13/11/14

El empleo del cacique... ahora en las empresas externalizadas

"En la Diputación de Ourense de José Manuel Baltar los afines al PP ya no copan empleos en la institución sino en las empresas a las que se externalizan servicios

El nuevo baltarismo se distancia al menos en un formalismo del viejo baltarismo. El hijo-sucesor de José Luis Baltar, condenado por un delito de prevaricación basado en el enchufismo, no coloca a dedo a los afines en las dependencias de la abarrotada institución ourensana, salvo excepciones.

 En su mandato, los parientes de cargos del PP acaban en su mayoría empleados en las empresas mixtas en las que va parcelando la extenuada Diputación de Ourense. Militantes del PP y descendientes de enchufados del fundador de la estirpe recalan en los empleos de las empresas desgajadas del organismo provincial. 

Los centros ecuestres, Aquaourense y el servicio de recogida de basuras —Baltar ha anunciado también la externalización del servicio de Vías y Obras— empiezan a cubrirse de una red de afines como la que en su día permitió a su padre el control del poder político ourensano y su influencia en el PP de Galicia.

La primera tanda de enchufados del neobaltarismo se consumó apenas iniciada la sucesión dinástica. Con la institución impedida —rozaba el endeudamiento legal— para hacer contrataciones, el nuevo presidente anunció que tomaba el toro por los cuernos: deploró la herencia del afán empleador de su progenitor y se lanzó a un ERE para despedir a 32 trabajadores, aunque mientras colocaba a una veintena de militantes y afines en la misma institución a través de un convenio subvencionado por la Xunta.

El ERE fue ruidoso y judicializado (la justicia desmontó su razonamiento) pero mientras Baltar apelaba los fallos insistiendo en que así saneaba las cuentas, recontrataba a algunos de los despedidos. 

No computan como enchufados al modo tradicional: los rescató como autónomos para realizar asistencias técnicas en la misma Diputación de la que los había echado. Con un gasto similar en personal, el nuevo baltarismo consiguió reducir el importe del capítulo 1 a cambio de engordar el 2, al que fueron a parar los gastos de asistencias técnicas, asesores y convenios entregados a dedo.

Mientras emprendía su particular saneamiento de personal, el sucesor contrataba a dedo al gerente de la fracasada empresa urbanística de la Diputación, Urbaourense, José Cudeiro. Fue pionero en la larga lista de asesores —y “asesores de los asesores” en expresión del BNG— enchufados en la presidencia.

 A Cudeiro lo nombró “asesor técnico”. A su lado colocó a un “técnico asesor” (funcionario), a un asesor de comunicación (Fernando Rodríguez, miembro de la ejecutiva provincial del PP), a un auxiliar de oficina (funcionario), a un asesor de política deportiva (el concejal del PP en Ourense Bernardino González) y a un asesor de política cultural (el portavoz del PP en Ribadavia, Celso Fernández). Junto a ellos, puso a un auxiliar de política cultural y deportiva.

 El personal dedicado a la presidencia se completa con un jefe de secretaría particular, un auxiliar de presidencia y un gestor de documentación. En breve se sumarán un oficial de administración, un auxiliar de servicio y dos porteros-operarios de limpieza.

Mientras tanto, el sucesor del baltarismo mantiene una larga lista de empleados vinculados a su partido en Aquaourense, la empresa mixta creada por su padre para gestionar el ciclo del agua en la provincia, una labor que asumía la Diputación hasta que cedió la mayoría del capital, el 67%, a Aquagest. Parientes de concejales del PP forman el entramado laboral de la empresa que en sus dos primeros años duplicó su plantilla y triplicó su gasto en personal hasta superar los 286.000 euros, aunque los beneficios apenas alcanzaran los 40.000.

En Aquaourense figura como jefe de control analítico el hijo de un jubilado del departamento de Vías y Obras de la Diputación . La hija de uno de los dos chóferes de la Presidencia de la Diputación (conductor a quien Baltar ha asignado un salario de 34.968,63 euros anuales) está empleada como analista. 

En el laboratorio figura la hija de una apoderada del PP de Verín. La lista la completan la hija de otra empleada, vecina de Baltar en Esgos; el hijo de un electricista del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar; el descendiente de un exconcejal del PP de Punxín y parientes y militantes del PP de Pereiro de Aguiar. Junto a ellos, la novia del hijo del portavoz del grupo popular en la Diputación, alcalde de Muiños y secretario del Ayuntamiento de Pereiro, Plácido Álvarez, presidente del consejo de administración. Álvarez sostiene que el personal no lo pone él ni la Diputación “sino la empresa”: “Nosotros nos enteramos en el consejo de administración y no interferimos” en la selección, añade.

Un secretario que pide enchufes

La Diputación de Ourense se deshizo del servicio del agua para compartirlo en minoría con Aquagest en la empresa mixta Aquaourense. La firma privada se quedó con el concurso público, al que concurrieron otras tres empresas, por la “generosa oferta de medios materiales y humanos” que hizo, explicó en su momento las razones de la selección el secretario de la institución ourensana, Francisco Cacharro, hijo del expresidente del PP y de la Diputación de Lugo.

El caso Pokémon ha desvelado el papel de Cacharro en la gestión de la empresa mixta y sus peticiones personales de enchufismo. En un correo incluido en el sumario judicial fechado en noviembre de 2012, Cacharro agradece al entonces director de Aquagest en Galicia, Henry Laíño, que haya dado pasos para emplear a su exmujer: “Parada llamó ya a Sonia el mes pasado (Sonia es la madre de mi hijo) y ella le ha enviado el CV. A ver si hay suerte y llegan a un acuerdo con ella”. 

En ese correo le pide que le “encuentre un hueco” en la filial de Chile “al hermano de mi socio Miguel”, en alusión al abogado Miguel Diéguez, a quien Baltar contrató para redactar la ordenanza de selección de personal de la Diputación. Y acto seguido le anuncia que está “tratando” de convertir Aquaourense “en algo diferente a lo que es”. “Algo que le permita asumir sin cortapisas la gestión delegada de servicios de los Ayuntamientos como una auténtica concesionaria”, detalla.

Laíño se movilizó para satisfacerlo. Escribe al director general de la firma urgiéndole la colocación y comenta a su delegado en Santiago: “Lo único que faltaba es que quedemos mal con Cacharro”. Cacharro reconoce que medió “por un par de personas” de su “confianza” pero matiza que no lo hizo “a cambio de algo”. “No se cumplió el objetivo en ningún caso”, sostiene Cacharro."            (   El País,  Ourense 10 NOV 2014)

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