"Malta, ese pequeño archipiélago de la Unión Europea de laxa fiscalidad e instituciones salpicadas por graves acusaciones de corrupción,
tiene una empresa registrada por cada cinco habitantes. La constitución
de nuevas sociedades es tan frenética que los abogados más fecundos
llegan a hacerse un lío.
Eso le ocurrió al despacho de Stuart P.
Blackburn cuando ejerció como representante en la isla mediterránea de
Reganosa, una empresa con sede en Mugardos (A Coruña) de la que la Xunta de Galicia posee un 28% y cuya propiedad comparte con el grupo privado Tojeiro (59%).
Blackburn, relacionado con decenas y decenas de firmas, fue el
encargado de tramitar en octubre de 2016 la constitución de Reganosa
Malta, una filial que la multinacional gallega creó tras recibir un contrato para operar y mantener la planta de regasificación del
país. El consorcio que le subcontrató la gestión está ahora salpicado
por una trama de corrupción en la que incluso se investiga el asesinato
de una periodista.
La propia creación de la filial gallega en Malta ya arrastra alguna
irregularidad desde su origen. En el certificado que el abogado entregó
en el Registro Mercantil de Malta, para demostrar que Reganosa había
aportado 1.410 euros de capital y tasas, hizo constar que el dinero
había sido transferido por una misteriosa empresa: Galapagos Investments
Limited. Esta sociedad con sede en Malta es además propiedad del propio
Blackburn a través de dos firmas interpuestas (Osiris Trust Limited y
Osiris Holding Limited), según consta en el registro.
KPMG, la consultora a la que recurrió la empresa participada por la
Xunta para resolver el papeleo de su aterrizaje en el archipiélago,
sostiene en una carta facilitada por Reganosa que la aparición de
Galapagos Investments Limited se debe a un error y que "no hay
absolutamente ninguna conexión" entre la gasística con sede en Mugardos
(A Coruña) y esa sociedad. La consultora internacional alega que el
"empleado" que hizo el trámite "usó sin darse cuenta como base el
documento de Word que se utilizó para el certificado de otra compañía”
que también estaba registrando por aquellas fechas “para otros clientes
totalmente ajenos a Reganosa Malta”. Y se olvidó de borrar de esa
plantilla la denominación de la anterior sociedad.
La documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS confirma que
Reganosa sí transfirió los fondos a KPMG para constituir su filial en
Malta. Fue al ser preguntada por este periódico sobre su relación con
Galapagos Investments Limited cuando la multinacional gallega descubrió
el error del abogado colaborador de KPMG, que fue subsanado el pasado 18
de noviembre en el Registro Mercantil del país mediterráneo.
Reganosa
explica que otorgó a Blackburn un poder para que le representara solo
durante los trámites de constitución de su filial maltesa y alega que se
lo concedió a él porque así se lo indicó KPMG. Los responsables de la
gasística no lo conocen ni tenían entonces información sobre su
trayectoria, afirman. Con él, añaden, ya no mantienen ningún vínculo.
La frenética actividad profesional de Blackburn, relacionado desde
los años ochenta con medio millar de empresas según el registro
mercantil de Malta y la base de datos Offshore Leaks de The
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), salió a la
luz en las investigaciones periodísticas de los conocidos como Los Papeles del Paraíso. El diario digital El Confidencial lo señaló en 2017 como director de 250 empresas y como supuesto testaferro de millonarios de Azerbaiyán.
Este país caucásico también está relacionado con el contrato de
Reganosa en Malta. La planta de Delimara (en el sureste de la isla
principal) que opera la firma gallega fue adjudicada por el Gobierno
maltés a un consorcio privado denominado ElectroGas Malta y del que
forma parte -junto a Siemens y una firma local- Socar Trading,
el brazo comercial de la petrolera estatal de Azerbaiyán. ElectroGas
subcontrató a su vez a Reganosa para operar la terminal durante 18 años
por una cifra que la gasística sitúa en 600.000 euros anuales.
El contrato de la regasificadora otorgado por el Gobierno de Malta a ElectroGas está envuelto en turbias sospechas de corrupción
por presuntos sobornos de la empresa a miembros del Ejecutivo del
Partido Laborista que esta semana se han agravado. Uno de los
principales directivos de la compañía que contrató a Reganosa, el
magnate maltés Yorgen Fenech, fue detenido el pasado miércoles como presunto cerebro del asesinato
de la periodista Daphne Caruana Galizia. Caruana estaba investigando
las conexiones entre ElectroGas y un ministro a través de empresas
pantalla y testaferros cuando una bomba en los bajos de su coche acabó con su vida en 2017.
Tras el arresto, Reganosa señala que ha pedido explicaciones al
consorcio maltés "sobre la situación y su alcance" y analiza si el golpe
puede afectar a sus "intereses". Fuentes de la empresa gallega afirman
que su "prioridad" tras lo ocurrido son la treintena de trabajadores que
tiene en el archipiélago. El contrato obtenido en Malta fue celebrado
en su día tanto por la gasística gallega como por la Xunta como un
"hito" y un "impulso" para Reganosa en su salto al "mercado global".
Las sospechas de corrupción sobre el contrato que otorgó el Gobierno
maltés a ElectroGas han llegado incluso al Consejo de Europa. Su
Asamblea Parlamentaria aprobó el pasado junio una resolución que afirma que la adjudicación de la regasificadora maltesa al consorcio fue “altamente irregular”,
ya que la empresa estatal de petróleo de Azerbaiyán obtuvo grandes
beneficios suministrando el gas a la planta que opera Reganosa a un
precio superior al promedio del mercado. Según el dictamen europeo,
miembros del Ejecutivo que licitó el complejo iban a recibir pagos de
personas vinculadas a ElectroGas a través de empresas radicadas en
Panamá. La policía de Malta fue alertada pero, afirma el Consejo de
Europa, nunca actuó contra los políticos señalados." (Sonia Vizoso, El País, 25/11/19)
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