27/11/15

Compoñedoras...


 Patricia Lamas, 'compoñedora' de 32 años. / Óscar Corral

"Alex García tiene 15 años y juega de central. “Leñero”, en definición de su padre. Su equipo es el cadete del Oroso, un municipio que linda con Santiago. Avanza casi a la pata coja, apoyando muy poco el pie derecho, con el tobillo hinchado como una pelota. 

“Me pisaron ayer jugando un partido”, dice al atravesar la puerta de esta casa de aldea. Al otro lado lo recibe Carmen Seoane — 72 años, 63 como “compoñedora”, sin más formación que la que le transmitió su padre y éste heredó del abuelo—. 

Examina la pierna, que pide relajar, mientras ironiza sobre “la valentía de los jóvenes de ahora”. Cuando el paciente se distrae, hunde las yemas de sus dedos en el tendón herido y en un visto y no visto proclama: “Ya está, ¡qué rapido se arregla un pie!”. Da una semana al chaval antes de volver a entrenar y pide al siguiente que pase.

Es la una de la tarde del domingo en Santalla de Gorgullos, un núcleo de media docena de casas en el ayuntamiento coruñés de Tordoia. Y los coches empiezan a llegar en procesión desde los campos de la comarca. Algunos pasan antes por el hospital, pero la mayoría vienen directos.

 Los chavales llegan cojeando, igual que hicieron sus padres y también muchos abuelos durante décadas. “El mío ya me traía en el tractor hace cuarenta años”, cuenta Manuel, que acompaña a su hijo desde Carballo, a 30 kilómetros.

 “A mí me atendió el abuelo, te daban ese tirón, te colocaba el pie y te mandaba pisar fuerte al salir”,Carmen, la compoñedora, asegura que no hay trampa ni cartón, que aprendió de su familia los juegos de los tendones y los huesos, que nadie busque milagros, magia o cualquier otra superstición. 

Patricia Lamas, su nieta también está en el oficio desde los 14 años. Ahora tiene 32. La última generación ya está dada de alta en la Seguridad Social como autónoma y masajista profesional. Admite que algunos clientes se sorprenden al verla con sus vaqueros y su forro polar.

 “Esperan ver a una señora de luto y encorvada y de repente aparezco yo”, dice esta mujer que aún recuerda “su primer tobillo”. “Desde siempre había visto lo que hacía mi abuela y cuando tenía 14 años me propuso arreglar a un chico de mi edad. Me guió, lo hice bien y para mí fue lo más de lo más”. “A mí mi padre con nueve años me puso en una tibia”, replica con toda naturalidad la abuela”.

Un hombro, dos segundos

De Santiago, directa del campo, todavía en chandal llega a media tarde Elena Ramos, retorciéndose de dolor. Tiene 17 años y es mediocentro del Conxo, la Segunda División de la liga gallega femenina. 

 Para quitarse la camiseta gime. “Di un pase a una compañera y choqué contra una del otro equipo, Caí sobre el hombro y sentí el crujido”, narra al borde del llanto. Carmen palpa la zona del golpe y pregunta a la adolescente si piensa ir esa noche a bailar. Son dos segundos. Los que tarda la mujer en hincar el dedo “para devolver el tendón al sitio”. Elena cierra los ojos, se muerde los labios y de repente pregunta: “¿Ya fue?”. “Sí, estás lista, me dolió más a mí que a ti”, replica la mujer, que le receta reposo.

En las últimas tres décadas entre esas cuatro paredes de Santalla se ha tratado a miles de pacientes, algunos de percances cotidianos. Pero los que tienen prisa siempre son los deportistas. “Se lesionan un viernes y quieren jugar el domingo y aquí no se hacen milagros.

Nosotras le colocamos los tendones pero curar lleva su tiempo”, se lamenta Patricia, a quien aún se le atragantan “por grima” las mandíbulas”. “A las roturas no les tocamos, eso es cosa de los médicos, en qué lugar quedaría si me metiese en eso, a mí me enseñaron así y yo sigo igual”, dice su abuela. Cada cita en Santalla son 20 euros. En el fin de semana han aparcado más de veinte coches en esta peculiar consulta que es el recibidor de la vivienda con una banqueta y un sofá de tres plazas.

Las lesiones de las ligas regionales de la Costa da Morte las atiende en el municipio de Dumbría O Allo, otro compoñedor muy afamado allí, quien elude ponerse al teléfono porque no quiere saber nada de periodistas. Los que han pasado por su manos sostienen que es cuidadoso y eficiente, que rara vez equivoca un diagnóstico.

En el norte de Lugo, en un piso urbano de espaldas al mar en Burela, cuelga una placa diminuta: “Gabriel Vizoso Pernas, compostor”. En el pueblo le llaman “o bruxo” pero de entrada él ya avisa que “los milagros son cosas de la Iglesia y de los curas”. Que él solo tiene “una habilidad en las manos” heredada de sus antepasados. 

Cita a su bisabuelo, el “tío Fidel”, que arregló huesos y contusiones en toda la zona al volver de la guerra de Cuba, donde hizo de ayudante de enfermería, valiéndose de su intuición y “estudiando a vivos y muertos”. “Debuté cuando murió mi padre, tenía 17 años y lo había visto trabajar a él. 

Mi tío me dijo que tenía que arreglar [ese es el verbo que utilizan todos los compoñedores consultados] una luxación de un hombre que había caído del caballo y que a las dos horas de salir de mi casa ya volvía a montar”. Gabriel alternó su oficio como palista en una mina de caolín —hasta que lo prejubiló una baja por enfermedad— con la composición de huesos. “No cobro, lo hago por ayudar”, asegura aunque reconoce que mucha gente le deja “la voluntad”.

Quejas de médicos

Cuando se pregunta a Gabriel por las quejas de los sindicatos y colegios médicos, que ponen el grito en el cielo ante estas prácticas, se encoge de hombros: “Ellos estudiaron. Yo no. 

Puede que tengan razón. Yo hago lo que sé”. Si se le tira de la lengua, cuenta el día que le arregló un pulgar a un compañero de equipo, médico, tirado sobre el césped y cómo éste, después, se pasó la tarde preguntándole qué había hecho.
También las compoñedoras de Santalla han visto a cirujanos en su casa. “Y médicos y enfermeras, por aquí ha pasado de todo y yo no pregunto”, dice con una media sonrisa Patricia.

Parte de las urgencias tras los rocosos derbis regionales de las Rías Baixas las atienden en la zona de Ribeira dos compoñedores, Enrique de Coaxe y Paquito, que son competencia y aprendices ambos de un histórico de la comarca: Ventura, al que acudieron durante décadas los futbolistas viejos del lugar. Allí se les conoce como “armeiros”. 

Enrique declina amablemente la oferta para explicarse en este reportaje porque no quiere fotos ni convertirse en más mediático de lo que ya es tras salir en algunos reportajes de prensa y teles regionales. Paquito directamente cuelga el teléfono. A ninguno les hace falta publicidad porque viven del boca a boca y de los clientes que repiten.

Algunos llegan los fines de semana de fuera de Galicia en busca de milagros para viejas lesiones. Para esos, los compoñedores dicen no tener remedio.

Torrado, el ‘brujo’ que paseó sus hierbas por siete olimpiadas

Emiliano, leyenda del baloncesto español, lo bautizó como “brujo” cuando logró curarle una tendinitis en la rótula, y el mote ya acompañó siempre a José Luis Torrado. Por su clínica de Pontevedra han pasado leyendas del deporte, muchos de noche o por la puerta de atrás. Y sus hierbas, con las que presume de curar roturas de fibras en cinco días, viajaron a siete olimpiadas.

A Giuseppe Gentile un italiano que compitió en los Juegos de México del 68 y se rompió una semana antes de las finales, lo recuperó a tiempo de recoger la medalla de bronce. Torrado fue subcampeón de Europa en 1974 junto a la selección de baloncesto de Antonio Díaz Míguel pero no recibió la plata porque su presencia incomodaba a los médicos de la expedición. Y si acudió a la recepción con Franco fue porque el dictador “preguntó antes si había gallegos en el equipo”.

Emplastes suyos curaron a Valdano cuando llegó a la delantera del Zaragoza y al centrocampista Del Bosque antes de ser seleccionador.

En los ochenta se corrió la voz por la selección rusa y a Pontevedra acudieron Tachenko, Chomicius y luego Uliana Semenova. Famosos son sus cubitos de hielo impregnados de hierbas naturales para acelerar la recuperación tras un golpe. Él asegura que recopila plantas por todo el mundo, que todo está en los libros viejos.

Hoy, jubilado, solo atiende a compromisos. Como el triatleta y campeón del mundo de triatlon, Iván Raña. Antes trató la espalda de Manuel Fraga. Y las cervicales de Rajoy, cuando presidía la Diputación de Pontevedra.

