
concurso público, la Xunta logra reducir un 13% de media el importe de
la contratación.
Por el contrario son nulas o insignificantes (menos del
2%) las bajas del coste real sobre el precio de licitación de una obra o
un servicio. Como ocurre con la nueva Axencia Galega de
Infraestruturas, que concentra las decisiones sobre obras públicas y la
gestión de las carreteras autonómicas.
“Supondrá el ahorro de un millón
de euros en gestión burocráticas de expedientes de obras”, decía Núñez
Feijóo al anunciar su creación. Pero en su primer año de funcionamiento
adjudicó a dedo y con nulas rebajas en el presupuesto inicial la mitad
de sus contratos, unos 4,4 millones de euros.
El importe de los
contratos resueltos mediante concurso público solo sumaron 2,08
millones. Pero se logró, con esta fórmula, reducir un 18% de media el
coste de esas adjudicados." (El País Galicia, 04/02/2013)
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