"Ahora, a punto de recibir una fortísima sanción por la que tendremos
que devolver 2.800 millones de euros, (900 de Asturias) seguimos sin
tener ni idea de qué está pasando entre nuestro Gobierno y Bruselas, de
donde acaban de regresar Javier Fernández, Núñez Feijoo, Soria, Rajoy y
un largo etc de mandatarios que solo piden prudencia y guardan silencio,
¿qué ocultan y por qué tanto secreto?
Con el tax lease
trataban de conseguir financiación y, para algunos adinerados, hacer
negocio con la construcción de buques mediante desgravaciones fiscales y
otros artilugios. A tal fin se monta un verdadero tinglado difícil de
explicar, o no tanto, según se mire, que se inicia con el llamado Sistema Español de Arrendamiento Fiscal (SEAF), que no es más que una planificación diseñada por un banco para obtener beneficios fiscales con la intervención de:
1.- Un astillero.
2.- Una compañía de arrendamiento financiero.
3.- Una Agrupación de Interés Económico (AIE), creada por un banco.
4.- Una empresa naviera.
Las relaciones contractuales, económicas y fiscales que se establecen
entre los integrantes de estos cuatro protagonistas son múltiples. Por
otro lado interviene la legislación española con la Ley del Impuesto de
Sociedades y su Reglamento (LIS y RIS), en paralelo y, en cuanto a los
buques, la Tributación por Tonelaje (TT) repercute en las plusvalías y,
por último, el TFUE al que no se le ha hecho ni caso, según el contenido
de la denuncia que se ha de resolver en estos días.
El quid de
la cuestión está en que en la AIE interviene quien tenga grandes
beneficios en sus negocios de modo que mediante una amortización
acelerada desgrava cuantiosos impuestos en Hacienda.
El
13-07-2010 los astilleros de siete países de la UE firman en contra del
SEAF, un año después la CE denuncia irregularidades en ayudas y
exenciones fiscales. Algunas las considera incompatibles y otras
abiertamente ilegales porque contravienen el TFUE, lo que ha conducido a
que el precio de los buques construidos en los astilleros españoles se
hayan vendido hasta un 30% más baratos. La CE entiende que el entramado
de la SEAF establece una competencia ilegal respecto al resto de los
países de la UE.
La segunda parte de la denuncia se refiere a
las restricciones, también ilegales, impuestas por el SEAF de modo que
solo participaban bancos, astilleros e inversionistas españoles,
excluyendo al resto de la UE.
A pesar de todas estas
irregularidades, y gracias a ellas principalmente, desde 2002 a 2010,
dice el informe en el párrafo 5, el SEAF ha participado en la
construcción y adquisición de 273 buques para compradores de Europa y de
fuera de ella. Su importe se acerca a los 9.000 millones de euros.
Mucho había de burbuja especulativa -como en buena parte del resto de la economía- porque a pesar de las ventajas de aquel tax lease
propiciado por el SEAF, y antes de la denuncia de la CE, una buena
parte de los astilleros estaban en crisis, siete ya habían cerrado y
cuatro en concurso de acreedores, ¿quién y cómo se puede explicar todo
esto?
Ante esta grave situación no es ocioso preguntar por qué
se disuelve el Fondo de Garantía Patrimonial y cuál ha sido el papel de
los Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) en el que participa desde el Ministerio de Industria hasta los gobiernos de las autonomías afectadas.
En las últimas tres décadas el sector naval recibió miles de millones
de euros sin que se estableciera un severo control de para qué y en qué
se invertía tanto dinero y sin que se apreciara mejora alguna en los
resultados, sino todo lo contrario.
Antes, como ahora, el
denominador común está siendo la falta de transparencia que alcanza
niveles de delito, en lo social al menos, lo mismo que el probable
enriquecimiento de no se sabe quién, ni tampoco a dónde ha ido a parar
tanto dinero. Acudir ahora a la leyenda negra no deja de ser una cortina
de humo para ocultar una gestión ruinosa cuando no fraudulenta,
delictiva.
Claro que hay que renovar la industria naval, pero
antes es necesario exigir responsabilidades a los que han provocado su
desmantelamiento. Los sucesivos gobiernos del PSOE y PP junto con las
instituciones, los gobiernos autonómicos que, a través de Pymar,
organizaron este entramado con la necesaria colaboración de los
sindicatos oficiales CCOO y UGT, decidieron y firmaron los despidos y el
cierre de astilleros, a pesar de tanta subvención y de contar con un tax lease tan ventajoso." (Miguel Ángel Llana Suárez, Rebelión, 11/07/2013)
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