Del agente de policía que en la década de los 80 le siguió los pasos después de que algunos médicos lo denunciaran por intrusismo se ha hecho amigo."             (   , El País, Tordoia 26 NOV 2015)

24/11/15

Quirófanos en camións que melloran a igualdade entre pacientes... porque teñen 'aseos para clientes'... quen dá máis

Os camións, no hospital de Ourense

"Entre as múltiples protestas de persoal e pacientes que acompañaron a apertura do novo hospital de Vigo figuraba a realización de probas diagnósticas nunha unidade móbil, nun camión, mentres as resonancias magnéticas non funcionaban no novo centro.

 Algo máis dun mes antes de que comezase o accidentado proceso que acabou levando politicamente por diante a exconselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, o Consello da Xunta trataba un informe -documento sen valor xurídico, que o Executivo emprega para publicitar asuntos que considera relevantes- sobre a posta en marcha de dous destes camións na provincia de Ourense, neste caso con funcións de quirófanos e consultorios.

 Dous meses despois do inicio da súa actividade, a Consellería de Sanidade defende no Parlamento que estes equipamento favorecen a igualdade no acceso á asistencia sanitaria entre os pacientes.

O pasado agosto o BNG rexistrou unha pregunta no Parlamento para instar o Goberno a aclarar se dispón de "informes" ou outro tipo de estudos que xustifiquen o gasto de 1,7 millóns de euros -a maior parte procedentes de fondos europeos- nestes dous camións "para intervencións cirúrxicas e prestación sanitaria nos centros de saúde de Ourense". 

Para a voceira do Bloque en materia sanitaria, Montse Prado, resulta "indecente" realizar este "desbalde" mentres Sanidade "desmantela infraestruturas" ou, por exemplo, mantén pechadas camas hospitalarios. "É evidente -indicaba- que estamos diante dun gasto máis destinado a favorecer algún negocio que á mellora da asistencia sanitaria".

 Hai escasos días chegou a resposta a esta pregunta e a Consellería, xa con Jesús Vázquez Almuíña á fronte, non só admite que os camións son empregados para facer fronte ao "incremento da actividade asistencial en zonas que ven aumentada substancialmente a súa poboación en determinados períodos, como a época estival", isto é, mentres o Servizo Galego de Saúde mantén camas pechadas -máis de 1.000 en toda Galicia nos últimos veráns-.

 Ademais, o departamento autonómico asegura que ubicar estes camións xunto a centros sanitarios "incrementa a eficacia da atención sanitaria en xeral e, en particular, da atención primaria, achegando probas diagnósticas ou cirurxía menor a centros nos cales non se dispón delas, mellorando a equidade entre pacientes".


Aínda que o Goberno galego asegura que con estes camións "non pretende substituír" as instalacións sanitarias dos hospitais, no mesmo documento explica que tamén contempla a "posibilidade" de "unir" os dous camións, o que permite "a realización de cirurxía maior ambulatoria, transformando un nun quirófano e o outro, nunha área postcirúrxica".

 "Este uso -di- realizarase nun entorno hospitalario e, no caso de que se produza algún tipo de continxencia nalgúns dos quirófanos existentes no centro sanitario". Neste caso, polo tanto, o camión si substituiría un quirófano ordinario.

A Xunta nega o desbalde que detectan os sindicatos

Nesa mesma resposta a Xunta nega tamén que destinar 1,7 millóns de euros públicos nestes camións, que tiveron Ourense, Ponte Noalla e A Gudiña como primeiras paradas, supoña un malgasto de cartos públicos. "Dende logo -argumenta- non implica 'despilfarro' de fondos propios", toda vez que "esta iniciativa" se enmarca no convenio Innova Saúde, que está "cofinanciado nun 80%" por fondos europeos, indica. 

Unha visión diferente é a que ten o sindicato CIG-Saúde, que ve un desbalde dedicar aos camións uns fondos que "poderían servir para mellorar as moitas instalacións médicsa que se atopan en condicións pésimas" na propia provincai de Ourense.

 "É lamentábel, cando moitos dos centros de saúde se atopan en pésimas condicións" e "cando boa parte das salas de operacións" do Complexo Hospitalario de Ourense "están infrautilizadas". Asemade, a CIG pregúntase se o uso deste tipo de equipamentos implicará "pasear pola área sanitaria" profesionais dos hospitais.

 Mentres oposición e sindicatos recean da iniciativa, a empresa adxudicataria do proxecto, Alegría Activity, publicita o resultado do investimento a través da súa web. Como a Xunta, a compañía explica que os seus camións poden "convertese nun consultorio médico rural ou servir de reforzo médico en localidades con aumento de poboación estival", ademais de servir de quirófano en situacións programadas ou de emerxencia. 

 "Cando funcionan como centro de atención primaria -debulla- pódese crear un espazo dividido en diferentes salas: consultas de medicina e enfermaría, administración e aseos para clientes".             (David Lombao , Praza Pública, 23/11/15)

23/11/15

Negocio y chapuza en el nuevo hospital de Vigo

"¿Cómo un hospital recién inaugurado y con el mayor presupuesto del sistema gallego de salud tiene deficiencias estructurales y de funcionamiento que llevan a rebelarse a toda una ciudad? ¿Quién ha salido beneficiado con su construcción? ¿Y a quién beneficia su mal funcionamiento? Intentamos averiguar qué hay detrás del caos en este centro sanitario.

Vigo y su área metropolitana padecen, desde hace décadas, unas graves deficiencias estructurales en atención sanitaria. Dentro de una comunidad autónoma con unas listas de espera considerablemente altas –casi 65 días de media en cirugía–, Vigo se lleva la palma con más de 94 días, según datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de 2015. 

Además, la Xunta mantiene en esta ciudad desde los años 90 un inusual concierto, instaurado por Manuel Fraga, con un hospital privado, Povisa, para atender a 140.000 de sus habitantes. Con el objetivo de poner fin a todas estas anomalías, se proyecta la creación de un mega-hospital llamado a convertirse en centro de referencia para Vigo y comarca, con más de 500.000 personas.

El proyecto inicial, elaborado en la etapa del gobierno bipartido de PSOE y BNG, comprendía la construcción de un centro hospitalario público con 1.465 camas y un presupuesto de 450 millones de euros a pagar en 15 años, intereses incluidos. Pero éste no se inicia antes del cambio de gobierno, por lo que la nueva Xunta de Núñez Feijóo decide hacer modificaciones.

 El nuevo hospital de Vigo (NHV) pasará a construirse bajo la fórmula del modelo PFI, por el que serán empresas las que se encarguen de su construcción, gestión de su infraestructura y de las actividades no sanitarias. Su presupuesto se eleva hasta los 1.432 millones. La concesión se la lleva una sociedad concesionaria, compuesta por Acciona, Puentes y Calzadas, Altair y Concessia.

Las numerosas irregularidades en el contrato de adjudicación a esta concesionaria, denunciadas ante instancias estatales y europeas por distintos colectivos, parecen haber pasado desapercibidos para la Intervención General de la Comunidad de Galicia, órgano que emite en mayo de 2010 un informe favorable al contrato y da luz verde a la construcción del centro.

 La presidenta de este organismo de control, Elena Muñoz, es posteriormente ascendida por Feijóo a conselleira de Hacienda y ahora encabeza el grupo municipal del PP en Vigo, apunta Manuel Martín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública y presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Debido a las múltiples irregularidades en el contrato, esta federación ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea que deberá resolverse en un plazo de 70 días. “Si la Comisión Europea nos da la razón iremos al Tribunal Europeo para que se anule el contrato. Eso supondría que podríamos rescatar el hospital sin tener que indemnizar a esa empresa”, explica Martín.

La empresa concesionaria es la dueña del edificio durante los próximos 20 años, por el que cobra anualmente un canon que, para escarnio de muchos, la Xunta llega a incluir dentro de sus cuentas como “inversión en sanidad pública”. Además de los beneficios por la construcción de la infraestructura, la concesionaria se lleva también la gestión de los servicios no-sanitarios, y no sólo de ese hospital, sino también del resto del área.

Los servicios externalizados no son una novedad en los hospitales gallegos. No hay ninguno en el que la limpieza esté a cargo del personal con plaza en el Sergas, y en el caso de la cocina, la lavandería o el mantenimiento, empiezan a ser una rareza. Lo novedoso del NHV es que todos estos servicios se quedan en manos de una única empresa. 

“Evidentemente, se resiente la calidad de la comida, de la limpieza, de los servicios en general”, denuncia Ángel Cameselle, secretario general de la Federación de Sanidad de Galicia de CC OO y actual presidente de la junta de personal del nuevo hospital de Vigo.

Además de la gestión de 26 servicios no sanitarios, el contrato permite a la concesionaria explotar otros servicios de pago en el recinto: guardería para el personal, máquinas de vending y hasta se ha pedido instalar una peluquería, además del polémico parking. 

Por lo tanto, cobrará al Sergas por los servicios no sanitarios y a los usuarios por el resto de facilidades. “Lo de la burbuja inmobiliaria se les acabó y ahora saben que la sanidad es una fuente de negocio muy grande”, se lamenta Marga López, concelleira de la Marea de Vigo.

