31/3/14

Louzán copió un catálogo comercial en un concurso de 950.000 euros

Alfonso Rueda, Rafael Louzán y Amancio Varela, en el estreno de un centro de datos en la Diputación

"La Diputación de Pontevedra decidió en 2011 renovar sus impresoras. No era una tarea menor. 

Para sus dependencias y las de sus organismos asociados la institución requería más de 250 máquinas, desde impresoras de oficina estándar hasta multicopiadoras. Así que en septiembre de ese año la junta de gobierno presidida por Rafael Louzán mandó sacar a concurso público un contrato para el alquiler de equipos, suministro y mantenimiento durante cuatro años, por un importe total que finalmente fue de 948.719, 24 euros. 

Solo se presentó un candidato, Ricoh, una multinacional cuyo distribuidor en la provincia es la empresa Documentación e Imagen del Noroeste (DIN), compañía que tuvo la fortuna de que el pliego de condiciones del contrato calcase casi punto por punto las especificaciones técnicas de su catálogo.

Por su cuantía, el concurso se publicó hasta en el Diario Oficial de la Unión Europea, aunque es improbable que unos hipotéticos competidores suecos hubiesen tenido opciones. El 40% de la puntuación lo marcaban las detalladas exigencias técnicas del ente provincial, que dividió el tipo de equipos necesarios en siete categorías.

 Las dos primeras, que describen los requisitos de impresoras láser de oficina convencionales, una en blanco y negro y otra en color, ya valen para eliminar a la competencia. Se fijan características mínimas como las medidas de las máquinas (ancho, largo y también alto), la velocidad en que tardan en calentarse, cuánto tardan en imprimir la primera página y cuántas páginas por minuto imprimen; también se considera determinante el número de hojas que se pueden introducir o retirar de una tacada.

Un repaso a las características de los modelos de Ricoh de aquel año muestra que, por ejemplo, la impresora que no debe superar los 40 centímetros de ancho, 45 de largo y 32 de alto tiene exactamente esas medidas, que tiene justamente los 128 megabytes de memoria mínimos, que tarda en calentarse menos de 48 segundos —el pliego marca un tope de 49— o que admita el uso de papel “reciclado, normal, brillante, grueso, fino, etiqueta, de color -el pliego se ahorra la coma en este punto y lo llama etiqueta de color, preimpreso, preperforado” y otros.

 Son los mismos descritos, con la misma terminología, por el redactor del pliego, en una serie de calcos sucesivos que también cubren el número y capacidad de las bandejas y extensiones de memoria opcionales. Las coincidencias continúan en los requerimientos para los equipos de mayor categoría, con un cierto relajamiento en los más grandes.

El autor del pliego técnico es Amancio Varela, responsable de Novas Tecnoloxías tanto en la Diputación como, desde el año pasado, el PP provincial, que accedió a dar explicaciones sobre el asunto en un encuentro en el que estuvo acompañado por el jefe de Contratación, Pablo Montero.

 Varela aduce que las medidas ajustadas de las impresoras se determinaron por el tamaño reducido de las mesas de la Diputación. Los dos modelos de impresora más pequeños suman 148 de las 255 máquinas que solicitaba el ente provincial. Admite que no se midieron todas las mesas pero sí “algunas” y que, con todo, finalmente hubo que sustituir al menos tres.

Sobre la importancia de que un secretario necesite que una impresora se caliente en menos de 49 segundos y ni uno más, Montero tercia que ese tipo de requisitos es igual que “cuando se compran camiones, que miras la potencia”. El pliego, por cierto, no da importancia al peso de los equipos.

Sobre la equivalencia perfecta entre el catálogo de Ricoh y las exigencias de la Administración provincial, Varela arguye que a la hora de redactar el pliego “se coge una referencia” pero asegura que comprobó “que había tres empresas que cumplían las características” de las que dice recordar solo a Konica.

 “Tengo que cubrirme las espaldas”, justifica. Un repaso por los modelos actuales de varias compañías no avala tal afirmación. Tanto para HP como para Konica Minolta, Canon, Samsung, Epson y Xerox solo las dos primeras categorías de equipos ya bastan para excluirlas."        (El País, 23/03/2014)

28/3/14

Emigrantes retornados protestan contra las multas de Hacienda por sus pensiones. Multa a familiares de emigrantes muertos por no declarar pensiones

 Manifestación en A Coruña / CABALAR (EFE)

"Más de mil emigrantes retornados se han manifestado en A Coruña en contra de las multas impuestas por Hacienda por no declarar las pensiones del extranjero y para exigir que se paralicen los expedientes ya abiertos o la apertura de nuevos

.La manifestación, convocada por la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados, ha contado con la participación de un total de 21 plataformas comarcales, que han hecho sonar sus silbatos durante todo el recorrido.

La protesta partió de la plaza de Vigo y finalizó ante la Delegación de la Agencia Tributaria en Galicia, donde han hecho entrega de 25.000 firmas que han recogido para reclamar "que se revoquen todos los expedientes sancionadores y que paren los que se van a iniciar", ha señalado el portavoz de la Coordinadora, Xosé Lois Leirós. Además, ha reclamado la "modificación" de la ley aprobada en 2006 "y que nos golpea", ha sintentizado en relación a las multas impuestas a emigrantes retornados por no declarar sus pensiones del extranjero.

El portavoz de la Coordinadora ha asegurado en declaraciones recogidas por Europa Press que carecen de una estimación del total de sanciones impuestas, pero ha precisado que van "como mínimo desde los 3.000 euros a 5.000, 18.000 ó 30.000 euros", ha apostillado al citar algunos ejemplos. 

En la misma línea, ha indicado que carecen del dato de número de afectados en Galicia, aunque ha cifrado en torno "a 250.000 o 300.000" los posibles perjudicados. "Nos pilla a todos los emigrantes", ha dicho en alusión a la situación de un colectivo "con dos pagadores", por las pensiones percibidas en España y fuera de este país.

Por otra parte, ha remarcado que los perjudicados tienen, en su mayoría, "entre 70 y 90 años". "Nos llaman defraudadores cuando somos emigrantes", ha recalcado Leirós, quien ha insistido en que no se les informó de que debían declarar las pensiones del extranjero. Por ello, además de revocar los expedientes en marcha, ha pedido una campaña informativa "y en condiciones para saber nuestras obligaciones y derechos", ha apostillado. 

Asimismo, coincidiendo con la protesta, ha denunciado que "el Estado español lleva, como mínimo desde 2006, preparando el terreno para esta estafa cambiando los convenios bilaterales", ha recalcado sobre los suscritos con otros convenios.

 En la Delegación de la Agencia Tributaria en Galicia, los participantes en la protesta, que han portando pancartas con lemas como 'Justicia e igualdad para los emigrantes retornados', 'Somos emigrantes, no defraudadores', han hecho entrega también de un documento, dirigido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con sus reivindicaciones."                (El País, 05/03/2014)


"Multa a familiares de emigrantes muertos por no declarar pensiones.

 Las multas que la Agencia Tributaria ha comenzado a imponer a emigrantes retornados que no declararon sus pensiones extranjeras desde 2008 se extienden incluso entre los difuntos.

 Hacienda está multando a familiares de emigrantes fallecidos con sanciones de 200 euros por cada ejercicio no tributado correctamente por su pariente retornado. Además exige la presentación inmediata de una declaración complementaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el pago de impuestos atrasados en caso de resultar positiva.

Los requerimientos son enviados directamente a sucesores de los fallecidos. En los escritos se explica que con la información que obra en poder de la Administración “se pone de manifiesto que el contribuyente identificado en la cabecera ha percibido rendimientos derivados de pensiones satisfechas en el extranjero y no consta que haya cumplido con la obligación de presentar la declaración anual” del impuesto sobre la renta. 

La Agencia Tributaria se encarga de recordar al familiar del emigrante que su pariente “ha fallecido por lo que de acuerdo con la Ley General tributaria y el Real Decreto 1065/2007, se le comunica que está obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes”. Hacienda aclara que si existen otros sucesores, deberá ser este familiar el encargado de identificar y detallar la proporción que aportará cada uno de ellos. (...)

Los nacionalistas recuerdan que los “emigrantes que tuvieron ingresos inferiores a 11.200 euros anuales no están obligados a someterse a este atraco a mano armada”, algo que Hacienda olvida aclarar en esos escritos. “Es un atraco, porque además en muchos casos los afectados también lo son por el timo de las preferentes”, explica la diputada Tareixa Paz.

