"El 10 de mayo de 2001 Javier Reguera y Manuel Santiso, investigados
en el caso Pokémon, adquirieron una propiedad en Lugo. Esta contenía
unos terrenos y edificaciones que anteriormente habían pertenecido a un
empresario quesero, y se vendió a un precio muy por debajo de su valor
real, según habría declarado este, debido a las presiones recibidas,
entre ellas un aluvión de multas impuestas por la Policía Local.
Javier
Reguera era entonces funcionario municipal del Ayuntamiento de Lugo,
prestaba servicio en las dependencias de la Policía Local y estaba
encargado de la empresa gestora de la grúa y la el sistema de
apartamiento regulado (ORA). Manuel Santiso administraba la empresa
Construcciones SANLE. Los dos compartirían la titularidad sobre esta
propiedad con Sagrario Vázquez, pareja de Javier Reguera y auxiliar
administrativa en el departamento de sanciones de la Policía Local.
El
30 de julio de 2001 se constituía la sociedad Inmobiliaria Rivamar Lugo
SL, compartida por Juan Carlos Pumares, el constructor Javier Río Vidal
y el inspector de la Policía Local José Ramón Vázquez Río. Su objeto
social era el servicio e intermediación en las actividades
inmobiliarias, a pesar de que la única actividad que realiza en el
ámbito inmobiliario es el arrendamiento de esta propiedad a Javier
Reguera, Sagrario Vázquez y Manuel Santiso.
En octubre, Vázquez Río
comunica a Javier Río Vidal la intención de abrir un prostíbulo. Javier
Río Vidal se encargaría, entre enero y septiembre de 2002, de las obras
de acondicionamiento del local, que comenzaría su actividad aquel mismo
mes de septiembre, pese a no contar con licencia para hacerlo.
Se
trata del club Queens, epicentro del caso Carioca, alquilado a Rivamar
Lugo por José Manuel García Adán, proxeneta que también explotaría el
club La Colina, situado en Outeiro de Rei. Así consta en el auto firmado
por Pilar de Lara que concluye la instrucción de la pieza relativa a
estos dos prostíbulos incluida en el caso Carioca.
PROSTITUCIÓN COACTIVA
En
los locales explotados por García Adán, “las mujeres trabajaban en un
clima absoluto de presión, sometimiento, miedo, intimidación y terror”,
señala el auto, 12 horas diarias por semana y hasta 14 en los fines de
semana, con un único día de descanso (lunes, martes o miércoles). Muchas
de ellas fueron insultadas, humilladas e incluso agredidas con
brutalidad por García Adán.
Otras amenazadas, y le tenían “auténtico
pavor”, tal como recoge el texto, ya que Adán exhibía una pistola (sin
licencia para tenencia de armas) con la que llegó a encañonar a varias
de ellas advirtiéndolas de lo que les podía pasar, por ejemplo, si
pretendían abandonar el club.
Arrastrándolas de los pelos, a patadas, a puñetazos... Así describen
el trato recibido por el proxeneta varias de las mujeres explotadas
sexualmente por él. Algunas de ellas también declararon haber sido
agredidas por su mano derecha, José Manuel Pulleiro Núñez, y por José
Unay Gómez Vila, recepcionista de La Colina encargado del cobro a las
prostitutas.
Alguna fue forzada a abortar sin anestesia, algo que se
juzga en otra pieza separada. Para soportar estas condiciones extremas
de vida algunas accedían a consumir la cocaína que el propio García Adán
les suministraba, algo que a él le permitía engancharlas a la droga y
garantizar su permanencia.
García Adán manifestaba ganar unos
6.000 euros semanales. Le retenía 43 euros diarios a cada una de las
numerosas prostitutas que trabajaban para él y cualquier falta o retraso
era susceptible de conllevar multas abusivas, incluso por enfermedad o
menstruación. Algunas de las mujeres eran captadas para servir también
como camareras sin contrato ni alta en la Seguridad Social en las
“fiestas blancas” (cocaína y prostitución) organizadas por miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y empresarios de gran
poder adquisitivo, muchos de los cuales frecuentaban el local. Algunos
empresarios llegaron a gastar más de 4.000 euros en una sola noche.