Menos quirófanos

A medida que se iba acercando la fecha de su apertura, con un año de demora sobre el plazo fijado, se comprueba que el hospital dista bastante de lo proyectado. “Hasta después de las elecciones de mayo no nos dicen la verdad: que esas 1.465 camas del nuevo hospital, que junto a los otros dos hospitales ya existentes en Vigo (Meixoeiro y Nicolás Peña) darían un total de 2.007 camas, se han quedado en 845. Además, como se han cerrado otros centros, Vigo pasa a tener 1.260 camas, ocho camas más de las que teníamos antes de la construcción del nuevo hospital”, explica Cameselle. 

El proyecto inicial se ha visto muy reducido pero el coste total que estaba proyectado en su día, de 1.400 millones a pagar en 20 años, no ha variado. Es decir, tras esta inversión millonaria la ciudad cuenta con el mismo número de camas que antes de iniciada la obra.

Pero los recortes no sólo han afectado al número de camas, sino que también se han visto reducidos los quirófanos en un 31%, el servicio de urgencias en un 55%, las salas de radiología en un 45%, como denuncia la Asociación Gallega en Defensa de la Sanidad Pública.

 Incluso ha desaparecido el laboratorio central del hospital, en favor del Laboratorio Central de Galicia, asignado a una UTE formada por un pequeño laboratorio de Vigo y laboratorios Cerba Internacional, empresa presidida por Marcelo Weisz, de la familia propietaria de los laboratorios Unilabs, pertenecientes a CVC-Capio, imputada por el proceso de privatización de la sanidad pública madrileña. 

El NHV tampoco controlará la gestión de la alta tecnología, las telecomunicaciones, la cita previa, la esterilización ni la logística, servicios ya privatizados por la Xunta de Feijóo.

“Se han producido unos recortes brutales en el proyecto, en 70.000 metros cuadrados, cientos de camas, los módulos de docencia, de investigación, la calidad de los materiales, los alicatados, las paredes...”, se lamenta Martín. Hay escasez de lavabos, los boxes de urgencias para embarazadas no tienen baño y están separados del paritorio por una sala de espera, faltan enchufes para las neveras en el banco de sangre... 

De las doce salas para hacer ecografías sólo dos tiene espacio suficiente para meter una cama. Y todo esto unido a un traslado apresurado de pacientes al nuevo hospital, en pleno verano, y en un plazo de dos meses, cuando las obras no habían finalizado.

 Traslado que tuvo que ser paralizado por no poder garantizarse la seguridad de éstos, cuando una paciente falleció por aspergilus, sin que se pudiese determinar si lo había contraído en el centro o fuera de él. No hay que olvidar que la empresa concesionaria sólo empezaría a cobrar de la Xunta una vez que el hospital se pusiese en marcha.

Los distintos servicios del centro han llegado a denunciar en rueda de prensa estas deficiencias, y es público que desde su apertura se han llegado a cancelar operaciones. “Sé de una persona, en concreto, que iba a ser operada del corazón por laparoscopia y cuando llegaron al quirófano tuvieron que abrirla porque no había material necesario para hacer la laparoscopia. Y cosas de esas todos los días. 

Cantidad de operaciones que se retrasan, cuando tienes a la persona casi en quirófano, y la devuelven a planta o a casa porque no hay material suficiente”, relata Marga López.

Además, el hospital dispone únicamente de un parking privado, gestionado por la concesionaria, con unas de las tarifas más altas de Galicia. “La imposibilidad de poder aparcar en todo el entorno del centro refuerza esa idea de negocio”, se lamenta Miguel Estevez, portavoz del colectivo de celadores. 

En una estimación realizada por el personal, un enfermo de diálisis que tuviese que acudir al hospital tres veces a la semana, tendría que abonar 90 euros al mes. “Se ha convertido en un negocio, en un centro comercial más que en un hospital”, dice Cameselle.

Todas estas deficiencias llevan a preguntarse quién estaba encargado de la supervisión de la obra y de auditar que se cumpliese el proyecto. La supervisión era tarea del Sergas, que se la trasladó a Galaria (empresa pública de gestión privada de servicios sanitarios), y ésta lo externalizó a Efficiente Clinical Management, una empresa creada ex profeso por una dirigente del PP, Ana Sánchez, que ha desempeñado cargos de responsabilidad en las administraciones sanitarias del Partido Popular, y que se constituía en 2011 con un capital testimonial de 3.000 euros, explica Manuel Martín a Diagonal. Por realizar dicha tarea, la empresa cobraría de la concesionaria cuatro millones de euros y utilizaría el personal de ésta.

 Eso explicaría, para Martín, los enormes recortes que se han producido en el hospital para beneficio de la concesionaria, y por qué revientan las cañerías, no soportan el equipamiento las paredes, por qué el grosor de los tabiques es tan pequeño...”. Al presidente de FADSP le resulta sumamente chocante la privatización de una actividad que podría perfectamente haber realizado el Sergas con sus propios recursos técnicos.

La otra triunfadora

El otro gran beneficiado por la construcción de este nuevo hospital, al contrario de lo que cabía esperar, es Povisa, el hospital privado que atiende a 140.000 vigueses. El concierto con este hospital ha sido renovado por una década más, con un coste de 75 millones al año, y esto a pesar de las comprobadas deficiencias de su servicio. Povisa compatibiliza la atención de pacientes del Sergas con la atención a sus pacientes privados, utilizando para ello el mismo personal sanitario.

 Sus listas de espera para pacientes públicos son las mayores de la comunidad, superando los 157 días (casi 100 más que la media gallega), y tiene una tasa de cirugía 58% más alta que la media del Sergas. Dada la falta de transparencia en los datos, no se puede asegurar que el dinero público únicamente se emplee para financiar las operaciones a pacientes del Sergas, como han denunciado en numerosas ocasiones desde FADSP.

La encargada de la firma de esta prórroga con Povisa fue la entonces conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, paradójicamente directiva del grupo Nosa Terra, propietario de dicho hospital. “El proyecto del nuevo hospital tenía como objetivo unificar todos los recursos hospitalarios de Vigo, que estaban dispersos en tres centros públicos y un hospital privado.

 Las 400 plazas de POVISA debían incorporarse al nuevo hospital, y este centro privado quedaría como el resto de los centros privados, como apoyo y colaboración con el sistema público”, reitera Martín. En cambio, lo que se ha conseguido es que un paciente del Área Sur debe acudir a nueve centros sanitarios distintos para ser atendido por patologías comunes, explican desde la Federación.

Además, Povisa está ampliando sus dotaciones, para albergar a esos vigueses angustiados por las alarmantes deficiencias del nuevo hospital, a los que se les está ofreciendo los servicios del seguro privado de este centro. “Como el hospital nuevo está funcionando de una manera tremendamente mal y la opinión pública de Vigo considera que es peligroso ir allí, Povisa está ofertando el cambio al privado”, explica Martín. Y Marga López coincide en este diagnóstico: “Quieren que la gente se canse de estar en el nuevo hospital y se vaya a Povisa. Es un negocio redondo”.

Una ciudad en pie de guerra

La paciencia de muchos de los habitantes de Vigo parece haber llegado a su fin. La manifestación del pasado 3 de septiembre habla por sí sola. “Los ciudadanos, cuando llegaron al nuevo hospital, se dieron cuenta de lo que había. Que para pedir cita tenían que hacer colas de dos horas, que después el parking les cobraba precios abusivos, que la gente no comía bien. Y se rebelaron contra todo eso”, explica Cameselle, presidente de la junta de personal del hospital responsable de esta convocatoria.

El objetivo de las movilizaciones no es sólo arreglar los pequeños problemas. “Queremos que el hospital vuelva a ser de carácter público. Porque entendemos que mientras esté gestionado por una concesionaria los problemas del hospital no se van a solucionar”, puntualiza Cameselle.

 “El hospital tiene que ser rescatado por el sistema público. El incumplimiento de la normativa española y europea da pie a que se pueda hacer sin pagar lucro cesante ni ninguna indemnización. Pedimos que se cree una comisión integrada por técnicos del Sergas, por personal del centro sanitario, por la junta de personal y representantes de la ciudadanía que haga una evaluación de los problemas estructurales que tiene el hospital y plantee una rápida reparación de los mismos, con el dinero que debíamos de pagar a la concesionaria. 

Pero no nos fiamos del Sergas, y consideramos que tiene que ser una comisión plural la que haga este trabajo de evaluación y de propuesta de cambios”, exige Martín.


Celadores, un colectivo en lucha

Cuando los celadores llegaron al nuevo hospital se encontraron con que otra empresa "asumía parte de las funciones que desarrollábamos", explica Miguel Estévez, portavoz de este colectivo. 

En concreto, todas aquellas relacionadas con el transporte interno auxiliar (transporte de analíticas, hemoderivados, documentación sanitaria, la historia clínica del paciente, aparatos, material quirúrgico, etc), que hasta entonces desarrollaban los celadores, especialmente aquellos pertenecientes a los grupos más vulnerables: adaptaciones de puestos por motivos de salud y gente que había obtenido su plaza en propiedad por discapacidad.