 El BNG anuncia que en próximos días convocará actos de protesta. “Estamos ante un nuevo engaño masivo. El Gobierno organiza amnistías fiscales a la carta para grandes evasores fiscales que campan a sus anchas, pero a las personas del común se las machaca”, denuncia Paz."               (El País, 20/06/2013) 

27/3/14

A Xunta pagará 50.000 euros por outro novo posto de alto cargo en Montevideo... un posto de comisario político para captar votos no exterior

"Faise imprescindible a creación do de Secretario/a da Delegación da Xunta en Montevideo”. Con este argumento xustifica a Consellería da Presidencia a creación dun novo posto de alto cargo que lle custará aos galegos 50.000 euros ao ano. E iso acontece mentres se eliminan postos de traballadores noutras delegacións, como a de Arxentina.
Segundo denuncia a CIG-Autonómica, o perfil do posto deixa entrever que "a creación ten nomes e apelidos" xa que se trata dun posto de libre designación que se abre a persoal funcionario dos concellos no que se valora como mérito a licenciatura en dereito e a experiencia en xestión económica, entre outros.
 "Estes méritos non resultan ningunha limitación cando estamos a falar dun posto que se cubre a dedo, o único requisito é ser persoal funcionario de algunha Administración pública", sinala nun comunicado.

Para conseguir o crédito orzamentario para este novo alto cargo, a Xunta explica que amortiza 3 postos base (conductor/a, telefonista e limpador/a) e estas reducións súmanse aos máis de 100 postos de traballo que xa eliminaron nunha recente reforma anterior.
Este novo secretario da Xunta en Montevideo, súmase ao que a Xunta xa ten en Arxentina, delegación que, ademais, recurtou o número de traballores pero non o salario dos seus altos cargos. "Baixo a xustificación de falta de persoal que desenvolva o traballo diario, privatiza os servizos públicos que ata vai pouco eran realizados por persoal propio", denuncia a CIG ao calificar este novo posto de designación "a dedo". 
"Resulta inxustificable que nunha época de brutais recortes sobre os servizos públicos e sobre os postos que os fan posibles, veña agora o PP e atope 50.000€ ao ano para pagar un posto de comisario político para captar votos no exterior", conclúe."      (Galicia Confidencial, 12/03/2014)

26/3/14

La Xunta demolió 111 obras ilegales el último año, la mayoría casas unifamiliares y galpones, mientras urbanizaciones y hoteles con órdenes de derribo siguen en pie

Urbanización Raeiros en San Vicente del Mar / CARLOS PUGA

 "Las excavadoras derribaron 100 construcciones ilegales en Galicia durante 2013. En las próximas semanas otras 11 serán escombros. Xunta y ayuntamientos ingresaron el ejercicio anterior 1,24 millones de euros por multas urbanísticas. (...)

  Según consta en los planos de la APLU —el organismo nacido en 2008 con el bipartito que desde entonces ha echado abajo 300 edificaciones ilegales— la piqueta se está empleando a fondo contra viviendas unifamilares, galpones y alguna nave industrial levantados sobre suelo rústico. 

Pero, entretanto, grandes urbanizaciones, complejos residenciales de lujo y establecimientos hoteleros pegados al mar, también declarados ilegales con sentencias firmes, sobreviven tras lustros de burocracia y recursos judiciales.
 
Un ejemplo paradigmático se da en Fisterra. El Gobierno gallego amenazó el pasado enero a los propietarios de tres chalés a los pies de la playa de Mar de Fora con multas de 400.000 euros si no acceden a derribarlos. El expediente señala que se trata de obras realizadas “sin licenza ni autorización autonómica en suelo rústico de protección de costas que cuentan con orden de demolición”. Una infracción muy grave. Si los dueños aceptan tirarlos por las buenas, verán reducida la sanción en un 80% de su cuantía.

En ese mismo municipio de la Costa da Morte perviven en la apelotonada Recta da Anchoa seis edificios con 168 pisos declarados ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra los que la Xunta no actúa. Pertenecen a constructoras vinculadas a familiares de cargos del PP y evidencian el rastro que dejó el desaforado desarrollo urbanístico de este municipio costero, donde la construcción creció un 444% entre 2004 y 2007. 

Un portavoz oficial de la Consellería de Medio Ambiente alega que “no existe trato desigual” y garantiza que la Xunta solo espera a tener en su mano todas las sentencias —hay procesos judiciales que siguen tramitándose en juzgados, algunos con sentencias favorables a los constructores— para actuar.

En O Grove, pleno corazón de las Rías Baixas, las máquinas desmontaron el pasado febrero una residencia familiar de madera. El expediente constata una infracción muy grave por invadir suelo rústico de protección de costas. En la finca de aquella casita de madera hoy no queda nada.

A solo unos kilómetros de allí siguen en pie 52 chalés de lujo, incluidas sus solarium y piscinas saladas, que miran a la playa de Os Raeiros. La urbanización la levantó en 1991 sobre suelo rústico y con licencia de apartotel la sociedad Inproin Galicia SL, cuyo administrador es Fernando Varela, un empresario bien relacionado en el PP, hermano del anterior conselleiro de Cultura, Roberto Varela.

 Tras una catarata de sentencias que ha llegado al Supremo, el Tribunal Superior de Xustiza desestimó el pasado 12 de septiembre el último recurso de la promotora y dio la razón a la Xunta, que inició el proceso en tiempos del bipartito. La sentencia que ordena la demolición de los 52 apartamentos de lujo es firme y ejecutiva. Y la APLU, el organismo competente para proceder a la ejecución forzosa.

 De momento, no lo ha hecho. Según explica un portavoz de la Consellería de Territorio, ese departamento está pendiente de un informe jurídico porque ve “contradicciones en varias de las sentencias”. Eso sí, ha impuesto una multa coercitiva que la constructora ha recurrido.

En Barreiros, donde su alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, quiso levantar “el Sanxenxo del norte”, la Xunta de Feijóo no solo no forzó la ejecución de aquellas sentencias que pedían demoler decenas de edificios sino que impulsó un polémico plan de legalización que acabaron frustrando los tribunales. Mucho más al sur, el Talaso de Oia también subsiste pese a haber agotado la vía judicial derrota tras derrota. Su licencia es nula y debe ser derruido.

 La Consellería de Medio Ambiente y Territorio tiene competencias para apurar la demolición. Pero el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado varias veces por buscar un atajo que le permita sobrevivir. Aduce razones de interés económico y recuerda que da trabajo a varias decenas de personas.

Los expertos urbanistas consultados para este reportaje admiten que las instituciones lo tiene más difícil cuando se enfrenta a inmobiliarias que cuentan con bufetes especialistas en eternizar las causas para mantener a salvo sus lucrativos negocios. 
Y aunque recuerdan que fue esta APLU quien tiró en 2008 la primera construcción ilegal en Galicia, después de décadas de impunidad, temen que el organismo se quede ahora para luchar contra las pequeñas chapuzas sin poder hacer frente a los abusos que tienen detrás grandes intereses económicos."            (El País, 15/03/2014)

25/3/14

Barreiros, el 'número uno' de Rajoy en el Senado, cercado por el 'Pokemon'

"(...) La responsabilidad nacional de Barreiro (Lugo, 1957) en la Cámara Alta, sin embargo, supera con mucho la de cualquier alcalde o concejal relacionado o implicado con las distintas tramas gallegas, por lo que la inquietud en las filas conservadoras crece a medida que se conocen detalles de la operación Pokemon y la estrecha vinculación del también presidente del PP lucense con los capos de la trama, recogida en el sumario judicial. Barreiro es gallego, y aunque no pertenece estrictamente al círculo de confianza de Mariano Rajoy, lo acompaña frecuentemente en sus visitas a Galicia y mantienen un trato cercano, que se ha estrechado con el tiempo y el paisanaje

 El alcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSOE), imputado en la operación Pokemon por recibir presuntamente dinero de la trama a cambio de adjudicaciones del Ayuntamiento, ha reiterado una y otra vez que espera "que a Xustiza sexa igual para todos" y se pregunta por qué la jueza de Lara no llama a declarar a Barreiro. (...)

 El Chino, apodo que la trama adjudica al portavoz del PP en la Cámara Alta, es un habitual de los contactos telefónicos y las reuniones con José María Tutor, delegado de Vendex en Galicia, y Javier Reguera, responsable de la empresa concesionaria del sistema ORA en Lugo -filial, asimismo, del grupo Vendex-, y ambos representantes del verdadero cerebro de la red, Gervasio Rolando Rodríguez, responsable en el ámbito nacional de esta empresa. Vendex constituye el epicentro de operación Pokemon, desde donde se efectúan los presuntos pagos a cambio de favores y contratos en las administraciones, se hacen los regalos a los benefactores públicos, se enchufa a los recomendados, etc. (...)

Barreiro llama y recibe llamadas constantes de Tutor y/o de Requena. Cinco recogidas en esta parte del sumario de De Lara. También se reproducen dos encuentros de Tutor y Barreiro en las siete páginas, uno en la sede del PP de Lugo (6 de julio de 2012: "Barreiro le pregunta [a Tutor] cómo anda, que le dijeron que está en la ciudad amurallada [Lugo]. Tutor le dice que está en la ciudad amurallada.

