Mostrando entradas con la etiqueta caciquismo: metodos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta caciquismo: metodos. Mostrar todas las entradas

18/10/24

Caciques, falangistas y banqueros: así se tramaron con el dinero de los emigrantes las redes clientelares de Ourense... "Los años 60 y 70 fueron dos décadas perdidas en las que se pudo promover la industrialización de Ourense. Había dinero, mucho dinero para financiarla. Pero no se hizo"... Los caciques que durante décadas construyeron las redes clientelares que aún hoy dominan la provincia de Ourense se financiaron y enriquecieron con el dinero de miles de trabajadores y trabajadoras que se vieron obligados a emigrar durante el franquismo

 "Los caciques que durante décadas construyeron las redes clientelares que aún hoy dominan la provincia de Ourense se financiaron y enriquecieron con el dinero de miles de trabajadores y trabajadoras que se vieron obligados a emigrar durante el franquismo por motivos políticos y económicos.

Caixa Ourense, la caja que nació a principios de los años 30 del siglo pasado vinculada a la Deputación Provincial, fue la herramienta que esas élites emplearon durante la guerra, la posguerra, la dictadura, la transición y los primeros años de la democracia para promover ese trasvase de rentas y para cimentar con dinero de los ahorradores el poder que la derecha conservadora de la provincia sigue manteniendo en la actualidad.

Lo cuenta el historiador Félix García Yáñez en Caixa Ourense (1933-1999), sete décadas de aforro popular provincial, un documentado ensayo de investigación publicado en gallego por Alternativas Económicas que se lee a ritmo de novela y que explica la intrahistoria del fenómeno. "Me pregunté a dónde había ido a parar el dinero de los emigrantes. De ahí surgió el libro", cuenta el autor.

Durante la década de los años 60, cuando en España se iniciaba la era del desarrollismo, el 56% de la población de Ourense con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años tuvo que emigrar a otros países, principalmente en Europa y en América, ante la falta de oportunidades para prosperar en su propia tierra. La inmensa mayoría de esos exiliados económicos destinó lo que ahorraba en la emigración a abrir depósitos y cuentas en Caixa Ourense. Muchas de ellas en divisas, que el régimen franquista impulsaba porque necesitaba moneda extranjera tras el fracaso de la etapa de autarquía en la que instaló al Estado tras la guerra civil.

Instrumento de las élites burguesas

La entidad fue fundada en 1933, durante la segunda república, como instrumento de las élites burguesas para canalizar el ahorro local e intentar que revirtiera en la provincia a través de su obra social y de proyectos económicos de promoción propia. A partir de 1936, sin embargo, ese dinero sólo sirvió para financiar los gastos de guerra del Gobierno de Burgos, primero, y después al franquismo, que manejaba la caja a través de personas vinculadas directamente a la Falange y el régimen, que obligó por ley a que el presidente de su consejo de administración fuera el presidente de la Deputación. A los vocales también se les exigía una firme vinculación con el Movimiento.

A principios de los años setenta, en España había 87 cajas de ahorro. Caixa Ourense ya era la segunda en depósitos en divisas procedentes del extranjero, tras una década de agresivas estrategias comerciales que le llevaron a enviar empleados a países como Francia, Bélgica, Holanda, Suiza y Alemania, para captar clientes en las ciudades receptoras de migrantes ourensanos.

En 1970, la entidad ya era la segunda en saldo medio por cuenta corriente de todas las de España. El régimen facilitaba su trabajo a través del Instituto Español de Emigración, creado en 1956 para apoyar y planificar el éxodo de los compatriotas más desfavorecidos de cuyas gananacias en el extranjero se quería aprovechar.

"Caixa Ourense fue fundamental para el sustento de las redes clientelares de la provincia", continúa García Yáñez. Bajo la dirección de Ricardo Martín Esperanza, una figura clave en la historia de la caja, la entidad consolidó en los 60 y lo 70 un tupido entramado de inversiones en empresas e industrias, compró y promovió instalaciones hoteleras, se implicó en el sector de la construcción y abrió sucursales en municipios de toda la provincia.

Alcaldes franquistas directores de sucursales

"Los directores de esas oficinas eran los alcaldes del pueblo o representantes destacados del poder franquista", recuerda el autor. "Fueron colocando en la entidad a sus hijos, a familiares y amigos, eran los que decidían qué préstamos se concedían y en qué condiciones, lo que les permitió ir tejiendo poco a poco esa red de favores".

 Buena parte del libro de García Yáñez está dedicado a contar la infinidad de desfalcos cometidos por esos directores y de casos de corrupción que motivaron en varias ocasiones la intervención del Banco de España. La mayoría de los responsables, protegidos por el régimen a través de las mafias clientelares que ellos mismos habían creado, ni siquiera recibieron castigo por ello, más allá de un traslado de sucursal o de obligarles supuestamente a devolver el dinero facilitándoles préstamos blandos de la propia caja. "Una estrategia parecida a la que luego usó la iglesia católica con los curas pederastas", ironiza el autor.

Juan Carlos I indultó en 1982 al exdirector general de la caja, Martín Esperanza, condenado a 15 años de cárcel por corrupción

El propio Martín Esperanza, condenado en 1981 por el Tribunal Supremo a 15 años de cárcel por varios delitos de malversación y estafa, tras años de falsear las cuentas del banco, de apropiarse indebidamente de dinero de la entidad y de tapar los escándalos de los delegados que nombraba, fue indultado en 1982 por Juan Carlos de Borbón con la intermediación de Pío Cabanillas, exministro con Franco y por entonces ministro de Justicia en el Gobierno de UCD. Tres años antes, la entidad había entrado en quiebra técnica. Uno de los hijos de Cabanllas, Pío Cabanillas Alonso, acabaría siendo ministro portavoz del Ejecutivo de José María Aznar.

Caixa Ourense dejó de existir en 1999, cuando la Xunta de Manuel Fraga promovió su fusión con Caixavigo y Caixa Pontevedra para crear Caixanova. Por entonces su secretario general era José Luis Baltar, presidente de la Deputación y del PP provincial, cargos que luego dejaría en herencia a su hijo Manuel.

 Abanca

A su otro vástago, José Luis, también lo había colocado en un puesto de dirección en la entidad, que luego, y por las presiones de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, acabaría uniéndose a Caixa Galicia para conformar Nova Galicia Banco, que tuvo que ser rescatada de la quiebra con dinero público y, luego, vendida al empresario venezolano Juan Carlos Escotet, que rebautizó al conglomerado como Abanca, nombre que mantiene en la actualidad.

En mayo de 2023, Público desveló los mensajes y los audios en los que José Luis Baltar hijo reconocía las mordidas que su hermano y él cobraban a los contratistas de la Deputación, que su familia dominó durante más de tres décadas. En uno de ellos se refiere de manera irónica a una nota interna de la entidad sobre la ampliación de las normas de su código ético. "¡Código anticorrupción, estos hijos de puta van a por mí, me quieren echar!", decía entre risas José Luis a su interlocutor.

A partir de 1999 y tras la desaparición de la caja, la Deputación del PP de la familia Baltar también heredó el dominio de las tramas clientelares de Ourense, se convirtió el principal empleador de personas afines al partido o familiares de sus miembros destacados, y en el núcleo irradiador de favores políticos y económicos de las élites ouresanas. El actual presidente de la Deputación, el popular Luis Menor, exsenador y alcalde de Pereiro de Aguiar desde hace cinco años, se mueve con dificultades en ese entramado sin que de momento haya mostrado síntomas de que tiene intención de desmontarlo.