 "Además, esta medida suponía un recorte en las contrataciones dentro de las más de mil personas que integran las listas de contrataciones en el área sanitaria de Vigo”, señala Estévez. “Este personal, que denominaban TIGA, estaba contratado a través de una ETT con contratos muy precarios y con un desconocimiento total del medio sanitario”, añade.

Protestas

Así, llevaron a cabo un encierro y una huelga, recogieron 22.000 firmas de apoyo de usuarios del Álvaro Cunqueiro, y recibimos el apoyo de los celadores de toda Galicia . “Gracias a la unidad de todo un colectivo, que formamos más de 400 personas en todo el área sanitaria de Vigo, conseguimos llegar a un acuerdo con el nuevo conselleiro de Sanidade para que desapareciesen los TIGA”, recuerda Estévez, quien apunta ahora a la necesidad de más personal para un centro de las dimensiones del Álvaro Cunqueiro: “Con el personal que tenemos no somos capaces de llevar a cabo toda esta carga asistencial”.

El hospital es un edificio de grandes dimensiones. “Los recorridos son eternos. Un traslado convencional entre el servicio de urgencias y radiodiagnóstico, que un porcentaje muy grande de pacientes tiene que hacer, supone una distancia media de 300 metros ida y 300 de vuelta”, explica Estévez. Marga López coincide:

 “El hospital es una mole. El servicio de celadores se necesita mucho más, y en limpieza igual, porque tienen espacios enormes que no se utilizan. Donde realmente tenían que ser grandes para que la gente estuviese cómoda (cuartos, consultas, etc) ahí los redujeron. Eso no está hecho para ser un hospital, está hecho para un centro comercial, o una terminal de aeropuerto”.               (Ana ÁlvarezDiagonal, 23/11/15 ·)

20/11/15

Un ganadero lácteo pierde 2,3 céntimos por litro mientras que la distribución gana 3

"La interprofesional láctea (Inlac), que agrupa a productores, cooperativas e industrias, concluye en su informe sobre la cadena de valor de leche líquida que los ganaderos pierden de media 2,3 céntimos por cada litro producido, mientras distribución e industria obtienen beneficios.

Este documento remitido al Ministerio de Agricultura, al que ha tenido acceso Europa Press, arroja que el único eslabón de la cadena con pérdidas en valores mínimos de ingresos y de costes de producción son los ganaderos, mientras la distribución es la que obtiene la mayor ganancia (3 céntimos) y industria tiene unos márgenes positivos más pequeños (0,4 céntimos).

El BOE publicó ayer la orden ministerial por la que Hacienda rebaja desde este año los módulos por los que tributan el sector lácteo y el cultivo de la patata, debido a la crisis que atraviesan. Dentro de la normativa por la que se desarrolla para el 2016 el método de estimación objetiva del IRPF -más conocido como tributación por módulos-, el ministerio ha decidido reducir los índices de rendimiento neto de la ganadería de bovino de leche, es decir, la producción láctea, que pasan del actual 0,32 al 0,20 (una bajada del 38 %). Hacienda subraya que «para ello se ha tenido en cuenta la reducción continuada de la rentabilidad de esta actividad. También rebaja un 30 % los módulos para el cultivo de la patata, del 0,37 al 0,26."               ( la voz, 19 de noviembre de 2015)

19/11/15

Privatizar o centro da Coruña para financiar o Porto Exterior? O 'pelotazo' que non morre...

"En xullo do ano 2004 o alcalde da Coruña, Francisco Vázquez, e o ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, asinaban xunto co daquela conselleiro de Política Territorial da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, un convenio para o desenvolvemento urbanístico dos terreos do Porto da Coruña, ligado á construción do Porto exterior en Punta Lagosteira, e que serviría para financiar estas custosas obras. 

O texto salientaba que "os terreos liberados ofrécenlle unha oportunidade única á cidade da Coruña para transformar a súa fachada marítima e mellorar notablemente a súa estrutura urbanística".  

Un total de 433 mil metros cadrados de terreo que na actualidade son dominio público portuario serían desafectados, para construír alí vivendas, hoteis, zonas comerciais e oficinas. O convenio foi modificado en outubro dese mesmo ano 2004, xa co PSOE no Goberno central e Magdalena Álvarez como ministra, incrementando ata un 50% a porcentaxe de vivenda protexida. 

En calquera caso, tanto cunha fórmula coma coa outra, o acordo supuña a privatización dun privilexiado espazo no centro da cidade da Coruña, ocupando unha parte importante da súa fachada marítima, coa que a Autoridade Portuaria esperaba obter varios centos de millóns cos que financiar as obras do Porto exterior. 

No programa electoral da Marea Atlántica prevíase a "modificación da ordenación urbanística do sistema xeral portuario", sinalando que a proposta supón "unha masiva apropiación privada dun espazo público e a posta no mercado de nova oferta residencial e terciaria nunha cidade que adoece dunha altísima porcentaxe de vivenda desocupada e un gran volume de superficie comercial". 

"A cidade non pode repetir erros do pasado, tal e como aconteceu coas intervencións claramente desafortunadas do Palexco-Centro de ocio. Faise preciso, si, abrir á cidade ao mar, pero para recuperar espazos para uso e desfrute da cidadanía, e non para construír edificios de uso e volume como os previstos", destacábase, lembrando que o proxecto prevé a construción de edificios de ata dez alturas en primeira liña de mar, "nunha zona de especial afectación de impacto visual".

Este martes o alcalde, Xulio Ferreiro, reiterou no Foro Smart City, en Madrid, a súa aposta -xa manifestada ao longo do verán- de reformular este polémico proxecto, evitando a recualificación e privatización dos terreos, pois "para pagar unha débeda da Autoridade Portuaria non podemos tapar a fachada marítima da cidade, non podemos poñer en perigo ao comercio local, nin podemos xerar barrios novos de certa ‘exclusividade’ que axuden a dividir á poboación"

 "Temos que abrir un proceso de reflexión, cremos que este tema é o suficientemente importante para tomar as cosas con calma”, concluíu.

Como financiar o porto exterior?

O enfrontamento latente entre a Autoridade Portuaria e o Concello vén crecendo de intensidade dende o mes de xullo. O porto Exterior de Punta Lagosteira suma dez anos de obras e uns 750 millóns de euros de investimento, 350 millóns máis dos previstos inicialmente. A súa actividade e rendibilidade futuras non está en absoluto asegurada, tralo fracaso de varios dos proxectos empresariais que nos últimos anos se barallaron para este faraónico espazo. 

A empresa chinesa Beijing 3E comprometérase en 2012 a investir 270 millóns para poñer en marcha unha instalación enerxética. Tamén se retirou a mexicana Pemex, que tamén en 2012 anunciara que instalaría no porto exterior a súa base loxística para toda Europa, achegando 58 millóns. 

E, de igual xeito, Repsol segue reticente a completar a súa mudanza dende o porto interior da cidade. Idénticas dúbidas existen no que respecta ás comunicacións terrestres do porto -autovía e tren-, que dependen dos investimentos do Goberno central.

Na sinatura do convenio de 2004, Alberto Núñez Feijoo, en representación do Goberno galego, sinalou que o Porto exterior da Coruña se convertería "nun dos máis atractivos para o comercio” e que “a súa execución creará miles de empregos de forma simultánea durante oito anos e despois impulsará a industria".

 A Autoridade Portuaria, que rexistrou o pasado ano máis de 4 millóns de euros de perdas (uns números vermellos que continuarán), mantiña as súas esperanzas nos millonarios ingresos que obtería da venda dos terreos no centro da cidade. Porén, a explosión da burbulla inmobiliaria recortou en moito as expectativas de retorno económico. 

O propio presidente do porto coruñés, Enrique Losada, valorou os terreos en 240 millóns, menos dun terzo do custe de desenvolvemento de Punta Lagosteira. A Autoridade Portuaria ten que facer fronte á devolución dos créditos solicitados para o pagamento das obras (dous créditos que suman 330 millóns), acumulando unha débeda crecente. Porén, o novo Goberno local deixou moi clara dende a súa toma de posesión a súa intención de cumprir co previsto no seu programa electoral. 

O Concello aposta por unha reformulación do proxecto. Quere que se complete a obra do Porto Exterior, pero esixe que o Goberno central se faga cargo do seu financiamento. "Hai que ver por que A Coruña é o único lugar onde non é o Estado o que asume as obras dun porto e se intenta que o financiamento, que debería ser asumido por el, debe ser a cambio de que a fachada marítima da Coruña se vexa prexudicada”, sinalou Xulio Ferreiro, que pide que nesta cuestión Concello, Xunta e Autoridade Portuaria fagan causa común ante o Executivo central. 

De feito, na súa intervención deste martes en Madrid, o alcalde pediu un "debate sereno" que evite que a "presión da débeda da Autoridade Portuaria" condene a cidade a "facer as cousas sen pensar" e engadiu que esta débeda do Porto ten a súa orixe nunha "actuación relativamente irresponsable en anos pasados". Apostou, finalmente, polo remate da obra para "intentar que ese porto atraia valor e riqueza a A Coruña".