 Barreiro le dice que le pidieron que le dejara (a Tutor) un papel con una información. Tutor le dice que lo ve. Barreiro le dice que va a estar en la sede un rato (...) Tutor se acerca un momento") y otro, en el aparcamiento del aeropuerto de A Coruña, éste documentado con un vídeo de Vigilancia Aduanera (13 de julio de 2012:

 "Sobre las 17:40 horas, se observa a José Manuel Barreiro Fernández en la salida de pasajeros, quien se dirige hacia las oficinas del parking del aeropuerto, momento en el que permanece por un espacio breve de tiempo hablando con José María Tutor Lemos, para acto seguido, despedirse y dirigirse al sótano -1 del parking, abandonando el mismo en vehículo particular") (...)

Los asuntos que podían traerse entre manos, según el sumario, eran que "el SR BARREIRO influyera en los concejales de LUGO para que dejen de criticar la gestión de DOAL [filial de Vendex] relacionada con la ORA, máxime tras la sentencia del TSJ GALICIA anulando la concesión, debido a las críticas surgidas en diversos medios de comunicación" o en "tratar de influir en la estimación del recurso interpuesto en SANTIAGO en el concurso de la ORA, que habrían obtenido de no haber abandonado la alcaldía GERARDO CONDE ROA". 

De las conversaciones que Tutor y Reguera mantiene sobre el Chino, se traduce un trato habitual y confiado con el portavoz del PP en el Senado, hasta el punto de creer que Barreiro debe relajarse: "Reguera dice que él (el Chino), después de ver a Tutor, va a cortar el viento. Tutor dice que debería, que no lo corten de la noche a la mañana, pero que empiece a relajar". 

En su declaración ante la jueza De Lara, Reguera confesó que Vendex contrató como "vigilante de la ORA" a un trabajador ("Fidel") por "enchufe" de Barreiro, que tenía "interés" en que así fuera. Asimismo, el encargado de la filial DOAL dio por hecho en esa misma comparecencia que su jefe Tutor "pidió" al dirigente del PP que "cesase el acoso mediático" de su partido a la gestión del servicio en Lugo. "               (Público, 20/02/2014)

24/3/14

La Xunta pagó un barco al jefe de Vendex con subvenciones a la investigación

"Entre presunto soborno y soborno, los directivos del Grupo Vendex tuvieron tiempo para surcar los mares gracias a fondos públicos. Según informes de Vigilancia Aduanera incluidos en el sumario de la Operación Pokémon, José María Tutor, jefe regional de la empresa, urdió un plan a fin de lograr una subvención de la Xunta para un barco.

 Y tuvo éxito. El Gobierno gallego le pagó 40.000 euros a través de la Dirección Xeral de I+D+i de la Consellería de Industria como ayudas al “fomento de la investigación y la innovación empresarial”.

 La dirección encabezada por Ricardo Capilla envió un correo electrónico el 5 de diciembre de 2011 a Sintrasa, una de las empresas de la maraña de Vendex, informando de la concesión de 40.000 euros. A partir de ese momento, Tutor se enfrascó en una espiral de llamadas telefónicas para conseguir facturas falsas que respaldasen la subvención. Entre motor y casco, inicialmente solo conseguía justificar 25.000 euros. 

Para falsear facturas contactó con Guillermo F., El buceador, que gestionaba Nauga, un negocio de buceo de A Coruña también de Vendex. Tras varias llamadas, acordaron hacer un “ida y vuelta”, consistente en emitir la factura, pagarla y devolver el dinero excedente. Tres semanas después del correo de la Xunta confirmando la subvención, la empresa presentó los documentos, entre ellos las facturas ficticias. 

Entre el 27 y el 30 de diciembre la actividad telefónica de Tutor y El buceador echaba humo. El jefe de Vendex ordenó que pidiese la factura al astillero por medio de un intermediario: “Para no liarla y que no me toquen los cojones con el tema”.

La víspera del día de Reyes de 2012, con la subvención tramitada satisfactoriamente, Tutor telefoneó a su empresa para preguntar si Astec, el astillero que, según Aduanas, colaboró en el fraude con un presupuesto ficticio, había devuelto los 15.000 euros sobrantes. “La compra fue cojonuda”, aseguró el jefe. “Con 25.000 euros adquirieron un barco y dos lanchas sin motor”, concretan los investigadores.

Aunque no todo salió bien. A finales de marzo de 2012, cuando tocaba cuadrar las cuentas del primer trimestre, una de las empleadas de la sede central de Vendex discutió con Tutor. “Para estos chanchullos podías haber llamado antes para hacerlo de otro modo”, le espetó.

 “Las cosas no están bien hechas y esto es una merienda de negros porque pagamos una factura por un barco que no está inventariado y nos van a venir encima”. Justo antes de cerrar la operación supuestamente fraudulenta, Tutor dijo El buceador: “Hay que hacerlo bien que [la empleada] es muy estrecha y va a poner problemas”. Vendex poseía una cuenta bancaria con fondos exclusivos para barcos.
 
La Agencia Tributaria les atribuye delitos de falsedad documental y fraude en subvención, acusaciones ratificadas por la juez en un auto. Sintrasa, la empresa de Vendex que se benefició de la subvención, ejerce como concesionaria del Ayuntamiento de A Coruña."                  (El País, 03/02/2014)

21/3/14

El concello coruñés construye un caro túnel en el centro que genera creciente rechazo social. Costará 50 millones. No se sabe cómo se pagarán

"Las excavadoras comenzarán en unos días a perforar las entrañas del centro neurálgico de A Coruña, la Marina cuyos edificios de galerías y la dársena donde atracan pequeños pesqueros, yates de recreo y grandes cruceros conforman la postal típica de la ciudad.

 El objetivo es construir un costoso túnel de un kilómetro para enterrar el tráfico en esta emblemática y protegida fachada al mar de la capital provincial. Un viejo proyecto que llevaba años aparcado por falta de dinero para afrontar la compleja tarea de reorganizar una zona de alto valor patrimonial y turístico de la ciudad. 

Hasta ahora. Ni la persistente crisis, ni los incesantes recortes en todo tipo de inversión y servicio públicos, ni el reguero de críticas que levanta una carísima iniciativa tachada de “faraónica”, “innecesaria” y “caprichosa” son obstáculos para el PP en su afán de acudir a las elecciones municipales de 2015 con una gran aunque parcial transformación del corazón de la ciudad en la que gobierna por primera vez en democracia.

Resulta incluso un misterio cómo se pagará la factura de una obra pública que, en total, supera los 50 millones de euros. El gobierno local, que cargará a las arcas municipales el grueso del ambicioso proyecto, rehúsa dar cifras y precisar presupuestos. Lo único claro, según el alcalde, Carlos Negreira, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, es la fecha prevista de inauguración: será dentro de un año, dos meses antes de la cita con las urnas. 

La Marina y su costado izquierdo, el antiguo muelle de O Parrote que lleva siete años abierto en canal por la controvertida y difícil construcción de un ahora casi finalizado aparcamiento privado, constituirán una gran explanada peatonal a pie de mar, 52.000 metros cuadrados en total.

Solo la construcción del vial subterráneo de cuatro carriles de la Marina, que conectará con el que atraviesa la plaza de María Pita y con el que se está terminando para entrar y salir del nuevo aparcamiento de O Parrote, costará 10,8 millones de euros. El puerto, que adjudicó la obra a la constructora Copasa con una sustancial rebaja del precio inicial, aportará dos millones. Nada más pese a ser terreno de su competencia.

 El Ayuntamiento paga el resto. Y también la urbanización de la superficie peatonal. Serán varios millones de euros pero su coste real aún “está por definir y cerrar”, indicó a este diario el equipo de Negreira. Insiste en que aún pueden aportar dinero “otras Administraciones”. Pero de momento, ni Fomento, de quien depende el puerto, ni la Xunta han prometido un euro.

El alcalde nunca ocultó, desde que tomó el bastón de mando en junio de 2011, que su prioridad es este ambicioso y caro proyecto en un zona declarada Bien de Interés Cultural y puerta de entrada de la Ciudad Vieja de A Coruña.

 Aprovechando la imperiosa necesidad de solucionar el gran agujero de O Parrote, una obra empantanada años por la aparición de valiosos restos de la antigua muralla de la ciudad, el alcalde no dudó en saltarse etapas y planificaciones anteriores o pendientes para conseguir su propósito. “O se hace ahora o no se podrá hacer ni en 50 años”, acostumbra a defenderse Negreira.

Aparcó otras importantes actuaciones para una zona emblemática, la Ciudad Vieja y Pescadería, que llevan ya casi cuatro años esperando la revisión en trámite de su plan especial de protección y reforma interior (Pepri). En la Marina se va a enterrar el tráfico pero los coches seguirán teniendo manga ancha para invadir el vecino y dañado casco histórico de A Coruña. 

