"La gestión de las autoridades
españolas en el accidente del Alvia en Santiago de Compostela vuelve a
quedar en evidencia ante Europa.
La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha
intervenido este martes ante la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo para denunciar los "incumplimientos de la normativa" europea de
seguridad ferroviaria que, a su juicio, provocó el siniestro en el que
en julio de 2013 fallecieron 80 personas en la compostelana curva de
Angrois, pero para también para exigir una investigación "independiente"
de lo sucedido.
"Confiamos en el Parlamento Europeo para obtener la
verdad", proclamaron. Y la Eurocámara ha atendido su demanda hasta donde
llegan sus competencias: instará formalmente a la Comisión Europea, el
'gobierno' de la UE, a realizar la investigación independiente que
España no desarrolló.
Tras escuchar a las víctimas,
representadas por Jesús Dóminguez y Teresa Gómez-Limón, y las
intervenciones de los grupos parlamentarios la presidenta de la Comisión
de Peticiones, la liberal sueca Cecilia Wikström, ha dicho ver claro lo
que la propia Agencia Ferroviaria Europea, también representada en la
sesión, constató en un informe hecho público el pasado verano:
"El deber de investigar el accidente no se cumplió de manera adecuada" y
por eso el Parlamento debe pedirle a la Comisión Europea que realice
una "investigación independiente" y lo haga lo más "rápido" posible. El
ejecutivo que dirige Jean-Claude Juncker, añade Wikström, tiene el
"deber" de "tomarse este tema en serio" y "volver" a la Eurocámara "con
una investigación independiente".
El acuerdo -que la Comisión Europea tiene ahora la
facultad de cumplir o no- satisface en lo esencial lo reclamado por la
plataforma. "Como ciudadanos europeos -señaló Jesús Domínguez ante los
eurodiputados- hemos sido víctimas de un gravísimo accidente por
incumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria por
parte del Estado español.
Se vulneraron los derechos a la vida y a la
seguridad" y por eso "necesitamos a Europa para que se abra una
verdadera investigación" y refrende, dice, que el Gobierno de España "no
evaluó" los riesgos cuando modificó el proyecto de la línea
Ourense-Santiago ni cuando en la curva de Angrois se "desconectó el
sistema de seguridad" de frenado automático "porque generaba retrasos".
Ni siquiera "cuando el jefe de maquinistas de Ourense envió a sus
superiores un correo advirtiendo del peligro de la curva", escrito que
la plataforma mostró a los presentes.
"Si se hubiese
cumplido la normativa europea el accidente no habría ocurrido", reitera
la Plataforma, que por medio de Gómez-Limón denuncia además un ejercicio
de "publicidad engañosa" por parte de Fomento que, afirma, también
transgrede la normativa comunitaria.
Al anunciar la línea como alta
velocidad sin tener los sistemas de seguridad adecuados el Gobierno
español "nos llevó a la convicción de que era una línea segura y a tomar
la decisión de viajar". Fue, resume, "publicidad engañosa por parte del
Estado con el resultado de una catástrofe que no se puede repetir".
Las víctimas, acompañadas en Bruselas por la portavoz
del BNG en las instituciones comunitarias, la futura eurodiputada Ana
Miranda, han recibido apoyo a sus demandas por parte de todos los grupos
políticos presentes con la única excepción del PP. Así, desde el grupo
confederal de la izquierda tanto Lidia Senra (AGEe) como Marina Albiol y
Ángela Vallina han exigido la apertura de una nueva investigación y han
reprochado la actitud del Gobierno de Rajoy.
Lo mismo ha
sucedido sucedió en las intervenciones de Tatjana Ždanoka, por los
Verdes-HALE, de Beatriz Becerra (ex-UPyD) y del socialista Sergio
Gutiérrez, quien ha instado a las autoridades a aportar "toda la
información" que solicitan las víctimas, además de reclamar "agilidad"
en la investigación judicial reabierta por orden de la Audiencia de A
Coruña-.
Al proceso judicial en marcha es,
precisamente, a lo que se ha ferrado la eurodiputada del PP Rosa Estarás
para evitar apoyar las demandas de la plataforma. "El poder judicial es
independiente en España y nos darán luz sobre este tema", ha
proclamado, antes de considerar que "aquí hay una contradicción entre lo
que dicen los informes" de la Comisión de Investigación de Accidentes
Ferroviarios del Ministerio de Fomento y "lo que dice el informe
europeo".
"La CIAF dice que es independiente y el informe europeo, que
no lo es", señala, obviando que esta comisión fue reformada después de
una amenaza de sanción europea precisamente por falta de independencia y
tras elaborar el informe sobre Angrois, en el que consideraron el
maquinista cómo único responsable del acontecido.
No
en vano, el representante de la Comisión Europea en la sesión de este
martes ha vuelto a advertir de la posibilidad de una sanción a España si
la independencia de la CIAF no queda "reflejada adecuadamente".
En el
mismo sentido, el director de la Agencia Ferroviaria Europea, Josef
Doppelbauer, ha ratificado tras escuchar a las víctimas lo que ya había
expresado por escrito el pasado año: "La investigación de España no
cumplió los requisitos de la directiva europea de seguridad", ya que "el
accidente no fue objeto de una investigación a fondo". (eldiario.es, 24/01/17)
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