Pola contra, o presidente da Autoridade Portuaria, Enrique Losada, reclama que se cumpra o disposto no convenio inicial, acusando a Ferreiro de "improvisar" e de "non coñecer a realidade do porto". 

Así mesmo, apela a unha das cláusulas do convenio asinado por Francisco Vázquez, referentes ao compromiso da Xunta e do Concello da Coruña de "indemnizar" á Autoridade Portuaria se "finalmente non se produce a reordenación urbanística dos terreos", compensándoa polos "danos e prexuízos" causados "por insuficiencia de fluxos financeiros para o desenvolvemento das obras" do Porto exterior. 

O convenio non especifica a contía destas indemnizacións, pero en calquera caso, dende o Goberno municipal destácase que o Concello "cumpriu coas obrigas impostas no convenio, que pasaban por modificar o PXOM". 

 Ferreiro acusa de feito á Autoridade Portuaria de ser quen non cumpriu a súa parte: "a Autoridade Portuaria é a que non desafectou os terreos e non promoveu a modificación do plan especial. Seguimos agardando a que se nos presente o plan de seguimento de financiamento do Porto Exterior”.

Dende o Concello destácase, ademais, que trala caída da demanda inmobiliaria, o resultado da venda de terreos desafectados do peirao interior "non garante a consecución do financiamento para a obra de Punta Lagosteira". 

“Que pasa se eses terreos se venden, se hipoteca a fachada marítima da cidade, non para poñela ao servizo do ben común, e aínda así só se consegue un terzo do que estaba previsto...de onde sairá o resto?”, preguntouse hai unhas semanas Xulio Ferreiro, apelando á procura doutras fontes de financiamento: “Na vez de teimar na tese irreal de sufragar a actuación mediante métodos dos tempos da burbulla inmobiliaria a Autoridade Portuaria debería centrarse en renegociar as condicións de financiamento aprobadas en 2011 e conseguir inversións do Goberno central para os accesos terrestres a Punta Lagosteira”. 

 “Para resolver esta situación, non caben operacións de especulación, nin atallos, nin portas de atrás", engadiu.

Que fachada marítima para A Coruña?

A proposta do Goberno municipal pasa pola liberación dos actuais terreos dos peiraos, para convertelos nun espazo de uso público e para edificios dotacionais. Rexeita tanto a construción de vivendas coma de zonas comerciais e de ocio, alertando sobre o prexuízo que a instalación de novos complexos deste tipo terían para o comercio e hostalaría actualmente existentes no centro da cidade: "Que impacto sufrirá o comercio da zona Obelisco e da zona centro se temos aí grandes superficies comerciais?”, preguntouse hai unhas semanas Xulio Ferreiro. 

 “Na Coruña temos un exemplo do que é construír espazos comerciais sobredimensionados. Témolo nas aforas e no centro de ocio, que é algo que está aí, tapando a fachada marítima da cidade, e que non se sabe que facer con el; inténtaselle dar vida e nunca a ten. O que queremos é evitar iso multiplicado por dez”, dixo.

"Un tempo novo no que acabou o ladrillo"

Na súa intervención no Foro Smart City, Xulio Ferreiro destacou que “estamos ante un tempo novo no que acabou o ladrillo, os enchufes, os espolios, o capitalismo ‘de amiguetes’". 

 "O que toca agora é falar de talento, de capacidade para crear riqueza e emprego de calidade, de impulsar a universidade pública ou de desmercantilizar ámbitos cos que nunca se tería que ter feito negocio, como a sanidade”, dixo. "Intentamos que a política se constrúa doutra forma, con outros obxectivos e outras linguaxes”, explicou.

Pola súa banda, a alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dixo sobre o rexedor coruñés que “cando coñecín a Xulio crin que era unha persoa que tiña claro que o que quería era loitar pola xente e facer unha nova política que ía a ter unha liña de actuación moi clara, que era a da honestidade por riba de todo; esa liña ten que ver coa concepción propia da democracia”.               (Marcos Pérez Pena  , Praza Pública, 18/11/15)

18/11/15

O Concello da Coruña reclámalle á Igrexa terreos municipais que rexistrou como propios

"A Coruña vén de reclamarlle á Igrexa terreos municipais que rexistrou como propios. O Concello enviou este luns ao Arcebispado de Santiago de Compostela unha circular na que lle solicita a "rectificación da matriculación de terreos de dominio público municipal" que foron rexistrados pola autoridade eclesiástica malia non pertencerlle por lei. 

Concretamente, trátase de tres espazos contiguos a diferentes parroquias da cidade que sumarían algo máis de 1.300 metros cadrados de terreo, agora propiedade da Igrexa e que a administración local pretende recuperar ao seren "de dominio público e titularidade do Concello". 

No escrito enviado ao Arcebispado, e ao que tivo acceso Praza, a Área de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda "insta" a autoridade relixiosa "á rectificación voluntaria da inmatriculación" dos devanditos terreos ao seren de propiedade municipal "en virtude do acordo de cesión realizado mediante o convenio asinado entre o Concello e o Instituto Galego da Vivenda e Solo" hai xa 25 anos. 

Refírese a reclamación a unha praza fronte á parroquia da Resurrección situada no Barrio das Flores e que ocuparía 678 metros cadrados, así como unha zona das rúas achegadas e máis o adro ou praza situadas xunto á Igrexa de Santiago e á colexiata de Santa María, ambos os dous espazos situados na Cidade Vella e que ocuparían 256 e 470 metros cadrados respectivamente.

 Trátase, como aclaran fontes municipais, da reclamación de terreos importantes "que a Igrexa se auto-adxudicou, pero que en realidade son municipais". Nos tres casos, e tal e como explica a circular enviada ao Arcebispado, o Concello recolleu información sobre as inmatriculacións feitas pola Diócese de Santiago "por se puidesen incluírse espazos de dominio público local". 

Examinados os arquivos municipais, a Técnica de Administración Xeral do Departamento de Patrimonio Urbanístico comprobou que se inmatricularan espazos que eran de propiedade municipal. 

En consecuencia, e baseándose na Lei de Patrimonio das administracións públicas -que obriga á "inscrición rexistral" por parte dos entes públicos dos seus bens patrimoniais- e na Lei de Bases de Réxime Local -que obriga a que os concellos "exerzan as accións necesarias para a defensa dos seus bens e dereitos"- a administración local decidiu instar o Arcebispado a que rectifique os rexistros levados a cabo irregularmente. 

O Concello da Coruña dá un prazo de dous meses á Igrexa para que proceda á rectificación das inmatriculacións indebidas, tendo o Arcebispado quince días para presentar alegacións. No caso de non haber resposta, a administración local acudirá á vía xudicial. 

As polémicas inmatriculacións

A reclamación na Coruña non é nin será a única. A Igrexa en España, sobre todo a partir de 2003, participou con ímpeto no boom inmobiliario. Unha reforma da lei hipotecaria de 1998 durante o goberno de Aznar permitiulle en exclusividade inscribir lugares de culto e outras propiedades que non estivesen rexistradas.

 Chegou a rexistrar unhas 4.500 propiedades ao seu nome aproveitando que as certificacións e testemuñas que esixía a burocracia para estas actividades foi substituída por unha simple certificación do Bispado sen necesidade de posuír título de dominio ningún sobre o ben. Un dos casos máis polémicos foi o da Mezquita de Córdoba. 

Unha reforma de hai poucos meses desta lei hipotecaria eliminou este privilexio á Igrexa, pero sen carácter retroactivo, o que provocou as protestas de numerosos colectivos, que levaron o caso ao Parlamento Europeo. Sexa como for, no caso da Coruña, o Concello insta á rectificación da Igrexa ao comprobar que os bens que aproveitara para inmatricular non eran en realidade seus, senón de dominio público, polo que terá que devolvérllelos aos cidadáns.  "                (Praza Pública, 17/11/15)

17/11/15

Cientos de padres gallegos cruzan a Portugal por la falta de vacunas contra la meningitis

"Cada día desde hace semanas, decenas de familias gallegas cruzan la frontera con Portugal para dirigirse a alguna farmacia próxima y hacerse con vacunas contra la meningitis B. 

“Viene una persona, pero a menudo se llevan muchas, para toda la familia; yo solo este martes he vendido más de 20”, señala Ivonne Estévez, que regenta la pequeña botica Jardim en Valença do Minho, muy cerca de Tui. Es la fiebre del desabastecimiento de la vacuna, que ataca muy particularmente en Galicia, donde la combinación de una alta incidencia del meningococo B con el conocimiento de casos de gran impacto mediático ha provocado una lista de espera que se cuenta por decenas miles de unidades.

“Yo tengo anotadas a más de 100 personas”, confirma Vicente Orjales, de la farmacia Orjales de Vigo. “Podrían ser más, pero algunas vienen tan nerviosas que hasta se olvidan de ponerse en lista”.

 El precio del medicamente, 107 euros la dosis, no desanima a las familias, como tampoco lo hacen las llamadas a la calma de numerosos expertos, que estos días combinan su mensaje tranquilizador con otro que consideran incuestionable: que la vacuna no solo debe ser de libre prescripción, como ocurre desde el 1 de octubre, sino que también ha de formar parte del calendario de vacunación del Servicio Galego de Saúde (Sergas). No parece que ese objetivo se vaya a cumplir a corto plazo.