Su tan reclamada peatonalización sigue sin fecha. No aparece en el plan de movilidad urbana que presentó la semana pasada el gobierno de Negreira. Y de nada sirvió hasta el momento que en la memoria del Pepri se advierta sobre la posibilidad de que un túnel en la Marina “se convierta en un efecto llamada al tráfico” y aumente, en vez de reducir, el número de vehículos que acceden al barrio histórico.

El rechazo al proyecto estrella de Negreira no solo es de la oposición municipal en bloque, que claman contra el “despilfarro” del nuevo túnel, sino creciente entre agentes sociales y vecinales de la ciudad. A las protestas de los vecinos de la Ciudad Vieja, se han unido las asociaciones de Monte Alto y A Gaiteira, este último un barrio bastante alejado del centro. 

Incluso se constituyó una plataforma contra las obras de la Marina que tiene previsto manifestarse cada jueves contra un proyecto que ven “faraónico” e incluso “inmoral en esta época de penurias y restricciones”. Entre los arquitectos de la ciudad el túnel también es objeto de crítica.

El gobierno local hizo caso omiso del proyecto del urbanista José González Cebrián, ganador del concurso de ideas que Ayuntamiento y Autoridad Portuaria fallaron en 2007. Y encargó al arquitecto Luis Collarte el diseño del túnel y la futura explanada, de cuya configuración aún poco se sabe aparte de incluir juegos infantiles y árboles para reponer las decenas taladas en las últimas semanas.

 “Ya se verá como queda”, dice el equipo de Negreira. Las incógnitas han disparado las críticas. ¿Cómo pondrá en valor, por imperativo de Patrimonio, los restos de la ancestral fortificación que aparecerán al perforar el túnel? ¿Cómo se organizará el acceso restringido para residentes, vehículos de emergencia, buses y taxis? Lo único claro es por ahora que las obras arrancan ya."          (La Voz de Galicia, 10/03/2014)

20/3/14

Fenosa facturó 400.000 euros de más a pequeños Ayuntamientos ourensanos

"Gas Natural Fenosa ha cobrado indebidamente desde 2009 hasta 2013 el consumo del alumbrado público al menos a una docena de pequeños ayuntamientos de la provincia de Ourense. En total, 400.000 euros por encima del precio legal, de los que la eléctrica, que ha reconocido el error de las facturas emitidas, solo accede a devolver los correspondientes al último año reclamado.

 Después de que los alcaldes afectados anunciaran que acudirían a la vía judicial ante el silencio de la Xunta, la Consellería de Industria ha informado de la apertura de expediente sancionador a la compañía. Es el segundo en cinco meses: en octubre pasado le abrió otro por imponer indebidamente el pago de cinco millones de euros a Xestur, Puentes y Calzadas y Eólica Gallega del Atlántico a cambio de facilitarles una conexión eléctrica.

Las irregularidades en el cobro de las facturas a los pequeños ayuntamientos ourensanos fueron detectadas por los ingenieros José López y Alberto Estévez cuando, en 2012, a la vista del encarecimiento del precio de la luz, se ofrecieron a algunos municipios para ayudarles desde su empresa a economizar en el consumo del alumbrado público, el mayor coste al que hacen frente las administraciones locales. 

Para valorar las posibilidades de ahorro reclamaron los datos del consumo en el primero de los ayuntamientos que contrató sus servicios. Y se llevaron las manos a la cabeza. “Pagaba por conceptos contrarios a la legislación de las eléctricas”, recuerdan. Los ingenieros creyeron inicialmente que podía tratarse de un error puntual.

 Hasta que analizaron las facturas de años anteriores y comprobaron que la sobrefacturación se repetía desde 2009. Gas Natural facturaba sistemáticamente la energía reactiva en casos en los que la energía activa era 0 “y sin consumo de energía activa, la reactiva es forzosamente nula”, explican los dos técnicos.

A finales de 2012, los ingenieros comenzaron a realizar, por encargo de otros ayuntamientos afectados, un análisis detallado de las facturas —entre 1.000 y 3.000 por cada institución local— y elaboraron un expediente para fundamentar la reclamación a la eléctrica por las cuantías “facturadas cobradas en contra del Real Decreto 1164/2001”. De los 14 ayuntamientos en fase de análisis por los ingenieros ourensanos, 12 han reclamado ya la devolución de 392.000 euros facturados de más.

 Se trata de los municipios de Parada do Sil, Pereiro de Aguiar, Xunqueira de Espadañedo, Maside, Monterrei, Nogueira de Ramuín, Boborás, Muiños, Maceda, Laza, O Barco de Valdeorras y Vilar de Barrio. Para ellos, las cantidades sobrefacturadas —van desde los 9.472 euros de Laza hasta los 62.733 de Pereiro de Aguiar— suponen una considerable merma de sus limitados recursos.

Las reclamaciones emprendidas por los ayuntamientos con el asesoramiento de López y Estévez tuvieron consecuencia. Aunque no toda la esperada. La compañía eléctrica corrigió el “error” y devolvió a las instituciones que reclamaron las cantidades cobradas indebidamente. Pero solo las del último año. Se ampara en un informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para señalar que “no cabe exigir refacturaciones por periodos superiores a un año”.

Los ingenieros sostienen que el informe al que la eléctrica apela “no está en realidad publicado, sino solo aprobado por la CNE como expediente interno” y sostienen, además, que Gas Natural Fenosa “interpreta de forma interesada” ese documento ya que considera que las reclamaciones se refieren a un error de lectura o despiste administrativo para no devolver el dinero mal facturado durante todas las anualidades. 

“El error no tiene nada que ver con los contadores ni con su incorrecta lectura ni con fallos en la transcripción de datos”, sostienen los técnicos ourensanos que, ante la falta de reacción tanto de la compañía como de las autoridades de Consumo para que las reclamaciones prosperasen, en diciembre de 2013 informaron a la Xunta de su determinación de acudir a otros organismos. 

Los ingenieros sostienen que la eléctrica avaló de facto la supuesta ilegalidad al dejar de facturar y cobrar por los conceptos reclamados. Además, aseguran tener constancia de que Gas Natural Fenosa no solo cambió la tarifa a los ayuntamientos que habían reclamado sino a otros a los que también se la aplicaba. Tras el silencio inicial, la Consellería de Industria anunció el pasado viernes la apertura del expediente a la eléctrica. (...)"              (El País, 15/03/2014)

19/3/14

Aguas de Barcelona, implicada en el caso Pokemon por sobornar a ediles y emitir facturas falsas

"(...) Lo que comenzó como una investigación centrada en la trama creada por la empresa Vendex para conseguir adjudicaciones públicas se ha extendido ahora a otra gran empresa, Aquagest, filial del gigante Aguas de Barcelona

Según la documentación hecha pública por la jueza tras el levantamiento parcial del sumario, esta empresa presionó y sobornó a ediles y funcionarios gallegos para hacerse con los contratos de aguas de ciudades como Santiago de Compostela y municipios de las provincias de Orense y Lugo.

Según la jueza, la trama de Aquagest no sólo establecía pagos ocultos a representantes públicos para que facilitaran los contratos. También se produjo movimiento de dinero en sentido inverso, es decir, de las arcas públicas a las cuentas de la empresa de gestión de aguas mediante facturas infladas o falsas para enriquecer a los directivos de ésta.

 "Si conseguimos renovar ganaremos una barbaridad de dinero", afirmaba José Luis Míguez, responsable de Aquagest en Santiago de Compostela, en una conversación intervenida por Vigilancia Aduanera que aparece recogida en el sumario. 

La empresa de aguas presionó para renovar un contrato de 18 millones de euros y la corporación municipal de Santiago, que dirigía el alcalde Gerardo Conde Roa, le correspondió con el intento "fraudulento" de sacar adelante la renovación de tan preciado contrato. Lo que perseguían las dos partes, considera la magistrada De Lara, era "conseguir un aumento de ingresos de muchas personas, con perjuicio de los contribuyentes del Concello". (...)

Según De Lara, los responsables del Concello y algunos funcionarios recibían "atenciones, regalos y contrataciones a través de Aquagest, y al mismo tiempo, la renovación del contrato daría "beneficios a los directivos de Aquagest al presentar su empresa los resultados con la recompensa que eso conlleva".

He aquí la doble dirección con la que se movía el dinero en Galicia para enriquecer a las dos partes, los que manejaban el dinero público y los directivos de la empresa beneficiaria.

Conde Roa, por su parte, se batió el cobre para presionar a la interventora y al secretario municipal, que se mostraron reticentes a la firma de la renovación, hasta el punto de que intentó relevarles en sus cargos para así allanar el terreno a la adjudicación a Aquagest. No quedó ahí la cosa. La filial de Aguas de Barcelona no sólo sobornaba, también "estaría realizando la ocultación de facturas" al Concello para cobrar por "servicios no prestados", sospecha la jueza. (...)