Pese a que sus emigrantes enviaron durante décadas ingentes cantidades de dinero a España, en divisas con las que el Estado pudo salir de la autarquía y financiar el desarrolllismo franquista, y de que contaba con una caja propia que podría haber sufragado su desarrollo económico, Ourense sigue siendo hoy una de las provincias más pobres de España. Por poner un ejemplo, es la segunda provincia con las pensiones de jubilación más bajas del Estado: 1.032 euros al mes, 400 menos que la media. "Los años 60 y 70 fueron dos décadas perdidas en las que se pudo promover la industrialización de Ourense. Había dinero, mucho dinero para financiarla. Pero no se hizo", concluye García Yánez.

La crisis financiera iniciada en 2008 derivó en la desaparición de las cajas, que contaban "con un profundo arraigo entre las clases medias, profesionales y trabajadoras y que llegaron a administrar más de la mitad del ahorro ciudadano" en el Estado. "De las 46 existentes hace ocho años ya sólo quedan dos pequeñas entidades", recuerda el periodista Andreu Missé, fundador de Alternativas Económicas, en el prólogo del ensayo. "Sabemos muy poco de los motivos de fondo de todo ese proceso de liquidación", añade Missé, para quien la meticulosa y prolija investigación de García Yánez permite "entender las raíces de ese particular aspecto de la crisis financiera española" y alertar para que prácticas como las que desvela no se repitan en el futuro."                (Juan Oliver, Público, 29/09/24)

8/6/24

Matones a 6.000 euros para derribar a un alcalde del PSOE: así operaba la red corrupta del PP de Feijóo y los Baltar

 "El Partido Popular contrató por 6.000 euros una cuadrilla de matones para asegurar el éxito de la moción de censura que preparó en junio del año 2008 junto a un tránsfuga del PSOE contra el alcalde socialista de la localidad ourensana de Calvos de Randín.

La intermediaria de la operación habría sido presuntamente María José Caldelas, exdiputada autonómica del PP, entonces pareja del hoy senador y expresidente de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar, y nuera del también expresidente del PP provincial, de la citada institución y exsenador Xosé Luis Baltar.

Así lo desvela un audio al que ha tenido acceso Público en el que un alto cargo de la Deputación muy próximo a la familia Baltar conversa con el entonces líder del PP en Calvos —y anteriormente alcalde de la localidad—, Antonio Rodríguez Alonso, quien admite haber firmado un contrato para que Caldelas le proporcionara guardaespaldas privados que escoltaran a los firmantes de la moción el día en que se iba a celebrar.

"Era la mujer de José Manuel, la nuera de Baltar"

La presión vecinal impidió finalmente que el pleno que iba a destituir al regidor socialista, Aquilino Valencia, prosperase. Pero Rodríguez Alonso reconoce en la conversación grabada que aún así abonó los 6.000 euros a la entonces pareja de Manuel Baltar, quien incluso lo llamó para reclamárselos. "Era la mujer de José Manuel, la nuera de Baltar", justifica el entonces responsable local del PP.

Público se ha dirigido a María José Caldelas y a Manuel Baltar para que pudieran ofrecer su versión sobre el contenido de los audios, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta. También ha tratado sin éxito de contactar con Antonio Rodríguez Alonso.

En cuanto a la Deputación de Ourense, el equipo del nuevo presidente, Luis Menor, ha declinado hacer comentarios. El pasado martes, tras la publicación de la primera entrega de las grabaciones que desvelan la red clientelar que tejieron los Baltar en torno a ella, la institución argumentó que los audios hacen referencia "a supuestos hechos que datan de hace 16 años y de los que la actual Deputación no tiene ni conocimiento ni relación alguna".

Esta es la conversación con su transcripción adjunta en la que el portavoz popular en Calvos, una localidad de 700 habitantes a 65 kilómetros al sur de Ourense en la frontera con Portugal, admite haber contratado a los matones para proteger a los tránsfugas el día de la moción de censura contra Valencia. La fuente de Público ha pedido que se distorsione su voz en las grabaciones para evitar que pueda ser identificada.

"Me llamó y tuve que pagarle los 6.000 euros"

- La Guardia Civil, cuando te mandaron, carajo, cuando la nuera de Baltar te mandó a los matones...
- Pero eso no fue...
- Sí, pero no le gustó, ¿eh? Cuidado, que lo sepas, porque yo lo sé por quien tú sabes, de Xinzo [da Limia], amigo tuyo y mío, y no le gustó esa papeleta, ¿me entiendes?
- Sí, pero es que si no teníamos escolta no entrábamos, y así tampoco entramos, ¿entiendes?
- Y no entrásteis y encima... Oye, ¿pero ella tuvo la cara de mandarte la factura? No.
- Hombre, ella... Eso fue un contrato que hicimos, eso...
- ¿Pero contratasteis a los matones por los 6.000 euros o te pasó ella después...?
- Eso fue lo que era, ¿entiendes? Pero, eso, joder, eso... Es la mujer del José Manuel [Baltar, hijo]...
- Ya, carajo, pero perdona que te diga, Antonio, pero yo no se lo hubiera pagado, ¿cuánto le pagaste? ¿6.000 euros?
- Sí.
- Yo no se lo hubiera pagado, perdona que te diga. ¡Bueno, carajo!
- Pero me llamó y tuve que pagárselos.
- Antonio, carajo...
- ¡Hombre, no! Tenemos aquí la factura, eso está pagado.
- Pero Antonio, si hubieran hecho algo, me parece bien, pero si no hicieron nada, que tengan un poco de.... Bueno, es lo que tú dices, es la mujer de Baltar.
- Claro, es la nuera de Baltar, hostias.

La grabación se suma a los audios que Público ha venido publicando esta semana en los que militantes, cargos del PP y sus familiares y empresarios vinculados al partido admiten haber pagado cantidades millonarias para conseguir plazas de funcionario en la Deputación, que obtenían incluso gracias a regalos en especie como un Rolls-Royce para la colección de coches clásicos de Xosé Luis Baltar.

BNG, PP y PSOE han pedido a Alberto Núñez Feijóo y  al PP explicaciones por el contenido de las grabaciones, pero el líder del partido y su dirección mantienen silencio por el momento y han evitado referirse a ellas.

Feijóo y Rueda

Los audios son del año 2008, cuando Feijóo llevaba ya tres ejercicios como presidente del Partido Popular de Galicia y era portavoz de la oposición. Su segundo en el partido era su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, por entonces secretario general de la dirección gallega.

Durante el primer mandato de Feijóo en el partido, el PP perdió en las elecciones locales de 2007 la mayoría absoluta que tenía en el Ayuntamiento de Calvos. Los populares se quedaron con cuatro concejales frente a los cinco del PSOE que dieron la Alcaldía a Aquilino Valencia.

Pocos meses después, uno de los ediles socialistas se pasó al grupo de los no adscritos junto a los cuatro ediles populares, lo que permitió a Baltar, Feijóo y Rueda simular que el PP no incumplía el pacto antitransfuguismo, que prohíbe a los partidos hacerse con el poder en instituciones gracias a representantes elegidos en listas de otras formaciones que rompan su disciplina de voto.

"Oye, ¿pero ella tuvo la cara de mandarte la factura?". "Hombre, ella... Eso fue un contrato que hicimos"

La dirección del PP, sin embargo, estaba detrás de aquella operación, como desvela el audio en el que el líder popular local admite haber recurrido a Caldelas para obtener protección privada para el día de la moción. El cabecilla de esos guardaespaldas era un policía local de Celanova, municipio a 30 kilómetros de Calvos y gobernado por Antonio Mouriño, uno de los alcaldes más próximos a los Baltar.

Ese agente local fue condenado en 2011 a siete meses de cárcel por un delito de agresión a un árbitro de fútbol; y detenido en mayo de 2019 por otro presunto delito de violencia de género contra su pareja.