Siempre
según el auto, las mujeres “estaban claramente limitadas en su
capacidad para dejar de acudir a los locales”, además de por las
condiciones de trabajo impuestas, “por la pobreza” y “por la situación
de necesidad en la que se encontraban” al tener también familiares a
cargo, “condiciones y circunstancias que eran perfectamente conocidas”
por los proxenetas.
Todo esto fue posible también con la
connivencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo
usuarios habituales del local numerosos miembros, a los que las
prostitutas veían relacionarse con García Adán, que patrocinaba el club
de fútbol de la Policía Nacional. Una de ellas, de hecho, trató de
denunciar la situación en Comisaría y los agentes, según declaró, se
negaron a recoger la denuncia. En alguna ocasión los funcionarios
policiales se presentaban en el club en los vehículos oficiales y
uniformados con el afán de intimidar a las prostitutas.
Las
mujeres eran captadas mayoritariamente en Brasil. La organización
dirigida por García Adán organizaba el viaje, facilitaba el billete de
vuelo y una cantidad de dinero en efectivo que debían mostrar en el
control de entrada para pasar como turistas. De este modo contraían una
deuda que debían devolver prostituyéndose en los clubs Queens -donde
fueron identificadas 20 mujeres con deuda- y La Colina -22 mujeres
identificadas-. En algunos casos estas mujeres podían reducir esta deuda
si hacían ellas mismas de captadoras. Se han identificado hasta ocho
mujeres prostituidas para pagar la deuda contraída por familiares
(mayoritariamente hermanas) o amigas.
PROSTITUCIÓN DE MENORES
La
investigación localizó a una menor de edad ejerciendo la prostitución
en el club Liverpool –algo que fue investigado en la pieza separada
correspondiente a este club de O Corgo (Lugo)– que anteriormente había
sido identificada en el club Queens, donde ejercía la madre de ella. En
la pieza correspondiente al Liverpool se juzgaba por prostitución de
menores al dueño del local y a varios agentes de la Guardia Civil, entre
ellos Armando Lorenzo Torre, a quien se le atribuyen en la pieza
principal del caso Carioca más de 70 delitos como presunto cerebro de la
trama.
El pasaporte de la entonces menor de edad fue falsificado a
bolígrafo azul sobre la tinta negra del documento oficial, cambiando
así el año de su fecha de nacimiento, 1991, por 1990. Para Pilar de Lara
resulta “inexplicable” que los funcionarios policiales dedicados al
control documental de ciudadanos extranjeros no advirtiesen la edad de
la prostituta cuando, precisamente, la identificación efectuada tenía el
objetivo de comprobarla, y en sus bases de datos, que fueron
consultadas por diversos funcionarios policiales en varias ocasiones,
figuraba la fecha real. No obstante, en el atestado hicieron constar la
de 1990. Tras mirar su pasaporte, en palabras de la menor, quedaron
“extrañados” y le dijeron “que no pasaba nada”, dejándola en libertad.
En la pieza relativa al Liverpool, la Fiscalía concluyó que, si “los
propios funcionarios de policía” no se percataron de alteración alguna,
“no se puede exigir al imputado una diligencia y celo mayor en la
comprobación de los datos de nacimiento”, solicitando así el archivo
tanto para los agentes como para el dueño del Liverpool.
Pilar de
Lara, manifiestamente contraria al criterio de la Fiscalía, tuvo que
archivar el caso en la pieza del Liverpool. Sin embargo, en la pieza del
Queens y La Colina a quien se juzga es a García Adán y al encargado de
los clubs, José Manuel Pulleiro, sobre quienes la magistrada incide en
que de las conversaciones telefónicas intervenidas se extrae que ambos
tienen conocimiento de la minoría de edad y se anticipa a las
conclusiones de la Fiscalía: “Que los agentes policiales no hubieran
realizado reseña alguna a la minoría de edad”, señala el auto, no
significa que García Adán y José Manuel Pulleiro la desconociesen, sino
que pudieron cometer un delito de falsedad documental.
