"Miles de personas han recorrido las calles de
Santiago en la protesta central de la plataforma en defensa de la
Sanidad Pública en Galicia, después de la celebración de numerosas
manifestaciones en las cuatro provincias gallegas convocadas por SOS
Sanidad Pública, para protestar contra la reforma de la Ley de Salud de
Galicia
Tras la escala de recortes y reducción del
presupuesto sanitario emprendida por el presidente de la Xunta de
Galicia, siguiendo la estela emprendida por el gobierno central,
presidido por Mariano Rajoy, que publicó El Plural en una radiografía de la sanidad en Galicia,
donde se aseveraba que el gasto sanitario se había reducido en más de
un 18% desde el año 2009.
Ahora, durante la semana del 12 de febrero, se
debatirá y previsiblemente aprobará, ya que el Partido Popular cuenta
con mayoría absoluta en la cámara autonómica, el proyecto de reforma de
la Ley de Salud de Galicia. Esta nueva legislación en materia de sanidad
de la derecha gallega, no ha contado con la participación ni el
consenso de ningún colectivo implicado.
Desamparo de la prevención de la enfermedad y la rehabilitación
Para analizar esta ley hemos hablado con el ex
coordinador de la comisión de Sanidad del PSdeG y actual portavoz del
ayuntamiento de Santiago del grupo municipal socialista, Francisco Reyes
Santías. La primera reflexión que plantea es “porqué una ley, que
fue aprobada en el año 2008 por el gobierno progresista de Pérez
Touriño, pero que durante 10 años le ha servido al gobierno del PP, en
estos momentos se quiera cambiar de una forma tan drástica”.
Este proyecto de ley da un giro radical al servico de salud existente,
ya que la ley de 2008 amplió la definición de salud, hasta el momento
reducida al aspecto físico, para ampliarlo a los psíquicos y sociales.
La nueva ley “se aborda desde una perspectiva puramente asistencial,
ignorando la promoción de la Salud, la prevención de la enfermedad, así
como la rehabilitación del paciente y su reinserción”, categoriza Reyes.
Infravaloración de los hospitales comarcales de referencia
Las “Áreas de Salud”, esto es, las demarcaciones territoriales recogidas en la Ley General de Sanidad, que vinculan
unos servicios mínimos de atención primaria y hospitalaria con un
núcleo poblacional, se sustituirán por un nuevo término: “distrito”. Esta propuesta no
está contemplada en la Ley General de Sanidad para las poblaciones que
son atendidas por los hospitales de referencia comarcales, de modo, que
los hará depender de los hospitales de mayor tamaño.
Esto implica, afirma el portavoz “ una
desigualdad territorial, ya que habrá una primacía de unas áreas sobre
otras, al mismo tiempo que permitirá una mayor pérdida de presupuesto de
los hospitales pequeños frente a los grandes”.
Además, indica Francisco, vinculará
“al personal que tiene asignada su plaza en un hospital determinado a
todos los hospitales del área, es decir, un trabajador con plaza en el
hospital de la de ciudad Lugo, puede verse obligado a trabajar en otro
de la provincia”.
Para los pacientes, supondrá un copago añadido, asevera el socialista, ya que “obligará
al traslado a los grandes hospitales, con el sobrecoste añadido que
conlleva no solo para el enfermo, sino también para la familia”. De hecho este proyecto de ley ni siquiera menciona la Atención Primaria, tan solo “ incrementa el ‘hospitalismo’ del SERGAS (Servicio Gallego de Salud)”, categoriza el portavoz municipal.
Discrecionalidad y enchufismo laboral
Este nuevo modelo “universaliza la ‘laborización’
del personal, ya que permite el acceso al sistema a través de la libre
designación, no como una excepcionalidad; al mismo tiempo que legaliza
nuevos itinerarios profesionales, que podrían llegar a ser
personalizados”, describe Francisco Reyes.
Reforma en los órganos de participación
La nueva ley plantea dos modificaciones en los
órganos de participación, tanto de profesionales como de
administraciones que tenían competencias en sanidad y que eran
esenciales para la promoción, así como la prevención de la salud de
pacientes y de la ciudadanía en general.
El primer cambio es que “ ya no se establece por
ley quienes forman parte de esas comisiones de participación, es decir,
qué asociaciones, organizaciones o instituciones, sino que lo deja a
criterio arbitrario de la consejería por medio de un reglamento”, explica Reyes.
La segunda variación es que “ deja de recoger que
entre las funciones de las comisiones de participación, se pueda
analizar previamente ni con posterioridad un plan de salud, un contrato
programa o los conciertos sanitarios antes de su aprobación, sino que
solo lo puedan hacer con posterioridad, lo que significa que en la
práctica no van a tener ninguna función de control o de evaluación y por
lo tanto, habrá una falta total de transparencia”, argumenta el experto.
Por otra parte, hasta la fecha, la legislación del
2008 consideraba autoridades sanitarias entre otros a los inspectores
médicos o a los alcaldes (para decretar una emergencia). Por el
contrario, la nueva ley permite que los gerentes pueden ser
autoridades sanitarias, esto es, personal que ocupan puestos de libre
designación podrán hacer inspecciones e incluso abrir expedientes
sancionadores. Ante esta tesitura, cabe preguntarse si estamos ante una
ley mordaza del SERGAS.
Privatización de la investigación y de la innovación sanitaria
Si bien la normativa actual reconoce el derecho de la
ciudadanía al conocimiento de toda la información disponible sobre sus
enfermedades. El anteproyecto cede el control de la investigación y
de la innovación de la sanidad pública a los laboratorios privados,
aplicando el derecho a la propiedad intelectual para ceder los datos
de los pacientes incluidos en los ensayos clínicos hasta que lo
consideren oportuno.
Pero esto no termina aquí, concluye Francisco
Reyes, ya que “se crea la compra pública innovadora, esto es, la
Xunta compra una innovación aún inexistente, que las empresas privadas
se comprometen a llevar a cabo. Si el cometido sale mal se reparten las
pérdidas y si sale bien la patente es para la industria”.
Llegados a este punto, lo único que nos queda por
decir es que tras privatizar el cuerpo, Feijoo también ha logrado
privatizar la mente." (Raquel Álvarez, El Plural, 04/02/18)
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