En cuanto a Mouriño, adquirió notoriedad fuera de Galicia en 2012, cuando decidió abandonar la Alcaldía de Celanova para ocupar un escaño en el Parlamento de Galicia y reclamó al Estado el subsidio de desempleo durante el mes y medio en que dejó de cobrar su sueldo de alcalde —63.300 euros anuales— hasta que obtuvo el de diputado autonómico. Acudió a los tribunales, pero la Justicia desestimó su demanda recordando que había renunciado a su cargo de manera voluntaria.

Condenada por falsedad en 2017

Caldelas, casada desde 2007 con Manuel Baltar, también compartió escaño con este último en la Cámara gallega en la legislatura 2001-2005. En octubre de 2017 fue condenada a un año cárcel y a una multa de 1.800 euros por dos delitos de falsedad en documento oficial cometidos para obtener una licencia municipal para reformar en 2009 un pub que regentaba en Ourense.

El 10 de junio de 2008, día de la moción en Calvos, una multitud entre la que se encontraban vecinos, alcaldes y militantes del PSOE de la zona ocupó las dependencias de la Casa Consistorial e impidió que se celebrase el pleno, en un ambiente que las crónicas periodísticas de la época describieron como de "guerra campal", con algunos vecinos y vecinas heridos por los golpes de los matones. 

Tras fracasar ese intento, los firmantes de la moción acudieron a la Justicia, que tres años después ordenó la repetición del pleno. Se fijó nueva fecha para debatirla y votarla a principios de febrero de 2011, cuando faltaban apenas cuatro meses para las nuevas elecciones municipales del 22 de mayo de ese año.

Feijóo, que entonces ya había alcanzado la presidencia de la Xunta,  apoyó a los tránsfugas, que actuaban a sus órdenes sin siquiera disimularlo. De hecho, en febrero de 2011 él mismo anunció en rueda de prensa, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, que estaba valorando retirar la moción de censura en Calvos dada la cercanía de las elecciones. Una semana después lo ordenó así, y los tránsfugas acataron la decisión.

El PSOE gana todas las elecciones en Calvos de Randín

Aquilino Valencia ganó aquellos comicios con el 60% de los votos y un concejal más a costa del PP. Desde entonces, el PSOE ha revalidado en otras tres ocasiones su mayoría absoluta en el Ayuntamiento y él sigue siendo el alcalde.

Los socialistas han ganado en Calvos todas las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas celebradas desde 2008. En las locales del 28 de mayo del año pasado obtuvieron más del 76% de los votos y se hicieron con seis ediles, mientras que el PP se quedó con uno.

Valencia ha asegurado a Público que desde que fracasó la moción de censura contra él, tanto Baltar padre como Baltar hijo aislaron a su municipio, marginándolo en el reparto de fondos, obras y servicios de la Deputación de Ourense."              (Juan Oliver, Público, 08/05/24)

12/10/22

Feijóo les coló a PSOE y BNG como valedor do pobo (defensor del pueblo) ¡a su preparador de oposiciones! Y en 2015, al PSOE, a una afiliada del PP que presumía de ello en la radio púbica

Anxo Lugilde @anxoluxilde

Feijóo demostró ser en Galicia un magistral negociador de puestos con mayoría cualificada. En 2007 les coló a PSOE y BNG como valedor do pobo (defensor del pueblo) ¡a su preparador de oposiciones! Y en 2015, al PSOE, a una afiliada del PP que presumía de ello en la radio púbica

Ni el preparador de oposiciones de Feijóo de 2009 ni la ultraortodoxa militante del PP de 2015 agotaron su mandato como valedores do pobo. El primero tuvo que renunciar por sus posturas reaccionarias en derechos sociales y la segunda, por caciquear a favor de una sobrina de Fraga

Las dos negociaciones mostraron, por una parte, el despiste absoluto de los que tragaron con los nombramientos y, por la otra, el sentido de la institucionalidad de quien hizo ambas jugadas

3:41 p. m. · 12 oct. 2022
6 Retweets 1 Citar Tweet 28 Me gusta

16/5/22

Chalaneo entre caciques: Rueda repite el gobierno de Feijóo con la única novedad de uno de los barones que discutió el modelo de sucesión

 "La novedad de Diego Calvo, las competencias de Turismo directamente bajo la batuta del presidente y algún cambio en el nombre de las consellerías, pero sin modificaciones en las competencias: Alfonso Rueda renuncia a marcar perfil propio con la elección de su gabinete y confirma el mensaje de continuidad con respecto a su predecesor como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

 Repite todos los nombres de su equipo en los mismos puestos e introduce la novedad del presidente provincial del PP en A Coruña, uno de los barones que discutió el proceso de relevo. No varía tampoco el número de integrantes; sale un hombre (Feijóo) y entra otro (Calvo). Son en total 12: el presidente, dos vicepresidentes y nueve conselleiros y conselleiras. Desde el punto de vista de la paridad: cinco mujeres y siete hombres. 

 Rueda firmó este domingo el decreto con el establece la estructura de su gabinete, después de haber tomado posesión como presidente ayer sábado. Mañana el documento se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y el nuevo Consello de la Xunta tendrá su primera reunión. 

 En el nuevo organigrama el hasta ahora vicepresidente segundo y responsable de la política económica e industrial de Galicia, Francisco Conde, sube un escalón y pasa a ocupar la Vicepresidencia primera, pero con las mismas funciones. La Vicepresidencia segunda es la reservada para Diego Calvo, junto con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Es decir, Calvo gestionará los asuntos que hasta ahora dependían de Rueda con un único cambio: el nuevo presidente conserva el área de Turismo bajo su tutela directa y se desprende de la de Deportes, que pasa a la Vicepresidencia segunda. En un comunicado, la Xunta justifica la decisión como “muestra de la prioridad” que se le da a la promoción turística en el contexto del Xacobeo.

El resto de los departamentos solo registran cambios en el nombre, pero la distribución de competencias continuará como hasta ahora. De la Consellería de Facenda e Administración Pública se ocupará Miguel Corgos, quien sustituyó a finales de 2021 en el cargo a Valeriano Martínez, que falleció de forma repentina. Medio Ambiente, Territorio e Vivenda seguirá siendo gestionada por Ángeles Vázquez; Infraestruturas e Mobilidade, por Ethel Vázquez; y Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, por Román Rodríguez.

Julio García Comesaña se mantiene como conselleiro de Sanidade y Fabiola García, como la responsable de Política Social e Xuventude. En Promoción do Emprego e Igualdade va a seguir con su gestión María Jesús Lorenzana; mientras que de Medio Rural se seguirá ocupando José González y de Mar, Rosa Quintana, la única, junto con Rueda, que está en la Xunta desde que en 2009 Feijóo ganó sus primeras elecciones autonómicas.

Quedan pendientes otros nombramientos en los siguientes niveles del gobierno, como son los sustitutos para el equipo que Feijóo se ha llevado consigo a Madrid y en el que se han incorporado la hasta hace unos días secretaria xeral de Medios, Mar Sánchez Sierra, o la jefa de gabinete del ya expresidente, Marta Varela.

Por su parte, Alfonso Rueda tiene por delante, tras formalizar el relevo en la Xunta, el congreso extraordinario del PP gallego, que será los días 21 y 22 de mayo en Pontevedra. Ahí, sin oponentes, sucederá a Feijóo también al frente de la vida interna del partido en Galicia, tras el acuerdo con los responsables provinciales."               (eldiario.es, 15/05/22)

28/4/21

“Insólito”: o Tribunal Superior condena a ocupación pola Xunta dunha propiedade privada para favorecer unha construtora

 "O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vén de ratificar a sentenza emitida hai un ano por un xulgado de Pontevedra que condenou á Xunta a devolver ao seu lexítimo propietario un terreo de 15.376 metros cadrados do que se apropiou ocupándoo durante as obras de construción do último treito da Autovía do Morrazo para convertelo nun lugar no que depositar entullos.

