"La Xunta de Galicia cree que la decisión del Gobierno de prohibir los desahucios durante la crisis del coronavirus enfría
el mercado inmobiliario y supone "una desprotección" para los
propietarios y así se lo ha hecho saber al Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
La conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez
Mejuto, ha dirigido una carta al ministro José Luis Ábalos en la que se
queja de que Galicia no haya sido informada con antelación de los planes
del Gobierno para impedir que los dueños de los pisos puedan echar a
sus inquilinos si, como consecuencia de la situación económica, no son
capaces de afrontar el pago de los alquileres.
En la
misiva, fechada el pasado lunes 13 de abril y a cuyo contenido ha tenido
acceso eldiario.es, se dice lo siguiente: "Las medidas previstas
suponen una desprotección para los arrendadores, lo que en el futuro,
claramente, puede desincentivar la salida al mercado de vivienda en
alquiler debido a la inseguridad jurídica que se crea para los pequeños
propietarios, para los que además, en muchos casos, las rentas de los
alquileres constituyen sus ingresos y forma de vida".
La conselleira gallega de Vivenda apoya sus argumentos en
las quejas recibidas desde el sector inmobiliario: "Estas
preocupaciones nos fueron trasladadas por los representantes de los
intermediarios inmobiliarios que operan en la comunidad autónoma,
administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria". Sobre
la postura al respecto de otros colectivos como la PAH o las
plataformas antidesahucios la conselleira no introduce ni una palabra.
La
responsable del departamento de Vivienda del Gobierno gallego también
se muestra disconforme con el plan de ayudas diseñado por el Gobierno
para cubrir con ayudas y créditos a las familias y arrendadores que se
vean afectados por las consecuencias económicas de la pandemia.
Según la
administración gallega, Madrid no ofrece el dinero suficiente, y para
cimentar su queja, la carta incluye datos cuanto menos sorprendentes.
Ángeles Vázquez asegura en su carta que "en un cálculo absolutamente
conservador se puede estimar que en Galicia podrían tener acceso a estas
ayudas entre 50.000 y 75.000 familias", lo que implicaría "la necesidad
de destinar entre 120 y 180 millones de euros" para ese cometido.
De
acuerdo con los datos del Instituto Galego de Estatística (2018), el
número de hogares gallegos con gasto de alquiler son 142.780. Las
estimaciones del Gobierno de Feijóo suponen que el 52% de las familias
en viviendas alquiladas tendrán que pedir ayuda para pagar sus
mensualidades como consecuencia de la crisis económica asociada a la
COVID-19. Con esos cálculos, la Xunta exige el pago de entre 150 y 180
millones de euros.
La carta enviada por la Xunta fue
contestada por el Ministerio el jueves 16 de abril.
El escrito de
respuesta lleva la firma de la Secretaría General de Vivienda que dirige
David Lucas y en él se plasma la diferencia de criterio que sobre la
materia separa a ambas administraciones: "En modo alguno podemos
compartir con usted que se haya producido desprotección de los
arrendadores y mucho menos que estas medidas puedan desincentivar a
futuros inversores en viviendas de alquiler", asegura la respuesta.
Las
discrepancias entre ambos gobiernos también afloran cuando se aborda el
nivel de interlocución con el que la administración que dirige Pedro
Sánchez está asumiendo sus decisiones en materia económica.
En su escrito, la consejera gallega se queja de que el Ministerio no informó de sus planes a las comunidades autónomas. En este punto, el departamento que dirige José Luis Ábalos también disiente: "El malestar que me traslada no se corresponde con las comunicaciones directas y personales que la Dirección General de Vivienda y Suelo ha mantenido con el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo en los días posteriores a la publicación del Real Decreto-Ley y previos a la Orden Ministerial, en las que se ha ofrecido toda la información requerida y la resolución de dudas. El ofrecimiento continúa vigente y con continuas conversaciones y reuniones virtuales que se están celebrando con todas las comunidades autónomas que lo solicitan". (Gonzalo Cortizo, eldiario.es, 18/04/20)
En su escrito, la consejera gallega se queja de que el Ministerio no informó de sus planes a las comunidades autónomas. En este punto, el departamento que dirige José Luis Ábalos también disiente: "El malestar que me traslada no se corresponde con las comunicaciones directas y personales que la Dirección General de Vivienda y Suelo ha mantenido con el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo en los días posteriores a la publicación del Real Decreto-Ley y previos a la Orden Ministerial, en las que se ha ofrecido toda la información requerida y la resolución de dudas. El ofrecimiento continúa vigente y con continuas conversaciones y reuniones virtuales que se están celebrando con todas las comunidades autónomas que lo solicitan". (Gonzalo Cortizo, eldiario.es, 18/04/20)
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