31/3/15

O colapso das Urxencias... viguesas

"El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este mediodía que las saturaciones en las urgencias de Vigo van a continuar mientras no se abra el nuevo hospital. El jefe del Gobierno gallego fue preguntado por la situación de los hospitales públicos al término de la reunión semanal de su Ejecutivo.

 La semana es especialmente dura y, aunque hoy no se ha suspendido ninguna operación, ayer se cancelaron tres y anteayer diez. «Intereseime polo que está ocorrendo en Vigo e déronme un dato: esta mesma semana, entraron o mesmo día 11 fracturas de cadeira.

 Como é natural, iso son na maioría dos casos intervencións urxentes e que non se poden aprazar, e eses quirófanos e esas camas hai que utilizalas», dijo Feijoo. El presidente ha agradecido el trabajo de los profesionales de urgencias y de su jefe de servicio.

El diputado del PSOE Abel Losada ha asegurado en Vigo que los colapsos en urgencias son «premeditados» por la Xunta para «poner en valor el nuevo hospital».

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que esta mañana había treinta enfermos pendientes de ingreso en los servicios de urgencias de los hospitales públicos. También se ha quejado que los tres principales directivos del Chuvi estén en un congreso de Sedisa (la sociedad española de directivos) en Levante, justo cuanto más colapsado está el hospital.(...)"                 (  , La Voz de Galicia, Vigo, Santiago, 12 de marzo de 2015)

30/3/15

A Coruña paga más de lo que recauda a la empresa privada que gestiona los parquímetros y la grúa... los amiguetes

"Los designios de lo privatizado son inescrutables. Por poner un ejemplo: el Ayuntamiento de A Coruña paga más a la empresa que gestiona la O.R.A. y la grúa de lo que ingresa por ambos conceptos. 

Es decir, que los coruñeses se verían doblemente beneficiados si el municipio arrancara los parquímetros y regresara a los tiempos edénicos del estacionamiento libre. No tendrían que pagar la ORA ni tampoco el sobrecoste de la adjudiciación.

Sólo entre 2009 y 2012, el ayuntamiento coruñés tuvo que abonarle a la adjudicataria Doal S.A. 2.272.049 euros por el presunto sobrecoste. Ahora la jueza lucense Pilar de Lara, instructora de la operación Pokemon contra la corrupción municipal en Galicia, investiga si esta empresa pudo incurrir en un delito de tráfico de influencias. De Lara ha imputado esta semana a 39 funcionarios del ayuntamiento y trabajadores y directivos de Vendex, matriz de la concesionaria Doal.

 La Pokemon es la mayor trama de corrupción investigada jamás en Galicia. Propició incluso la detención de los alcaldes de Ourense (Francisco Rodríguez, PSdeG-PSOE) y Boqueixón (Adolfo Gacio, PP). También el alcalde de Lugo (Xosé López Orozco, PSdeG-PSOE) resultó imputado, y el de Santiago de Compostela (Ángel Currás, PP) se vio obligado a dimitir.

Una extensa red de concejales de los dos grandes partidos, y también del Bloque Nacionalista, han sido implicados por la juez De Lara. Presuntamente, recibían sobornos y dávidas por trampear concesiones municipales en favor de la empresa Vendex y sus filiales.

En el curso de su investigación, De Lara ordenó el pinchazo de varios teléfonos, entre ellos el de José María Tutor, delegado de Vendex en Galicia. La transcripción de estas conversaciones hace evidente que trabajadores y directivos de la filial de Vendex, Doal, indultaban las multas a determinados infractores, con el consiguiente perjuicio a las arcas municipales.

Doal S.A. consiguió en 2005 la concesión por ocho años (más dos prorrogables que se cumplen ahora) de la gestión del cobro de la O.R.A. y del servicio de grúa coruñeses. Era alcalde entonces el socialista Francisco Vázquez, más tarde embajador ante la Santa Sede con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y caballero de la Orden del Imperio Británico.

Dicho acuerdo establecía un mínimo de recaudación en O.R.A. y grúas, por encima del cual el superávit se lo repartirían el Ayuntamiento (95%) y Doal (5%). Pero si el mínimo anual no se cumplía, el consistorio estaba obligado a completar las previsiones de la empresa con dinero de las arcas municipales. Y nunca se cumplió ese mínimo. Entre los años 2008 y 2012 el déficit incluso se disparó hasta una media de más de 550.000 euros anuales.

"Es una manera curiosa de privatizar, porque la empresa privada siempre garantiza sus beneficios y el ayuntamiento se la juega. Por eso, ya cuando se celebró el concurso, hubo polémica. Todo el riesgo y toda la responsabilidad los asume el Ayuntamiento. ¿Quién no aceptaría ese contrato?", señala a Público Manuel Aceña, portavoz del sindicato coruñés de Policía Local.

Entre los propios policías la forma de contratar con Doal levantaba suspicacias. Eran los trabajadores de la concesionaria los que, sin ninguna supervisión oficial, se encargaban de la recaudación. Por tanto, tenían enormes facilidades para falsear las cuentas quedándose con parte del metálico de los parquímetros y declarando ante el ayuntamiento una recaudación menor a la real.

"Quien pasa el cepillo no está tutelado. A nosotros nos extrañaba que todo eso no se fiscalizara más. Alguien tendría que fiscalizar esas cuentas. Intuíamos cosas que no nos gustaban, pero nunca tuvimos esas sospechas muy claras", recuerda el policía.

Agentes municipales han protagonizado, a lo largo de estos últimos años, varios enfrentamientos con la jerarquía consistorial a causa de las rarezas a la hora de gestionar esta contratación. Un delegado del sindicato de Aceña llegó a ser expedientado por denunciar el exceso de agentes obligados a prestar servicio a bordo de las grúas de Doal.

 "Hubo servicios de fin de semana en los que llegamos a tener tantos policías subidos en las grúas como patrullando en la calle. ¿Tú has visto alguna vez a un guardia civil subido a una grúa? Había sobreprestación policial en las grúas. Además, teníamos la consigna de patrullar buscando vehículos para ser retirados.

 A veces, muchas de esas retiradas se podrían haber saldado con una simple multa, porque los vehículos no entorpecían el tráfico. Pero recibíamos orden de llevárnoslos. No es nada manifiestamente ilegal, pero tienes la sensación como policía de que deberías de estar haciendo cosas más importantes", dice Aceña. Hace ya cuatro años que los policías coruñeses lograron que no se les destinara más a patrullar a bordo de las grúas privadas.

Aceña relata que también recibían, con cierta periodicidad, presiones veladas para incentivar el afán recaudatorio. "Las presiones para que retiráramos más coches eran relativas y muy sutiles. Llegaban circulares de la empresa Doal advirtiendo de que la recaudación había bajado, y cosas así".

Sin embargo, las investigaciones de la jueza Pilar de Lara no se centran ahora en esta efusión recaudatoria, sino en todo lo contrario: en la retirada de sanciones con solo levantar un teléfono. Una red corrupta de conductores intocables que utilizaban sus contactos con Doal/Vendex y el ayuntamiento para defraudar al consistorio. Funcionó durante diez años. Hasta que llegó su O.R.A."               (Aníbal Malvar, Público, 29/03/2015)

27/3/15

La Xunta subcontrata por 72.000 euros la redacción de dos leyes... será por abogados

"La Consellería de Medio Ambiente acaba de convocar un concurso público para subcontratar la redacción de dos nuevas leyes autonómicas, las que regularán la conservación de la naturaleza y la pesca fluvial.