 Fíxoo, segundo censurou o xulgado inicial e agora ratifica o tribunal, para “liberar á empresa construtora da custosa carga de transportar ata un lugar autorizado as terras e entullos sobrantes da obra”. Un proceder da Xunta que o TSXG considera "insólito", segundo a sentenza avanzada por Pontevedra Viva e á que tamén tivo acceso Praza.gal.

 A sentenza de hai un ano sinalou que a Xunta apropiouse por "vía de feito" do terreo de máis de 15.000 metros cadrados situado no lugar do Reibón, en Meira, Moaña, ao executar as obras de desdobramento do corredor do Morrazo para a súa conversión na Autovía do Morrazo, inaugurada en xuño de 2019, oito anos despois da primeira licitación. A construción dese último treito da autovía no que está situado o terreo do que se apropiou a Xunta foi adxudicada a unha unión temporal de empresas (UTE) formada polas construtoras Covsa e Taboada y Ramos, esta última dun empresario afín ao PP.

 Segundo aquela condena, o Goberno galego incorreu nunha “omisión total e absoluta do procedemento establecido” para ocupar o terreo, co que cometeu desviación de poder. Ademais, a sentenza reflectía como nin durante o proceso xudicial emprendido polo propietario nin durante o xuízo a Xunta intentou defenderse, malia despois recorrela sen éxito ao TSXG. A condena agora ratificada obriga á Xunta a devolverlle o terreo ao propietario, eliminando os recheos e entullos depositados nel. O perito xudicial valorou o custo desa reposición en case dous millóns de euros. Ademais, a Administración deberá indemnizar o demandante con 47.391 polas árbores que foron cortadas.

O TSXG ratifica esa sentenza e reitera que actuación da Xunta incorreu “en vía de feito, con desviación de poder, exercitando facultades administrativas para fins distintos dos previstos legalmente” e coincide en que serviu "unicamente a intereses da empresa construtora".

 Por outra banda, durante a construción dos primeiros treitos da mesma Autovía do Morrazo, a Xunta xa decidira modificar as súas previsións iniciais de que as obras se puidesen compaxinar coa circulación de vehículos polo corredor orixinario para así axilizar e facilitar os traballos das construtoras. Esa decisión de cortar o tráfico para facilitar os traballos fora criticada uns anos antes polo PP cando a tomou o anterior goberno bipartito durante a execución da Autovía do Salnés asegurando que supuña facerlle un favor ás construtoras."                  (David Reinero, Praza Pública, 06/02/21)

19/2/21

Critican as prácticas de Coren na Limia: utiliza o acoso xudicial contra os que denuncian a contaminación das augas polos xurros

 "A contaminación na Limia non é algo novo, a orixe está na nula xestión dos xurros dunha das grandes empresas cárnicas situada en Xinzo de Limia, que fai verteduras de forma impune dende hai moitos anos sen que as distintas administracións competentes, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e as Consellerías de Medio Ambiente, Rural ou Sanidade, freen esta situación.

A orixe da contaminación das augas públicas está na gandaría industrial, xa que hai 400 macrogranxas instauradas na comarca da Limia que están a pór en grave risco a conservación do medio ambiente e a saúde das persoas. A deforestación, a degradación do chan que non é capaz de absorber máis xurros e a contaminación da atmosfera son algunhas das consecuencias que provoca esta contaminación, que, ademais, non permite aos habitantes consumir dos seus pozos de auga, contaminados por nitratos, e impúlsaos a marchar, provocando o despoboamento da Limia. 

O pasado 15 de decembro, Ecoloxistas En Acción Galiza organizaron unha palestra para tratar de expór o problema de contaminación que vive diariamente a poboación da Limia. Co lema “A Limia non atura máis xurros”, a conversa contou coa participación de Manoel Santos de Greenpeace, Serafín González da Sociedade Galega de Historia Natural, Montse Valencia de Ecoloxistas en Acción e Alba Pazos da plataforma local Auga limpa Xa. 

ACCIÓNS DOS COLECTIVOS PARA MUDAR ESTA SITUACIÓN

Colectivos como Ecoloxistas En Acción Galiza, Greenpeace e a Sociedade Galega de Historia Natural, así como outros que formaban parte de Stop Gandaría Industrial, que loitan por un cambio de modelo da gandaría tradicional, comezaron a poñer na mesa do debate público e institucional este problema, cada vez máis groso, sen atopar unha resposta institucional que solucionase o problema da Limia.

A pasividade e inoperancia das distintas administracións promoveron a creación, de xeito urxente, da plataforma Auga Limpa XA, da que forman parte colectivos locais como o Movemento Ecoloxista da Limia. A este colectivo pertence Manuel García, labrego ecolóxico que confrontou as prácticas impunes da empresa e que foi denunciado pola mesma solicitándolle a Manuel un millón de euros en concepto indemnizatorio. 

“COREN NON SEI FAI RESPONSABLE DOS SEUS RESIDUOS”

Manoel Santos, de Greenpeace, defende que Manuel García “leva toda a vida loitando por unha Limia limpa e Coren en vez de intentar solucionar o problema, utiliza técnicas como o slap, que consiste en levar a cabo o acoso xudicial mediante ameazas de demanda aos que lles confrontan”. 

Manoel Santos defende, ademais, que “se Coren quere arranxar as cousas, debería manifestar que acepta unha moratoria para instalar granxas e amplialas na cabeceira da Limia, ten que dicir que fai cos xurros e co esterco, facer unha contabilidade das súas emisión contaminantes e facer un plan de redución das súas emisións, xa que a Limia está saturada de gandaría industrial”.

Serafín González da Sociedade Galega de Historia Natural, comenta que no 1998, cando Coren construíu o complexo gandeiro de Pedra Alta -proxecto que nunca se someteu a unha avaliación ambiental estratéxica- a Sociedade Galega de Historia Natural advertiu que era unha zona problemática e asolagable. 

Por outra banda, destaca que no 2006 fíxose un estudo Hidrolóxico Ambiental da Limia no que se demostrou que os niveis de nitritos no río Limia sobrepasaban os límites máximos de contaminación e o 4 de decembro de 2008, comezaron a presentar alegacións a todos proxectos de granxas na cabeceira do río Limia.

“Os datos da Confederación Hidrográfica amosaban uns niveis preocupantes das augas superficiais e pediamos unha moratoria na instalación de novas granxas ou ampliación das existentes”. “Se nos fixeran caso fai 12 anos, no habería tal cantidade de nitrato na actualidade. Hay que seguir insistindo en que hai que establecer unha moratoria inmediata e programar una redución da carga gandeira para levala a uns niveles sostibles”.

CONFRONTACIÓN NA SOCIEDADE DA LIMIA

A Plataforma cidadá Auga limpa Xa creouse en xaneiro de 2019 para expoñer o problema da contaminación da auga en debate público e crear unha concienciación profunda social común, explicou Alba Pazos, “e incidir en que a xestión de residuos sexa asumida pola empresa e non polos gandeiros, para que estes non sexan prexudicados”. 

“Existe un conflito social na Limia: é delicado, xa que os gandeiros defenden a gandaría e teñen medo de que os colectivos en defensa da auga limpa vaiamos detrás deles, pero non é así". Desde Auga limpa Xa esixen prezos xustos para os gandeiros e gandeiras, xa que “non é unha loita contra eles senón contra as empresas que se aproveitan deles”.

"AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS SON CULPABLES"

Como sentenciou Serafín González, a Xunta recoñeceu que na Limia hai contaminación de nitratos e fosfatos das augas. E isto é debido á "sobreexplotación gandeira e porque non hai un sistema eficaz de xestión de produtos agrogandeiros", explica González. 

Manoel Santos defende que "Coren é o axente contaminante, pero a culpa tamén é das administracións públicas que non cumpren as normas". A Xunta de Galicia aínda non declarou ningunha zona vulnerable de nitratos na comunidade, cando no resto de España, todas as demais teñen zonas deste tipo declaradas. 

