"La Operación Campeón,
el mayor proceso judicial por fraude de subvenciones públicas y tráfico
de influencias ventilado hasta ahora por los tribunales en Galicia y
que ha sentado en el banquillo a un excargo del Gobierno de Alberto
Núñez Feijóo y a un exdiputado del PP, se ha cerrado con una rebaja de
más de la mitad de las condenas para 12 de los 13 acusados gracias a que
pactaron un acuerdo con la fiscalía.
La Audiencia de Lugo ha confirmado
esta jueves las penas, que en el caso del principal procesado, el empresario lucense Jorge Dorribo,
dueño de la farmacéutica Nupel, es de casi cuatro años y medio.
Dorribo, sin embargo, no la cumplirá, al haber estado cuatro en prisión
preventiva y no tener antecedentes penales.
La sentencia del tribunal de la sección
segunda condena asimismo al único acusado que se desmarcó del acuerdo
con el fiscal, Javier Rodríguez Díaz, al que le impone 13 meses de
prisión como cómplice en la estafa de subvenciones en la que participó
la empresa Proitec en la que trabajaba. La sala, que admite la atenuante
de dilaciones en el proceso, también le impone al técnico una multa de
2,5 millones de euros.
El primer caso de corrupción al que tuvo que enfrentarse el Gobierno de Feijóo destapó en 2011, dos años después de la llegada del PP a la Xunta, un fraude de 6,2 millones de euros en subvenciones públicas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Administración autonómica. Este dinero lo recibió la empresa farmacéutica de Dorribo, que ha tenido que devolver íntegramente. El empresario incurrió en varios delitos como falsedad documental, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible.
Al igual que el cerebro de la trama, su socio en la empresa Laboratorios Asociados Nupel y segundo mayor responsable del fraude, Arsenio Méndez, tampoco cumplirá la condena de dos años de cárcel, al salir también beneficiado del acuerdo de conformidad, aunque tendrá que indemnizar al Estado con dos millones de euros.
No pisará tampoco la prisión Pablo Cobián, que en el momento de los hechos era diputado autonómico y concejal del PP, que ha pactado una pena de ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, y dos años y tres meses de inhabilitación para el ejercer un cargo público. La multa para el político será superior a los 45.000 euros.
El tribunal le condena por intermediar entre Dorribo y el director del Igape, Joaquín Varela de Limia Cominges, para que se le concediera el dinero al empresario. A cambio, recoge la sentencia, Dorribo patrocinó al equipo de carreras de karts de Cobián en el que además corría el hijo del parlamentario popular.
Tampoco para Joaquín Varela y Carlos Silva, que conformaban la cúpula directiva del Igape cuando se cometieron los hechos, habrá pena de prisión. El pacto con la Fiscalía se ciñe a la imposición de multas de más de 2.000 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Contra la ex directora de financiación del Igape Cristina Quintela finalmente el fiscal retiró la acusación.
Carlos Monjero, responsable de Proitec, la agencia consultora que ayudó a Jorge Dorribo a solicitar las subvenciones simulando proyectos de inversión, ha aceptado una condena de 10 meses de prisión, mientras que el resto de sus empleados también han llegado a acuerdos que se concretan en penas inferiores a un año de cárcel.
La Operación Campeón, que tomó el nombre por una de las palabras que solía emplear Dorribo en conversaciones telefónicas que sirvieron de prueba documental en la causa, también destapó la concesión irregular de un crédito del Banco Europeo de Inversiones. Al principio del juicio, que comenzó a finales de septiembre, los abogados de 12 de los acusados anunciaron el acuerdo de conformidad que supuso la rebaja de las condenas a cambio de reconocer el delito
. En el caso de Dorribo, este había aceptado la mayor condena, de cinco años y 11 meses de prisión, pero finalmente fue rebajada por el tiempo que estuvo privado de libertad tras la redada policial de 2010.
