"La carretera de la foto, como indican los postes de señalización, mide apenas 200 metros. Se trata de la bajada a la playa de Bastiagueiro
desde la rotonda de la Avenida del Che Guevara, en la localidad
coruñesa de Oleiros, y es la tercera más corta de la provincia de entre
todas las que gestiona la Diputación Provincial.
Según el listado de la propia institución, al que se puede acceder pinchando en este enlace,
sólo hay dos vías que la rebajan en longitud: la prolongación hacia el
mar desde la LC-190 a Coruxo de Arriba (150 metros también en Oleiros) y
la entrada al viaducto de Catoira, en ese municipio de la costa sur
coruñesa (180 metros).
En total, la Diputación de A Coruña gestiona unas 3.000 vías.
De ellas más de ochenta miden mil metros o menos, como los accesos a la
iglesia de Pastoriza (230 metros), al cementerio de Betanzos (320
metros), el vial de la ría de O Burgo a O Portazgo (350 metros) y el
acceso a la playa de Santa Cristina (400 metros). Unas carreteras 150
miden 2.000 metros o menos. Sólo once superan los 20 kilómetros, y sólo
dos los 30.
Muchos de esos pequeños viales cuyo
mantenimiento corresponde a la entidad provincial están en municipios de
más de 20.000 habitantes, sobre los que la entidad provincial no tiene
competencias en la prestación de la mayoría de servicios. En total son
once, entre ellos A Coruña y todos los de su área de influencia
(Arteixo, Cambre, Culleredo y OIeiros). Entre todos suman cerca de
600.000 empadronados, es decir el 52 % de todos los que viven en la
provincia.
La Diputación tiene un presupuesto para el 2017 de 176,5 millones de
los cuales 39,3 millones corresponden a gastos de personal, 25,1
millones a gastos corrientes en bienes y servicios para su
funcionamiento, además de 20.000 euros para gastos financieros. Es
decir, casi el 37 % del total. Para atender a los servicios de los
municipios pequeños, la entidad destina en inversiones reales algo menos
de 18 millones de euros, o sea ni siquiera el 11, de sus gastos.
En el debate sobre el mantenimiento o la
supresión de las diputaciones provinciales sus defensores advierten que
sin ellas los municipios pequeños y sus habitantes se quedarían sin la
posibilidad de acceder a servicios que sí disfrutan quienes habitan en
grandes áreas urbanas.
Sus detractores, por contra, sostienen que son
inoperantes e ineficaces. Sin contar con las diputaciones forales y los
cabildos insulares, su deuda, de alrededor de 7.000 millones de euros
en el 2015, supera con creces su gasto, unos 6.000 millones, del que las
inversiones reales representan apenas una quinta parte del total.
Las diputaciones provinciales provienen de la
Constitución de Cádiz de 1812, es decir, de hace más de doscientos años.
Y aunque la Constitución de 1978 sigue otorgando un papel esencial a
las provincias en la organización territorial del Estado, resulta
evidente que hoy en día lo necesario es potenciar la cooperación
comarcal para la prestación de servicios supramunicipales (bomberos,
policía local, tratamiento y recogida de residuos, transporte público,
recaudación de sanciones y tributos, entre otros aspectos) y que las
administraciones autonómicas tienen capacidad plena y experiencia
sobrada para asumir cualquiera de las competencias que los municipios no
puedan garantizar.
Lo que no tiene sentido es que para decidir
cómo se gestiona un vial de 200 metros para bajar a una playa en un
municipio de 35.000 habitantes haya que reunir a un pleno de 31 diputados provinciales:
trece del PP, ocho del PSOE, cinco del Bloque Nacionalista Galego,
cuatro de las formaciones ligadas a En Marea y uno de Alternativa de Os
Veciños (precisamente el alcalde de Oleiros, que lleva años reclamando
la gestión municipal de esos viales). Por cierto, que el pleno parece un
fotomontaje de #solopirolos: en el hemiciclo sólo se sientan siete
mujeres (ninguna en las filas socialistas).
No tiene sentido, claro, salvo que de lo que
se trate sea de mantener un sistema que permita a esas instituciones
seguir arrogándose un poder que no deberían tener, y que una treintena
de políticos elegidos a dedo (la fórmula de acceso al escaño es tan
enrevesada que acaba poniendo en manos de las élites de los partidos la
selección de nombres) cobren por asistir a esa reunión y a las
comisiones derivadas de ella, a pesar de que ya cuentan con sus sueldos
de alcaldes y concejales en sus respectivos municipios.
Pueden elegir entre uno y otro. Y claro, no
son tontos. Los salarios de esos 31 diputados oscilan entre los 51.000 y
los 63.000 euros, a los que se suman alrededor de 500 euros por
asistencia a plenos, 300 por cada sesión de la Junta de Gobierno y otros
300 por cada reunión de comisiones informativas.
En total, el gasto en sueldos de diputados provinciales supera con creces el medio millón al año. A lo mejor va a ser por eso que les conviene seguir siendo gestores de 200 metros de asfalto." (Juan Oliver, Público, 01/05/17)
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