"Hai unha forma de producir carne que non prexudica á saúde e ao medioambiente", defende Manoel Santos, e Alba Pazos vai máis aló: "A gandería industrial é o capitalismo salvaxe no sector primario. Non son granxas, é unha industria na que Coren ten o control e o gandeiro perde ganancias".          (Jessica Fernández, Galicia confidencial, 18/12/20)

4/2/21

La Xunta de Galicia vacunó a la consejera delegada de las residencias DomusVi

 "Josefina Fernández, consejera delegada para España de Domusvi ya no tiene que preocuparse de contraer el coronavirus, causa de la muerte de más de 2.600 de los usuarios de sus residencias solo en España, según los datos de la compañía a los que ha podido acceder elDiario.es. La Xunta de Galicia vacunó a Fernández el pasado 8 de enero en uno de los centros que la compañía posee en Vigo. Poco más de 20 días después recibió la segunda dosis, consiguiendo con ello la inmunización completa. 

 Josefina Fernández no acudió en solitario a vacunarse. Lo hizo acompañada de su hermano, Pedro Fernández, que forma parte de la cúpula directiva de la empresa, con responsabilidades de gestión de zona en las residencias que el grupo tiene en la provincia de Pontevedra. Según la administración que dirige Feijóo ninguno de los dos figuraba en los primeros listados que DomusVi remitió a la administración gallega reclamando vacunas.

 DomusVi ha confirmado a elDiario.es que la vacunación se produjo el pasado 8 de enero y la segunda dosis fue suministrada a finales de ese mismo mes. Según fuentes de la compañía, "Fernández visita de manera continuada los centros de la compañía estando en constante contacto con las personas residentes". Las mismas fuentes afirman que "su deseo es el de poder seguir ejerciendo esa labor sobre el terreno" y por ello "procedió a vacunarse siguiendo la recomendación de los médicos de DomusVi, con el objetivo principal de preservar la salud de la plantilla y los residentes".

En cuanto al hermano de la máxima dirigente de DomusVI, la empresa asegura: "Su oficina se encuentra situada en la residencia de DomusVi Vigo Salesas, lo cual le lleva a esta en constante contacto tanto con la plantilla como con las personas residentes del centro".

El proceso de vacunación de las residencias en Galicia está reglado por un listado de nombres que elabora la Xunta de Galicia, tras recibir la propuesta que le envían los centros asistenciales. En una de ellas también se coló la alcaldesa popular de Boimorto, María Xesús Novo, que continúa en el cargo.

Preguntada por esta redacción, la consellería de Sanidade de la Xunta explica la vacunación de esta directiva y su hermano con los siguientes argumentos: "La residencia DomusVi Vigo incluyó en la lista de sus trabajadores para recibir la vacuna a su consejera delegada, que no figuraba inicialmente en la relación de personal que manejaba la Xunta. Lo mismo sucede con su hermano, que es director de la zona Galicia Sur de DomusVi. Entendemos que DomusVi interpreta que ambos forman parte del equipo de esta residencia y que deberían ser vacunados. De todos modos esperamos que la residencia de las explicaciones pertinentes".  (...)

El perfil de Josefina Fernández también responde a ese retrato general de cercanía al poder. Se trata de una empresaria muy ligada al Partido Popular de Galicia que dirige Alberto Núñez Feijóo. Ha recibido premios en varias ocasiones de manos de los principales dirigente del Gobierno gallego. El actual vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, le entregó en 2019 el "Galicia Global", un galardón impulsado por la Asociación Española de Directivos cuya entrega se celebró en la Cidade da Cultura en un acto que finalizó con un cóctel de mediodía y en el que la Xunta figuraba en los carteles como partner del evento.

 Tres años antes, en 2016, había sido el propio Feijóo el que rodeó el cuello de Josefina Fernández para imponerle la Medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia. De aquel acto con el líder del PP gallego salieron muchas de las fotografías que ahora ilustran informaciones sobre el papel de Fernández en su desempeño empresarial y sus relaciones con el poder político.

La relación con el Partido Popular de Galicia se hizo evidente el pasado mes de noviembre cuando Josefina Fernández se vio obligada a comparecer en una comisión del Parlamento de Galicia que estudiaba la reconstrucción para la era Post-COVID. La oposición estaba esperando a la CEO del principal grupo de residencias en España pero el PP tenía preparada la defensa. Durante el debate, los portavoces del Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista protestaron porque la empresaria de la geriatría privada no estaba contestando sus preguntas.

 Frente a la protesta, el presidente de la Comisión parlamentaria, Diego Calvo (PP), contestó pidiendo perdón a la empresaria: "Le pido disculpas en nombre del Parlamento de Galicia". El presidente de aquella comisión aclararía minutos más tarde que si algún diputado no se sentía representado por esa petición de disculpas generalizada a la jefa de DomusVi podía no hacer suyas esas palabras."             (Gonzalo Cortiño, eldiario.es, 03/02/21)

 

  "Josefina Fernández, a número 1 de DomusVi Galicia xa vacinada: "é moi amiga de Feijóo".

 Fernández saltou dun posto en Facenda a dirixir as residencias en Galicia do grupo máis criticado pola xestión da pandemia. Dende o sector apuntan á súa "amizade" con altos cargos do PP, en particular con Corina Porro e o Presidente da Xunta. En 2019 recibiu un premio da man de Francisco Conde. A Xunta xustifica a vacinación, pero a oposición quere que Feijóo compareza no Parlamento para explicar estas "irregularidades". (...)"                 (Galicia Confidencial, 04/02/21)

21/8/20

“Me ofrecieron 42.000 euros… me hablaron de un puesto en la Diputación”

 "El PP recurre al transfuguismo para recuperar alcaldías tras años a la baja que estuvieron a punto de dejarlo en 2019 sin la única Diputación que conserva en Galicia, la de Ourense, dirigida desde hace tres décadas por la familia Baltar, primero el padre y ahora el hijo. En lo que va de agosto, José Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del PP provincial, ha autorizado dos mociones de censura consecutivas para hacerse con ayuntamientos gobernados por el BNG y sirviéndose para ello de concejales tránsfugas del PSOE. Y aún podría haber más: la Fiscalía debe decidir si investiga la denuncia de compraventa de voluntades presentada por el BNG y vuelan los anuncios de querellas.

“Me ofrecieron 42.000 euros… me hablaron de un puesto en la Diputación”. Catalina González, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Castrelo de Miño (1.400 habitantes), se ha quedado sola en su grupo. Sus dos compañeros se han pasado al del PP y han apoyado una moción de censura que ha dado la alcaldía a un empleado de Baltar en la Diputación. Se la han arrebatado al BNG, la fuerza más votada aunque empatada con tres escaños con el PSOE, que lo apoyaba, y con el PP, hasta este mes en la oposición.

González explicó en un pleno los motivos por los que se ha quedado sola en el grupo socialista. “¿Sabe por qué?”, inquirió al portavoz popular y desde el pasado día 11 ya alcalde, " porque ni usted ni José Manuel Baltar consiguieron comprarme; eso que lo intentaron por todos los medios… me ofrecieron 42.000 euros… me hablaron de un puesto en la Diputación”, afirmó.

Y no se quedó ahí. La concejala repitió las mismas acusaciones en unas declaraciones a RadioVoz. “A mí, personalmente, el grupo popular fue a la primera a la que intentó mercadear y se me ofreció de todo. Se me ofreció un salario excesivo desde mi punto de vista, se me ofreció un puesto de trabajo en la Diputación e incluso, cuando no había más opciones, se me ofreció lo que necesitara apelando a que todo el mundo necesita cosas”, aseguró.

El BNG acudió con las grabaciones a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar posibles delitos de soborno y cohecho. Baltar contraatacó con el anuncio de una querella por calumnias contra la portavoz socialista y de otra contra el secretario provincial del PSOE en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, por repetir las declaraciones de la concejala.