Junto a Dorribo llegaron a estar imputados en la causa de la Operación Campeón el entonces ministro socialista de Fomento, José Blanco, cuya supuesta implicación en un presunto delito de tráfico de influencias fue archivado por el Tribunal Supremo. Tampoco prosperó la imputación de Ethel Vázquez, actual conselleira de Infraestruturas del Gobierno de Feijóo.
El fiscal del caso, Roberto Brezme, valoró los acuerdos de conformidad en términos económicos, subrayando que "todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta adecuada, en consonancia con la reparación del daño causado”, lo que implica la devolución de los fondos públicos sustraídos." (Elisa Lois, El País, 23/11/17)
El primer caso de corrupción al que tuvo que enfrentarse el Gobierno de Feijóo destapó en 2011, dos años después de la llegada del PP a la Xunta, un fraude de 6,2 millones de euros en subvenciones públicas del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Administración autonómica. Este dinero lo recibió la empresa farmacéutica de Dorribo, que ha tenido que devolver íntegramente. El empresario incurrió en varios delitos como falsedad documental, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible.
Al igual que el cerebro de la trama, su socio en la empresa Laboratorios Asociados Nupel y segundo mayor responsable del fraude, Arsenio Méndez, tampoco cumplirá la condena de dos años de cárcel, al salir también beneficiado del acuerdo de conformidad, aunque tendrá que indemnizar al Estado con dos millones de euros.
No pisará tampoco la prisión Pablo Cobián, que en el momento de los hechos era diputado autonómico y concejal del PP, que ha pactado una pena de ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, y dos años y tres meses de inhabilitación para el ejercer un cargo público. La multa para el político será superior a los 45.000 euros.
El tribunal le condena por intermediar entre Dorribo y el director del Igape, Joaquín Varela de Limia Cominges, para que se le concediera el dinero al empresario. A cambio, recoge la sentencia, Dorribo patrocinó al equipo de carreras de karts de Cobián en el que además corría el hijo del parlamentario popular.
Tampoco para Joaquín Varela y Carlos Silva, que conformaban la cúpula directiva del Igape cuando se cometieron los hechos, habrá pena de prisión. El pacto con la Fiscalía se ciñe a la imposición de multas de más de 2.000 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Contra la ex directora de financiación del Igape Cristina Quintela finalmente el fiscal retiró la acusación.
Carlos Monjero, responsable de Proitec, la agencia consultora que ayudó a Jorge Dorribo a solicitar las subvenciones simulando proyectos de inversión, ha aceptado una condena de 10 meses de prisión, mientras que el resto de sus empleados también han llegado a acuerdos que se concretan en penas inferiores a un año de cárcel.
La Operación Campeón, que tomó el nombre por una de las palabras que solía emplear Dorribo en conversaciones telefónicas que sirvieron de prueba documental en la causa, también destapó la concesión irregular de un crédito del Banco Europeo de Inversiones. Al principio del juicio, que comenzó a finales de septiembre, los abogados de 12 de los acusados anunciaron el acuerdo de conformidad que supuso la rebaja de las condenas a cambio de reconocer el delito
. En el caso de Dorribo, este había aceptado la mayor condena, de cinco años y 11 meses de prisión, pero finalmente fue rebajada por el tiempo que estuvo privado de libertad tras la redada policial de 2010.
Junto a Dorribo llegaron a estar imputados en la causa de la Operación Campeón el entonces ministro socialista de Fomento, José Blanco, cuya supuesta implicación en un presunto delito de tráfico de influencias fue archivado por el Tribunal Supremo. Tampoco prosperó la imputación de Ethel Vázquez, actual conselleira de Infraestruturas del Gobierno de Feijóo.
El fiscal del caso, Roberto Brezme, valoró los acuerdos de conformidad en términos económicos, subrayando que "todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta adecuada, en consonancia con la reparación del daño causado”, lo que implica la devolución de los fondos públicos sustraídos." (Elisa Lois, El País, 23/11/17)
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