"En el año 2009, con la crisis económica establecida, Feijóo gana las elecciones en Galicia. Una de sus primeras decisiones fue transformar el proyecto existente de construcción de un nuevo hospital público en Vigo en otro de gestión privada (PFI), que adjudica a una UTE de la que forman parte la Bankia de Rato y la empresa del conselleiro de obras públicas, Agustín Hernández.
Con el fin de mantener el concierto singular del hospital Povisa, del mismo grupo empresarial al que pertenecía la conselleira Mosquera,
el proyecto del nuevo hospital (NHV) pierde tantas camas como contiene
el hospital privado y se queda sin servicios de referencia y sin
laboratorio central, que Feijóo cede a Capio, empresa ya imputada en el
proceso de privatización de la sanidad madrileña.
Tras sucesivas demoras e incumplimientos del contrato, la UTE del NHV
se muestra insolvente e incapaz de llevar a cabo el proyecto, así que
el gobierno popular consigue “dinero público” para financiar el hospital
de “financiación privada”, que sin embargo mantiene el canon acordado
de 73M/año, a los que hay que añadir 75 M /año para el concierto
singular con Povisa y 15 M/ año para fármacos y otros servicios de
referencia que se mantienen en el hospital privado. Una hipoteca de
3260M de euros a pagar en 20 años, frente al proyecto anterior de 1440
camas y un coste total de 458M de euros.
La Xunta de Feijóo cede las 50 residencias
sociosanitarias públicas, con su dotación correspondiente, al fondo de
inversión Magnum, por el módico precio de 45 M de euros. Su gestión
recae en Eulen, empresa en la que figuraba como apoderada la hermana del
presidente gallego.
En unos momentos de gran preocupación por la excesiva dosis de
radiación impartida a los pacientes, tanto en Europa como en EEUU, Feijóo
cede las decisiones sobre la compra de aparatos de alta tecnología, su
ubicación, su gestión y el control de calidad dosimétrica, a las mismas
multinacionales que fabrican y comercializan los equipos, de forma que
se auditan a sí mismas.
La conselleira Mosquera ni
siquiera ha considerado oportuno apoyar la iniciativa parlamentaria de
implantar una cartilla dosimétrica para los niños gallegos, con el fin
de controlar la radiación y las posibles consecuencias a su salud.
La investigación biomédica de los hospitales públicos del SERGAS es
gestionada en “colaboración” con la farmacéutica estadounidense Jonhson
& Jonhson, con lo que conlleva de desprotección de los datos
clínicos y de inseguridad para los pacientes.
La Xunta de Feijóo cede el teléfono de cita previa
en Atención Primaria y el teléfono informativo 012 al fondo de
inversión Netaccede, constituido por exaltos cargos del gobierno
gallego, y con ello toda la información sensible de la población.
Feijóo y Mosquera deciden abrir la Historia Clínica Electrónica (gestionada por Indra, empresa pública privatizada por Aznar y Rato) a los centros sanitarios privados. Sin embargo, impiden a los médicos de los centros públicos el acceso a los datos clínicos y a las exploraciones de sus pacientes, si estas han sido realizadas en determinados centros privados.
Con la nueva “ley de Racionalización del sector público” aprobada
recientemente por Feijóo, se crean diversas agencias para la gestión
privada de la oficina de trasplantes, los bancos de tejidos, el centro de trasfusiones de Galicia, la evaluación de tecnologías y la formación de los profesionales del SERGAS.
Recientemente el gobierno gallego adjudicó la ampliación del Hospital
del Salnés y la construcción de 15 Centros de Salud a la multinacional
Cofely, a pesar de los incumplimientos en los plazos acordados (poniendo
en peligro los fondos FEDER comprometidos, que representan el 80% de la
financiación).
Cofely es la empresa imputada en la operación Púnica, la
trama de corrupción destapada estos días, que consiste en la
adjudicación de contratos y obras públicas a esta multinacional
francesa, a cambio de comisiones ilegales, con 51 afectados, algunos ya
encarcelados.
Puede que las adjudicaciones de la Xunta a Cofely representen una
excepción y se encuentren limpias de polvo y paja, ya veremos. En todo
caso, podemos afirmar que el gobierno de Feijóo, con la connivencia de la Conselleira Mosquera,
ha fragmentado, desmantelado, privatizado y endeudado el sistema
sanitario público de Galicia con total descaro e impunidad, para
beneficio de las empresas privadas vinculadas. (...)" (nuevatribuna.es |
29 Octubre 2014)
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