Un pinchazo telefónico revela que Míguez ordenó cargar al consistorio una factura de 600.000 euros por servicios inexistentes, en diciembre de 2012, cuando Currás ya era alcalde. La decisión se achaca al máximo responsable de Aquagest en Galicia, Henry Laíño, que "metió en el presupuesto 600.000 euros de nuevas instalaciones que no sustenta ningún papel, nada fue al pleno ni está aprobado en ningún sitio", desvela uno de los tomos del sumario.

Durante años, Laíño hacía y deshacía en Galicia: "En la Diputación tú sabes que yo soy el rey, joder", presumía el directivo de Aquagest ante su jefe de producción, Luis Manuel Morón, según las conversaciones telefónicas pinchadas por la jueza, que en su auto considera que el secretario de la Diputación de Ourense, Francisco Cacharro Gosende (hijo del expresidente del PP y de la Diputación de Lugo), habría "firmado casi todos los informes favorables a Aquagest de la provincia de Ourense”, además de otro en el Ayuntamiento de Santiago por el que se pagó una factura “inflada” de 12.000 euros, "cuando el precio real era de 3.000”.

 El sumario desvela también cómo la empresa de aguas enchufó al sobrino del entonces presidente de la Diputación de Orense y del PP en esa provincia, José Luis Baltar, al que se le pidieron supuestos favores para facilitar las adjudicaciones. Dijo Laíño en una ocasión, como recoge el sumario, que iba a llamar a Baltar para que “le dé un toque a los del PP de O Barco de Valdeorras por lo de la subida de tasas”. (...)"           (Baltasar Montaño, Vox Populi, 14/03/2014)

18/3/14

Un exconcejal de Santiago diseñó un concurso a medida para que ganara una empresa vinculada al dueño de Monbús y presidente del Obradoiro. “Quedó un poco chapuzas pero vale”

"Pocos fueron los contratos públicos del Ayuntamiento de Santiago que no tuvieron algún minuto de gloria en los teléfonos pinchados por la juez Pilar de Lara en el marco de la Operación Pokémon.

 A principios de junio de 2012, los agentes escucharon cómo el exconcejal de Movilidad de la capital gallega Albino Vázquez Aldrey pedía a Raúl López, un importante empresario del sector del transporte en Galicia, datos para diseñar un concurso con el que el gobierno local pretendía adjudicar el suministro de tres autobuses urbanos.

 Tras un accidentado intercambio de información, que incluyó el rasgado de folios oficiales para ocultar el logo del Ayuntamiento, la sociedad que finalmente ganó la encomienda resultó estar vinculada a López, presidente de Monbús y del club de baloncesto Obradoiro, en virtud de las pesquisas de los investigadores.

El contrato en liza consistía en suministrar a la empresa municipal de autobuses (Tussa) tres vehículos nuevos por 600.000 euros y contaba con financiación de fondos europeos. Los agentes de la Agencia Tributaria concluyen en un informe incluido en el sumario que Vázquez Aldrey, en libertad bajo fianza e imputado por cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias, pidió a López información sobre cómo redactar el pliego de condiciones.

Los pinchazos revelan que el empresario envió incluso a su chófer a la estación de ferrocarril de A Coruña, señalan los agentes, para recoger un sobre que le iba a entregar en mano el entonces concejal compostelano del PP. Y fue ahí, con las prisas del edil por llegar a la cita, cuando surgieron los problemas. 

Pese a que Vázquez Aldrey había advertido al gerente de la empresa municipal de transportes, José Ramón Mosquera Ferreiro, que suprimiera cualquier rastro de que los documentos procedían del Ayuntamiento, en el último momento el edil se percata de que en los pies de página pone "Concello de Santiago. 

Plaza del Obradoiro". Hubo que ir cortando "hojita a hojita", comentan Vázquez y Mosquera. "Quedó un poco chapuzas pero vale", despacha el exedil. Al día siguiente, añade Aduanas, el empresario le deja otro sobre a Vázquez Aldrey en la recepción de un hotel de Santiago.

Con discusiones de por medio porque Raúl López no estaba conforme con los precios estipulados, el contrato fue adjudicado finalmente en septiembre de 2012 a Talleres La Campiña, SL, una sociedad de la que participa el empresario a través de Lartimer, SA. Los investigadores han requerido al Ayuntamiento de Santiago todos los encargos que se le hayan hecho a Talleres La Campiña entre junio de 2011 y febrero de 2013.

 Las aportaciones recibidas por el club de baloncesto Obradoiro, que preside López, de la concesionaria municipal Aquagest son también objeto de investigación dentro del sumario de la Pokémon. Aduanas asegura que la empresa entregó al Obradoiro 60.000 euros "a iniciativa de Ángel Luis Espadas Díez [exjefe de gabinete de la alcaldía de Santiago imputado en la causa] para pagar nóminas y jugadores" y "como acuerdo" para renovar la concesión del suministro de aguas."             (El País, 05/03/2014)

17/3/14

Mantener abierta la Cidade de Cultura cuesta 27.000 euros al día

"El BNG calcula, tomando como base los presupuestos anuales de la Xunta, que cada día que sigue abierta la Cidade da Cultura consume "algo más de 27.000 euros" que no se destinan a "apoyar" a la cultura gallega sino "a la de fuera" y a también "empresas que no tienen su sede social" en Galicia.

 Estas afirmacionesse corresponden con los datos que el propio Gobierno gallego le ha facilitado sobre "parte" de los contratos del complejo cultural del Monte Gaiás en 2011 y 2012, según informa Europa Press. A modo de ejemplo, ha recordado que se financió con 215.000 euros al Circo del Sol y con 500.000 el concierto de Björk.

En la misma línea, ha referido "modificados de obras" por un valor superior a los siete millones de euros y que la exposición Gallaecia Petrea, pese a la "información contradictoria" de la Xunta, tuvo un coste de 1,1 millones. En este punto, ha referido que uno de sus mayores contratos --y que no fue entregado-- fue el de montaje y transporte, que realizó una empresa "con sede en Madrid".

 Así las cosas, la nacionalista ha anunciado que pedirá "toda" la información relativa a los contratos y facturas de la Cidade da Cultura desde su apertura; así como el acuerdo por el que la Xunta decidió paralizar la construcción de los edificios que faltan. (...)

La semana pasada, el Consello de la Xunta aprobó que la iniciativa privada podrá plantearle a la Xunta propuestas para ocupar los espacios en los que finalmente no se construirán dos de los seis edificios que iba a tener la Cidade da Cultura. 

Y el Gobierno gallego las autorizará, a través de una concesión administrativa, siempre que respeten la “arquitectura y finalidad” del complejo del monte Gaiás. Según anunció Feijóo, la Xunta ha llegado a un acuerdo con las empresas para pagarles solo lo ejecutado hasta el momento y que renuncien a su indemnización, lo que, según sus cuentas, supondrá un ahorro para las arcas públicas de “en torno a cinco millones de euros” si se tiene en cuenta solo esa compensación o de 150 millones si se valora lo que iban a costar ambos edificios y su equipamiento interior. 

A cambio, el Gobierno gallego les da hasta fin de año a las tres empresas para que, si así lo desean, le presenten un proyecto a desarrollar en esos dos espacios bajo su propio riesgo pero que sea “coherente con la arquitectura y los fines de la Cidade da Cultura”.             (El País, 21/02/2014)  

14/3/14

Las descargadoras de los muelles ferrolanos ya se asociaron en 1909

Descarga en el agua. fotos: archivo esperanza pIñeiro - andrés Gómez

"No se hablaba todavía del 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora porque eso llegaría en el 1911, y ahora el calendario marcaba el año del Señor de 1909. El derecho a voto había sido ejercido por primera vez por todas las mujeres censadas en las elecciones de Finlandia, que todavía no era ni independiente. 

El PSOE había sido fundado por Pablo Iglesias exactamente 30 años antes, y en la calle el socialismo ganaba terreno al anarquismo. Ferrol revivía de la mano de los ingleses (un centenar de sus técnicos se encontraban trabajando en los astilleros) y se disponía a comenzar otra época de vacas gordas.

Es en ese contexto, con los obreros viviendo en pésimas condiciones en el barrio de Esteiro y en las aldeas de los alrededores, cuando surge La Unión Femenina. Juana Casteleiro y Casteleiro, su primera secretaria y una de las impulsoras, certifica que el 24 de septiembre de dicho año se constituye la sociedad bajo la presidencia de Amparo Tojo, domiciliada en San Nicolás 45, en una asamblea a la que asistieron otras 19 féminas.

Pero en este caso no se trataba de una asociación de damas de beneficencia ni de señoras de la burguesía local, sino de Cargadoras y Descargadoras del Muelle del Ferrol (sic). O sea, de mujeres duras y aguerridas, auténticos animales de carga que ya tenían el visto bueno del gobernador civil a su reglamento desde hacía 48 horas y que no perdieron el tiempo: constituyeron la sociedad y fijaron su local social en el número 8 principal de la calle de San Amaro.