 El departamento que dirige Ethel Vázquez está dispuesto a pagar un máximo de 72.000 euros a quien resulte adjudicatario del concurso, que además de elaborar el borrador inicial de ambos textos legales deberá asesorar al Gobierno gallego durante todo el procedimiento de aprobación parlamentaria de las normas.

 No es la primera vez que la Xunta subcontrata la redacción de leyes. Así lo hizo ya en 2010 con otra norma similar, la ley de caza, que entonces adjudicó a dedo por 48.380 euros a un bufete de abogados ligado a Xóvenes Agricultores.

La actual ley de conservación de la naturaleza data de 2001 y la de pesca fluvial de 1992. Desde entonces, argumenta el Gobierno gallego, se han dictado “nuevas normas en el ámbito comunitario y estatal que están incidiendo de una manera directa sobre la normativa autonómica”, por lo que considera necesario actualizar ambas leyes. 

Para justificar que la redacción de los nuevos textos no la realicen los propios funcionarios o cargos autonómicos ni el Parlamento de Galicia, donde radica en última instancia el poder legislativo, Medio Ambiente argumenta que “la elaboración de esta normativa requiere de un asesoramiento externo, requiriendo la colaboración de profesionales especializados que puedan aportar los elementos de juicio necesarios”.

Las condiciones del concurso público ahora convocado establecen que el equipo de trabajo debe estar compuesto al menos por un licenciado en derecho con experiencia mínima de tres años en la elaboración de reglamentos y disposiciones administrativas; otro licenciado en derecho con experiencia de dos años en cuestiones ambientales; y un ingeniero agroforestal, biólogo o veterinario con similar experiencia en planificación y gestión de recursos naturales.

 La Xunta prevé que el trabajo dure un máximo de 13 meses repartidos en tres fases: una primera de análisis jurídico-técnico del sector y obtención de datos, una segunda de elaboración de las propuestas normativas y una última de seguimiento y apoyo a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza durante la tramitación del texto legal. Medio Ambiente contempla que pueda ser el propio contratista el que exponga los textos legales “en foros especializados” y deja en sus manos elaborar “un informe en el que se detallarán las valoraciones recibidas, las previsibles consecuencias de admitirlas o rechazarlas y, de ser el caso, su posible integración en el conjunto del proceso normativo”.  (...)"             (   , El País, Santiago 15 MAR 2015)

26/3/15

La Xunta cubre cuatro puestos a dedo tras prometer que eliminará 500

"El pasado martes el nuevo conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, destacó en el Parlamento de Galicia que la nueva ley de empleo público hará que 500 jefaturas de servicio que hasta ahora cada gobierno nombraba de forma discrecional pasen a ocuparse a través de convocatorias públicas. 

Tres días después, según reveló ayer el CSIF,la Xunta comunicó a los sindicatos su intención de “crear” cuatro “puestos nuevos” de “libre designación” en la Axencia para a Modernización Tecnolóxica (Amtega). (...)

“Los ciudadanos no entienden que los puestos técnicos vayan elegidos por libre designación o por antigüedad”, dijo el conselleiro. El viernes, en la mesa general de negociación de empleados públicos, el Gobierno gallego presentó a los sindicatos una propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Amtega que, entre otros cambios, incorpora cuatro nuevas jefaturas provinciales que la Xunta prevé que sean de libre designación, esto es, nombradas discrecionalmente.

La propia memoria de la Amtega justificativa de los cambios dice, cuando describe sus servicios periféricos, que “se adscriben al Área de Modernización de las Administraciones Públicas los cuatro departamentos provinciales según lo previsto en el Decreto 149/2014 [que modificó la estructura de la agencia], con la creación de los siguientes puestos”, enumerando a continuación las cuatro jefaturas provinciales “con forma de provisión libre designación”.

 Según esa misma documentación, la reforma “no supone un incremento de gasto” cuando se analiza en su totalidad, ya que los nuevos puestos se compensan con supresiones de otros. En el informe con el que la Dirección Xeral da Función Pública de la Consellería de Facenda dio su visto bueno a la incorporación a la plantilla de la Amtega de las cuatro nuevas jefaturas de libre disposición destaca que “para financiar estos servicios entre otros puestos se amortizó un gerente de proyectos, puesto vacante”. 

El único requisito que establece la Xunta para esos cuatro puestos discrecionales es que sus ocupantes sean funcionarios de nivel 28B.

El CSIF recordó ayer que el Gobierno gallego anunció “a bombo y platillo que con la nueva ley se eliminarían los nombramientos por libre designación de jefes de servicio y cargos intermedios, que se pasarían a cubrir por concurso de méritos, por lo que esta aprobación desdice y viene a enmendar tanto la palabra del conselleiro de Facenda como del presidente de la Xunta”.

 “Por la nueva ley, estos puestos se cubrirían por concurso de méritos”, recuerda el sindicato, que destaca el visto bueno dado a la “maniobra” por la Consellería de Facenda, “el departamento responsable de la ley de empleo público de inminente aprobación”.  (...)"              (   , El País, Santiago de Compostela 16 MAR 2015)

25/3/15

Las otras 'amistades peligrosas' de Feijóo

"El Partido de los Socialistas de Galicia-PSOE presentó esta semana una moción en el Parlamento autonómico solicitando, por enésima vez, la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo para que explique los diferentes supuestos de corrupción en los que está inmerso el PPdG.

 Y que, en muchos casos, implican directamente a amigos o personas cercanas al presidente gallego. Las amistades peligrosas de Feijóo. La mayoría absoluta del PP echó por tierra la iniciativa.

Por supuesto, durante el debate tuvo Feijóo que escuchar reiteradamente el nombre de su amigo más peligroso, el narcotraficante arosano Marcial Dorado, condenado hace apenas un mes a seis años de cárcel y a pagar 21,5 millones de euros por lavar dinero de la droga.

 En el decorado de este proceso, celebrado en la Audiencia Nacional, ocupan lugar de honra dos hermosos barcos, pertenecientes a la flotilla que la Audiencia confiscó al contrabandista tras la sentencia.

 El Menkalina tiene 12 metros de eslora y, a bordo de él, Dorado y Feijóo surcaron las aguas arosanas en 1995, durante unas vacaciones en las que ambos compartieron el chalet del narco. A bordo del Oratus, el hoy presidente gallego y posible aspirante a suceder a Mariano Rajoy al frente del PP nacional, disfrutó de la calma de las mareas ibicencas en 1997.

Ambas naos estaban patroneadas por el también narco José Antonio Devesa, condenado a 11 años de cárcel por un alijo de 4.000 quilos de cocaína que transportaba en 2003. En aquellos años, Dorado ya había sido portada de los periódicos regionales por su detención en el curso de la Operación Nécora contra el narcotráfico, aquella que encumbró a Baltasar Garzón a la categoría de juez estrella. Y todo el mundo en Galicia sabía quién era y a qué se dedicaba Marcial Dorado. Exceptuando, al parecer, a Núñez Feijóo.

