"La adjudicación de contratos en la Demarcación de Carreteras de
Ourense ha sido durante los últimos años un coto cerrado donde varios
conglomerados empresariales se han venido repartiendo las obras del
Ministerio de Fomento.
Según la documentación que obra en poder de este
diario, una decena de sociedades con los mismos accionistas y cargos
directivos han simulado concursos para acceder a las adjudicaciones y
obtenido encargos por cientos de miles de euros desde 2009. Todos llevan
la firma del jefe de demarcación de carreteras en esta provincia,
Adolfo Güell Cancela.
El ministerio que preside Ana Pastor abrió la semana pasada una
“actuación extraordinaria de inspección” y ya ha empezado a recabar
expedientes de obras tanto en A Coruña, donde se centraliza la
documentación de Galicia, como en Ourense.
Las pesquisas del Gobierno
tratan de detectar prácticas irregulares como el fraccionamiento de
contratos para evitar concursos públicos, los pactos entre empresas para
concurrir a las adjudicaciones e incluso la emisión de facturas por
trabajos no realizados. Fuentes del Gobierno señalan que las
indagaciones se hallan en una fase inicial.
La documentación que maneja EL PAÍS sitúa el foco sobre varios grupos
de empresas que reiteradamente, desde 2009, han sido invitadas por la
Demarcación de Carreteras a concurrir a las adjudicaciones. Las firmas
gallegas Baysega, Sebagasa, Seviga y Seibe 2000 —todas con un mismo
administrador, Manuel Latas Rodríguez— simularon durante 2010 que
competían entre sí por media docena de contratos.
Las invitaciones a
todas ellas fueron cursadas por el jefe de la demarcación, que también
recepcionó las obras. Sebagasa se hizo ese año con dos de las
adjudicaciones (la más jugosa, por 132.256 euros para colocar barreras
de seguridad en la Nacional 525 y en la A-52 en distintos puntos de
Ourense), tres fueron para Seibe 2000 y la última se la llevó Seviga.
La misma fórmula siguieron las constructoras Misturas, GED Integral y
Extraco. Las tres coincidieron durante 2010 en seis procesos de
contratación supuestamente en régimen de competencia. Pero el repaso al
organigrama de estas firmas también depara sorpresas.
Misturas es filial
de Extraco, tienen el mismo presidente (Pablo Prada Valencia) y el
apoderado de la primera, Francisco Rodríguez López, es además el
presidente de GED Integral. Los nueve procedimientos negociados en los
que aparentemente peleaban por los contratos durante 2009 y 2010 dieron
como resultado que GED Integral obtuvo cuatro adjudicaciones, Misturas
se llevó tres y Extraco, dos.
Otro entramado de sociedades relacionadas entre sí que concurrieron a
los mismos concursos es el formado por Obras Caminos y Asfaltos SA
(Ocasa), Sociedad Anónima de Betunes y Firmes y Opain SL. En diciembre
de 2009 las tres compitieron por un mismo contrato de 48.320,30 euros
que obtuvo finalmente Betunes y Firmes.
Pero la aparente competencia
entre ellas también es presuntamente ficticia, ya que las tres
constructoras tienen relación entre sí. Betunes y Firmes es filial de
Ocasa y, según el Registro Mercantil, el administrador de Opain, Marcos
Rodríguez Ogando, es, junto a Belén y Roberto Rodríguez Ogando,
propietario de Dibay SL, empresa que a su vez posee el 60% de Ocasa.
Las
mismas sociedades volvieron a ser las únicas invitadas a participar
también en diciembre de 2009 en otro contrato de 26.999 euros que se
llevó Betunes y Firmes. Y en 2010 en una obra de 39.988 euros que fue
para Ocasa.
Sociedades de estos tres grupos se entremezclan de forma recurrente
en otros contratos que Demarcación de Carreteras otorgó entre 2009 y
2012. La fórmula es similar: en los concursos con tres ofertas, dos
corresponden a sociedades de un mismo entramado. Los trabajos bajo
sospecha se corresponden con pequeñas obras de mantenimiento, reparación
o señalización de las carreteras de Fomento en Ourense.
Solo en
contratos negociados sin publicidad —en los que se solicitan ofertas a
una terna de constructoras elegidas de forma discrecional — la
Demarcación Provincial de Carreteras adjudicó a una veintena de firmas
5,4 millones de euros entre 2009 y 2011. La Ley de Contratos del Estado
prohíbe expresamente que las empresas invitadas a estos procedimientos
tengan algún tipo de vinculación entre sí." (El País, 14/03/2013)
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