La extraña vinculación de Galicia con la meningitis B viene de lejos, con periódicos casos de fallecimientos que sacuden a la opinión pública. La comunidad autónoma está entre las tres de mayor incidencia de la enfermedad, junto a Cantabria y la ciudad autónoma de Ceuta, en un país que se encuentra a su vez entre los que registran más casos de Europa. 

En lo que va de año, en Galicia se han confirmado unos 20, dos de ellos con resultado de muerte. El último fallecimiento se produjo el 25 de octubre, cuando un niño de Boiro de apenas un año perdía la vida de forma fulminante a causa del meningococo B. La Xunta activó un protocolo de prevención destinado a familiares, amigos y a los 26 compañeros de la guardería pública del pequeño. La alarma se extendió rápidamente a toda Galicia.

La farmacéutica GlaxoSmithKline no da abasto para atender la demanda de Bexsero, nombre comercial de la primera y única vacuna contra la meningitis B, que evita tres de cada cuatro casos de una enfermedad letal en el 10% de los pacientes y que provoca graves secuelas en otro 30%.

 El medicamente aterrizó en suelo español en agosto de 2014. A pesar de que la Agencia Europea del Medicamento autorizó su libre dispensación en toda Europa, el Ministerio de Sanidad lo circunscribió a hospitales para grupos de riesgo. Presionado por una creciente demanda social, este año cambió de opinión y liberó su venta en farmacias, pero lo hizo sin garantizar existencias. El largo proceso de producción de la vacuna, de unos nueve meses, complica la atención de la desbordante demanda.  (...)

Una de las razones por las que la alarma en Galicia es mayor que en el resto de España es la dispersión de la población, que aleja a una gran parte de sus habitantes de los grandes hospitales. “Hay que tener en cuenta que las primeras horas desde los síntomas iniciales son cruciales. 

Si el diagnóstico se retrasa y hay que atender al paciente en un centro de salud sin los medios necesarios, la cuestión se complica”, señala un pediatra. La particular incidencia del meningococo B en la comunidad autónoma es también motivo de que 200 menores gallegos participaran en el desarrollo y ensayo del fármaco, bajo la coordinación clínica del jefe de la UCI de Pediatría del Complejo Hospitalario Clínico de Santiago, Federico Martinón, junto con su equipo de la Unidad de Investigación en Vacunas, dirigido por el doctor Lorenzo Redondo.

Martinón no duda en recomendar la inclusión de Bexsero en el calendario infantil, ni en asegurar que él a sus hijos los piensa vacunar. Es la misma opinión que mantiene la Asociación Española de Pediatría o, en Galicia, la directora regional de la Fundación Irene Megías contra la Meningitis.

 En su opinión, solo un problema de financiación impide la inclusión de la vacuna en el calendario, pero advierte de que ella misma ha visto cómo, gracias a las vacunaciones, la meningitis por haemophilus y meningococo C se ha reducido a la mínima expresión.

Mientras esa inclusión no llega, los gallegos seguirán, nevera al hombro, practicando el turismo sanitario para hacerse con la preciada vacuna."            (El Confidencial, 13/11/15)

16/11/15

Catering nos comedores escolares: os contratos non garanten a calidade

"As polémicas e protestas relacionadas pola mala calidade do servizo ofrecido nos comedores escolares que dependen de empresas de catering veñen incrementándose nos últimos anos, a medida que se vai impoñendo esta práctica, desprazando ás habituais cociñas dos propios centros, que antes preparaban a comida. 

Esta semana, a constatación das deficiencias no servizo ofrecido por dúas das principais empresas, as malagueñas Col-Servicol e Perea-Rojas, levou á Xunta a rescindir os seus contratos.

 Obtiveran a concesión para xestionar os comedores de 20 centros, servindo diariamente a 2.800 alumnos e alumnas, por un importe total de 1,4 millóns de euros. A comida era cociñada inicialmente en Málaga, para ser procesada posteriormente en Compostela. Nas inspeccións levadas a cabo pola Xunta en outubro decidiuse o peche dese establecemento situado en Santiago, por un defecto leve. 

Porén, tamén se descubriu que estaba a prepara os alimentos en instalacións alleas á empresa, incumprindo o contrato. Porén, á vista das condicións esixidas nos pregos polos que se rexen os concursos para a concesión do servizo, estes resultan moi ineficaces para asegurar a calidade do servizo e dos alimentos que se serven.

O pregos de contratación dos servizos de catering para comedores escolares xestionados pola Xunta (coma os deste concurso, do pasado verán, que adxudicou a xestión de 102 comedores por un importe de máis de seis millóns de euros; ou nestoutro, deste ano, algo máis grande) priman, por riba de todo, o criterio de aforro económico para a administración.  

Dun máximo de 80 puntos que se poden outorgar a cada unha das ofertas presentadas, 50 corresponden á oferta económica, en función da súa "desviación á baixa". É dicir, a oferta que presente a maior desviación á baixa respecto do prezo unitario obterá 50 puntos, mentres que as restantes serán puntuadas, proporcionalmente, en función da súa distancia con respecto a esa oferta máis reducida. 

Os outros 30 puntos entréganse con criterios que fan referencia á calidade do servizo. 15 pola "rotación dos menús", outorgándose esta puntuación máxima a quen ofreza 20 menús diferentes e 0 puntos a quen ofreza 10 menús (o mínimo esixido). E outros 15 en función das "melloras" que a oferta presente con respecto a outras esixencias, en concreto, o número de persoas que desenvolverán os labores do servizo. Por cada persoa adicional sobre o mínimo establecido, entregaranse 3 puntos máis. 

Os pregos dos concursos obrigan as empresas concesionarias unha serie de requisitos: servir verduras e hortalizas cando menos tres veces á semana, froita catro veces á semana, pasta e arroz dúas veces á semana, peixe fresco ou conxelado dúas veces á semana, carne dúas veces á semana, legumes unha vez á semana, o mesmo que os derivados lácteos. E a Consellaría fixa uns menús-tipo "saudables", que se poden consultar na web e nos anexos da documentación das convocatorias. 

Porén, os contratos non fan referencia á procedencia dos produtos ou ao seu carácter de produtos frescos ou de tempada. Simplemente se sinala que "o contratista adoptará cantas medidas preventivas e de control sexan precisas para garantir o emprego de produtos de calidade contrastada e en cantidade suficiente na confección dos menús. Con tal fin, a materia prima que empregue na confección dos menús deberá ser adquirida, en todo caso, en establecementos e provedores que conten coas correspondentes autorizacións sanitarias".

 Sobre a preparación da comida, o seu carácter fresco, precociñado ou conxelado e as súas condicións, os pregos sinalan que "as comidas que se sirvan deberán ter unha presentación e unha calidade aceptables e prepararanse coa menor anticipación ao momento do seu consumo". Porén, non se fai ningunha precisión ao respecto, nin se fixan periodos máximos entre o momento da súa preparación e o do seu consumo. Ademais, os documentos engaden que "admitirase a posibilidade de que a comida preparada chegue ao centro en estado refrixerado", establecendo as condicións en que estes alimentos deben ser quentados.

O caso de Compostela

O pasado 28 de agosto a Xunta de Goberno do Concello de Santiago abriu o procedemento de adxudicación do servizo de comedores escolares para os cursos 2015/16 e 2016/17 para a súa tramitación urxente, obtendo a concesión a empresa Perea Rojas, a mesma á que -xunto con Servicol- o Goberno Galego vén de rescindir o contrato polo que daban servizo de comedor en 20 centros de toda Galicia. 

Manuel Dios, concelleiro de Educación, cualifica de "moi acertada" a decisión de rescindir o contrato da empresa neses lugares, á vista dos incumprimentos de contrato constatados.

Porén, explica, “nós non temos posibilidade de rescindir o contrato; a empresa gañou licitamente o concurso, cun prego moi estrito e rigoroso, e ademais impúxose con ampla diferenza en todos os apartados ás outras tres empresas que optaban á concesión”. “A oferta é impecable, a cuestión é como despois o levan á práctica”, engade.

 “Se esta empresa vai aplicar en Santiago os mesmos criterios que estaba aplicando en Cambre, Culleredo ou Vilagarcía, dende o minuto un imos ter lío con ela, porque lle imos esixir o cumprimento do contrato”. "Imos estar moi enriba para comprobar onde ten as cociñas e onde fai os menús. Estaremos vixilantes e se hai incumprimentos, faremos apercibimentos e, se fose necesario, rescindiremos o contrato”, di.

O Concello aprobará este venres a concesión froito do concurso, e a empresa comezará a emprestar o servizo antes de dez días. A actual concesionaria, Serunion, garante que continuará a xestionar os comedores ata entón, para evitar que ningún estudante deixe de recibir o servizo.