La cosa empezó tan sobre ruedas que la presidenta «dio las gracias a las reunidas por el buen orden y armonía que ha reinado». Eso sí, tuvieron ayuda en la redacción del acta: Amparo Tojo sabía escribir malamente, y todo apunta a que los conocimientos de Juana Casteleiro no iban mucho más allá.

El objeto de La Unión Femenina era «mejorar las condiciones a sus afiliadas y ayudar siempre que sea posible a las demás Sociedades constituidas con igual fin». La edad mínima exigida para entrar en ella era de 15 años (o sea, rechazaban el trabajo infantil), y la máxima de 60, y del pago de la pertinente cuota quedaban exentas las que por enfermedad no pudiesen trabajar. Es más, la entidad abriría una suscripción voluntaria para socorrer a esas mujeres.

Eso sí, se exigía que nadie trabajase «por un jornal menor que el establecido por la sociedad», y si tal cosa hiciese sería expulsada. En la documentación no aparecen referencias al mundo político, pero sí se especifica que las asociadas deben de cuidar «siempre las buenas formas de urbanidad y cultura».

En realidad, el trabajo de carga y descarga de los buques por parte de las mujeres es algo tradicional en los puertos de Galicia, y se remonta a siglos atrás. En muchas ocasiones, en las zonas bajas, las mujeres tenían que meterse en el agua puesto que las pequeñas embarcaciones llegaban a un punto en que no tenían calado, de manera que embarrancar podía significar un corrimiento de la carga y su posible pérdida. Pequeñas embarcaciones, por cierto, que antes se habían acercado a las grandes para ir vaciándolas.

No se sabe mucho de esa sociedad que en realidad era un sindicato, excepto que el original del reglamento se deterioró en los días siguientes y hubo que solicitar otro al gobernador civil de la provincia. Y, por supuesto, que era ella la que a través de su presidencia negociaba los jornales con la patronal correspondiente.

La técnica Rosa Millán, que diseñó hace unos años rutas en femenino por Ferrol, asegura que unas 200 cargadoras y descargadoras habían ayudado antes en la construcción del dique de la Campana, y presenta el dato de que las mujeres transportaron nada menos que doce millones de cestas «llenas de piedras (de unos quince kilos cada una)», y asegura que «ellas eran preferidas a los hombres en este trabajo por su fuerza, su pericia y su responsabilidad».

La Unión Femenina tuvo una larga vida que reclama una investigación: en 1933 se menciona su existencia, con otro nombre, en cuatro ocasiones, y una más en 1934, según el profesor Gerard Brey. Curiosamente, no se cita en la estupenda tesis sobre el movimiento y la cultura obreras de la magnífica tesis de ese gran hispanista francés. Y, así, en 1925 sigue Amparo Tojo en la junta directiva, pero ahora como depositaria, mientras que la presidencia la ocupa Josefa Gómez.

Es esta, junto con la secretaria Rosa Incera (quien también sabe firmar) la que con su rúbrica asegura que la junta general ordinaria del 25 de enero de ese año aprobó las cuentas de 1924: 142,00 pesetas de ingresos y 72,25 de gastos. El acta facilita otro dato: eran 70 las asociadas, lo cual habla de la actividad que se desarrollaba en el muelle, algo normal si se tiene en cuenta que la antecesora de la hoy Navantia daba trabajo directo a más de 3.000 obreros y técnicos. Corrían otros tiempos. (...)"           (La Voz de Galicia, 10/03/2014)

13/3/14

La única jefa entre 6.000 hombres. Carmen Tuñón Álvarez fue la primera ingeniera naval de Astano en 1972

María del Carmen Tuñón Álvarez junto a sus compañeros

 "Fue la primera mujer que ascendió a analista jefe en uno de los astilleros más potentes del mundo, la antigua Astano (Fene) en el que entonces trabajaban más de 6.000 obreros construyendo superpetroleros en serie.

Fue su primer y único empleo durante 33 años. Empezó prácticamente al día siguiente de licenciarse en Ingeniería Técnica Naval en 1972 y se quedó hasta que la prejubilaron cuando estaba al frente del departamento de I+D+i en 2005, en la enésima y, por ahora, última reconversión del naval en la ría ferrolana. María del Carmen Tuñón Álvarez (Ferrol, 1949) vivió los mejores y los peores años de un astillero castrado por la entrada de España en la Unión Europea, que le supuso un veto a la construcción civil que expira el 31 de diciembre del 2014.

 Cuando entró, recuerda, estaban a punto de botarse el 'Arteaga' y el 'Santa María', y cuando salió las gradas estaban vacías.

Fue una de las pocas mujeres que logró abrirse paso en un mundo masculinizado en toda su escala laboral aunque no fue la única. Con ella, recuerda, había otras 10 compañeras entre 6.000 varones: un 0,1% de cuota femenina. “Había una secretaria, dos perforistas, dos delineantes, otras chicas en el economato y yo”, dice tras echar cuentas. 

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, recibirá el premio '8 de marzo' del Ayuntamiento de Ferrol que la reconoce como una pionera del sector naval. “Es cierto que lo fui aunque entonces no me sentía así”, cuenta, entre agradecida y abrumada por el homenaje.

Hija, nieta y sobrina de una saga de marinos ferrolanos, Carmen fue la cuarta de diez hermanos (3 chicos y 7 chicas). “Todos estudiamos, cada uno lo que quiso”, explica. Se decantó por la ingeniería técnica naval cuando la carrera empezó a impartirse en la ciudad cuando ni siquiera existía el campus universitario y las clases se improvisaban en las aulas del instituto Concepción Arenal. 

“El primer día de clase, éramos 14 chicas entre 500 jóvenes pero la terminamos otra y yo”, apunta. En la escuela naval ferrolana conoció a su marido, y su primer destino en el astillero de Perlío la llevó al departamento de armamento anticipado de Astano, el que prepara los bloques del buque para ensamblarlos luego como un puzzle. De allí pasó al departamento de informática cuando todos los datos pasaban por un computador gigante (IMB 370) que tenían que programar. 

Vivió la durísima reconversión del 84 con largos encierros y caminatas y también la disolución de Izar en 2005 cuando Europa la devolución de las ayudas de Estado que el Ejecutivo de Aznar inyectara al grupo naval. La prejubilación la cogió al frente del departamento de I+D+i de la antigua Astano (hoy Navantia Fene) que pasaba por ser uno de los más modernos y prometedores del naval europeo.

 “Se derrochó el talento de mucha gente muy válida que se fue para casa antes de tiempo”, reflexiona Tuñón.

Reconoce en los setenta no era precisamente fácil conjugar la crianza de sus dos hijos con sus responsabilidades profesionales. “Si echabas mal las cuentas del embarazado y pedías las 6 semanas antes de tiempo, de tenías que incorporar al poco de parir”, recuerda.

 “Hay discriminación aunque he de decir que yo no la sufrí, pero la hay”, afirma categórica. Mañana recogerá su premio '8 de marzo' enn una gala institucional en el teatro Jofre (20:00 horas) con el aplauso de otras mujeres a las que abrió camino en el naval hace 40 años."             (El País, 07/03/2014)

12/3/14

Perto de 2.000 familias dependen directamente do cerco: "metéronnos a fame na casa"


"Na rúa do Hórreo esta terza feira amoreábanse centos de historias das perto de 2.000 persoas atinxidas por un reparto de cotas para a xarda e o xurelo que os mariñeiros do cerco tildan de "inxustas". Tripulantes de moitas das 160 embarcacións que conforman a frota galega desta arte pesqueira congregáronse ás portas do Parlamento para exixiren "a demisión da conselleira" mais tamén "o compromiso do presidente da Xunta" de Galiza para defender en Madrid os intereses dos cerqueiros galegos. 


"Só queremos ir ao mar", contaban os manifestantes a Sermos Galiza horas antes de se producir as cargas policiais. "Os ánimos están moi quentes porque levamos 4 meses sen ir ao mar". Con crianzas, hipotecas e toda unha vida por diante moitos mariñeiros preguntábanse face a ringleira de antidisturbios como ían sacar adiante as súas familias. "Metéronnos a fame na casa e agora o que nos queda é responder", sinalaba en conversa con este medio Jose, un dos mariñeiros vindos da costa sur do país, a respeito do endurecemento das protestas. 
"Até o de agora non nos fixeron caso, até que a liamos en Vigo", conta outro, "ou facemos isto ou ninguén nos escoita". E o certo é que a frota do cerco galega leva meses exixindo un cambio de rumo no reparto das cotas que Europa impón e Madrid executa. Do total da cota estatal de xarda, por exemplo, Galiza fica no reparto por embarcación co 24,8%, embora ter a maior frota do noroeste peninsular. En troca, Euskadi conta co 48,11% e menos da metade dos barcos. 