Pero estos días afloran otras presuntas amistades peligrosas del político orensano. Ocupa podio destacado, entre ellas, el nombre de Francisco Ramón Pachi Lucas, apodado El conseguidor por su habilidad al abrir puertas de la administración para facilitar adjudicaciones públicas

 Su ex jefe, Gerardo Crespo, lo confirma en conversación telefónica con Público. Crespo y su padre, además, también eran amigos de Feijóo. Y, antes, de Manuel Fraga: “Una persona estupenda. Soy afiliado desde cuando el PP era AP, a los 18 años”.

 Ahora Crespo es investigado como principal cabecilla de una presunta trama de cursos falsos para autónomos y discapacitados. La Operación Zeta. Tras pinchar su teléfono la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su facturación con la Xunta pasó de 1.900.000 euros en 2012 a 36.000 euros el año siguiente. Hoy asegura estar arruinado y no haber cometido ningún fraude.

Crespo pagaba al conseguidor Pachi Lucas 3.000 euros mensuales, por transferencia bancaria. “Yo a Feijóo lo conozco desde siempre. Desde que llegó a Galicia. A Pachi Lucas lo escogí porque me parecía la persona adecuada.

 Si luego él se basaba [para conseguir contratos] en sus amistades, es algo que contaré con calma. Pero no es un problema mío”, señala tras ser preguntado acerca de si la amistad de Lucas con Feijóo pudo haber influido en las adjudicaciones de la Xunta a su empresa Azetanet.

También sugiere que Feijóo pudo haber sido informado de su pinchazo telefónico cuando la investigación era aún secreta y Crespo desconocía estar siendo vigilado: “Feijóo me dejó de coger el teléfono a primeros de febrero de 2012 [un mes después de pinchar la UDEF su teléfono]. También Pachi Lucas me dejó de coger. Yo me di cuenta de que algo pasaba. Ellos se enteran de que estaba siendo investigado y se desmarcan”.

 De la buena relación de Lucas con Feijóo también dice tener constancia. “Yo soy consciente de que Feijóo le dijo a Pachi que nos iba a ayudar mucho, y que, cuanto más dinero ganáramos, mejor. Son frases de Feijóo a Lucas que Lucas me transmite a mí, y que han desaparecido de las grabaciones del sumario”. Otra vez documentos desaparecidos. 

Según estas interesadas fuentes. Había ocurrido ya cuando desaparecieron, a causa de una inundación, los contratos de la Xunta con el narcotraficante Dorado cuando fueron solicitados por la oposición.

–Tengo que hacerle una pregunta muy directa, pero no se ofenda, señor Crespo –dice el periodista–. ¿Financió usted de alguna manera al PP?

En el sumario consta que di aportaciones económicas al PP. No las niego. Las di.

–¿Lo hizo por transferencia?

–No. Hice donaciones en el despacho de Luis Bárcenas y tengo testigos. Y también a José Manuel Romay Beccaría cuando era tesorero [tras la defenestración de Bárcenas; Romay fue el gran valedor político de Núñez Feijóo, y actualmente preside el Consejo de Estado]. Y, por supuesto, también hice donaciones a Carlos Negreira [alcalde popular de A Coruña].

 Gerardo Crespo y Pablo Crespo no tienen nada que ver, a pesar de sus apellidos coincidentes. Si Gerardo está siendo investigado en la Operación Zeta, el otro es uno de los más rutilantes imputados de la Gürtel: Pablo Crespo era el número dos de Francisco Correa, para ser exactos. 

Y Pablo Crespo es otro de los grandes amigos peligrosos de Núñez Feijóo. De hecho, tras su nombramiento como conselleiro de Obras Públicas en 2003, en el último gobierno gallego de Manuel Fraga, Feijóo nombró a Pablo Crespo miembro del consejo de Puertos de Galicia.

Pero, tras destaparse la implicación de Crespo en la trama Gürtel, Feijóo negó conocer a aquel a quien había nombrado responsable de uno de los departamentos más importantes de su consellería.

En ese mismo consejo, el entonces flamante conselleiro Feijóo integra también a Carlos Negreira, actual alcalde coruñés y ya citado en este reportaje como receptor de donaciones ilegales del otro Crespo, Gerardo.

 La última amistad peligrosa conocida de Feijóo se llama Juan Carlos Escotet, y es un banquero venezolano al que se le vendió Novacaixagalicia por 1.000 millones de euros cuando su rescate le había costado al Estado español 9.000. El Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) reconoció ese sustancioso décalage de 8.000 euros como una pérdida. Feijóo admitió en sede parlamentaria haber sido uno de los principales actores de esta venta, en contacto directo con el banquero venezolano. Escotet regresó a la actualidad internacional estos meses porque su nombre figura en la lista Falciani.

“En torno a este hombre pasan cosas muy curiosas”, resume la diputada socialista gallega Marisol Soneira. “Este hombre tiene amigos muy peculiares”.

De momento, en el PP aún se especula con el nombre de Núñez Feijóo como posible cartel electoral en las generales, en caso de debacle municipal y autonómica de las huestes de Mariano Rajoy. Feijóo tiene tiempo para meditarlo. No está obligado a convocar autonómicas hasta otoño de 2016. Pero hay que pensar en un posible adelanto según lo que ocurra en las municipales, confirman fuentes del PP gallego.

En política, si pierdes un amigo pierdes un voto. Pero si pierdes un amigo peligroso, como los de Feijóo, puedes perder más."             (Público, 14/03/2015)

24/3/15

A puñetazos en una cola para conseguir un empleo en Lugo

"Centenares de lucense hacen cola desde la madrugada delante del centro de formación de la Cel para presentar currículos para acceder a uno de los 75 puestos de trabajo que oferta el supermercado E.Leclerc.

Abrirá en el centro comercial de Abella en verano. La cola, que se empezó a formar a las cinco y media de la mañana, da prácticamente la vuelta a la manzana poco más de una hora después de que empezaran a recoger las solicitudes.  

Según testigos presenciales, en la cola se ha producido una pelea en la que varios de los integrantes se han propinado puñetazos."             (La Voz de Galicia, 12/03/2015)

23/3/15

A herdanza de Cacharro

"Mais alá das habituais honras fúnebres, hai unha coincidencia básica sobre Cacharro Pardo: o nivel de poder acumulado durante 25 anos na provincia de Lugo é o maior que se pode constatar no postfranquismo. 

Existen sucesos e testemuñas concretas que acreditan o control absoluto que exercía sobre o seu partido e, polo tanto, sobre as institucións que ocupaban os seus subordinados.
 Nin o propio Fraga foi quen de modificar o statu quo cacharrista. Eran os termos contractuais típicos dunha relación clientelar: o ex–presidente da Deputación aseguraba a continuidade da hexemonía electoral do PP na circunscrición lucense a cambio dun virreinato territorial non sometido a interferencias alleas. 
Quen non aceitaba a lóxica de Cacharro pagaba unha forte peaxe.Se os votantes da segunda vila da provincia –Monforte de Lemos- teimaban no apoio a un alcalde –Celestino Torres- que non figuraba na nómina do patrón, ficaban sen os recursos precisos para infraestruturas e dotacións que recibían os concellos submisos.
Se o alcalde da capital –Joaquín García Díez- movía os marcos implícitos marcados polo padriño, non saía na foto dos seguintes comicios aínda que iso propiciara a chegada de López Orozco á presidencia da Corporación local.
A lembranza do poder absoluto de Cacharro Pardo suscita unha pregunta relevante:cal foi o balanzo do seu mandato medido en termos de progreso económico e de benestar social da provincia de Lugo?Onde están os cambios estruturais que permitan mirar con certa esperanza o futuro do tecido social dese territorio?A cuestión demográfica estivo algunha vez na axenda política da máquina de recadadores de votos creada por Cacharro?.
As mesmas preguntas podían ser formuladas mudando o escenario e os protagonistas:Ourense e a familia Baltar.As respostas serían moi parecidas.
Núñez Feijoo presume do que carece.Cando chegou á presidencia da Xunta, a herdanza cacharrista presentaba importantes vías de auga e non tivo que aturar os desplantes que coñeceu Fraga nas décadas anteriores.
Con Baltar podía demostrar a verosimilitude  da súa presunta lóxica “moderna” na gobernanza do partido e das institucións.Se algunha vez existiu tal pretensión o fracaso é indscutíbel.Hoxe por hoxe non foi quen de modificar  o troco tradicional: votos para a sigla a cambio de manter a continuidade do virreinato provincial."               (Xesús Veiga , Galicia Confidencial,  Compostela | 16/03/2015)