 No caso de Compostela, os baremos cos que se cualificaban as ofertas presentadas a concurso eran notablemente diferentes aos que propuxera a Xunta. Neste caso, dun total de 95 puntos, a mellor oferta económica significaba 20 (no outro 50 de 80). 15 puntos teñen que ver coa "mellora da dotación de electrodomésticos e menaxe do servizo", outros 8 coa incorporación de máis persoal para atender "a alumnado con necesidades educativas especiais" e outros 7 pola incorporación dun "control individualizado de presencia diaria do alumnado usuario do comedor". 

O groso da puntuación (45 puntos de 95) corresponde a outros elementos de calidade do servizo: rotación dos menús (10 puntos), programas de promoción da saúde e de promoción de hábitos alimentarios saudables (17), formación do persoal (6), accións en prol do coñecemento do servizo pola comunidade educativa (6) e sistema informático para a xestión e atención aos usuarios do servizo (6). Estas modificacións, explica Dios, foron suxeridas polas anpas e polos traballadores e traballadoras dos centros.

 Tampouco neste caso os pregos de contratación fan referencia ao lugar de preparación dos alimentos ou á orixe da materia prima. "Legalmente non se pode impedir que se sirvan alimentos refrixerados, de feito dende a Unión Europea mesmo se recomendan as liñas frías sobre as quentes, porque son máis seguras", explica Manuel Dios. 

 "Unha cousa é o que nós queremos poñer nos pregos e outra cousa é o que Intervención nos permite" -engade- "Eu quería incorporar esixencias relacionadas con produtos ecolóxicos ou co comercio de proximidade, pero Intervención non o permitiu porque vulneraba a lei de contratos". 

Críticas ao catering

 Son moitas as voces que critican a introdución destes servizos externos de comedor nos centros de ensino. Aínda este mesmo mércores CIG-Ensino reclamou "un sistema de xestión directa" por parte da Administración dos servizos de comedor escolar, "á vista dos problemas ocasionados polo sistema privado de concesión".

 E, para aqueles centros que non dispoñan das instalacións necesarias para facer funcionar unha cociña, propón a creación de cociñas centralizadas a nivel comarcal. O sindicato sinala que "nesta cuestión o criterio a ter en conta debe ser a calidade da comida nos centros de ensino e non o do beneficio para as empresas privadas". 

CIG-Ensino lembra tamén que unha das empresas que (de forma transitoria) se fará cargo do servizo que antes ofrecían en Galicia Col-Servicol e Perea-Rojas é Serunión, que tamén foi denunciada en varias ocasións por deficiencias na calidade dos seus alimentos.

Sindicato Labrego Galego (SLG), Amigos da Terra ou Veterinarios sen Fronteiras levan tempo alertando contra os prexuízos causados por estas políticas de externalización dos servizos de comedor.

 Isabel Vilalba, secretaria xeral do SLG, sinalaba hai meses en conversa con Praza que "hai dez ou quince anos a maioría dos colexios tiñan cociñas xestionadas directamente por eles, e a maior parte da compra facíase no comercio máis próximo. A tendencia dos últimos anos foi a introducir a adquisición de produtos a través de centrais de compra".

O SLG alerta así mesmo dos crecentes obstáculos para que os labregos e labregas poidan vender os seus produtos para fornecer os comedores escolares. E Vilalba cuestiona igualmente que a externalización produza realmente un aforro no que gasta a Administración neste servizo: "Aforrar en saúde pode resultar máis caro. Pero é que ao final nin sequera hai un aforro económico, simplemente intentan favorecer un modelo determinado, promovendo que este servizo pase a ser xestionado por unhas empresas coas que existen outros intereses". 

"En realidade, mercar de xeito local, sen intermediarios, é máis rendible", concluía.

O aforro económico do catering tamén foi cuestionado dende a comunidade educativa do CEIP de Manzaneda, que o pasado ano se mobilizou pola substitución do servizo de cociña polas bandexas fornecidas por Serunion: Finalmente, o Concello e a ANPA chegaron a un acordo para facerse cargo da cociña, pagando a Xunta un 14% menos do que acordara coa empresa privada.

Un negocio millonario 

 A restauración colectiva é un negocio que cada ano move máis diñeiro en todo o mundo. As administracións públicas e, sobre todo, os centros sanitarios e os centros de ensino, están entre os principais clientes destes servizos de catering. En 2011 estas empresas serviron un total de 427 millóns de comidas no Estado español, ao redor do 30% do mercado da alimentación, un número que dende entón foi en aumento. 

É un mercado dominado, ademais, por un número reducido de empresas, algunhas de carácter transnacional, que aproveitan a súa dimensión para ofrecer prezos máis baratos e saír vitoriosas das convocatorias públicas de contratación. 

O xa citado Grupo Serunión era en 2011 a principal empresa do mercado español de catering, cun 11% dos ingresos totais, seguida de EurestCompass co 10%, Sodexo co 6% e de Grupo Cantoblanco, LauzoLagun e Newrest, que roldaban o 5% cada unha. 

O informe de 2013 de Veterinarios sen Fronteiras, Compra pública en sistemas alimentarios localescalculou que as administracións públicas españolas destinaban entre 2.000 e 3.000 millóns de euros ás compras alimentarias, máis da metade concentrada no ensino obrigatorio. 

E salientaba que ao redor do 70% das materias primas empregadas polas empresas de restauración colectiva procedían de maioristas, e só un 18% procedían directamente dos produtores. 

O informe facía un chamamento ás administracións públicas a dirixir estas compras públicas cara ás pequenas explotacións e ás canles curtas de comercialización, reducindo o gasto enerxético e o impacto ambiental do transporte dos produtos e beneficiando os mercados locais."            (Marcos Pérez Pena  , Praza Pública, 11/11/15)

13/11/15

Los amos de Galicia: vínculos entre el narco y el PP


Las fotos publicadas por El País retrataban a Feijóo y el capo Marcial Dorado en el verano de 1994

 "Algo pasaba con sus hijos, pero por entonces no sabían mucho más. Eran los 80 en las Rías Baixas y la fariña estaba por todos lados. “Al principio pensamos que eran cosas de adolescentes, pero pronto vimos que había mucho más detrás”, cuenta a Diagonal Carmen Avendaño, una de las madres que supo entender que los problemas de adicción de dos de sus hijos no los podría solucionar ella sola. Carmen, que venía del mundo asociativo, interpelaba a otras madres: “Olvidaos de vuestro caso concreto, de vuestro hijo, tenemos que pensar en la sociedad, por qué llega la droga, quién la trae".

Hace 30 años, en 1985, las denominadas madres contra la droga crea­ban la Fundación Érguete, “levántate” en gallego. En la presentación, entregaron una lista de 33 bares de Vigo donde se traficaba con droga. 

Tirando del hilo, no tardaron en descubrir que las complicidades llegaban mucho más arriba: tres años después entregaban a los principales partidos gallegos de la época –Alianza Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego– una lista negra con los nombres de militantes y cargos de estos tres partidos vinculados con el narcotráfico. 

En la segunda mitad de los años 80, no sólo la política y la policía “miraban hacia otro lado”. Los grandes capos gallegos eran “invulnerables”. Se ha­bían convertido en los “reyes de Galicia”, explica a Diagonal el periodista Nacho Carretero, autor de Fariña (Libros del K.O., 2015), en el que explora la connivencia del narco con altos cargos del PP gallego.

Los reyes de Galicia “El narcotráfico estuvo muy cerca de convertirse en un contrapoder, Galicia se podría haber convertido en Sicilia”, pero no se llegó tan lejos. Para el autor de esta introducción al narcotráfico gallego, el trabajo de los grupos de familiares contra el narco tuvo mucho que ver con esto. Su labor fue fundamental para dar a conocer el reciclaje de los contrabandistas en capos de la droga.

La Galicia de la posguerra y los primeros años de la Transición –especialmente las Rías Baixas y la Costa da Morte– era un campo abonado para el tráfico de todo tipo de mercancías, una zona fronteriza con Portugal abandonada por el Estado, con una “orografía ezquizofrénica”, imposible de vigilar, necesitada de todo tipo de productos y azotada en los años 80 por la reconversión de la pesca, que dejó a una parte de la flota gallega en tierra y a cientos de armadores endeudados.

“Cuando Galicia ya no necesitó elementos tan básicos como alimentos o medicinas se empezó a buscar lo rentable, y lo rentable era el tabaco”, cuenta Carretero. De este modo aparecieron estas primeras figuras, los llamados “señores do fume”, que siempre fueron “muy bien vistos porque generaban empleo para una juventud sin trabajo, traían riqueza y daban oportunidades que no daba el Estado”.

Así surgieron personajes como Celso Lorenzo, presidente del Celta de Vigo, o Vicente Otero ‘Terito’, amigo personal de Manuel Fraga, condecorado con la medalla de oro y brillantes de Alianza Popular (AP). 

También era el caso de José Ramón ‘Nené’ Barral, alcalde de Ribadumia por AP, o de Ma­nuel ­Díaz González, alias Ligero, alcalde de A Guarda, también de AP, que se ganó su apodo por lo rápido que cruzaba la frontera con Portugal.

