"Conseguimos salvar las Fragas de
Catasós contra el mastodonte de Fenosa, los poderes fácticos y una
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que aceptaba el proyecto. Es un
orgullo". Miguel Diéguez, abogado del Ayuntamiento de Lalín en la
batalla judicial contra la eléctrica, resumía así el proceso que esta
semana acabó con la denegación por parte de la justicia de la licencia
que la compañía tenía para construir una línea de alta tensión en un
valorado bosque y que amenazaba miles de árboles autóctonos, la mayoría
de ellos castaños y muchos centenarios.
Después de
más de dos años de batalla social liderada por la plataforma Salvemos
Catasós -y algún tiempo más de pelea burocrática por parte de los
afectados-, la justicia acaba de darles la razón en un conflicto de los
que raras veces acaban girando hacia ese lado.
"Hay unos grandes
vencedores que son el pueblo de Lalín, la plataforma y el Ayuntamiento, y
unos grandes perdedores: los poderes fácticos, en este caso Fenosa, y
la inacción de gobiernos anteriores", aseguró el alcalde Rafael Cuiña al
dar a conocer la "buena noticia". Una noticia que ha llegado, además,
cuando menos esperanzas había entre la sociedad civil de esta localidad
del interior de Pontevedra.
Poco antes de Navidad, varios vecinos recibieron cartas
de expropiación forzosa de los terrenos afectados con los detalles del
importe a recibir. "Aquello nos pareció el momento que nos condenaba al
desastre, en el que todo acababa y en el que, una vez más, los grandes y
poderosos ganaban a pesar de las evidencias y pruebas documentales de
que todo el proceso había sido erróneo", resume Celso Fernández,
portavoz de la plataforma, que reconoce así su "satisfacción pero
también sorpresa" por la sentencia.
Tanto es así que la acción pacífica
en la que propietarios de los bosques y miembros del colectivo abrazaban
los árboles en diciembre pareció ya más una despedida que un acto de
esperanza. Todo mientras esperaban por la resolución de la Xunta para la
declaración de la zona como Espacio Natural de Interés Local (ENIL), lo
que parecía "el mecanismo más efectivo para paralizar la obra".
Mes y medio más tarde, ha llegado la sentencia en la que la magistrada
desmonta los argumentos de Gas Natural Fenosa y asegura que el
Ayuntamiento "no sólo no puede sino que no debe autorizar la ejecución
de las obras".
Una paralización que llegó con la licencia en poder de la
eléctrica, una DIA de la Xunta que daba el visto bueno y el favor del
anterior gobierno municipal, del PP, que gobernó en el municipio con
amplia mayoría hasta que una coalición liderada por el ex-popular Cuiña,
hijo del ex-conselleiro de Fraga, acabó con su hegemonía
. "Lo fácil
para el nuevo ejecutivo habría sido dejar hacer y otorgar el permiso",
advierte Diéguez. Pero no fue así. La compañía, ante el silencio de la
administración local, pidió ejecutar las obras pero el Ayuntamiento se
negó. La empresa recurrió esta negativa y el juzgado de instrucción
número 3 de Pontevedra acaba de desestimar el recurso en un dictamen
recurrible ante el Superior gallego.
"La situación
era muy compleja jurídicamente, pero cuando la gente que tiene razón
lucha y trabaja saca réditos", insiste el letrado Diéguez, que destacó
lo "muchísimo" que sirvió tanto el trabajo como las pruebas e informes
que la plataforma y la ciudadanía fueron aportando: el del Consello da
Cultura Galega (CCG), el del Valedor do Pobo o los del catedrático en
Botánica de la Universidad de Santiago, Javier Guitián.
Todos coincidían
en señalar los defectos en la evaluación de la afectación real que las
obras suponían, lo que llevó a la magistrada a sentenciar que "unidos
todos ellos [los documentos] en la contestación municipal a la demanda,
es posible inferir serísimas dudas sobre el verdadero impacto que las
obras van a tener no sólo en el medio ambiente sino a nivel
paisajístico". Además, incidió en el hecho de que la legislación
medioambiental debe estar por encima de la urbanística.
Un bosque único
La actuación prevista preveía cortar hasta 2.000 árboles. La línea de
alta tensión afectaba a una parte de una zona compuesta por especies
autóctonas: robles, además de varios tipos de castaños, uno de ellos de
más de 30 metros de altura.
Además, las especies presentes en las 4,5
hectáreas registran una de las mayores tasas de crecimiento de toda
Europa. El Decreto 76/2000 de la Xunta declaró la Fraga "Monumento
Natural" por sus "características botánicas de gran importancia,
singularidad y belleza" y el Decreto 67/2007 del Gobierno gallego creó
el Catálogo gallego de árboles singulares y la
incluyó como "formación singular".
Pero ni eso ni la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ni otras figuras de protección
lograron detener la autorización de mayo de 2014 de la Consellería de
Economía para que una línea de alta tensión (el proyecto sectorial de
incidente supramunicipal LAT 132 kV O Irixo-Lalín) pasase por esa zona.
Tampoco sirvió la constancia de que buena parte de Los Pazos de Ulloa fuese escrita por Emilia Pardo Bazán paseando por este lugar.
Con todos estos antecedentes, en la DIA aprobada por la Xunta ni se
recoge la existencia de especies autóctonas, tal y como luego advirtió
el CCG. Aun así, el anterior gobierno municipal del PP lo obvió.
"Fue
una dejadez total; si llegamos aquí fue porque los técnicos del anterior
ejecutivo avalaron el proceso sabiendo que estaba mal hecho; desde el
ejecutivo nos acusaron de politizar la plataforma y de tener interés
electoral", relata Celso Fernández, que vivió la lucha en la plataforma
desde el inicio.
Contempló también como Fenosa
rechazaba las alternativas que se le presentaban u ofrecía otras que no
convencían. "Propuso sobrevolar las Fragas con torres más altas, pero
saben que bajo un tendido eléctrico no se permite vegetación por muy
alto que las subiesen; ofrecían algo que no se podía cumplir", recuerda.
Al tiempo, expertos propusieron desvíos de la red por otras zonas o el
soterramiento de la línea, como ocurre en las áreas que coinciden con el
Camino de Santiago. "Algunas se estudiaron, pero nunca las quisieron
porque ya tenían un proyecto y porque otras opciones eran más caras",
añade.
Desde el Ayuntamiento se advirtió de la
necesidad de unas medidas de prevención y no de recuperación, ya que los
expertos cifraban entre 50 y 100 años el plazo para recuperar la zona.
Además, se insistió en la unidad paisajística de todo el entorno, algo
que tuvo en cuenta la jueza que, según el abogado Diéguez, "desmonta
punto por punto" las argumentaciones de Fenosa.
Aunque recurrible, nadie piensa que a la eléctrica se le ocurra a hora
intentar de nuevo la construcción de la línea. "¿Cómo defenderá Fenosa
seguir adelante con el mismo proyecto con una sentencia que le advierte
de todos los daños medioambientales?
¿Cómo va a defender esto ante la
ciudadanía?", se pregunta Diéguez, convencido de que "buscará
alternativas" tras un dictamen que "paró también la DIA y los
procedimientos de expropiación". "Salvamos las Fragas de Catasós",
insisten todos los implicados. En primera persona del plural." (Miguel Pardo,
No hay comentarios:
Publicar un comentario