20/3/15

El BNG monta una campaña frente a la cafetería de María Caldelas, esposa de Baltar, para recaudar los 0,60 euros anuales que el Ayuntamiento socialista de Ourense le cobra de alquiler

"El BNG se ha propuesto que, una vez más, no quede sin abonar el alquiler anual de 0,60 euros de la cafetería de María Caldelas, exdiputada del PP gallego y esposa del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar. 

El bar, de propiedad municipal, fue sacado a concurso por el Ayuntamiento a finales de los años sesenta y adjudicado por medio siglo con un canon anual de 100 pesetas, una cantidad revisable cada lustro que, sin embargo, nunca ha sido modificado.

 Hace un año, la gestión pasó a manos de la esposa de Baltar y de otro empresario del sector de la hostelería y, según fuentes municipales consultadas, al igual que ha sucedido durante los últimos años, la renta del espacio de 186 metros cuadrados y gran terraza exterior en la zona más cara de la tercera ciudad de Galicia, no ha sido cobrada debido a su reducida cuantía.

Por eso, durante este jueves, los nacionalistas instalaron una mesa frente al local, con la que impulsaron una colecta popular bajo el lema: “Échale una mano a La Central. Necesita 0,60 euros para pagar el alquiler”. 

A cada ciudadano que introducía un céntimo de euro en las huchas habilitadas para la causa, se le imponía una pegatina en el pecho en la que se detallaba que había pagado el canon. Al final de la mañana y con el objetivo cumplido casi desde el primer minuto, se acercaron a una oficina bancaria para ingresar el dinero en una cuenta bancaria del Ayuntamiento.

Con esta campaña de crowdfunding pretenden hacer público el “silencio” y la “paralización” en torno a la comisión de investigación creada hace siete meses para aclarar la situación del local.

 La edil, Susana García, denuncia “obras de remodelación que no se ajustaron al proyecto, cesión ilegal de la gestión a una empresa [la de María Caldelas y su socio] distinta a la que tiene la concesión, desaparición del expediente y ocupación de una plaza pública con una terraza que no tiene autorización”. Y es que nada más comenzar esa investigación, se destapó la desaparición de documentos del expediente que ahora han sido parcialmente “reconstruidos”. 

García explica que aún esperan un informe “pedido en junio del año pasado para analizar el rescate de la concesión y a día de hoy ni se entregó ni hay fecha prevista para emitirlo, y la excusa que puso el alcalde [del PSOE] es la carga de trabajo de la asesoría jurídica”.

Además, durante los últimos meses, la sociedad de la exdiputada popular ha sido multada en dos ocasiones por incumplir la ordenanza municipal de veladores.

 Sin embargo, la concejala de Comercio, Juana Ageitos, no supo aclarar ni el estado en el que se encuentran esas sanciones –que según el BNG no han sido abonadas porque han sido recurridas de forma reiterada– ni el importe de la multas adeudadas a las arcas públicas. Fuentes del PP matizan, una vez más, que “todo está en regla” y recuerdan que los nacionalistas “apoyaron con sus votos durante un pleno, los presupuestos municipales del pasado año en los que no figura el canon”.               (   , El País, Ourense 12 MAR 2015)

19/3/15

Cómo la industria láctea chantajea por contrato a los ganaderos ante un Gobierno impasible

 Documento anexo al contrato que debe firmar un ganadero con un industrial lácteo para renunciar a la ley del Ministerio, que fija la duración contractual en un año y que, con esta "Renuncia", se queda en "un mes". PÚBLICO

"La situación de los ganaderos en Galicia empieza a ser "desesperada", reconocen fuentes del sector. Público ha tenido acceso a uno de los muchos contratos con los que la industria láctea chantajea a los productores de leche para obligarles a renunciar a las condiciones impuestas hace dos años por el Gobierno respecto a la duración de los contratos, que busca la estabilidad de un sector muy maltratado por la crisis económica y la competencia de precios en la distribución (supermercados).

El Consejo de Ministros del 27 de febrero aprobó, dentro de la modificación del llamado "paquete lácteo" del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente iniciada hace dos años, una serie de medidas que vuelve a incluir la obligatoriedad de que los contratos duren, por lo menos, un año; sean firmados dos meses antes de que se extinga el contrato anterior, y permitan al ganadero (sólo al ganadero) acortar ese plazo anual comunicándolo a la autoridad administrativa competente.

 
 Cómo la industria, mediante una Nota Informativa incluida en el contrato, fija el precio de la leche en el mínimo justificándolo por las "fluctuaciones del mercado" y para "evitar estar firmando el documento continuamente", pero asegurando que se puede llegar a pagar un "precio superior". Nunca se hace, según los ganaderos. PÚBLICO

 El Ejecutivo de Rajoy aprobó este nuevo "paquete lácteo" un mes antes del fin de la llamada "cuota láctea" (tope de producción impuesto por la Unión Europea para no tener que cubrir excedentes, lo que supone la liberalización total de este mercado) y en medio de la continua revuelta de los sindicatos ganaderos gallegos contra los bajos precios a los que se ven obligados a vender la leche a los productores. "O vendes al mínimo precio o no te recogen la leche", se desesperan los suministradores.

 El ejemplo de cómo el precio mínimo no pasa de ahí está asimismo, en el contrato al que ha tenido acceso este diario entre un ganadero lucense [evita hacer público su nombre por temor a represalias] y un industrial del sector lácteo. 

En una "Nota Informativa Importante", el empresario quita hierro a la fijación del precio en el mínimo por las "fluctuaciones del mercado" y para "evitar estar firmando el documento continuamente", aunque asegura al productor [en gallego en el contrato] que la firma de este acuerdo "NO QUIERE DECIR [sic las mayúsculas] que esto impida que usted pueda cobrar la leche a un precio superior", algo que "nunca ocurre", según el ganadero, y que puede adivinarse por la informalidad de los términos.

El contrato mostrado por este medio entró en vigor el 1 de enero de 2015, pero la senadora socialista Paula Fernández, asegura que, en los dos últimos años, "el 99% de los contratos firmados entre productores e industria alcanzan los tres meses" como mucho, a pesar de la duración obligatoria de un año. 

