"Casi 575 solicitudes de información y documentación ha elevado al Parlamento autonómico el Bloque Nacionalista Galego desde el inicio de la presente legislatura. De ellas, alrededor del 75 por ciento siguen sin tener respuesta. Así lo denunció el diputado Daniel Castro quien en comparecencia ante los medios de comunicación habló de “ocultación sistemática” de información por parte del Ejecutivo del PP presidido por Alfonso Rueda desde mayo.
De estas peticiones, auspiciadas por el artículo 9 del reglamento de la Cámara, 343 han cumplido ya más de un año, mientras que cerca de 40 son de 2020. Castro recordó que, a pesar del tiempo transcurrido, el Gobierno gallego “tiene la obligación de responder en el plazo de 30 días hábiles”, pero “no ha tenido a bien hacer en 30 días, ni en 90, en 180, ni en 365 y ni en 750 días en alguno de los casos”, agregó.
La clave a juicio del principal partido de la oposición es el motivo por el cual la Xunta y el Partido Popular ocultan estos datos. De este modo, el diputado nacionalista tras señalar que con esta actitud el Gobierno de Rueda “está ocultando información a la cidadanía y mostrando un total desprecio por la principal institución democrática”, es contundente al preguntarse “para quién gobierna el PP y qué intereses defiende si necesita ocultar información de forma constante y sistemática”. Según sus palabras, este tipo de comportamiento es “opaco, obstruccionista y antidemocrático”.
A la hora de analizar qué materias son ante las que más reacia se muestra la Xunta a la hora de facilitar datos, Castro aseguró que se trata de asuntos de mucha importancia relacionados con la sanidad, las residencias de mayores o la concesión de subvenciones. Asimismo, uno de los aspectos sobre los que llamó la atención y que, hasta ahora, únicamente ha recibido la callada por respuesta institucional tiene que ver con los expedientes sancionadores abiertos a grandes empresas por delitos ambientales o aquella información relativa a sociedades “vinculadas a altos cargos del PP, con relaciones familiares en algunos casos, que contratan con la Xunta”.
El diputado nacionalista puso sobre la mesa ejemplos, siendo el más significativo el caso de las adjudicaciones realizadas por la administración gallega a Eulen desde 2009, “teniendo en cuenta el incremento de facturación pública de esta empresa en la que trabaja casualmente la hermana de Núñez Feijóo, presidente de la Xunta durante 13 años”, hasta que dio el salto a Madrid el pasado mes de mayo.
También insistió en la ausencia de respuesta en la petición de documentación de las ayudas públicas, préstamos y avales concedidos al astillero vigúes de Barreras, tras el “fiasco de Pemex”, sin olvidar las listas de espera hospitalaria o los datos de personas fallecidas por Covid-19 en las diferentes residencias de mayores de Galicia, como otros asuntos sobre los que han cuestionado al Gobierno regional.
El Ejecutivo 'popular', añadió, “oculta también los convenios y contratos del Sergas con empresas de la sanidad privada; los expedientes sancionadores a empresas que tienen concesiones hidroeléctricas; el expediente sancionador a Endesa por vertidos al río Eume; la relación de parques eólicos construídos en los ámbitos de aplicación de Rede Natura; el expediente de declaración Bien de Interés Cultural del Pazo de Meirás o el censo de vivienda vacía”, existente en la actualidad en Galicia.
El BNG anunció que en el próximo pleno del Parlamento autonómico
pedirá las explicaciones oportunas y “no descarta ninguna acción” en
caso de que la respuesta no sea “lo suficientemente explicativa y
satisfactoria”. (elPlural, 26/09/22)
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