“Que me pongan la querella”, afirma Catalina González a este diario tras señalar que hace meses advirtió a sus dos exconcejales de que el PP “iría a por ellos” tras fracasar en el intento con ella. “Yo no puedo asegurar que a ellos les hayan dado algún tipo de prebenda pero a mí desde luego que me las ofrecieron y esto lo mantendré en todas partes”. Asegura que el PP “juega con las miserias de la gente” e insiste en que el BNG es “nuestro aliado natural y había un pacto con él encima de la mesa”.

La maniobra del PP ha situado en la alcaldía a Avelino Pazos, empleado de la Diputación como chófer en la brigada de basuras, a quien el presidente ourensano había favorecido con uno de los 69 ascensos que la justicia ha anulado por enchufismo. El mismo día de su proclamación como alcalde Baltar, lo recibió en la Diputación y difundió en su cuenta de Twitter la imagen de ambos, codo con codo, junto con la promesa de “máxima cooperación” y del arreglo de una carretera, la misma que una semana antes había denegado al alcalde del BNG.

Apenas una semana después de consumar la moción de censura en Castrelo de Miño, el PP registró otra en el Ayuntamiento de Viana do Bolo (2.900 habitantes), que se debatirá la próxima semana, utilizando a otros dos tránsfugas del PSOE. También en esta ocasión los socialistas consiguieron el mismo número de escaños que el BNG, a cuyo portavoz respaldaron en la investidura aunque no formaron gobierno. El número tres de la lista socialista será investido ahora alcalde con el compromiso de dimitir en año y medio para que acceda el portavoz del PP.

Baltar intenta desligarse de las mociones afirmando que son consecuencia del desgobierno derivado de “la incapacidad”, en ambos casos, de alcanzar acuerdos entre BNG y PSOE. No obstante, socialistas y nacionalistas tienen claro que, más allá de sus desencuentros puntuales, las operaciones obedecen al intento del presidente provincial del PP por amarrar la Diputación sostenida ahora por los pelos.

“Esta es una provincia medieval que se sustenta gracias al señor feudal”, afirma el secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, para explicar la fuga al PP de sus ya exediles. a los que acusa de querer “satisfacer sus ambiciones personales”. La diputada nacionalista Noa Presas, convencida también de la estrategia de Baltar de amarrar la Diputación para 2023, acusa a los socialistas de socavar sus alcaldías. Asegura que en el caso de Viana do Bolo, el portavoz del PSOE llevaba ya años intentando tumbar al regidor del BNG.

Unos y otros esperan nuevos anuncios de mociones en otros municipios. Están convencidos que Baltar no parará aquí y aprovechará la anulación de la Ley antitransfuguismo para “seguir consiguiendo mediante la corrupción democrática lo que no obtiene en las urnas”.             (Cristina Huete, El País, 21/08/20)

20/7/20

Baltar se garantiza poder elegir a dedo a los tribunales de selección de personal en la Diputación de Ourense. A partir de ahora, la designación del jurado "corresponde a la Presidencia" de la Diputación

"La Diputación de Ourense acaba de suprimir la elección por sorteo de los tribunales de selección de personal. La institución que preside José Manuel Baltar, del Partido Popular, ha aprobado en su pleno de mayo una modificación de la ordenanza que regula estos procesos, de la que la borrado que el sistema de sorteo para la elección de los funcionarios que componen los tribunales se deje al azar. A partir de ahora, la designación del jurado "corresponde a la Presidencia" de la Diputación.

Baltar justifica la modificación, que ha salido adelante con el único apoyo del PP y Democracia Ourensana, en que pocos funcionacios aceptan participar en los tribunales aunque el cambio en la normativa mantiene que aceptar esta encomienda de participar en los procesos de selección de personal es voluntaria.

El informe jurídico de la institución lo considera correcto ya que esta opción de elección a dedo "es tan legítima" como la selección por sorteo ya que ambas "se mueven dentro del marco legal vigente y sin transgredir sus límites". Hace apenas un mes que la Justicia le recordó a la Diputación de Ourense que debe anular un concurso de promoción interna de 2016 porque vulnera los principios de igualdad y no discriminación.

Las dos fueron utilizadas por la Diputación que preside José Manuel Baltar, un bastión del PP gallego que, con uno y otro sistema, acumula sentencias en contra en sus procesos de contratación. La inhabilitación a su padre José Luís, presidente de la Diputación antes que el, por sus enchufes masivos de trabajadores en la institución pública llegó cuando ya estaba jubilado.

En el mismo pleno, el Partido Socialista acusó a la Diputación de facilitar información a alcaldes del PP sobre la fecha de publicación de ayudas no competitivas, que se las lleva quien las pida primero. La formación denunció que regidores del PP colgaron la información en sus redes sociales un día antes de que saliese el anunciao en el Boletín Oficial de la Provincia."                  (María Pampín, eldiario.es, 29/05/20)

13/5/20

Varanda Viva denuncia “prácticas caciquís e clientelares” a nivel local do PP na crise do coronavirus

"A plataforma social Varanda Viva denuncia “prácticas caciquís e clientelares do PP na xestión local da crise do Coronavirus”. A través dun comunicado manifesta o seu “rexeitamento pola utilización contrastada e confirmada de métodos clientelares por parte de cargos públicos do Partido Popular no desempeño das súas funcións institucionais”.


A plataforma cita reparticións en man por parte de concelleiras de máscaras “en vivendas concretas do rural”, así como o de “lambetadas entre crianzas, mesmo vulnerando as normas máis elementais de confinamento e distanciamentos social”.


Engaden tamén a polémica campaña de alcaldes e alcaldesas do PP de Ourense, que sitúan no “intento de xerar deliberadamente unha confusión calculada entre institucións (Xunta, Deputación de Ourense, concellos) e o Partido Popular, co ánimo de provocar a falsa idea de ser este partido, e non as institucións representativas quen resolven os problemas máis urxentes da sociedade”.


Varanda Viva fai un chamamento “a todas as forzas políticas, e especialmente ao Partido Popular”, para a “erradicación definitiva destas prácticas“.                 (Nós, 07/05/20)

8/5/20

A Xunta gasta case un millón de euros en envolver máscaras co seu logo para repartir entre pensionistas e parados

"Estamos en recesión, en grave crise económica, e a pesar diso, a Xunta deciciu gastar diñeiro en envolver as máscaras nun plástico co logo da Xunta. Unha circunstancia que se produce cando o presidente galego baralla convocar as eleccións en xullo deste ano.

Segundo puido confirmar Galicia Confidencial, estas máscaras co logo da Xunta foron distribuídas nas farmacias para repartir de xeito gratuíto entre determinados colectivos. A Consellería de Sanidade confirma que son para repartir entre o colectivo de pensionistas, parados e colectivos en risco de exclusión.


Así, lembran que esta medida aprobouse no Consello da Xunta do pasado día 24 de abril que acordou a distribución de máscaras cirúrxicas entre os pensionistas con rendas inferiores a 18.000 euros ao ano e perceptores de rendas mínimas de inserción e parados sen prestación de desemprego entre outros colectivos.


A Xunta distribuirá preto de 2,2 millóns destas máscaras cirúrxicas, repartidas en 719.000 paquetes, no marco desta iniciativa que conta cun orzamento de 952.187 euros. O reparto será tres máscaras de xeito gratuíto nas oficinas de farmacia para aquelas persoas que aporten na tarxeta sanitaria o 0% e o 10%, contribuirá á protección das persoas con maior vulnerabilidade aos efectos do COVID-19 e permitirá que poidan dispoñer de máscaras cirúrxicas para cando se inicie o desconfinamento. Con esta inciativa a Xunta prevé  beneficiar a 718.562 persoas."                     (Galicia confidencial, 08/05/20)

14/11/19

"O urbanismo en Ourense era unha feira sen control e nese momento entramos nós e cortamos todo iso"

"A pasada semana Áurea Soto, ex-edil de Urbanismo do Concello de Ourense, ficou libre da derradeira das causas xudiciais que nos últimos anos pesaran contra ela, acusacións e imputacións que partiran de denuncias presentadas por promotores inmobiliarios ou polo grupo do actual alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome. 