"Na miña zona, na norte de Galiza xa cubrimos a cota de xurelo [10 mil quilos]", explica Adrián Campaña de Camariñas. Isto supón que "non podemos andar máis ao xurelo en todo o ano, e estamos a marzo". Da cabala, outro tanto do mesmo. "O único que pedimos é un reparto para todos igual, lineal, o que non pode ser é que un barco basco teña máis que 15 galegos, iso é intolerábel". Adrián fala dun caso concreto na costa basca en que un cerqueiro concentra unha cota igual que a de toda a frota de Portosín. "A onde imos?". 
Adrián leva no mar "desde os 15 anos" e ten 24. "Eu non teño estudos, só mariñeiro-pescador, o que me queda é andar ao mar", conta, "agora, do pouco que sei que é ir ao mar, quítanme o futuro" pois está certo de que "o armador" do seu barco "non pode facer nada se non lle deixan pescar". Son 10 tripulantes. Todos de Camariñas.

Para el unha boa solución ao que está acontecer pasa por que "Arias Cañete" e mesmo a conselleira de Pesca, Rosa Quintana, "veñan un día, con golpes de mar, probaren" unha xornada de traballo coma as de calquera dos mariñeiros. "Non lles iamos facer traballar, só estaren na cuberta", sinala. A simple experiencia faríalles entender moitas cousas, segundo explica este mariñeiro. 


Coma el, tantos outros concentrábanse perante o Pazo do Hórreo á espera de que a Xunta de Galiza, através do presidente Alberto Núñez Feijóo, se comprometese a defender os intereses do cerco en Madrid pois do contrario "vannos matar de fame".
Quen así fala é un dos tripulantes do Columa. Coma a práctica totalidade dos cerqueiros asegura que con estas cotas [aprobadas froito do reparto individual por embarcación e pre-fixadas de acordo cos históricos de captura] "non podemos traballar". O seu compañeiro, acarón del, acrecenta que é a UE quen prexudica o Estado español, mais é "España quen prexudica o sector galego, cántabro e astur" fronte "os bascos".

A situación tornouse límite ante a inacción do goberno galego que, din, continúa a non facer nada por defender os intereses da frota galega. Até o momento, ningún membro do executivo de Alberto Núñez Feijóo se reuniu cos mariñeiros e a "indignación", mais tamén a carraxe, acenden os ánimos. "Somos máis de 2.000 familias en toda Galiza, iso só, as directas", explica un dos mariñeiros chegados de Portosín. Para alén das familias cerqueiras están "as redeiras, as conserveiras e mesmo os bares" que dependen do cerco para manteren a súa actividade. 
Á espera de que o goberno galego mude de actitude e presione a Madrid para garantir un outro reparto das cotas, "sostíbel" e "xusto", os mariñeiros da frota do cerco din que non recuarán e manterán a presión na rúa. Polo de agora, o acontecido esta terza feira nas rúas de Compostela deixa claro que os cerqueiros non achantarán, embora a resposta que reciban dos gobernos español e galego estea na man dos antidisturbios. "          (Sermos Galiza, 12/03/2014)

11/3/14

Todas querían a Espadas

Ángel Espadas

"La antigua amistad que unía a José Luis Míguez, exdelegado de Aquagest en Santiago, con Ángel Espadas, jefe de gabinete del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa y uno de los pesos pesados del PP compostelano, llevó a ambos a actuar como un perfecto tándem en el presunto trato de favor a algunas de las empresas investigadas en la ciudad en el marco de la operación Pokémon.

 Es el caso de la propia concesionaria del servicio municipal del agua, de la firma catalana GRS Arc Local, que se hizo con el contrato de la gestión de multas con la ayuda de Espadas, y del grupo Vendex, para el que la jueza De Lara cree que medió para que ganara el contrato de la ORA y la grúa, aunque finalmente le fue adjudicado a otra compañía, Setex Aparqui, que es además su principal competidora.

Las gestiones que desde el Concello de Santiago hizo Espadas en favor de estas tres empresas llevaron a que sus representantes quisiesen tranquilizarlo cuando, tras la dimisión de Conde Roa al hacerse público que había defraudado casi 300.000 euros a Hacienda, él tuvo también que abandonar el Ayuntamiento. 

Desde las tres firmas recibió palabras de apoyo e incluso ofertas de trabajo. Finalmente no acabó trabajando en ninguna de ellas, sino en Unika, pero la magistrada sospecha que quien pagaba parte de su nómina era Aquagest. Para ello, la concesionaria habría contratado servicios a esta firma.

En el caso de GRS Arc Local, las gestiones que en su favor hizo Espadas hicieron brotar una rápida amistad entre el exjefe de gabinete de Conde Roa y el gerente de la firma catalana, Alex Ros. 

Una excelente relación que se materializó en invitaciones a viajes, entradas para ver partidos del Barcelona en el Camp Nou e incluso la invitación a trabajar en la empresa cuando Ángel Espadas se quedó en el paro al cesar en su puesto en el Ayuntamiento. «Además, supuestamente, GRS le podría haber satisfecho dinero», señalan también los investigadores en el sumario de la Pokémon.

Tal era el interés que las tres firmas investigadas en la operación tenían en mantener buena relación con Ángel Espadas que los investigadores consideran que «actuaba como una especie de representante de los intereses de estas empresas, que estaban muy interesadas en que continuara en su puesto después del cese como alcalde de Conde Roa».

En concreto, el papel que le otorga la jueza Pilar de Lara a Espadas es el de «abrelatas» o «conseguidor de favores», para lo que, sostiene la magistrada en su auto del 16 de febrero del 2013, el que fue mano derecha de Conde Roa se concertaba «de forma prácticamente habitual con diversos grupos empresariales para adjudicarles de forma irregular concursos convocados por el Ayuntamiento de Santiago, influyendo para ello en los técnicos encargados de la contratación, a los que en algunos casos llegaría incluso a presionar».

Esas gestiones, en el caso de la ampliación del contrato del agua a Aquagest y del de la gestión de multas a GRS Arc Local, Espadas las habría seguido haciendo aún incluso después de cesar en su puesto de jefe de gabinete, para lo que aprovecharía sus contactos y relaciones con el gobierno local del PP.

Lo hizo, según la jueza, «de forma interesada a cambio de beneficios personales, como dinero, regalos, viajes, comidas y otros agasajos y también a cambio de aportaciones dinerarias bien a favor del Ayuntamiento de Santiago, bien a favor de entidades ajenas a este organismo público», añade.

En el sumario queda acreditada la estrecha relación que Espadas mantenía con esas empresas, a las que habría llegado incluso a facilitar, presuntamente, los pliegos del concurso antes de que se convocase, como en el caso de GRS Arc Local."          (La Voz de Galicia, 06/03/2014)

10/3/14

Marcial Dorado, el amigo de Feijóo, al banquillo por lavar 21 millones desde los años noventa

"Apenas un año después de que la fiscalía formulase acusación contra el contrabandista Marcial Dorado y otras 14 personas por blanqueo de capitales, falsedad documental, colaboración con organización criminal, violación de secretos y delito fiscal, la Sección Primera de la Audiencia Nacional ha anunciado la celebración del juicio que comenzará el 8 de mayo cuando se cumple una década desde el inicio de la causa en un juzgado de Vilagarcía de Arousa.

 Dorado, que se está cumpliendo una condena de 10 años por colaborador necesario en una operación de narcotráfico y otra de tres años por cohecho, se enfrenta ahora a una petición de otros 15 años de cárcel por dirigir una supuesta red de blanqueo que movió desde los años noventa 21,8 millones de euros a través de testaferros y utilizando 33 sociedades. 

Nueve de ellas operaban desde Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Liechtenstein, Portugal, y Bahamas. Dorado volvió a saltar a la actualidad hace un año tras revelar este periódico la estrecha amistad que mantuvo en la década de los noventa con el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entonces alto cargo del gobierno de Manuel Fraga.

 En el banquillo de los acusados también se sentarán familiares de Dorado, guardias civiles, abogados y aduaneros que, según el fiscal, formaban parte de un entramado para ocultar la verdadera titularidad de las sociedades, casi todas ellas con domicilio social en Vilagarcía de Arousa. La red estaba constitudida por compañías off shore, y el dinero sin origen justificado se colocó en bancos suizos.(...)

  Afirma el fiscal que el acusado “venía dedicándose al tráfico de drogas desde los años noventa a través de la fabricación de embarcaciones de alta velocidad”. Sitúa el inicio de esta actividad en 1994, fecha en la que se realizaron las fotos en las que Feijóo navegaba en yate con Dorado por la ría de Vigo. 

Ese año, sostiene el ministerio público, a través de una sociedad mercantil domiciliada en Liechtenstein, Dorado compra Gallega Off Shore, SL y al año siguiente, Astilleros Hércules. Ambas empresas compartían instalaciones en Ferrol con el fin de construir barcos “para transportes ilícitos por vía marítima”. (...)