Los ganaderos los firman por "miedo a que las empresas no recojan la leche" y éstas presionan a los productores con los precios porque la distribución (los supermercados y superficies comerciales, el último eslabón de la cadena láctea antes del consumidor) "tira" los precios de la leche "como reclamo". "Los ganaderos no cubren costes", asegura Fernández, exalcaldesa de Silleda (Pontevedra), un municipio gallego de fuerte componente agrícola y ganadero. (...)

El Gobierno ya manifestó a principios de mes que su preocupación por la viabilidad de la industria láctea iba mucho más allá que la que le merecen los ganaderos, aunque se confirmen los abusos de la primera. 

Así, el mismo día que se conoció (2 de marzo), la ministra de Agricultura se mostró temerosa por el impacto que pudiera tener en las empresas la multa de 88,2 millones de euros que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a nueve compañías y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España por haber participado en "conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia" (infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989, del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 101 del TFUE) (...)"               (Público, 18/03/2015)

17/3/15

El vicio sexual del fraile del Camino

 
 Pepe, el franciscano

"Sucedió aquellos días en que la nieve empezaba a derretirse. Entonces los vecinos de O Cebreiro se quedaron helados. La Guardia Civil, que en realidad llevaba un mes mirando sin ser vista, se llevó el pasado día 23 a Pepe el franciscano, la cara amable del santuario que es la puerta a Galicia del Camino Francés a Santiago.

 José Quintela Arias, probablemente el fraile más retratado de este país, presente en los álbumes de viaje de incontables peregrinos de todo el planeta, militante de la estética franciscana más genuina, se había convertido en cinco años de destino en O Cebreiro (Pedrafita, Lugo) en todo un personaje de la ruta jacobea.

 Ahora este hombre de 56 años está en prisión imputado por presuntos abusos sexuales a una menor y al primo de esta, discapacitado intelectual. También por supuesta inducción a la prostitución y apropiación indebida de dinero de uno de los cepillos más rentables del Camino.

Con la muchacha, que hoy ya ha cumplido 17 años, según el atestado, mantenía relaciones sexuales en el coche, en un hotel, en su casa natal de Ourense y, sobre todo, en la sacristía. Cuando caía la tarde y cerraba el templo prerrománico, la cría cuenta que el religioso extendía una colchoneta, encendía las estufas, y se entregaba con ella a toda suerte de fantasías. La joven vecina insiste en que empezó con él casi por pena, porque le decía que no tenía a nadie, pero que luego le cogió cariño. Las relaciones eran “consentidas”, dice.

De la carpeta de “enviados” de su teléfono móvil se rescataron más de 250 fotos de carácter sexual. En algunas aparece la chiquilla desnuda, y en buena parte de ellas simplemente su pene. “Parecen los retratos de un tipo narcisista, pero narcisista con su miembro viril”, comentan fuentes del caso. 

En estas instantáneas, según las mismas personas, se pueden ver los genitales del fraile decorados con los más insospechados objetos de uso doméstico, también comida y billetes supuestamente procedentes de las dádivas de los fieles. Actualmente, la Guardia Civil investiga si algunas de estas fotos pudieron llegar a entrar en algún circuito ilícito de intercambio de pornografía y si en esta red participaban religiosos de otra orden.

No se ha aclarado, de momento, por qué el franciscano tenía tanto interés por el arte del retrato. Según declaró la chica, el fraile le pidió varias veces que buscase terceras personas con las que montar tríos o incluso para hacer el amor con ella mientras él se limitaba a mirar.

Solo accedió la primera vez. Según refleja el atestado, Quintela los recogió a ella y a su primo, un chico de 19 años con un 40% de minusvalía, a la salida del pueblo y los llevó a su casa en una apartada aldea de San Xoán de Río (Ourense), donde solo vive una anciana. Allí les ofreció empanadas, ron y ginebra. Luego les dijo que se desnudasen y que mantuviesen relaciones mientras los retrataba con el móvil.

 La chica cuenta que estaban borrachos, su primo más que ella, y ninguno es capaz de precisar si el fraile hacía fotos o grababa vídeo. La Guardia Civil tampoco ha podido aclarar si José Quintela llegó a penetrar al joven aquella noche. El atestado recoge el testimonio del padre del chico, que dice que “lo intentó pero no lo consiguió”, y otro de un taxista al que el muchacho le cuenta que “al día siguiente ya no duele”. “Es todo vomitivo”, comenta un excompañero de la orden franciscana en O Cebreiro.

“Ella me lio de mala manera”, “perdí la cabeza”, se defendió el fraile tras su detención. Entre rejas, según su abogado, conoció el arrepentimiento y se declara culpable de parte de los hechos que se le imputan.

 La niña afirma que ella no le pidió jamás “un céntimo”, pero el religioso le daba billetes “antes, durante y después” del sexo, “a veces 300 euros”. La cantidad variaba, dice, dependiendo del número de visitantes del templo. Multitud durante el verano y en las fiestas patronales de septiembre. También al primo le dio en aquel viaje a Ourense.

Pero es que la generosidad del franciscano era proverbial. Hay peregrinos que cuentan que acabaron el Camino con las botas que les regaló José Quintela. En O Cebreiro, ahora que un fuerte viento que tumba los árboles se ha adueñado del lugar que antes llenaban el fraile y la nieve, aún hay quien se atreve a recordar las cosas buenas que se decían de él. 

“Si llegaba un caminante con el calzado roto, le compraba unas botas, pero no unas cualquiera, sino unas chirucas de 70 euros”. “A los que no tenían qué comer, les hacía un vale para el bar y luego pasaba a pagar”, loan. La detención de Pepe el fraile aplastó como un alud el ánimo de todos. Hasta que empezaron a circular los rumores que desembocaron en la investigación, lo tenían por un religioso de humilde espíritu franciscano; que fotografiaba los témpanos de hielo y las flores silvestres como si fueran señales divinas.

Poco tiempo antes de marchar con la Guardia Civil y usar su llamada como detenido para avisar a un político gallego con el que tiene una estrecha amistad, colgó en Facebook varias de estas estampas; también su foto con Teresa Romero, que hizo el Camino superado el ébola; y la de un mantel primorosamente bordado con la tau griega (aprendió la labor destinado en Marruecos) que remató las últimas tardes gélidas. 

Aquellos días murió un vecino y, para que la comitiva llegase al camposanto, los frailes pidieron al consistorio una máquina que abriese un canal en la nieve acumulada, de varios metros de altura. Pepe o do Cebreiro “era amigo”, siempre estaba “dispuesto a servir” y presto a ayudar despejando el atrio a paladas.

El franciscano declaró que la chica “desconocía” un problema de salud que arrastraba desde hacía 22 años y podía llegar a afectarla. Pero aunque existe una foto en la que se simula una penetración sin preservativo, la menor asegura que siempre usaron condón. Repetían su liturgia desde que tenía 16 años: quedaban por teléfono, y si no encontraba quién la subiera, la niña recorría a pie los kilómetros cuesta arriba que separan su pobre aldea del turístico santuario.

Muchos de los peregrinos que llevan grabado en el alma el recuerdo del pintoresco personaje al que confiaban secretos y congojas están estupefactos. Si volvían le traían regalos; incluso del otro lado del Atlántico venían cargados con una Biblia para Pepe. Antes había estado destinado en otros lugares. 