“En realidad –explica Carretero–, en la época del contrabando ni siquiera era una connivencia, era una red tan tupida que era difícil distinguir quién era alcalde o quién era contrabandista. Ese entramado aprobado socialmente se heredó con el narcotráfico”.
La historia del capo Sito Miñanco es la del narcotráfico gallego. 

Al igual que otro de los grandes, Laurea­no Oubiña, había nacido en Cambados, en las Rías Baixas, en una familia humilde de pescadores. A principios de los 80 se introdujo en las redes de contrabando de tabaco, un negocio interrumpido en 1983 por un breve paso por la cárcel de Carabanchel, en Madrid, donde coincidió con uno de los miembros del cártel de Medellín, Jorge Luis Ochoa. 

“Se suele decir que el narcotráfico gallego nació en Carabanchel, pero ésta es una visión un tanto romántica”, dice este periodista. Para Carretero, esta alianza internacional surgió en realidad en Suiza, en los canales de lavado de dinero, y en Panamá, donde los cárteles colombianos tenían sus tapaderas.


"En España, el contrabando de tabaco y el tráfico de drogas tenían el mismo castigo, el mismo riesgo con un margen de beneficio mucho mayor. Y en cuanto ven que funciona se convierte en una puerta de entrada casi monopólica para la cocaína en Europa”, cuenta.

Era la época dorada de los clanes. Sito Miñanco compró el club de fútbol de Cambados y en su intento de llevarlo a primera división pagaba a sus jugadores más que el Deportivo o el Celta, relata Carretero.

 “Miñanco tenía el perfil más de capo, tal como lo entendemos ahora, iba con sus camisas, con sus mujeres, con sus cadenas de oro”, cuenta. “Eran mini Pablo Escobares, presidían clubes de fútbol, financiaban las fiestas, pagaban a la Iglesia, eran más importantes que el alcalde, y en los desfiles de la Virgen del Carmen, el primer barco era el del narco, no el del alcalde, eran los amos”, cuenta.

Favores y compromisos “No hay un sólo partido en Galicia que no haya sido financiado por el narcotráfico”, le confesaba a Carretero un juez que prefirió mantener el anonimato. El mismo Laureano Oubi­ña recordaba a sus antiguos colegas: “Desde aquí les recuerdo a los políticos que soy el mismo que pagó sus campañas electorales”.

La mayor connivencia se dio con AP, pero no por una cuestión ideológica, sostiene Carmen Avendaño, sino porque eran los que gobernaban. “Cuando no se tienen escrúpulos y se tiene dinero, el dinero lo que busca es poder”, sentencia. Los contrabandistas –y luego los narcos– lo que buscaban era información, pero sobre todo “impunidad”, dice Carretero. 

“Los narcotraficantes hasta la operación Nécora campaban a sus anchas por Galicia. No es normal que Sito Miñanco fuera en un Chevrolet descapotable por las Rías Baixas o que Laureano Oubiña viviese en el pazo de Baión”, en referencia a la lujosa finca de 275 hectáreas.

Hasta tal punto llegaba el control de los clanes sobre el aparato judicial y policial gallego que una de las órdenes del juez Baltasar Garzón antes de lanzar en 1990 la operación Nécora, el primer gran golpe al narcotráfico, fue “ni una palabra a Galicia”, cuenta Carretero.

El periodista Perfecto Conde narraba una escena en el parador de Cambados en la que el debate entre la nueva y vieja guardia sobre cuánto dinero debían aportar a la campaña de los populares terminó a tiros. Pero no bastaba con financiar a AP. También había que estar dentro. 

Era el caso de Pedro Vioque, “el narcotraficante más peligroso que ha conocido Galicia”, abogado de Miñanco y Oubiña, presidente de la cámara de comercio de Vilagarcía y miembro de AP. O el caso de José Alfredo Bea Gondar, alcalde de O Grove, que no pudo asumir su segundo mandato en 1991 porque estaba en Alcalá Meco condenado por narcotráfico.

Las fotos de otro de los grandes capos, Marcial Dorado, de veraneo en 1995 con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, revelan no sólo las estrechas relaciones entre política y narco, sino también la visión favorable que pervive del contrabando, dice Carretero: “Una de las explicaciones que dio Feijóo era que entonces Dorado sólo era contrabandista. Ah, bueno, entonces nada”.

Transformarse o morir

Aunque tras la operación Nécora muchos de los capos fueron absueltos o consiguieron ser liberados, fue el inicio de una “guerra”, explica Carretero, que a lo largo de 15 años obligó a mutar el negocio. Antes de la operación Nécora eran grupos mafiosos “con todas las letras, con una infraestructura y una cantidad de gente muy grande y, sobre todo, una ostentación insultante”, dice.

Las organizaciones de Miñanco o Oubiña se encargaban de todo. Si había que descargar, tenían barcos y aviones. Se ocupaban de la distribución en tierra, a veces se quedaban parte de la mercancía y la distribuían ellos, tenían gente en nómina, recaderos, pilotos, conductores, almacenistas y abogados, relata Carretero.

A partir de la operación Nécora, poco a poco van cambiando de estilo, “se esconden, son discretos, intentan pasar desapercibidos, aunque el negocio sigue siendo el mismo”.

De hecho, es en los 90 y en los primeros años del siglo XXI cuando el negocio alcanza su mayores cotas. Según el testimonio de otro juez que prefiere no dar su nombre, entre 2001 y 2003 entraron por Galicia 150.000 kilos de cocaína, cerca del 85% del total consumido en Europa. 

Y a finales de los 90 y principios de siglo, con la caída de los capos históricos, se produce una nueva transformación: se abandonan las grandes organizaciones y los clanes se especializan en el transporte. “Ya en el siglo XXI cuando se convierten en narcotransportistas, se reducen a clanes más pequeños cuya función es más concreta. Los cárteles colombianos los subcontratan para meter la cocaína en tierra”.

Al mismo tiempo perviven clanes gallegos “a la vieja usanza”, como Los Pasteleros o Los Burros, pero que “no son comparables a esos grandes grupos mafiosos”. Sin embargo, el negocio continúa, con íntimas relaciones con las autoridades. 

En 2012, era detenido el excomandante del puesto de la Guardia Civil de Corcubión José Álvarez-Otero Lorenzo, como presunto jefe de una red que pretendía desembarcar 3,2 toneladas de cocaína y que tenía controlada “a toda la Guardia Civil en la Costa da Morte”, una institución con un “desastroso currículum en cuanto a contrabando y narcotrafico”, señala Carretero. Y en 2013, fueron detenidos dos guardias civiles de Pontevedra, Diego Fontán y Javier Ló­pez, que vendían información a las bandas arousanas.

Pero la pregunta más importante sigue en el aire: hasta dónde llegaba la complicidad de los altos cargos del Partido Popular. Carmen Avendaño detalla su encuentro con Manuel Fraga, donde, según relata, el expresidente de la Xunta terminó llorando. “Era muy emotivo. Creo que todos lo vimos llorar en algún momento. 

Él se puso la mano en la frente y yo hablé, hablé, no sé cuánto tiempo estuve hablando, desde luego mucho, y miraba para él y yo pensaba: ‘Bueno, este señor se quedó dormido’. Pues cuando terminé levantó la cabeza y sí, le caían las lágrimas”. “¿De verdad está pasando todo esto?”, preguntó.

Carretero duda que Fraga pudiera ignorar la metamorfosis de los contrabandistas en narcotraficantes. “Tarde o temprano saldrán cosas muy gordas, hay jueces con información y, sobre todo, narcotraficantes con información que si un día tiran de la manta en Galicia se sabrán cosas espectaculares”, dice Carretero.

El negocio del narcotráfico pervive en Galicia, aupado en los últimos años, dice Carretero, por los recortes en personal y medios en la lucha contra las redes de tráfico de drogas. Lo que ha cambiado es la percepción de la sociedad gallega. En esa tarea, para el autor de Fariña, los grupos de familiares fueron fundamentales. 

“Le echaron mucho valor, porque se enfrentaron a los narcos cara a cara en un momento en el que hacer eso era jugarse la vida. Esa sensación, esa rabia de ver que la vida de tu hijo está destrozada, y tu vecino sale en Mercedes, fue la que levantó a estas madres. Ellas no acabaron con el narcotráfico, pero fueron parte de un sector de la sociedad gallega que hizo reaccionar al Estado e hizo que por fin se hiciera algo, donde hasta entonces nadie había hecho nada”.

La red de intereses del primer PP

En 1984 se produjo la primera gran operación para acabar con el contrabando, liderada por el juez José Luis Seoane Spiegelberg y el gobernador de Pontevedra, Virginio Fuentes. 

Pero una filtración permitió a los principales capos huir a Portugal. Poco después, el entonces presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, se encontró con los capos exiliados en el país vecino.

 “No digo que fuese por esa reunión, pero poco tiempo después los contrabandistas volvieron a Galicia, les pusieron unas multas muy salvables y quedaron libres”. No hay pruebas de que sean hechos relacionados, insiste Nacho Carretero, pero poco después este juez fue trasladado a Santander y el gobernador a Albacete." (Martín Cúneo, Diagonal, 12/11/15)