Urbanización Raeiros en San Vicente del Mar / CARLOS PUGA
"Las excavadoras derribaron 100 construcciones ilegales en Galicia
durante 2013. En las próximas semanas otras 11 serán escombros. Xunta y
ayuntamientos ingresaron el ejercicio anterior 1,24 millones de euros
por multas urbanísticas. (...)
Según consta en los planos de la APLU —el organismo nacido en 2008 con
el bipartito que desde entonces ha echado abajo 300 edificaciones
ilegales— la piqueta se está empleando a fondo contra viviendas
unifamilares, galpones y alguna nave industrial levantados sobre suelo
rústico.
Pero, entretanto, grandes urbanizaciones, complejos
residenciales de lujo y establecimientos hoteleros pegados al mar,
también declarados ilegales con sentencias firmes, sobreviven tras
lustros de burocracia y recursos judiciales.
Un ejemplo paradigmático se da en Fisterra. El Gobierno gallego
amenazó el pasado enero a los propietarios de tres chalés a los pies de
la playa de Mar de Fora con multas de 400.000 euros si no acceden a
derribarlos. El expediente señala que se trata de obras realizadas “sin
licenza ni autorización autonómica en suelo rústico de protección de
costas que cuentan con orden de demolición”. Una infracción muy grave.
Si los dueños aceptan tirarlos por las buenas, verán reducida la sanción
en un 80% de su cuantía.
En ese mismo municipio de la Costa da Morte perviven en la
apelotonada Recta da Anchoa seis edificios con 168 pisos declarados
ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra los que
la Xunta no actúa. Pertenecen a constructoras vinculadas a familiares de
cargos del PP y evidencian el rastro que dejó el desaforado desarrollo
urbanístico de este municipio costero, donde la construcción creció un
444% entre 2004 y 2007.
Un portavoz oficial de la Consellería de Medio
Ambiente alega que “no existe trato desigual” y garantiza que la Xunta
solo espera a tener en su mano todas las sentencias —hay procesos
judiciales que siguen tramitándose en juzgados, algunos con sentencias
favorables a los constructores— para actuar.
En O Grove, pleno corazón de las Rías Baixas, las máquinas
desmontaron el pasado febrero una residencia familiar de madera. El
expediente constata una infracción muy grave por invadir suelo rústico
de protección de costas. En la finca de aquella casita de madera hoy no
queda nada.
A solo unos kilómetros de allí siguen en pie 52 chalés de lujo,
incluidas sus solarium y piscinas saladas, que miran a la playa de Os
Raeiros. La urbanización la levantó en 1991 sobre suelo rústico y con
licencia de apartotel la sociedad Inproin Galicia SL, cuyo administrador
es Fernando Varela, un empresario bien relacionado en el PP, hermano
del anterior conselleiro de Cultura, Roberto Varela.
Tras una catarata
de sentencias que ha llegado al Supremo, el Tribunal Superior de Xustiza
desestimó el pasado 12 de septiembre el último recurso de la promotora y
dio la razón a la Xunta, que inició el proceso en tiempos del
bipartito. La sentencia que ordena la demolición de los 52 apartamentos
de lujo es firme y ejecutiva. Y la APLU, el organismo competente para
proceder a la ejecución forzosa.
De momento, no lo ha hecho. Según
explica un portavoz de la Consellería de Territorio, ese departamento
está pendiente de un informe jurídico porque ve “contradicciones en
varias de las sentencias”. Eso sí, ha impuesto una multa coercitiva que
la constructora ha recurrido.
En Barreiros, donde su alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, quiso
levantar “el Sanxenxo del norte”, la Xunta de Feijóo no solo no forzó la
ejecución de aquellas sentencias que pedían demoler decenas de
edificios sino que impulsó un polémico plan de legalización que acabaron
frustrando los tribunales. Mucho más al sur, el Talaso de Oia también
subsiste pese a haber agotado la vía judicial derrota tras derrota. Su
licencia es nula y debe ser derruido.
La Consellería de Medio Ambiente y
Territorio tiene competencias para apurar la demolición. Pero el
presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado varias veces por buscar un
atajo que le permita sobrevivir. Aduce razones de interés económico y
recuerda que da trabajo a varias decenas de personas.
Los expertos urbanistas consultados para este reportaje admiten que
las instituciones lo tiene más difícil cuando se enfrenta a
inmobiliarias que cuentan con bufetes especialistas en eternizar las
causas para mantener a salvo sus lucrativos negocios.
Y aunque recuerdan
que fue esta APLU quien tiró en 2008 la primera construcción ilegal en
Galicia, después de décadas de impunidad, temen que el organismo se
quede ahora para luchar contra las pequeñas chapuzas sin poder hacer frente a los abusos que tienen detrás grandes intereses económicos." (El País, 15/03/2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario