"El 23 de junio se conocía la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que se condena a la
Xunta de Galicia por vulnerar mis derechos fundamentales como diputado,
recogidos en el artículo 23.2 de la Constitución española, por ocultar
durante años información oficial sobre la fusión de las cajas de ahorro
gallegas, y le exige al gobierno gallego que me entregue dicha
documentación después de 7 años solicitándola.
Las cajas gallegas
significaban el 40% del ahorro de todo el país con una implantación
total en el territorio y una fidelidad a prueba de preferentes.
Instrumentos financieros con carácter social nefastamente gestionados
por unos directivos que fueron sus amos y señores durante décadas con la
administración gallega, que tenía las competencias de vigilancia, como
cómplice de la carrera especulativa a la que se sumaron, aunque en mayor
medida Caixa Galicia.
El proceso de fusión impulsado por Feijoo,
acabó con la venta a precio de saldo a un Banco venezolano, Banesco, con
un patrimonio neto muy inferior a la entidad que compraba.
Se
gastaron 9.400 millones de dinero público en sanear la entidad
resultante de la fusión, y se vendió apresuradamente por 1.003 millones,
a pagar en cómodos plazos y a lo que se sumaban varios beneficios como,
por ejemplo, el pago de los efectos de la anulación de las cláusulas
suelo. ¡Beneficios que hacen que existan estimaciones que dicen que el
precio neto de compra fue en realidad de - 2.177 millones! Y todo esto,
sin ninguna justificación a
la ciudadanía gallega de convidada de
piedra,
En el ejercicio posterior a la venta, el señor Escotet, el
dueño venezolano, declaró un beneficio de 1.157. Es decir, en el primer
ejercicio recuperó con creces lo que le costó el banco. Desde su compra
acumula 3.000 millones de beneficios.
Por si fuera poco, la
estafa a gran escala perpetrada que muestran los datos, Abanca, el
nombre de la entidad, generó parte de esos beneficios deshaciéndose de
la cartera de empresas que tenían las dos cajas con el centro de
decisión en Galicia, produciendo un efecto directo en el empleo gallego.
Sólo
un ejemplo. R, un operador de telefonía e internet con una red propia
de fibra sufragada en gran parte con ayudas públicas de la Xunta de
Galicia, fue vendida por Abanca por 203 millones a Euskaltel, lo que
conduciría poco después a la deslocalización del trabajo de cientos de
empleos.
Y así en muchos más casos que destruyen empleo con
empresas que son víctimas de especuladores que se benefician del
desmantelamiento del sistema financiero gallego con la complicidad al
mando de Nuñez Feijoo.
Complicidad en las decisiones que acabaron
por ser la mayor estafa económica a gallegas y gallegos en este siglo,
al menos, y complicidad en la posterior ocultación pertinaz de la
información clave que viene de exigir la justicia con esta sentencia.
A
pesar de que, salvo honrosas excepciones, en Galicia hay un enorme
manto de ocultación mediático, la verdad fue saliendo a la luz. Sabemos
de la gran mentira de Nuñez Feijoo, que dijo que esa fusión se había
hecho avalada por una auditoría independiente.
Años después conocimos
que ni era auditoría ni avalaba la fusión, y conocimos más tarde de las
irregularidades en la contratación por valor de 1 millón de euros. Y
sabremos más cuando se cumpla la reciente sentencia.
La condena
llega tarde porque la estafa fue perpetrada, pero aún es tiempo para que
la ciudadanía gallega conozca la verdad y se puedan depurar
responsabilidades. La mayoría parlamentaria del PP tiene congelada la
Comisión de Investigación sobre la fusión de las cajas gallegas desde el
año 2013 sin permitir nuevas comparecencias, información ni emitir las
conclusiones.
Fue un proceso lleno de mentiras, ocultación y
negligencias que hipoteca nuestro futuro y que no debe quedar impune.
Después del regalo, Abanca promueve un Universidad privada favorecida
por la Xunta de Galicia y acaba de aplicar unas comisiones de
mantenimiento abusivas a sus clientes mientras mantiene el idilio con el
PP de Galicia.
