“Un padre que se queda sin pan que darle a sus hijos hace lo que haga falta. El día que nos metan la quita, que se atengan a las consecuencias”

"Un padre que se queda sin pan que darle a sus hijos hace lo que haga falta. El día que nos metan la quita, que se atengan a las consecuencias”, contaba un afectado por las preferentes de O Salnés que se acercó el jueves al Ayuntamiento de Tui para apoyar a sus compañeros encerrados en el consistorio. 

Tras dos meses en la sede municipal —los de O Rosal llevan tres— los estafados, jóvenes o mayores, parados o trabajadores, tienden a tirar de retranca y sorna para esconder la desesperación ante la falta de salidas a una situación que para muchos arrancó hace año y medio. 

Pero cuando se menta la quita, la posibilidad de que parte de sus ahorros birlados desaparezca definitivamente, la atmósfera se solidifica. “No lo vamos a permitir”.

Al minuto, otro comentario rebaja la tensión en el salón de plenos, campamento base de la protesta. “En la cárcel por lo menos comeremos caliente”, tercia una señora, vestida como la mayoría con la camiseta naranja de la plataforma, del grupo de 30 personas las que el jueves por la mañana ocupaban el Ayuntamiento de Tui, donde la parálisis es casi total. En el salón, la mesa del pleno está llena de papeles con los turnos de guardia, dos durante el día y uno por la noche.

 En el medio de la estancia hay una estufa eléctrica, con unas botas puestas a secar. Al fondo, la comida, incluido un jamón ya casi en el hueso, comprado por colecta popular, a tres euros por cabeza. Al lado una mujer dormita en una silla. Por poco rato, porque a intervalos regulares el estruendo de las bocinas ahoga todo lo demás.

 La procesión de ruido arranca cuando se siente llegar al alcalde o a algún trabajador municipal, recorre todas las estancias y garantiza que el consistorio continúa desierto. Solo resiste el conserje, con tapones en las orejas, sujetos por cordeles.

—¿Querías algo?, pregunta al intruso.

Ante la negativa, hace una mueca y se pone otra vez las protecciones. Poco después, un policía local entra con un papel, que deposita en el mostrador. Se da la vuelta, mira un instante a un hombre que sopla un silbato, se cala la gorra y se va.

 Así es el día a día en Tui, donde el cabreo con el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, es considerable y se ha agravado tras sus declaraciones de las últimas semanas, en las que llegó a tildar de “comando” a los afectados.

 Desde que, hartos de promesas incumplidas, empezasen a interrumpir los plenos de localidades gobernadas por el PP, su líder provincial ha deslizado la idea de que existe un grupúsculo de falsos afectados “disfrazados” al mando de “un sindicalista liberado de la CIG”.

 El sindicalista, al que el presidente provincial no suele nombrar, es Xulio Vicente, de O Rosal, que además de por su militancia se caracteriza por tener tanto a su padre como a su hija menor de edad, cuya firma falsificaron para endosarle el contrato, afectados por las preferentes.

 “¿Es que es un delito ser sindicalista? ¿Es que estamos volviendo al franquismo o qué?”, se indigna otro compañero, agradecido por el trabajo de Vicente, que a su vez pide al PP “buscar soluciones y no decir tonterías”. “Ha perdido los papeles”, resume Miriam, de Tui.

Acatarrado, con ojeras, Vicente relata algunos de los agravios que en las plataformas achacan a los populares, empezando por una promesa de la entonces directora de Comercio de la Xunta, Nava Castro, en vísperas de las elecciones autonómicas del pasado otoño, de una solución segura en el arbitraje; o el intento de Alberto Ruiz Gallardón de posar con él, también durante la campaña. “Le pedí que la reunión fuese tres días después de las elecciones.

 Aún estoy esperando”, relata. Asegura que un día, a las pocas horas de uno de sus muchos encontronazos cara a cara con los cargos populares, le llamaron por teléfono para avisarle de que ya tenía fecha para el arbitraje. Se negó a ir. “Hasta que cobren todos, yo tampoco”.

Episodios como este que describe Xulio Vicente están haciendo calar entre los presentes la sensación de que el arbitraje es cosa de la Xunta y que la llamada salvadora de Consumo llega en función de lo molesto que sea el reclamante o la afinidad que exista con el partido político en el Gobierno. “No hay democracia”, concluye Juan, un afectado de Ponteareas, mientras los demás asienten. “¡Es que llevamos año y medio!”, exclama otro.

Las llamadas a la tranquilidad solamente les suenan ya a excusas para ganar tiempo. Tampoco ayuda la actitud de algunos alcaldes, sobrepasados por las circunstancias. Juan habla del de Mondariz, Julio Alén, quien al parecer echó en cara a unos padres “no haber educado bien a sus hijos”, porque él tiene tres y ninguno entrampado con preferentes. Salvo el de Oia, que claudicó y prometió dimitir si sus afectados no cobraban, el resto ha cerrado filas con el partido, pero el nerviosismo arrecia.

Los perjudicados insisten en que la solución es política y anuncian que aumentarán el calado de sus protestas si les siguen dando largas o se empeñan en aplicarles la quita. Tras paralizar el Ayuntamiento, el siguiente paso es tocar lo sagrado: las fiestas. “El alcalde de Ponteareas va a tener un Corpus muy caliente”.          (El País, Galicia, 11/03/2013)