"Tras meses de protestas e investigaciones pagadas de su bolsillo, los vecinos de Punxín, un pueblo de Ourense, que destaparon la presencia de arsénico tóxico
en el agua de sus grifos, acudieron desesperados a Pilar de Lara en
2013. Hasta entonces nadie les había hecho caso, pero la juez de Lugo
puso en marcha la maquinaria Pokémon. (...)
Tal y como adelantó este diario en octubre del año pasado,
los investigadores detectaron supuestas ilegalidades en el concurso que
privatizó el servicio e incluso en la calidad del agua que distribuía
Aquagest. Según el Seprona, la empresa ocultó la presencia de arsénico,
un tóxico de origen natural que puede llegar a producir cáncer.
Los
informes de la Guardia Civil incorporados al sumario
acusan a la concesionaria del agua de un supuesto delito contra la
salud pública por “suministrar a sabiendas a la población agua
contaminada”. La empresa cerró un pozo contaminado con arsénico y lo
reabrió a los pocos meses sin avisar a la población. “Esa decisión no se
basó en criterios objetivos”, afirman los investigadores.
Los
documentos y las pruebas testificales constataron que, a principios del
2012, se reabrió el pozo tóxico tras la merma de caudal para el
abastecimiento, una decisión tomada “a sabiendas del informe emitido por
la propia empresa” en el que se alertaba del arsénico.
Los agentes
también destacan que “solo se instaló una depuradora cuando salen las
primeras noticias en la prensa local”. La empresa y la Administración
conocían su existencia previamente.
Pero el arsénico no fue el único tóxico que circuló por las tuberías
de Punxín. En 2010, dos inspectoras de la Consellería de Sanidade detectaron en una planta potabilizadora dos sacos de Magnafloc lt25,
una sustancia prohibida para el tratamiento de aguas de consumo humano.
El Seprona advierte en un informe que, a pesar de las graves
irregularidades destapadas por las inspectoras en varias actas, el
Gobierno gallego no inició expediente sancionador alguno.
La empresa
justificó el uso del producto como un “despiste” de un empleado en
formación. También explicó a las autoridades sanitarias que nunca usó
otros sacos de carbonato sódico Solvay que los inspectores localizaron
en la potabilizadora y que también estaban vetados.
La investigación judicial detectó además presuntos delitos de cohecho
y tráfico de influencias en la actuación de Alfredo Cruz, el exalcalde
socialista ya condenado por prevaricación por otro asunto. Según
Vigilancia Aduanera, urdió una trama para adjudicar el servicio a
Aquagest a cambio de favores.
Lo hizo con informes de la Diputación y la
secretaria-interventora municipal en contra y a pesar de que la
privatización disparó el coste hasta 107.000 euros anuales. Cuando la
gestión estaba en manos del Ayuntamiento ascendía a 38.800 euros al año.
Incluso descubrieron que una de las personas “expertas” seleccionadas
para la mesa de contratación del concurso público había trabajado
previamente para la empresa.
Los agentes certificaron que uno de los
hijos del alcalde fue contratado en Aquagest
y el otro en PAU, una de las sociedades del Grupo Vendex. También
revelan que el alcalde adjudicó a su propia empresa reparaciones de
tuberías por un importe de 27.000 euros que debía haber sufragado la
concesionaria.
Las presuntas irregularidades comenzaron incluso antes del concurso. Punxín pagó a Aquagest asistencias técnicas por 80.000 euros
antes de la privatización del agua, que entonces ya estaba contaminada.
Todas fueron abonadas tras ganar la alcaldía el PSdeG. Los agentes de
Aduanas cuestionan que la empresa concurriese en igualdad de condiciones
al concurso público porque, al prestar servicios en Punxín, conocía las
características y costes del servicio con anterioridad.
El sumario
refleja en varios tomos cómo una de las empresas implicadas en la
Pokémon aplicó a pequeña escala en este municipio de 700 habitantes,
todas las artimañas presuntamente corruptas para conseguir contratas que
salpican Galicia." (El País, 28/03/2014)
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