En Ponteareas (Pontevedra), por defender los derechos de sus vecinos, en una protesta plantó cara a los antidisturbios. Ayudó a enfermos y moribundos arriesgando su salud. En verdad, O Cebreiro está helado. Nadie quiere creer lo que pasó."                (   , El País, Pedrafita do Cebreiro 16 MAR 2015)

16/3/15

La Xunta elimina 30 puestos que creó para personas concretas... hace 15 años

"La Consellería de Medio Rural ha presentado a los sindicatos la documentación funcional y económica de su nueva relación de puestos de trabajo, en la que se destapa la supresión de 130 puestos laborales. 

Y entre la cantidad de finiquitados destacan una treintena de peones y capataces del servicio contraincendios que, según el secretario general de Medio Rural, fueron creados “para dar solución a determinadas personas con problemas de titulación”.  (...)

La diputada nacionalista replicó que “los puestos no tienen problemas de titulación y sí las personas” y recordó que “a los jefecillos se les adecuan los puestos, cambiando incluso los requisitos exigidos”. (...)

La consellería no ha aclarado a este diario ni cuándo fueron creadas las plazas ni por qué se destinaron a personas que tenían problemas con su cualificación profesional ya que, durante toda la tarde ayer, fue imposible localizar al secretario general. Desde el BNG se cree que fueron creados hace tres lustros. 

Además de los empleos desaparecidos en el servicio contraincendios, durante la comisión también se detalló que permanecen sin ocupar en diferentes oficinas agrarias comarcales los puestos de 13 veterinarios, 18 técnicos y 15 administrativos, ninguno de ellos de carácter investigador."         (   , El País, Ourense 12 MAR 2015)

13/3/15

Case cen persoas para un posto de peón en Cedeira... cando se necesite

"Un total de noventa persoas acaban de ser admitidas nunha lista para entrar no proceso de selección dunha praza con contrato indefinido ou temporal de peón no Concello de Cedeira. Un proceso no que foron desbotados tres candidatos por erros de documentación.
Os seleccionados pasarán a integrar unha bolsa de emprego para contratar unha persoa cando as obras do municipio así o requiran, segundo apunta o Concello.
Esta é unha nova iniciativa da corporación de Luis Rubido, do PP, que hai un ano tamén abriu outro proceso semellante para contratar tres peóns.  Os admitidos deberán superar aínda dúas probas teóricas e práctica para optar ás contratacións temporais ou postos interinos de peón "cando se necesite".        (Galicia Confidencial, 10/03/2015)

12/3/15

La oposición reprocha a Feijóo sus “negocios privados” mientras él se construye un “comedido” chalet de 350 metros, al sospechoso precio de 250.000 euros

"El Parlamento gallego ha vivido este martes un tenso pleno que llegaba marcado por la ajetreada agenda del presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo. 

La oposición le reprocha sus viajes al servicio del partido o de “negocios particulares” y no de los gallegos y le reclama transparencia ante las tramas de corrupción que azotan a su partido mientras se escamotea información. 

Y para colmo en los últimos días se ha sabido que el presidente ha solicitado los permisos para empezar a construir un chalet de 350 metros cuadrados, lo que ha levantado todo tipo de suspicacias.

Viajes con el PP para hacer “suculentos negocios privados”

Núñez Feijóo estuvo el fin de semana de gira por Argentina y Uruguay en actos del PP y la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, había denunciado que esos viajes del presiente gallego servían para hacer “suculentos negocios privados”, porque sus resultados “no son beneficiosos para los intereses públicos de la comunidad gallega”.

 “Realmente suponemos que el señor Feijóo irá allí a hacer negocios personales, porque negocios o rentabilidad económica para este país, ninguna”, dijo Díaz. Desde el BNG pidieron a Feijóo que descuente del salario que percibe como presidente de la Xunta los días que permaneció fuera de Galicia para participar en actos políticos del PP. 

Feijóo ha replicado en el pleno que puede “cumplir con sus obligaciones” tanto como presidente de la Xunta como presidente del PP gallego, y que los viajes de partido los financia la formación, insinuando que con sus antecesores no era así.

El PP tumba una moción para que Feijóo abordara la corrupción y sus amistades

Pero precisamente al presidente le han pedido también transparencia sobre la financiación de su partido en Galicia y los casos de corrupción que salpican a su partido, pero el PP ha tumbado una moción del PSdeG en ese sentido que estaba respaldada por el resto de los grupos de la oposición.

 La moción instaba a Núñez Feijóo a comparecer en el Parlamento “para dar cuenta de los múltiples casos de corrupción vinculados a la financiación del PP y de las relaciones con personas inmersas en procesos judiciales e, incluso, juzgadas y condenadas ya por corrupción o actividades criminales”.(...)

 El “comedido” chalet de 350 metros cuadrados en la Ría de Vigo

Justo antes de que Feijóo emprendiera su gira latinoaméricana El Faro de Vigo desvelaba que el presidente de la Xunta ha presentado una solicitud de licencia municipal en Moaña (municipio pontevedrés en la costa de la Ría de Vigo conocido por la calidad de sus playas) para construir una casa de “dimensiones comedidas”, según los arquitectos José Abeijón y Miguel Fernández Carreiras, redactores del proyecto. 

Esas “comedidas” dimensiones se traducen en 354 metros cuadrados de superficie construida con tres plantas y piscina de 33 metros en una finca de 1.040 metros cuadrados que Feijóo posee allí. El presupuesto de ejecución propuesto por los arquitectos ronda los 215.000 euros.

 La opacidad de la Xunta y del PP en el Parlamento gallego ha llevado a medios como Xornal de Galicia a preguntarse que de dónde saca el presidente el dinero para tener dos casas y construirse un chalé en una zona privilegiada en un solar cuyo valor no declara, aunque sea construyendo tres plantas y una piscina a 215.000 euros: “Nadie en Galicia logra construir tan barato”.           (El Plural, 10/03/2015)

11/3/15

Personal de la Xunta denuncia el enchufe de un hijo de Corina Porro. Se le dio el puesto ganado por otro

"El comité de empresa de la Axencia de Turismo de Galicia (Aturga) ha denunciado que este ente ha otorgado una plaza de profesor en el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) al hijo de la presidenta del Consello Económico e Social (CES) de Galicia y exalcaldesa popular de Vigo, Corina Porro. 

En un comunicado, el comité de empresa sitúa los "antecedentes" en el pasado mes de agosto, en el que se convocó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el concurso-oposición para cubrir una plaza de profesor de técnicas de instalaciones en el CSHG.

El proceso, relata, se resolvió en favor del candidato que obtuvo la puntuación más alta, publicándose los resultados en la página web del centro de hostelería. El candidato que lícitamente obtuvo el derecho a la plaza "nunca" llegó a ocuparla y, según el comité de empresa, "sorprendentemente" el pasado 3 de marzo dicha plaza fue ocupada por otra persona que "en ningún momento pasó prueba alguna de selección, saltándose de este modo todos los canales y procedimientos legales del proceso selectivo".

El comité de empresa ha incidido en que se da "la especial" circunstancia y "casualidad" de que quien ocupó esta plaza es "el hijo de la actual presidenta del Consello Económico e Social (CES), antigua conselleira de la Xunta y exalcaldesa de Vigo."            (   , El País, Santiago 9 MAR 2015)

10/3/15

Un excandidato del PP denuncia enchufes del partido en Ourense

 José Manuel Freire, alcalde de Barbadás / nacho gómez

"Sancionado por la Agencia Tributaria en 2012, tras una denuncia anónima en la Fiscalía Anticorrupción, por haber defraudado 208.068 euros entre 2007 y 2010; imputado por supuestos delitos de corrupción urbanística a raíz de una demanda presentada por el PSOE local y denunciado ahora también en el juzgado por un excompañero de partido por amañar presuntamente las oposiciones municipales. 

El alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto, afronta la recta final de su larga carrera política —renunció a repetir, tras 26 años en la alcaldía, en cuanto la juez abrió la investigación— cuestionado por sus más sonadas actuaciones: el desarrollo urbanístico del municipio, colindante con la capital, y la política de personal.

 El regidor niega “rotundamente” los hechos que le atribuye su antiguo hombre de confianza y achaca la denuncia al “revanchismo” de quien “confiaba en que lo nombraría sucesor”. El portavoz del PSdeG en Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, sí da crédito a la denuncia: ha anunciado su decisión de personarse en la causa y reclamado ya al Ayuntamiento la relación de los aprobados desde 2007 hasta el momento, sus calificaciones y la lista de los miembros de los tribunales que otorgaron las plazas.

El empresario Marcos Valencia, número ocho en la lista del PP en las municipales de 2007 y estrecho colaborador de Freire hasta hace unos años, registró el sábado una denuncia en el juzgado de guardia de Ourense. 

Acusa a Freire y a su grupo de gobierno, incluida su sucesora en la candidatura a la alcaldía de Barbadás, Consuelo Vispo, de “vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad en la contratación de trabajadores”. Una denuncia política repetida durante años por la oposición. En el escrito registrado en el juzgado, Valencia sostiene que los integrantes del grupo de gobierno “amañaron exámenes como pago de favores” a funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento.

 El método, según sostiene, era que el teniente de alcalde, Manuel García —investigado junto con Freire por supuesta corrupción urbanística— llamaba “el día anterior al examen desde un teléfono móvil” a los seleccionados a quienes “entregaba las respuestas” de las pruebas. Asegura además el demandante que los tribunales examinadores estaban “al tanto de todo”.

El alcalde niega “rotundamente” la denuncia, que atribuye al revanchismo del excolaborador: “Es una venganza contra su exmujer [que está contratada en el Ayuntamiento] de la que tiene orden de alejamiento y contra mí, porque pensaba nombrarlo mi sucesor para la alcaldía y así se lo hice saber”, sentencia el regidor, que explica que dio marcha atrás a esta idea cuando le alertaron “de quién era realmente” su colaborador. 

Un poco antes, el gobierno municipal presidido por Freire había promovido un expediente municipal de apoyo a Valencia por su “novedosa iniciativa” en la creación de una empresa de hielo en la localidad.

En declaraciones a este diario, el demandante ha asegurado tener pruebas que aportar a la investigación judicial. “Yo estaba con ellos cuando se hacían esos procesos de selección y además es fácil comprobar las llamadas que se realizaban desde el mismo número de teléfono, siempre el día anterior a los exámenes, a todos los que después aprobaban”, explica. 

Valencia reconoce que su exesposa fue “una de las enchufadas” y sostiene que ha decidido presentar ahora la denuncia porque está ya “fuera del partido”. “Quería quitarme este peso de encima”, afirma."            (   , El País, Ourense 8 MAR 2015)

4/3/15

«No sabemos si fue más duro pelear con el clan de los Charlines o con la Justicia»

"En los millones de folios que se acumulan en los juzgados gallegos a la espera del señalamiento de juicio o de una resolución hay miles de nombres. Son personas que soportan en carne propia las consecuencias de ese caos judicial que lleva, por ejemplo, a fijar un plazo de dos años para discutir sobre la procedencia de un despido laboral.

 Desde personas que tratan de defender sus derechos laborales a afectados por las participaciones preferentes. Son solo algunos ejemplos de casos que están enterrados bajo una gran marea de papeles.

Eran unas veinteañeras cuando las trabajadoras de Charpo, la conservera matriz de los Charlines en Vilanova, se lanzaron a la calle para defender sus derechos. Denunciaban unas condiciones de trabajo tercermundistas: 

«No teníamos Seguridad Social, y lo mismo que teníamos que trabajar en la conservera había que hacerlo en su casa o en donde ellos dijesen», recuerda ahora una de las afectadas. Las setenta trabajadoras que entonces se rebelaron no podrían imaginar que más de veinte años después, casi en la cincuentena, estarían en las mismas. O casi.

El conflicto laboral se remonta a los años noventa, cuando fueron despedidas y luego readmitidas por mandato judicial. En plena lucha contra el clan vilanovés, las primeras sentencias contra los Charlines llevaron a la Audiencia Nacional a embargar la nave y a nombrar un administrador que gestionase la empresa.

 Ellas lo celebraron y creyeron ver la luz al final del túnel, pero finalmente la firma fue declarada inviable y cerró sus puertas. Ellas se quedaron en la calle e iniciaron una lucha para recibir las indemnizaciones que la propia Justicia les reconocía. Pero más de veinte años después todavía les adeudan 200.000 euros de intereses. «Cobramos 10.000 euros cada una, pero por cuentagotas, a una media de 400 euros por año».

Para ello tuvieron que estar atentas a cada subasta de los bienes del clan, y andar detrás de los administradores para que con el dinero obtenido se les pagasen las indemnizaciones. Son incluso propietarias de varias fincas que habían sido embargadas al clan y de un bajo en Madrid. 

Muchas veces tuvieron que oír que había otros deudores antes que ellas. «Pero nunca nos dicen quiénes son, y pueden ser incluso testaferros de los Charlines». Por eso, pasado el tiempo, «no sabemos si fue más duro pelear con los Charlines o con la Justicia», aseguran.

Aunque lleva mucho menos tiempo esperando, Ana Barreiro empieza a estar desesperada. Impartía cursos del Celga hasta que no la volvieron a llamar: «Os nosos contratos eran discontinuos, pero periódicos. En novembro do 2013, a Xunta comezou a prescindir de nós.

 Por medio de CC.OO., denunciei, o mesmo que outros compañeiros». La demanda la presentó en verano. Tuvo varias fechas de juicio, pero se suspendieron. Hace unos quince días se celebró la vista. «Aínda non hai sentenza. Xa houbo algunhas favorables, polo que os traballadores foron readmitidos. Con esa esperanza estou agardando agora, sen cobrar nin traballar dende o 2013. Pero aínda que agora saia favorable, é probable que a Xunta recurra, e aínda haberá que agardar cando menos catro meses máis» .

Quien no deja de repetir que la larga espera judicial es una vergüenza es un afectado por las preferentes de la provincia de Lugo. Aunque prefiere mantener su nombre en el anonimato, le gustaría que se supiese que después de haber presentado la demanda en el juzgado el 23 de abril del 2013 aún le han puesto el juicio para el 7 de octubre

. Pelea por lo 20.000 euros que se le deben. «Dábanmos, pero cando mos ofreceron xa levaba gastados moitos cartos en procurador, avogado... E iso non o daban. Por iso, vou ata o final».

El colapso que sufren un tercio de los juzgados gallegos, como reconoce un trabajo del propio Consejo General del Poder Judicial, es producto de muchos factores. Uno de los que contribuye a que el resultado de la ecuación sea tan desesperante para muchos ciudadanos es el tiempo medio de elaboración de peritajes.

