La Xunta le roba los hijos a los pobres

"Fue a Menores y le dijeron que no podía ver a los pequeños, que le quitaban las visitas porque aunque tenía dinero y trabajo ya era tarde”. “Recuerda que le mandaron una carta diciendo que era retrasada y no podía cuidar a los niños, que cualquier persona le timaba porque era muy tonta, que no los iba a poder defender, educarlos y explicarles lo que es la vida”, relatan los papeles del juzgado. 

Como si precisamente ella, Irene (nombre ficticio para una historia real), no supiera mejor que nadie cómo se las gasta la vida, cómo se ensaña, cuando todo se vuelve en contra. 

Esta lucense encaja como un guante con el perfil más habitual de las madres que deambulan desesperadas por las miles de páginas de la conocida como Operación Bebé: está sola en el mundo, ha sido judicialmente declarada víctima de maltrato, se ha criado y ha vivido en la pobreza extrema y se ha sumido en una honda depresión cuando una maquinaria burocrática implacable le ha arrebatado todo lo que tenía, sus niños.

Ahora, como otras, lucha con un abogado de oficio por recuperar los críos que le quitó la Xunta, intentando demostrar que, más allá de la prepotencia, el exceso de celo o una suerte de convicción redentora, los funcionarios imputados que estos días prestan declaración ante la juez de Instrucción 2 de Lugo, Sandra Piñeiro, podrían haber cometido delitos relacionados con la alteración de fechas, los lapsus deliberados, la desaparición de documentos clave y la elaboración de informes subjetivos que habrían dado lugar a decisiones arbitrarias capaces de destrozar familias.

El de Irene es uno de los sangrantes testimonios de una docena de progenitores despojados de sus vástagos que han hecho del caso Bebé un sumario de 58 tomos angustiosos. Hoy hay más de 10 imputados, la mayoría funcionarios de la Administración gallega que ejercen en la Consellería de Traballo e Benestar o en hospitales. La procesión comenzó el jueves pasado y continuará mañana y el día 20.

 El 1 de diciembre cerrará la ronda una monja del Hogar Madre Encarnación de Lugo, una residencia que trabaja con la Xunta donde bajo el lema “sí a la vida” se da techo a mujeres embarazadas y recién paridas mientras, según recogen las diligencias, se les enseñan quehaceres de provecho para las hembras como el fregado de suelos.

Las primeras funcionarias en declarar defendieron el jueves que sus actuaciones fueron correctas, aunque según los abogados de las madres reconocieron errores en fechas, incurrieron en “contradicciones” y una llegó a admitir que no se preocupó por rastrear las circunstancias de una víctima de la mafia del caso Carioca que al firmar el consentimiento de adopción dejó escrito que lo hacía “por fuerza mayor”. 

 Esa madre, desesperada por la pérdida de su niña que hoy asegura haber entregado bajo presiones, intentó suicidarse al poco tiempo arrojándose desde el sexto piso del hospital pontevedrés de Montecelo. Perdió un brazo y está parapléjica.

Frente a esa pulcritud de las tramitaciones que defienden los funcionarios imputados, la abuela, también imputada, de uno de los recién nacidos retirados contó que su hija discapacitada psíquica de la que es tutora legal firmó los papeles de la Xunta estando sola en la habitación del hospital, sin su imprescindible supervisión. Un celador del Xeral Calde testificó además que previamente, ese día, a la chica le habían suministrado tres potentes ansiolíticos hipnóticos.

En el caso de Irene, Menores entró en su vida para nunca marchar porque alguien denunció la miseria en que vivía con su marido maltratador y su primera hija. Cuando la cría tenía dos años, llegaron los funcionarios “con la policía”:

 “Me dijeron que no me opusiera, que se iban a llevar a la niña por las buenas o por las malas y que firmase el documento”, relata. Ella se resistió largamente, pero le “amenazaron con que, si no firmaba”, no le dirían “adónde se la llevaban”.

Con el tiempo y ya con dos críos, hizo todo lo que le exigieron en la Xunta y aunque partía de la nada logró obrar milagros solo por amor a sus hijos, una niña nacida en 2005 y un niño de 2008, recuerdo de sus últimas noches con el hombre que la sometía. 