Y es que con mentira, manipulación y corrupción
nos han quitado un instrumento financiero fundamental, sistémico para
Galicia, más que Bankia para el Estado español, que debería de estar
apostando por nuestra economía productiva y lo que tenemos es un banco
privado venezolano que utiliza Galicia como fuente de financiamiento
para invertir y dar crédito fuera.
Es un hito más en la
sistemática política de desmantelamiento económico del país por parte de
Nuñez Feijoo y el PP. No tienen otro programa de gobierno que el saqueo
de lo público y su entrega a los capitales especulativos.
El PP en Galicia es un Caballo de Troya del capital espoliador
Nuestra
infraestructura viaria más importante, la AP9, fue privatizada por el
gobierno de Aznar en el año 2004, después de ser saneada con dinero
público, con Feijoo de Conselleiro de Política Territorial sin abrir la
boca en contra de ese saqueo. Porque una vez más la privatización fue a
precio de amigo.
Con una concesión hasta 2048, AUDASA, a partir de
una infraestructura sin competencia posible, con el práctico monopolio
de la comunicación viaria en la línea que une Ferrol, Coruña, Santiago,
Pontevedra y Vigo, factura anualmente unos 145 millones, obteniendo el
50% de beneficios antes de impuestos. ¿Hay alguien que conozca
actividades productivas que generen año tras año y sin competencia
posible, ese beneficio? É un caso más de corrupción legalizada.
Ante
la amenaza de despido de más de 500 trabajadores de Alcoa, Feijoo está
constantemente afirmando que es una empresa estratégica para Galicia.
Pero
lo que ahora es Alcoa era hasta 1998 una empresa pública que fue
privatizada por… sí, el PP, por 403 millones de euros, con descuentos de
más de 300 y ayudas públicas en el precio de la energía en los últimos
20 años, estimadas en más de 2.000 millones de euros.
Una
escandalosa privatización de una empresa que en la que los años
anteriores se habían efectuado importantes inversiones en sus 13 centros
de producción en el Estado español, fundamentalmente Galicia y
Asturias.
Y a partir de ahí quien decide sobre el futuro de los
trabajadores, en la factoría que según Feijoo es fundamental para el
futuro de Galicia, es la multinacional que es la única que desde
entonces recibe cuantiosísimas ayudas públicas, no cumple con ninguna
contrapartida, no garantiza trabajo, invierte en factorías de Arabia o
Islandia, chantajea a los gobiernos y en definitiva es la única que
realmente puede tomar decisiones.
Nos dejarán una peligrosísima
balsa de lodos peligrosos sin restaurar como una muestra más de la
socialización de costes después de años de la privatización de
beneficios.
Se queja de que ENDESA cierra la térmica de As Pontes,
eso sí después es capaz hablar de la Galicia verde, pero ése es otro
cantar. Pero una vez más quien privatizó ENDESA siendo una empresa
pública rentable y sin competencia posible, fue el partido del señor
Feijoo. Podemos hablar también de los negocios de Villar Mir, famoso
donante del Partido Popular, que en Galicia tuvo siempre derecho de
pernada.
Ferroatlántica es una empresa de ferroaleaciones que
obtuvo una concesión para la explotación hidroeléctrica del río Xallas a
cambio del mantenimiento del empleo en las factorías.
Las
centrales son un impresionante negocio, lo que no impide que, a pesar de
la condición de mantenimiento de empleo en la concesión, el empleo
bajase de los 500 en 1992 a menos de 300 actualmente.
A cambio la
Xunta, en vez de incoar expediente de caducidad de la concesión aprueba
nuevas centrales hidroeléctricas disfrazadas de repotenciaciones, que
darán más beneficios a la empresa sin garantías laborales.
El
dinero público invertido en investigar la fabricación de silicio solar, a
partir del producto fabricado en Ferroatlántica, para placas voltaicas
desarrollado en su totalidad en Galicia, acabará con la implantación de
esta actividad productiva en Puertollano.
En vez de cerrar el ciclo productivo con la actividad que genera más empleo, se cierra el círculo del espolio, deslocalizándola.