 «Hay pruebas de ADN que pueden tardar en llegar hasta diez meses», explican fuentes de la judicatura consultadas. «El asunto es especialmente sangrante -añaden- cuando hay alguna persona en la cárcel en situación procesal preventiva por temor a que pueda escapar a la espera de dicho resultado».

De ahí que, como apuntan también otras fuentes consultadas, sea preciso poner más medios no solo en los juzgados, sino también en otros organismos como la policía o la Guardia Civil porque de su trabajo depende el tiempo de duración de un proceso.
Delitos de Internet

La elaboración de informes sobre presuntos delitos cometidos a través de Internet también es otro de los asuntos que suelen dilatarse. En este sentido, fuentes judiciales apuntan que el aumento de ese tipo de delitos provoca un atasco en ese sentido. «Ha habido casos en los que se ha llegado a esperar hasta dos años por un informe de Internet».
 
Otros delitos que han aumentado como consecuencia de la nueva coyuntura económica son las estafas. La elaboración de peritajes resulta ahí fundamental para asuntos como, por ejemplo, comprobar que una rúbrica es realmente de quien dice ser."         (La Voz de Galicia, 03/03/2015)

3/3/15

El fiscal investiga por prevaricación a Medio Rural al contratar helicópteros

"El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago y la fiscalía han hallado indicios de prevaricación en la adjudicación por parte de la Consellería do Medio Rural e do Mar del servicio de extinción de incendios con helicópteros a la empresa Inaer, responsable de la gran mayoría de las aeronaves de salvamento marítimo, guardacostas o emergencias de la Xunta. 

Al menos dos interventores han declarado ya en el juzgado, que está citando a otros testigos relacionados con la causa. Según fuentes de la investigación, esta se ha visto impulsada gracias a un informe del Consello de Contas que hace tres meses señaló diversas irregularidades en los contratos de helicópteros de la Xunta.

 La CIG presentó en 2012 una denuncia por prevaricación contra la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana; su entonces secretario general, Francisco José Vidal Pardo (dimitido meses después por “motivos personales”), y su director de Montes, Tomás Fernández-Couto, por contratar a dedo con Inaer por 6,6 millones de euros el servicio de ese año de transporte aéreo de las brigadas contraincendios.

 La empresa ya lo había prestado en años anteriores pero en ese, como novedad, asumió también la gestión de las brigadas, que antes correspondía a la Xunta y que Inaer subcontrató a su vez a otra firma, Natutecnia. La consellería justificó entonces que ante la proximidad de la época de incendios no tenía tiempo para pedir varias ofertas y optó por una encomienda de gestión a Inaer.

En 2013, Medio Rural sí convocó un concurso público para prestar ambos servicios (12 helicópteros y sus brigadas) ese año y el siguiente por 12,3 millones de euros. A ese proceso se presentó, además de Inaer, otra firma que ya había desempeñado ese trabajo en Castilla y León.

 Pero, un mes después de licitarlo, la consellería argumentó que ambas ofertas incumplían los pliegos de condiciones, declaró desierto el concurso y convocó un proceso negociado en el que eligió a dedo los invitados a participar. Ya solo concurrió Inaer que, con menos requisitos que en el concurso previo, se llevó el contrato con una rebaja de apenas 8.000 euros, un 0,06% de los 12,3 millones de partida. 

 La Xunta argumentó que había cumplido escrupulosamente la ley de contratos. No opina lo mismo el Consello de Contas, para quien la consellería “demoró en exceso la convocatoria” del concurso original. Luego, según el ente fiscalizador, hubo una “modificación sustancial de las condiciones iniciales” que “constituye un obstáculo legal para la posterior convocatoria de este procedimiento negociado sin publicidad, con infracción de los principios de publicidad y transparencia”. Según Contas, Medio Rural debió convocar un nuevo concurso público.

Además, un mes y medio antes de que Inaer se adjudicase el contrato, sus helicópteros ya estaban desplegados en bases de la Xunta, según demostró la CIG con varias fotografías. Medio Rural dijo que usaron sus helipuertos antes de la adjudicación “igual que otras aeronaves emplean de forma puntual instalaciones de otros aeroclubes” sin que supusiese ningún coste.

Después, con la campaña de incendios ya iniciada, Medio Rural contrató otros tres helicópteros, también a Inaer. En dos casos la empresa fue la única candidata y no rebajó ni un céntimo los importes de licitación, de 3,7 y un millón de euros respectivamente. En el tercer caso, un helicóptero menos complejo, se presentó otra oferta y ahí sí Inaer rebajó 47.000 euros sobre el precio de partida de 682.000.

 En los concursos, las empresas desconocen si van a tener más competidoras así como las rebajas que estas puedan presentar, por lo que en teoría deberían reducir al máximo sus ofertas. Inaer defendió entonces que la decisión de no rebajar ni un céntimo sus ofertas forma parte de su “estrategia comercial y empresarial” y que “si no hay en España otra empresa que cumpla con determinados requisitos técnicos, no es problema de Inaer”. 

La empresa dice ahora desconocer la investigación judicial en marcha, no valora las irregularidades detectadas por Contas y asegura que cumple con la ley de contratos. Sindicatos y oposición han criticado en varias ocasiones que aparatos de Inaer no estuviesen disponibles por falta de tripulación o averías en accidentes marítimos o en el siniestro de Angrois."        (   , El País, Santiago 24 FEB 2015)

2/3/15

A lenta agonía de Ferrol

"Ferrol, a cidade ilustrada que naceu como exemplo de orde e futuro, é xa unha cidade do pasado. A urbe xa é a sétima  de Galicia en poboación e baixou da barreira dos 70.000 veciños o pasado 2014, quedando en 69.259 residentes.
De acordo cos datos que publicou este martes o Instituto Galego de Estatística (IGE),  Ferrol tería perdido nun só ano 1.130 menos. Un goteo que, nos últimos 24 anos provocou a redución de máis de 18.000 veciños, pasando dos 87.691 que había en 1981 aos pouco máis de 69.000 actuais.  
Unha situación de demostra o fracaso das políticas do actual rexedor, o popular José Manuel Rey Varela, que, cando chegou a Alcaldía, en 2011, prometeu un crecemento poboacional como unha das metas do mandato. Pero, os datos din outra cousa, nestes anos o número de ferrolanos baixou en case 4.000 persoas.
Por iso, puxo en marcha un programa de bolsas para todos os nenos de 0 a 3 anos matriculados nas gardarías da rede pública (A Galiña Azul) ou concertada (Afesin) da cidade. Tamén anunciou que os pais dos menores recibirán de 50 a 70 euros mensuais por fillo -de acordo ás bases da convocatoria aprobadas este luns na Xunta Local- en función de se teñen un fillo (50 euros), dous (60 euros cada un) ou tres (70 euros) nunha escola infantil.
Tamén a candidata do PSOE, Beatriz Sestayo, comprometeuse a impulsar "un plan completo de medidas", entre as que citou un plan de vivendas apoiado nun urbanismo sustentable, para que a cidade recupere poboación e tachou o declive de "sangría permanente e auténtica catástrofe". En todo caso, criticou ao PPdeG por poñer a Ferrol á cabeza en desemprego en Galicia cunha taxa que rolda o 25% na comarca."           (Galicia Confidencial, 27/02/2015)