En el sumario se explica que fue cumpliendo los requisitos que le iban imponiendo: se atrevió a denunciar a su marido y obtuvo la orden de alejamiento; buscó un piso estupendo en Lugo capital; se empezó a cuidar físicamente y encontró trabajo. Irene hubo de desechar varios empleos hasta que halló uno al gusto de los funcionarios que supervisaban con lupa su desgraciada vida. Pero por parte de la Administración “todo eran pegas”.

En una visita a su piso alquilado que hizo una fundación de las que trabajan mano a mano con la Xunta en el tema de las tutelas y las adopciones de niños declarados en desamparo, Irene cuenta que las diligentes trabajadoras sociales le reprocharon que se tratase de un octavo, una altura, opinaban, peligrosa para los pequeños. Venía de vivir con el esposo que la traicionaba y le pegaba en una casa de aldea casi en ruinas donde el único mueble era un colchón en el suelo. 

Había pasado el embarazo de riesgo, asegura, obligada por unos parientes a limpiar y servir todo el día en un bar cuando el médico le recetaba reposo y cama. “Nada de psicólogo, ¡lo mejor contra la depresión es trabajar!”, le insistía la familiar que al parecer la explotaba a cambio de techo.

 Con lo que había visto en su vida, ¿cómo podía digerir esa crítica a la altura del piso que le hacían las representantes de la ONG subvencionada? “Ah, ya sé, querrán una casa sin ventanas”, bromea con amargura Irene en un manuscrito que presentó al juzgado y en el que esta mujer a la que le han matado cualquier atisbo de autoestima pide perdón por las posibles faltas y redundancias que pueda cometer: “Hay palabras que repito mucho”.

Pero los abogados de estas familias de Lugo denuncian que además de cortar la relación con sus progenitores, Menores decidió también romper el contacto de los críos con su familia extensa. 

Un padre cuenta cómo huyeron con el carrito, tapando a su bebé, las mujeres que lo tutelaban el día que vieron llegar al abuelo al parque. Ese mismo hombre denuncia, aportando incluso las esquelas de su madre, que la abuela murió pidiendo ver por última vez al crío que era el niño de sus ojos.

 “La Xunta ha secuestrado a mi hijo”, concluía el padre en una entrevista con este medio. Irene relata también cómo se les negó la custodia a los abuelos de sus hijos, pese a que “vendieron las vacas para arreglar la casa” según las exigencias burocráticas.

Uno de los aspectos más dolorosos del sumario Bebé es el contraste entre la desesperada lucha de los padres biológicos y las apacibles cartas de las familias acogedoras describiendo el estado de felicidad que reina en sus hogares para que se formalice la adopción a su favor: son “la bendición” de esta casa, se congratula el matrimonio que aspira a quedarse con tres menores por los que al mismo tiempo pelea su verdadera madre. 

Esa chica denuncia que no puede ver a sus niños a pesar del informe que emitió la Casa da Muller del Ayuntamiento de Lugo en el que se afirma que sufrió el “síndrome de la mujer maltratada” y que “las dificultades para atender a sus hijos derivan directamente de la situación de maltrato vivida durante la mayor parte de su existencia”. 

No obstante, sigue el documento, gracias a su determinación “de un año a esta parte se produce un cambio evidente en casi todas las facetas de su vida”, por lo que la técnica que firma el escrito que supuestamente no se tuvo en cuenta aboga por un reagrupamiento.

Antes de nacer el segundo hijo de Irene, fruto de su relación con el mismo maltratador al que luego denunció, Menores ya le avisó de que se lo iban a quitar. A ojos del rígido sistema no pareció importar demasiado que, en las visitas de una hora que permitía la Xunta los sábados, la hija mayor se abrazase a ella como un náufrago a un madero: “Quedaba llorando, las cuidadoras tenían que soltarla de mí a la fuerza”; “mami, no te marches quédate conmigo que te quiero mucho; duermes en mi camita conmigo”, afirma que le suplicaba la cría. Irene recuerda que, cuando se los dejaban llevar al piso, los niños estaban felices. 

Les había comprado juguetes y vídeos de Barrio Sésamo, sus favoritos. Llama la atención que el delito genérico que aparece citado en el encabezamiento de muchas de estas diligencias previas sea el de “estafa”.          ( Silvia R. Pontevedra , El País,  Santiago 8 NOV 2014)