Como
buen Caballo de Troya también le abrió más la puerta al negocio de la
sanidad privada, que anunció en 2019, que en Galicia había alcanzado la
mayor cuota de mercado de la historia.
En el campo de la atención a
mayores, el PP de Feijoo no creó, en 11 años, ni una sola plaza de
residencia pública de gestión directa a pesar de que Galicia está muy
por debajo de la media estatal en plazas. Todo el incremento de estos
años fue a parar a empresas privadas y amigas, como Domusvi, tristemente
conocida en esta pandemia por ser protagonista de una escandalosa cifra
de fallecidos, por su política criminal de recortes de medios y
personal, con los que lograr grandes beneficios, y que es la principal
beneficiada de los conciertos de la Xunta de Galicia.
Lo de la
connivencia del gobierno Feijoo con estas empresas no es ya que lo digan
las trabajadoras, los sindicatos o los familiares, sino que lo dijo el
Consello de Contas de Galicia que, en un informe de 2017, manifestó que
pese a haber incumplimientos en materia de ratios de personal y otras
condiciones, la administración autonómica no abrió en el periodo
fiscalizado por el organismo oficial ni un expediente sancionador.
En
la minería también Feijoo juega a privatizar beneficios y socializar
costes. Ya perdimos la cuenta de las actuaciones de restauración que se
acometen con dinero público o no se acometen después de que esas
empresas que abandonan la explotación sin restaurar.
O podríamos
hablar de como ex-conselleiros lideran empresas del sector eólico que
pasan por encima de los derechos de los habitantes del rural, del
patrimonio natural, cultural o paisajístico para incrementar un negocio
que ya factura más de 600 millones anuales, de los que son beneficiarios
bancos, fondos buitre, constructoras o eléctricas, mientras para el
pueblo quedan las molestias, los impactos y las migajas.
Con estos
ejemplos, y muchos otros que se vienen repitiendo, vemos que el único
programa del PP en Galicia es el sistemático saqueo económico de las
bases de nuestro desarrollo.
En las elecciones hay dos alternativas
El
12 de julio hay elecciones en Galicia y hay dos alternativas: o la
continuidad del robo institucionalizado como forma de gobierno o una
alternativa de las fuerzas progresistas.
Nunca tan fácil estuvo el
consenso. Sólo se necesita estar de acuerdo en devolver una mínima
decencia y dignidad al gobierno, la defensa de lo público y de unos
mínimos democráticos en la práctica diaria de la administración y de la
relación con los medios de comunicación y con la recuperación del
respeto a la ciudadanía. Lo importante es lograr el resultado que lo
permita.
Para ello non hay peor cosa que dar carta de normalidad a
lo que está pasando. La izquierda tiene que hablar claro. Ser muy
contundente.
No es una situación normal. La corrupción sistémica
ocupa el gobierno, una mafia que aspira a controlar todos los resortes
para entregar el negocio al capital especulativo. Los que nos roban el
futuro nos gobiernan. No se puede asumir con naturalidad esta situación,
toca rebelarse y gritarlo bien alto. Los que roban, aunque vistan traje
y usen el DOG o el BOE, en vez de pistolas o navajas, son ladrones.
Esa
ciudadanía que sufre las consecuencias de los eólicos, del
desmantelamiento económico industrial, de la precarización de la sanidad
pública, de la privatización de las residencias de mayores, la
ciudadanía estafada con las preferentes, con las cláusulas abusivas de
bancos rescatados con dinero público, los que son desahuciados por lo
que eran las cajas, y en definitiva, la ciudadanía agredida
constantemente por aquellas instituciones que deberían de defenderla,
necesita que se hable claro de lo que está pasando, sin asumir como
normal esta situación.
Porque es la movilización de toda esa gente
la única que puede acabar con 11 años de estas políticas y para votar
necesitan ver reflejada en la instancia política la indignación y la
rabia ante tanta infamia continuada.
Si en esta campaña ven eso, hay partido y mucho." (Antón Sánchez
, es diputado en el Parlamento gallego, Sin Permiso, 28/06/20)
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