Destaca el ministerio público las técnicas de blanqueo utilizadas por la red de Marcial Dorado y resalta la fórmula de préstamos entre sociedades del entramado “que en realidad son autopréstamos con los que las prestatarias adquieren bienes, efectúan inversiones y realizan pagos”. 

Dichos préstamos, explica la fiscalía, se devuelven coincidiendo con la entrada de nuevo efectivo procedente de cuentas a nombre de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. El 17 de diciembre de 1997 el acusado ingresó en el BNP Paribas 3,2 millones de euros. En este proceso también será juzgado el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda Becerra, que hasta julio de 2009 era el responsable de la Comandancia de Guadalajara y luego confinado al Servicio de Retribuciones de Personal en Valdemoro.
 Mano derecha de Marcial Dorado, Castañeda se enfrenta a 10 años de cárcel e inhabilitación del cargo, acusado de colaboración con organización criminal, falsedad en documento público así como de interponer una acusación y denuncia falsa contra el que fue juez instructor de la causa, el magistrado José Antonio Vázquez Taín.

Castañeda y Dorado, según el fiscal, urdieron un plan con otro ex guardia civil también acusado, José Manuel Sánchez Zabala, considerado presunto testaferro en la red de blanqueo, y el exagente del Servicio de Vigilancia Aduanera con base en Vigo Eugenio Fontenla para “neutralizar la acción judicial” y orquestar una campaña de desprestigio contra el juez. (...)

La pareja de abogados que comparten despacho en Madrid Félix Pancorbo Nogueruela y Rosa María Stampa Rodríguez también aparece vinculada a la red de blanqueo con un papel determinante, según el fiscal, y “su labor sobrepasó la barrera de asesoramiento personal”. Ambos letrados constituyeron dos sociedades a las que se transmitieron fincas de Dorado por valor de 1,6 millones de euros. 

Posteriormente Pancorbo compró las participaciones de una de ellas, se nombró administrador único y trasladó el domicilio social a su despacho profesional. Una semana más tarde el abogado adquirió 38 fincas a Petrogalicia y una más a Anfra Sistemas, ambas empresas de Marcial Dorado."       (El País, 28/02/20

7/3/14

A maior parte dos ricos que da o país son ladinos e desconfiados, frecuentemente obtusos e certamente fachendosos

"Desapareceron  -todos  sabemos  de  qué  maneira-  as  dúas  caixas  de  aforro  galegas, tamén  o Banco Pastor  e  o  Banco  Etcheverría. Pescanova,  esa  fraude  de  proporcións  ciclópeas,   será  adquirida  por  bancos  ou  fondos  de  inversión.Barreras  pasou  a  ser  propiedade  de  Pemex por  dous  duros  e  unha  foto. 

Miles de  empresas,  moitas delas ligadas  á construción quebraron  e  fóronse  co  vento, comezando por  Fadesa. O estado  do  sector  naval  é agónico. O  leite  deixou  de ser  local  -fica  o  raro  caso  de  Feiraco e  pouco  máis-. Boa  parte  do  sector  vinícola  está tamén en  mans  foráneas. 

En definitiva,  dicían  os  clásicos  que  en  Galicia  non  existía  unha  burguesía  digna  dese  nome:  tal  e  como  van  as cousas  non  haberá  burguesía  local,  nin  digna  nin  indigna. Dubido  entre  lamentalo  ou  celebralo,  considerando a  caste de  xente  que  era.  

 Neste  preciso  momento,  os  directivos  das  antigas  caixas, os  do Banco  Pastor  e  os  de  Pescanova  están  sendo procesados  por  estafa. Fadesa  segue  nos  xulgados,  o  mesmo  que  moitos  construtores de  renome,  comezando  polo  último presidente  da  patronal.

 A  lista  de  posibles  delincuentes  é  tan  avultada  que  un  perde  a  conta. O  máis  ilustre  e principal,  mimado  e  adulado  por  tirios  e  troianos, o  máis  selecto  e  avezado  non  o  era  máis  que  no  timo  e  no desfalco.  Tal  vez  toda  a  nosa  burguesía  non  era –non  é-  senón  un  fraude  maiúsculo. 

Ata  onde  chega  a  miña  experiencia  a maior  parte  dos  ricos que  da  o  país  son  ladinos  e  desconfiados,   frecuentemente  obtusos  e  certamente  fachendosos. A suposición  de  que  son  intelixentes,  dado  que  teñen  diñeiro,  rara  vez  se  confirma no  trato  cara  a  cara. É  a excepción,  máis  do que  a  regra. A  pesares  diso case  todos  eles   gozaron  da  aquiescencia  xeneral,  tal  vez  porque  os modestos  paxariños  esperaban  que  lles  caira  unha miga  da  boca  do  cabalo. 

A inocencia  coa  que  teño  visto  tratar  a algúns  ricos  raia  no  patolóxico,  por  non  dicir  na  idiocia.Outras  veces  tenme producido  vergoña  allea a obsequiosidade  con que  se  lles  trata e  o  modo en  que  se  lles  perdoa.

   Pero,  en  fin, velaí  que  os  empresarios  locais  están  en  transo  de  extinción. Serán  substituídos  por  executivos desprazados  polas  súas  empresas  matriz. ¿ Será unha  catástrofe esa  desaparición ?. Non  o  penso. Un  país  pode  prescindir perfectamente  do persoal  que  se  está  indo  polos  sumidoiros. 

Non  é  para  escribir  unha  tese  -ou  si- pero  teño  para min  que  hai  hoxe  capas  de  técnicos  e  executivos  con  máis  formación,  honradez  e  conciencia  de  Galicia  que esa panda  de  xente  enriquecida  tantas  veces  máis  polas  ubres magnánimas  do  poder  político  que  polo seu  propio  aquilatado  valer."               (Antón Baamonde, El País,  28/02/2014)

6/3/14

Sargadelos se declara en suspensión de pagos

Planta de pintado de figuras de cerámica de la factoría / XOSÉ MARRA

 "El largo declive del histórico Grupo Sargadelos, con dos fábricas de cerámica en Galicia, ha desembocado finalmente en supensión de pagos. La dirección de la compañía comunicó ayer a la Junta de Accionistas su propósito de solicitar el concurso voluntario de acreedores hoy mismo, cuando termina el plazo legal para hacerlo después de que el pasado noviembre se declarara en preconcurso.

 Sargadelos, un auténtico símbolo en Galicia, fundado a principios del siglo XIX y resucitado tras la guerra civil por los intelectuales galleguistas Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane, acumula deudas por más de cinco millones de euros con varios bancos, Hacienda, la Seguridad Social y sus propios trabajadores, incluidos los 70 que fueron despedidos en diciembre, según explicaron fuentes de la compañía.

 Tras solicitar el preconcurso de acreedores el pasado noviembre, la empresa aplicó un ERE de extinción que afectó a 70 de sus 170 empleados, 41 de ellos en la factoría de Cervo (Lugo), donde se fabrica la marca Sargadelos, y otros 29 en la planta de Cerámicas do Castro, en Sada (A Coruña). 

En muchos casos eran empleados que llevaban décadas en la compañía y que se fueron con las condiciones fijadas en la última reforma laboral, 20 días por año trabajado hasta un máximo de dos anualidades. Ninguno ha cobrado todavía esas indemnizaciones. Los trabajadores que continúan en plantilla han estado percibiendo sus nóminas puntualmente, aunque tampoco se les han abonado dos pagas extraordinarias. En conjunto, según las fuentes consultadas, la deuda con los empleados supera el millón de euros.

El pasado 28 de febrero, vencieron los plazos de varios créditos bancarios. Además, el grupo también acumula deudas con la Seguridad Social y tiene sin pagar el IVA correspondiente a algunos trimestres. La empresa había convocado ayer una reunión con los trabajadores en Cervo, que finalmente fue aplazada hasta hoy.

 “No tenemos aún noticias, pero el plazo para solicitar el concurso se ha acabado y nos tememos lo peor”, confesó Rogelia Mariño, presidenta del comité de empresa de la factoría de Cervo, donde en 1806 el ilustrado Antonio Raimundo Ibáñez, luego marqués de Sargadelos, fundó la primera fábrica.

La situación del grupo empresarial, que, además de comercializar una cerámica que con el tiempo se convirtió en un emblema de Galicia, desarrolló una intensa actividad de agitación cultural, se ha ido deteriorando a lo largo de la última década. 

La constante sangría en las cuentas de resultados acabó derivando en un enfrentamiento entre los accionistas mayoritarios y el hombre que refundó el grupo en 1949, el pintor e intelectual Isaac Díaz Pardo. La bronca adquirió gran repercusión pública por la dimensión de la figura de Díaz Pardo, fallecido en 2012, que fue forzado a renunciar a sus cargos en el grupo. (...)"                   (El País, 06/03/2014)