Basta, según el
auto, escuchar las fluidas conversaciones telefónicas, intervenidas en
la semana de la identificación, de García Adán con su encargado José
Manuel Pulleiro, con el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre y
con el propio jefe de servicio de extranjería de la comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Lugo, Evaristo Rodríguez.
CONCLUSIONES DE LAS FISCALÍA INCOMPRENSIBLES E INADMISIBLES
La
jueza dedica una tercera parte del auto, de más de cien páginas, a
contradecir las sorprendentes conclusiones de la Fiscalía, que en
diciembre de 2018 solicitó, en un escrito al que O Salto también
tuvo acceso, que la pieza del Queens y La Colina continuase
exclusivamente contra tres personas de las 21 imputadas.
Exculpó a todos
los agentes policiales implicados y limitó la investigación al
proxeneta García Adán, al encargado de los locales José Manuel Pulleiro y
a su expareja. Esta última actuaría como captadora, pero cuenta a su
vez con la condición de víctima de trata y, a criterio de De Lara,
“podría haber actuado bajo la presión de José Manuel Pulleiro”, por
quien hay indicios de que sería maltratada y quien, además, “aportó
datos muy relevantes para la investigación” prestando una “colaboración
esencial con la Administración de Justicia”.
Francisco Javier
Fernández Becerra, yerno de un camarero del Queens, ejercía como agente
policial destinado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. El caso investiga
si colaboró con la organización permitiendo el acceso y tránsito de las
mujeres que serían explotadas sexualmente por García Adán, así como la
falsificación de pasaportes para hacer constar que las mujeres salieron y
volvieron a España, prolongando así sucesivamente su estancia como
turistas por periodos de tres meses. Para la Fiscalía, su participación
no queda acreditada al no existir registro oficial de las cabinas en las
que desempeñó su trabajo.
Según el auto, constan dos envíos a nombre de García Adán, con quien
también se vería frecuentemente en Madrid, en ocasiones para entregarle
pasaportes en mano, según varios testimonios (entre ellos el de
exparejas del propio García Adán que identifican fotográficamente al
funcionario), además de reunirse con José Manuel Pulleiro en Lugo.
Mantenían un contacto fluido, llegando a intervenirse más de 60
conversaciones telefónicas, en las que se referían al agente como
“Paco”.
“Numerosísimos” testigos, indica el texto, avalan que su
puesto era la cabina 16 del Aeropuerto de Barajas, por la que García
Adán y José Manuel Pulleiro indicaban a las mujeres que debían pasar.
Varias de ellas lo describen físicamente y lo identifican
fotográficamente. Algunas lo vieron varias veces en el Queens con José
Manuel Pulleiro. Pero, “por si fuera poco”, dice el auto, la Fiscalía
obvió una prueba “revelantísima” [sic]: en el armario de Becerra se
encontró una nota con los nombres de tres mujeres que contrajeron deuda
con García Adán y el vuelo correspondiente. Teniendo en cuenta todos
estos datos la instructora entiende que, “cuando menos, existen indicios
serios, racionales y más que suficientes como para que sea en el acto
del juicio oral donde pueda resolverse sobre su responsabilidad”.
Al
agente de la Policía Local Manuel Álvarez Castro Pilar de Lara le
atribuye delitos de tráfico de munición y cohecho, también en contra del
criterio de la Fiscalía. A García Adán le fueron incautadas varias
armas, algunas modificadas, y una gran cantidad de cartuchos de
diferentes marcas y calibres. Varias testigos identifican a Manolo, 'el
Coletas', como el agente que le proporcionaba la munición y una de las
exparejas de García Adán, que lo identifica fotográficamente, declaró
que lo vio llevándole balas “pequeñas y grandes”. Este agente era
cliente habitual del Queens y no pagaba nunca las consumiciones.
Especial
atención de la magistrada recibe la figura de Vázquez Río, frente a las
conclusiones de la Fiscalía “que ni se comparten ni se comprenden”,
según la cual el sargento de la Policía Local desconocería que se estaba
llevando a cabo prostitución coactiva y tráfico clandestino de
personas, en contra de las pruebas practicadas, y que desliga la vida
privada de la profesional.
