“Nos han vuelto a dejar solos”. Los afectados por los incendios. Nadie ha visto aún un euro público, pero quienes perdieron sus viviendas y huyeron con lo puesto deben pagar alquileres mientras no reconstruyen sus casas y vestir, comer y alimentar también a su ganado

"Transcurridos tres meses desde la catástrofe solo las familias de los fallecidos han percibido la indemnización. El resto de los afectados afrontan la recuperación prácticamente con los mismos medios con los que combatieron aquellas bolas de fuego que los cercaron: la entregada colaboración vecinal y la de sus representantes municipales. 

La Xunta no ha respondido a la petición de información sobre el estado de tramitación de las ayudas realizada por este diario.

 Nadie ha visto aún un euro público, pero quienes perdieron sus viviendas y huyeron con lo puesto deben pagar alquileres mientras no reconstruyen sus casas y vestir, comer y alimentar también a su ganado, en los casos en los que lo hayan salvado. 

Y deben, finalmente, afrontar un complejo trámite burocrático que ha de estar sellado por la Xunta antes del próximo día 30.

Patricia Soalleiro, vecina del ayuntamiento de Melón (Ourense), exponía desolada días después de la catástrofe el esqueleto calcinado de su vivienda, rehabilitada con esfuerzo durante años, y el sentimiento de abandono que sentía tras haberlo perdido todo. 

En caso de recibir algo será el 40% del importe de una vivienda de protección oficial, porque aunque era la casa habitual de su tía (acogida ahora en la de un familiar) estaba registrada a su nombre. Por los dos coches, el tractor, el quad, tres pajares, hórreos y los enseres, nada. “Nos dicen que para poder cobrarlo teníamos que haber estado inscritos en el régimen agrario”, protesta.

Junto a los vecinos, las instituciones locales afrontan la reconstrucción de los daños causados en las infraestructuras públicas (kilómetros de alumbrado, saneamiento, viales...) recurriendo a continuas modificaciones presupuestarias o, de nuevo, a la solidaridad; en este caso a la de algunos de los proveedores que se brindan a cobrarles a plazos.

“Nos han vuelto a dejar solos”, sentencia Luis Milia, alcalde del ayuntamiento ourensano de Carballeda de Avia, uno de los más afectados. El regidor despliega los datos que evidencian el paisaje que ha dejado la batalla del fuego en su municipio: un fallecido, 17 viviendas destruidas, daños en numerosas infraestructuras municipales, el 75% de la superficie arrasada y, como colofón, localidades sin abastecimiento de agua como consecuencia del arrastre del chapapote de los montes a los manantiales provocado por las intensas lluvias posteriores. En total, 150 afectados en un municipio de 1.500 habitantes y 5,7 millones de euros en pérdidas de los que 350.000 corresponden a bienes de un Ayuntamiento que dispone de un presupuesto de 2,5 millones.

Milia reprueba las demoras en la prestación de las ayudas de la Xunta y del Gobierno y lo farragoso de los trámites “para una población envejecida y humilde”. Por ello pidió la colaboración del decanato del Colegio de Arquitectos de Galicia que les ha hecho una rebaja en la redacción de los informes que deben acompañar a las peticiones. Junto a ello, el regidor ha eximido a los afectados del pago del 95% de las tasas municipales, “lo máximo que permite la Ley”, puntualiza. “Les hemos cubierto gratuitamente toda la documentación a los vecinos”, sostiene convencido de que, de no haberlo hecho, muchos no podrían presentarla.

Milia clama también contra la Diputación de Ourense. “Tenemos que hacer constantes análisis de agua y la Diputación, que acaba de privatizar el servicio, nos cobra un precio que no podemos pagar”, protesta desvelando que, una vez más, es la solidaridad la que funciona: “Nos está haciendo las analíticas gratuitamente el Colegio de Farmacéuticos de Ourense”. Lo mismo ocurre con los forrajes para alimentar al ganado: son ayuntamientos o comarcas del norte como Ortigueira o Ferrolterra quienes les están suministrando la alpaca.

En As Neves, en la provincia de Pontevedra, con 170 afectados en distintos grados, el Ayuntamiento se está empleando para que no tengan que pagar impuestos. El alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, reconoce que han reclamado las ayudas todos los que perdieron sus primeras viviendas pero no así los de las segundas. En unos casos, señala, porque ya tenían cobertura por seguros pero en otros “por las dificultades de la tramitación”, pese a que el Ayuntamiento abrió una oficina municipal para asesorarlos, y por la “imposibilidad de pagar los proyectos de obra”.

La ayuda vecinal aflora también en este caso. La institución local abrió una cuenta solidaria en la que empresas y particulares realizan donaciones para quienes perdieron con su vivienda todas sus pertenencias. Seis familias en total, “aunque en un par de casos tienen dificultad para demostrar que se trata de sus residencias habituales”, explica Rodríguez.

Como en el resto de municipios afectados, el Ayuntamiento de As Neves debe afrontar los gastos derivados de la catástrofe incendiaria en sus infraestructuras. Entre otros, la reposición de un vial inaccesible para camiones y autocares que incomunica a una de las aldeas, por lo que la institución local está trasladando en taxi a los niños que debía transportar el bus escolar. Solo la reposición de esta carretera le supondrá un gasto de 260.000 euros, sostiene el regidor, que ha recurrido ya a tres modificaciones presupuestarias.

De momento cuenta con el compromiso de colaboración de la Diputación de Pontevedra, pero Rodríguez expone la dificultad añadida que supone para la remontada la Ley Montoro de equilibrio financiero: “Tenemos remanente de tesorería que en virtud de esa ley no podemos utilizar”.

Pese a los contratiempos, el regidor es optimista: “Estamos elaborando un plan para trabajar sobre el territorio; sabemos qué modelo territorial queremos y podemos hacerlo; solo nos falta que la Xunta reme en la misma dirección”, puntualiza deseando poner definitivamente ya los dos pies lejos de aquel infierno.

C. H.

La complejidad burocrática para acceder a las ayudas ha sido constantemente denunciada por los alcaldes. El de Ponte Caldelas (Pontevedra), Andrés Díaz, aventuraba en noviembre que apenas dos de los 90 afectados de su municipio recibirían la ayuda y acusaba a la Xunta de “olvidar que hay familias incapaces de enfrentarse a la cantidad de papeles que les reclaman”, aun pese a contar con la colaboración del Ayuntamiento. 

Entre las dificultades, la de acreditar la legalidad urbanística de las casas arrasadas por el fuego cuando “muchas de ellas fueron construidas en su día en suelo rústico o no estaban regularizadas”. En opinión del alcalde, la convocatoria de la Xunta fue diseñada para las empresas, “que tienen el asesoramiento necesario” para resolver el trámite.

Aun en el caso de los particulares que con todo bien cubierto reciban el visto bueno de la Xunta, percibirán inicialmente el 25% de la ayuda (en torno a 25.000 euros para la reconstrucción de una primera vivienda), cantidad con la que deberán pagar los proyectos de reforma -las tasas oscilan entre 9.000 y 10.000 euros- así como la obra, ya que han de justificarla para poder cobrar el resto."                (Cristina Huete, El País, 20/01/18)