Foron en total sete imputacións e tres xuízos. E trala apertura de xuízo oral no caso da Praza de San Antonio tivo que abandonar o cargo de concelleira de Urbanismo. Soto, que foi absolta de todas elas, cre que nestes procesos houbo unha "cacería" contra ela e contra os gobernos municipais de Ourense entre 2007 e 2015, sinalando que os controis que eses executivos estableceron no urbanismo da cidade provocaron "irritación" en certas persoas e grupos. Recoñece, finalmente, que o momento máis duro foi a detención do ex alcalde Francisco Rodríguez no ano 2012 no marco da Operación Pokemon.

Nestes anos a ex-concelleira tamén pasou á ofensiva, impulsando unha querela contra o popular Manuel Cabezas (alcalde de Ourense entre 1995 e 2007) por deixar de esixir a varios proxectos urbanísticos o 10% do aproveitamento, como esixía a lei, o que tivo como consecuencia unha perda duns 1,7 millóns de euros para as arcas municipais, como deixou reflectido no seu momento o Consello de Contas. Falamos con ela.

Como recibiu a noticia de que finalmente quedaba tamén liberada de responsabilidades nesta última causa?

Isto non é só un día, foron moitos anos moi duros, primeiro co traballo no Goberno municipal durante oito anos, un traballo excepcionalmente intenso no ámbito do control urbanístico. Sempre digo que Ourense é moi peculiar neste sentido, porque no interior hai menos fiscalización, hai menos xente mirando.

Cal foi o momento máis difícil nestes anos?

Moi pouco despois das eleccións de 2011, nas que revalidamos o Goberno municipal e obtivemos un gran resultado, tivo lugar a detención do alcalde Francisco Rodríguez pola acción da xuíza Pilar de Lara. Ese momento foi moi duro, pero decidimos seguir traballando e defendendo un proxecto e un programa para o que fóramos elixidos. E ao mesmo tempo defendéndonos dun proceso xudicial e defendéndonos tamén no pleno municipal de personaxes como Pérez Jácome. O acoso foise pechando sobre nós, pero tentamos deixar todos os controis moi asegurados para que no caso de perder o Goberno municipal non lles resultase doado desfacelo e volver ás andadas. Por iso era tan importante deixar aprobado o novo Plan Xeral. E aguantamos, mantivemos a dignidade.

No proceso que viviu foi importante o apoio persoal recibido?

As relacións persoais son o que sostén todo, sobre todo nos momentos difíciles. Démonos moito apoio todas as persoas que estabamos no goberno, tanto do PSOE coma do BNG. E tamén foi moi boa a resposta que deu a xente de Ourense en Común estes últimos anos. Nós aguantamos porque sabíamos que ía haber unha presión moi grande contra o Goberno, estabamos preparados para moitas cousas, pero seguramente non pensaríamos que chegaría a este nivel. Resistimos grazas ao excepcional traballo dos nosos avogados. E aguantamos tamén porque estabamos lexitimados polas urnas.

Como era o urbanismo en Ourense en 2007, cando chega ao Goberno?

Pois como era en case todo o Estado, porque isto non só pasou en Ourense. E, de feito, Ourense non era dos lugares con maior dinamismo ou nos que se movía máis diñeiro, pero era dos menos fiscalizados. O urbanismo en Ourense era o produto dunha liberalización absoluta do solo. A lei de 1998 determinaba que todo o solo, per se, era urbanizable. Só a modificación da Lei do Solo feita por Zapatero obrigou a xustificar os usos do solo para a súa urbanización. A isto uniuse unha facilidade para conseguir créditos, cun interese que era case cero. Iso converteu o urbanismo nunha feira, desaparecendo o interese público, e ao final a burbulla estalou. En definitiva, era unha feira sen control e sen expectativa de que ninguén a controlase. E nese momento entramos nós e cortamos todo iso.

Non se lles perdoou que establecesen eses controis?

Nós, nada máis entrar, cortamos esa situación, contra a que xa levabamos batallando dende o 2003, na oposición. Todo isto, evidentemente, xerou unha grande irritación en moita xente e cando ti lles tocas algo que consideran que lles pertence, aínda que non o sexa, van con todo contra ti.

Como está a querela contra Cabezas polo caso do 10%?

O tema do 10% é unha querela que interpuxen eu nese momento porque sabía que isto ía volver ocorrer de inmediato e había que paralo e, ademais, porque legalmente estaba obrigada a facelo. A instrución, en mans do xuíz Leonardo Álvarez, foi moi lenta e acabou arquivándose. Nós recorremos e por outra querela que presentamos Álvarez tivo que apartarse da causa e a Audiencia reabriu o caso. Co fiscal xefe Florentino Delgado tamén ía moi lento o proceso, ata que a avogada Elena Díaz o denunciou por abuso de poder. Agora, sen Florentino Delgado na Fiscalía, cremos que si, que irá a xuízo, e aí xa non sei como sairán as cousas. Xa chegar ata aquí foi un esforzo titánico, unha milagre, o normal era que isto quedara bloqueado hai xa tempo.

Como ve a política ourensá na actualidade, despois da chegada á Alcaldía de Pérez Jácome?

Sempre digo que son a persoa que está menos molesta coa nova situación política en Ourense, e todo o mundo queda perplexo cando o digo. Refírome a que Jácome sempre foi así, xa sabíamos que estaba disposto a gobernar co PP de Baltar, que era de aí de onde viña. Nós sufrímolo durante anos, especialmente despois da actuación de Pilar de Lara contra Paco, e cada vez que Jácome dicía nos plenos unha barbaridade en vez de ser criticado era celebrado. O que me dá unha certa tranquilidade é que agora todo o mundo ve como é, como actúa, quen son os seus aliados, e vese que sempre tivemos razón sobre el.

Nos seus plans está o regreso á política activa?

Non che vou contestar a iso, porque é o que certa xente esperaría que contestase. Aínda non o sei, pero o que é seguro é que nas listas do PSdeG-PSOE para as próximas municipais vai haber xente moi válida e vaise conformar un equipo moi potente. Hai xa xente moi boa no grupo municipal, e ten que haber máis. E o mesmo digo sobre o BNG ou Ourense en Común. E hai que facelo moi ben, porque o traballo é moi duro."                          

(Entrevista a Aurea Soto, ex-edil de Urbanismo do Concello de Ourense, Marcos Pérez Pena, Praza Pública, 04/11/19)

22/4/19

La defensora del pueblo gallega que enchufó a la hermana de un cargo del PP se enroca

"El pasado 4 de abril, la 'valedora do pobo' de Galicia, Milagros Otero, remitía un escrito al Parlamento para instar su relevo “inmediato”. Lo hacía tras determinar el Tribunal Supremo que cometió desviación de poder al enchufar en la institución a una hermana del portavoz del grupo parlamentario del PP, Pedro Puy, y sobrina de Manuel Fraga. Pero las prisas duraron solo unas horas. 
Al día siguiente, Otero rectificaba su comunicación tras apreciar un “error material” en el escrito, de forma que su cese solo se producirá cuando los grupos encuentren sustituto. Y como para eso se necesita el acuerdo de tres quintos de la Cámara, se frustra su sustitución por el 'vicevaledor', elegido a propuesta del PSOE, y el PP se garantiza la continuidad de Otero por un periodo indefinido.

io en la cita de un artículo de la ley de 1984 por la que se creó la institución del 'valedor', equivalente en Galicia al defensor del pueblo, modifica por completo el procedimiento y los plazos del relevo. En su primera misiva al presidente del Parlamento, Otero apelaba a lo previsto en el artículo 5.1.5 de la citada ley. 