Vázquez Río era un cliente habitual
del Queens, donde no pagaba consumiciones (algo que, según la Fiscalía,
no se debería a su condición de policía, sino a un trato de cortesía), y
también accedió a servicios sexuales gratuitos o por más tiempo del
estipulado y habría forzado a las prostitutas a actos y prácticas
sexuales contra su voluntad bajo amenazas. No solo tendría conocimiento
de los delitos infringidos por García Adán, sino que colaboraría en su
comisión.
Tal como recoge el auto, el grado de implicación del
sargento de la Policía Local sería tal que compartía la gestión del
local con García Adán, según numerosos testigos. Entraba al local por la
puerta de acceso de las mujeres (no de los clientes) y accedía a todas
las dependencias del club, estuviera o no García Adán. También sacaba a
las mujeres del club sin pedir permiso y se vio en bastantes ocasiones
en la oficina con García Adán. De hecho, alguna mujer declaró que con
quien habló para trabajar en el Queens fue con Vázquez Río y no con
García Adán.
Para la jueza, “tampoco puede admitirse” que no
supiese de la actividad de prostitución coactiva y tráfico clandestino
porque todo apunta a que participó del negocio, pasaba el día y las
horas en el interior del club y controlaba su actividad y rendimiento
económico. Incluso acudió él mismo al aeropuerto de Santiago a recoger a
mujeres de Brasil que venían con deudas.
Vázquez Río se encargó
de las cuestiones relativas a las licencias del local, del suministro de
la energía eléctrica y de contratar la pintura de la facha del club.
También de la instalación de las rejas, persianas, ventanas, del
revestimiento exterior, los rótulos, etc. Además, la sociedad Rivamar
Lugo, cuya única actividad había sido interceder entre García Adán y los
propietarios de la parcela y las edificaciones, no obtuvo ningún
beneficio económico; es decir, actuó como una mera sociedad
instrumental. Además, según sus socios de Rivamar, sus firmas fueron
falsificadas y desconocían la actividad de arrendamiento y
subarrendamiento de club, y cuando dejó de ser Rivamar la arrendataria
de la propiedad siguió encargándose Vázquez Río personalmente de
interceder entre García Adán y Javier Reguera.
Y es que, según se
recoge en el auto, la amistad entre García Adán y Vázquez Río se remonta
a años antes de abrirse el club, cuando García Adán se encargaba de
otros prostíbulos. El sargento de la Policía Local había sido visto
ayudando al proxeneta a ocultar pruebas tras apuñalar a una persona
hasta dejarla con el pulmón a la vista, algo que corroboraron agentes
policiales compañeros de Vázquez Río, que lo vieron pasándole la mano
por el hombro a García Adán para tranquilizarlo.
Así, Pilar de
Lara atribuye a García Adán y José Manuel Pulleiro delitos de
prostitución coactiva (junto con Unay Gómez), contra los derechos de los
trabajadores y ciudadanos extranjeros, tráfico clandestino de personas
con fines de explotación sexual (junto con la ex pareja de Pulleiro),
prostitución de menores, amenazas y asociación ilícita. También
constituirían asociación ilícita Unay Gómez, la expareja de Pulleiro y
Francisco Fernández Becerra.
A García Adán le atribuye además los
delitos de falsedad documental, tenencia ilícita de armas, depósito de
munición, tráfico de drogas y cohecho; a Manuel Álvarez Castro tráfico
de munición y cohecho continuado, y a Vázquez Río la omisión del deber
de perseguir delitos y los delitos continuados de cohecho y de
colaboración con el delito de prostitución coactiva.
LA XUNTA PUEDE PERSONARSE
Como
ya hizo en la pieza principal del caso Carioca, la magistrada le ofrece
a la Xunta de Galicia la posibilidad de personarse como acusación
popular. De hacerlo, podría asegurar la justicia a las víctimas de trata
que ven cómo la línea seguida por la Fiscalía es la de solicitar el
archivo de la mayor parte de la macrocausa, tanto en esta como en otras
piezas, archivo que la jueza está forzada a conceder de no formularse
ninguna otra acusación. A tenor del escrito presentado por el Ministerio
Fiscal, parece improbable que, si de él depende, el resultado para los
agentes policiales sea otro que la impunidad." (Fran Pérez, El Salto, 16/06/19)
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