"El fiasco de la política de Alberto
Núñez Feijóo con respecto a la energía eólica va a costarles a los
gallegos, de momento, tres millones de euros. Esa es la cantidad que
figura en la modificación presupuestaria aprobada por la Xunta el pasado
verano para hacer frente a las indemnizaciones ordenadas por la
justicia por la anulación del concurso eólico aprobado por el Gobierno
anterior, que coaligaba al PSOE y al BNG.
La oposición quiere que el
presidente lo pague de su bolsillo, pero en la Xunta y en el PP nadie
apuesta por esa posibilidad. Y no parece muy probable que Feijóo se
avenga a asumir esas indemnizaciones con cargo a su patrimonio personal.
Fue una de sus primeras medidas,
adoptada apenas cuatro meses después de acceder a la presidencia de la
Xunta, adoptada en pleno mes de agosto. Lo había prometido durante la
campaña electoral: anularía el concurso eólico del bipartito, que había
adjudicado a cerca de una treintena de compañías la explotación de
parques con una potencia prevista de más de 2.300 megavatios, es decir
casi lo mismo que hasta entonces se producía en la comunidad.
Las
condiciones de aquel proyecto preveían un 14% de participación pública
en los beneficios de las empresas, que además estaban obligadas a
invertir en la ejecución de planes industriales en las comarcas donde se
iban a instalar los molinos.
El trámite del concurso dividió al
bipartito, que presidía el socialista Emilio Pérez Touriño, y fue objeto
de una sonada lucha de intereses económicos, políticos y mediáticos. El
vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, llegó a
denunciar posteriormente que había recibido presiones y amenazas varias,
entre ellas del editor de La Voz de Galicia, el periódico más leído en
la comunidad, para que modificara los criterios del concurso.
“Un
enfermero de Allariz [la profesión de Quintana antes de dedicarse a la
política] no puede venir a cambiar el mapa económico de Galicia. Atente a
las consecuencias”, dice que le dijo. Quintana asegura que rechazó las
presiones y siguió adelante. Pero lo cierto es que desde entonces el
diario se posicionó abiertamente a favor de Feijóo, que ganó sus
primeras elecciones por un escaño de diferencia sobre la suma de los de
PSOE y BNG.
Cuando accedió a la Xunta, el nuevo
presidente anuló el concurso alegando que adolecía de “tachas graves de
legalidad” y, por la participación del sector público en la producción
energética, violaba los principios de libre empresa recogidos en la
Constitución. Los jueces, sin embargo, no opinaron lo mismo. El Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), primero, y el Tribunal Supremo,
después, declararon ilegal la anulación del concurso del bipartito.
El
Gobierno del PP volvió a repartir megavatios sustituyendo la
participación pública en el proyecto por un “canon ambiental” que,
aseguró, recaudaría 600 millones de euros al año. Pero e el TSXG lo
declaró ilegal en el 2016 y abrió las puertas a la oleada de
reclamaciones que la Xunta debe afrontar ahora.
Alberto Núñez Feijóo. Archivo EFE/Xoan Rey
“Feijóo tumbó el concurso del bipartito
por sectarismo ideológico”, subraya Noa Presas, diputada del BNG., quien
denuncia además los efectos que ha tenido sobre la economía y el empleo
de Galicia la paralización del desarrollo de su potencial eólico: en
cinco años apenas se han creado 1.800 de los 12.000 nuevos puestos de
trabajo previstos en el sector; Galicia ha caído en pocos años a la
cuarta posición nacional en producción de energía eólica cuando en el
2009 ocupaba la segunda a muy poca distancia de Castilla y León; y las
empresas han suspendido la mayoría de sus proyectos tras la decisión del
PP de eliminar las ayudas a las renovables en todo el Estado y,
también, por la enorme inseguridad jurídica en la que se mueven tras la
anulación del concurso del 2009.
Todo eso sin contar los perjuicios
para el contribuyente, porque las sentencias judiciales emitidas hasta
ahora contemplan indemnizaciones por más de 1,8 millones de euros:
843.000 euros para Ventauria Enerxía Rural; 551.000 para EDP Renovables;
308.000 para Viraventos Energy; 113.000 para Andavia Renovables; 22.000
para Iniciativas Estratéxicas Galegas...
A esas cantidades hay que
sumarles otros 300.000 euros por intereses de mora, dado que la Xunta
desatendió las reclamaciones por la vía administrativa y recurrió las
sentencias de primera instancia en su contra. Y como que existen
procesos todavía en marcha, hay que prever más pagos. En total, la
modificación presupuestaria aprobada en julio pasado por la Consellería
de Facenda asciende a 2.949.935, 36 euros. “Es una estafa para la
ciudadanía”, abunda Noa Presas.
Feijóo, en cambio, considera “lógico”
pagar esas indemnizaciones. E incluso insinúa que los casos judiciales
los ha ganado su Gobierno, bien porque algunas empresas han renunciado a
reclamar como lucro cesante el dinero que nunca llegaron a ganar, bien
porque los tribunales han rechazado indemnizarlas con cuantías que en
algunos casos superan los cincuenta millones.
“No se las indemniza por
dejar sin efecto el concurso eólico del bipartito, sino que se financian
los costes en los que incurrieron para presentarse", defiende el
presidente gallego. "De momento, todas las sentencias definitivas
determinan que actuamos de acuerdo con la ley y que la anulación fue
correcta", añade.
La oposición no piensa lo mismo. Tanto
Luis Villares, de En Marea, como Ana Pontón, del BNG, han exigido a
Feijóo que abone ese dinero de su bolsillo, aprovechando la decisión del
Tribunal de Cuentas de imponer fianzas millonarias a varios altos
cargos de la Generalitat catalana por los gastos derivados de la
consulta del 9 de noviembre del 2014.
“Los errores en política hay que
pagarlos”, afirma Villares, cuya formación considera que la actuación de
la Xunta rayó la prevaricación. Pontón opina de manera similar: Feijóo
tomó “decisiones absolutamente arbitrarias, sectarias y que rozan la
ilegalidad”.
Mientras tanto, Galicia contempla
como uno de los sectores en los que había centrado buena parte de las
potencialidades de su desarrollo industrial se mantiene paralizado,
creando apenas un 25% del empleo previsto y con las empresas recibiendo
dinero por no producir.
En la comunidad hay hoy más de sesenta proyectos
de parques eólicos aprobados que no se ponen en marcha por la falta de
incentivos económicos y por la inseguridad jurídica que sufren las
empresas. Si empezaran a funcionar, sumarían más de mil megavatios de
potencia añadida, es decir, que elevarían en un 30% la capacidad eólica
de Galicia y la volverían a situar en la posición que tenía en el 2009." (
Público, 05/10/17)
