"Los técnicos enviados por Bruselas aprovecharon su investigación del
fraude de las plantas de tratamiento de residuos —tras detectar que José
Luis Baltar pudo haber incurrido en los delitos de prevaricación,
tráfico de influencias y falsedad en documento público— y ampliaron su
campo de trabajo a un puñado más de planes subvencionados también en esa
época (entre 2003 y 2005) con fondos comunitarios.
Ahora reclaman a la
Diputación que devuelva otros dos millones de euros. La Oficina de Lucha
contra el Fraude (OLAF) de la UE no encuentra justificación para la
mayoría de las partidas que la Diputación certificó con cargo a fondos
comunitarios. A los inspectores les llamó la atención, entre otras
irregularidades, que Baltar se hubiera gastado parte del dinero que
Europa destinó a la “valorización turística de la Vía Nova” en
patrocinar un rallye y un barco de regatas.
Adjudicaciones “plenas de irregularidades”, incumplimientos
“reiterados” de la normativa de contratación pública, gastos consignados
“sin facturas” por desplazamientos de particulares que no formaban
parte de la plantilla de la Diputación, “ausencia de regla” para
conceder las subvenciones…
Los técnicos de la OLAF relatan
pormenorizadamente los sonados incumplimientos de la ley que autorizó el
fundador del baltarismo y que, en este caso concreto, realizó en su
mayor parte el recientemente destituido responsable del Instituto
Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) José Manuel Freire Couto.
El
informe del organismo anticorrupción detalla cómo, desde el Inorde, se
vulneraron los principios básicos que rigen las contrataciones públicas
en el plan Pedece, dedicado a la cría caballar y formación ecuestre
subvencionado con 1,5 millones por el Feder. La Diputación tendrá que
devolver 1,2 millones correspondientes a la redacción del proyecto, a la
adjudicación y a la adquisición de material. (...)
Otro de los planes investigados, el Proforest, para el cuidado del
patrimonio forestal, resultó ser un cúmulo de anomalías. La UE rechaza
las certificaciones de la Diputación por más de 400.000 euros. El Inorde
imputó gastos de garaje, dietas, locomoción, combustible y
representación que “no son subvencionables”. Asimismo, reclama 1.671,39
euros consignados en concepto de “trabajos de campo” a un particular
ajeno a la institución sin factura justificativa.
En este caso, los
técnicos de la UE alertan del método que eligió el Inorde para emplear
la subvención europea: “delegó las licitaciones en cada uno de los 13
ayuntamientos” en los que se habrían de realizar los trabajos. Además,
cargó gastos de explotación “de otra entidad distinta”, el Instituto do
Campo, dependiente de la Xunta, “sin documentar la relación existente”
entre ambos.
Del Plan Ilumina Limia, para el uso racional de la energía, el
informe de la UE destaca que se adjudicó a dedo tras pedir precios a
tres empresas de Ourense. El Inorde seleccionó a la más barata, pactó
con ella las condiciones económicas y la firma “con cada uno de los 22
municipios” que participaban del plan y “que se comprometían a contratar
los suministros” a la empresa elegida. Tanto la institución provincial
como los ayuntamientos fraccionaron los contratos. Bruselas reclama en
este caso la devolución de más de 709.000 euros.
Especialmente llamativo resultó para los técnicos europeos el destino
de los fondos del Proyecto Vía Nova para la valorización de la antigua
vía romana como ruta turística. El Inorde certificó 472.141 euros y la
OLAF no acepta la justificación de al menos 126.297 correspondientes, de
nuevo, a “gastos no subvencionables” como dietas de alojamiento,
manutención y locomoción del personal del Inorde o gastos de
representación. En este último capítulo, la institución provincial
cargó, por ejemplo, 383,20 euros por una compra a la empresa Aromas de
Vinho do Porto.
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