Al día siguiente, tras detectar un “error material”, remitió una nueva carta idéntica a la anterior, fechada igualmente el día 4, pero en la que citaba el 5.1.1. El primero se refiere a un cese por condena por sentencia firme “por delito doloso”, mientras que el segundo es una simple “renuncia”.

La segunda causa esgrimida para justificar la puesta de su cargo a disposición del Parlamento elimina la exigencia de plazos, lo que permite a Otero seguir ejerciendo incluso más allá del otoño de 2020, cuando finaliza formalmente su mandato. La explicación oficial de la alta comisionada es que evita su salida inmediata por “responsabilidad”, para no “descabezar” la institución y “garantizar a la ciudadanía que sus quejas seguirán siendo tramitadas con normalidad”. 

“El motivo por el que tomé la decisión está escrito, es por sentido de la responsabilidad con el Valedor y la ciudadanía”, afirmó la 'valedora', que añadió: “Cuando una persona está en una situación apretada, lo que tiene que hacer es apretar los dientes y levantar la cabeza”.

Paralizar el relevo

La rectificación desactiva la posibilidad de que la Comisión de Peticiones del Parlamento pueda votar que las funciones del cargo sean ejercidas interinamente por el actual 'vicevaledor', Pablo Cameselle. 

La 'valedora' trata de obstaculizar el paso a su adjunto, al que acusa de firmar la resolución final en la contratación irregular. Aunque lo hizo después de que estuviesen definidos los criterios de la convocatoria y de que se hubiesen presentado los candidatos, el PP no dudó en atribuirle “una responsabilidad importante en este procedimiento”, allanando así el camino a un relevo en diferido. La propia Otero ha manifestado su voluntad de que Cameselle deje el cargo con ella.

El Supremo confirmó el pasado 28 de marzo una sentencia dictada en 2018 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anuló el nombramiento de la jefa de servicio de Administración y Personal del Valedor al observar que fue otorgado con “arbitrariedad” y “desviación de poder”. El cargo recayó en María Puy Fraga, que además de hermana del portavoz del PP, Pedro Puy, y sobrina del expresidente Manuel Fraga, es también hija del catedrático de Derecho Francisco Puy, de quien Otero se confiesa discípula académica en la Universidad de Santiago.

La sentencia inicial considera que el proceso se diseñó “a la medida” de la beneficiada. Ahora, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TS dicta una providencia que rechaza el recurso presentado por la 'valedora'. Justifica su decisión por la ausencia de “interés casacional objetivo” para “la formación de jurisprudencia”. El tribunal no aprecia en el recurso “la formulación de un problema jurídico que trascienda del cariz marcadamente casuístico que presenta el litigio”, por lo que, además de rechazarlo, impone las costas procesales a la institución gallega.

El TSXG, que actuó a instancias de un recurso presentado por otro candidato al puesto, considera “patente la infracción de los principios de mérito y capacidad” y estima que existen “sobrados datos” de que la selección estuvo guiada por el “deseo” de adjudicar el puesto “a una de las candidatas, con desprecio de la valoración de los méritos y aptitudes evidenciados por los restantes aspirantes”. La 'valedora' niega las irregularidades.

Cuando se pronunció el tribunal gallego, el PP apeló al recurso que ha rechazado el TS para aplazar cualquier decisión. “No vamos a tomar decisiones firmes cuando no hay una sentencia firme”, advirtió la diputada del PP Paula Prado. Ahora, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que la propuesta de Otero de mantenerse en el cargo es “la más racional” y “respetuosa” con la institución.

Catedrática de Filosofía del Derecho, Milagros Otero está desde 2015 al frente de la institución del Valedor, al que se atribuye la encomienda de defender los derechos de los gallegos ante los abusos de la Administración. En 2012, uno de sus antecesores, Benigno López, dimitió de manera fulminante tras pedir la suspensión de la Ley de Dependencia. En aquella ocasión, el cargo pasó en funciones al 'vicevaledor' primero, también propuesto por el PP."                  (Pablo López, El Confidencial, 19/04/19)

11/4/19

El ocaso mediático y político de la jueza Pilar de Lara se debió a que, aquí, el Tribunal de Cuentas es el organismo que persigue el fraude y la corrupción... pero está bajo el control del Partido Popular, que es quien decide qué informes realiza el Tribunal de Cuentas

"(...) A pesar de que la carencia de medios se sitúa como el principal problema del organismo de Justicia en Galicia, desde Unidas Podemos y el Bloque Nacionalista Galego se hace especial hincapié en la falta de voluntad política a la hora de erradicar la corrupción.

 Yolanda Díaz, diputada de la formación morada en el Congreso por A Coruña y licenciada en derecho se muestra convencida de que la sanción contra Pilar de Lara ha sido, cuanto menos, heterodoxa, señalando que le llama “poderosamente la atención que llegaran hasta este punto de abrirle un expediente a una jueza”, apuntando que “es muy poco normal” e instando a observar instrucciones similares con grandes dilaciones que no generaron esta clase de respuesta.

Desde Unidas Podemos y el Bloque Nacionalista Galego se hace especial hincapié en la falta de voluntad política a la hora de erradicar la corrupción
“Aquí hay otro problema de fondo, que es que no se ponen medios para perseguir la corrupción”, afirma por otra parte Xosé Luis Bará, antiguo profesor y portavoz de Xustiza en el Parlamento de Galicia. 

“Porque claro, cuando se abren causas de este tipo, que duran siete u ocho años y que no tienen ningún resultado, ni siquiera de un juicio, eso crea desconfianza en la justicia, crea frustración, crea una sensación de que aquí hay impunidad. Y eso es porque no hay voluntad política para que se pongan los medios necesarios para que se persiga con todas las consecuencias la corrupción”, señala.

Para Bará resulta evidente que estos dos problemas han creado un nudo en el sistema judicial gallego que requiere mucho más que una inyección rápida de capital para tener a los funcionarios contentos.  

La Justicia necesita de organismos específicos para atajar sus propias carencias y no existe un interés general en dar los pasos necesarios para ello, como “la creación de una fiscalía especializada contra la corrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que no hay; hay fiscalías especializadas en seguridad vial o medio ambiente, pero no en la lucha contra la corrupción”, apunta.

Delitos de gran complejidad

Uno de los principales obstáculos a la hora de investigar causas de la magnitud de las instruidas por la jueza Pilar de Lara es la propia complejidad de las mismas. Tal y como señala Luis Villares, se trata de tramas inmensas que deben separarse en piezas porque de no hacerlo cualquier fallo o error procesal puede poner en peligro la totalidad del juicio. Es por ello que la creación de órganos específicos, dotados de medios suficientes para sacar adelante el proceso sin fisuras o puntos débiles, resulta crucial.

Sin embargo, una vez más, las dos problemáticas antes mencionadas al unirse crean una situación insostenible que acaban arruinando buena parte de estas causas. “Eso es aplicable [la falta de medios] no solo a los Juzgados de lo penal, sino a todo en general. Faltan juzgados, faltan medios, falta personal, el tema de la digitalización es un desastre…”, apunta Bará.

“En la temática específica de la corrupción aquí se creó un discurso de la limpieza, la persecución del fraude, de la transparencia del Gobierno, y la solución que pusieron fue que el Tribunal de Cuentas hiciese las funciones de lo que debería ser un organismo independiente de la persecución del fraude, de la corrupción y todo eso.

 Pero eso está bajo el control del Partido Popular, que es quien decide qué informes realiza el Tribunal de Cuentas, y quien debería hacer esta función de persecución del fraude y la corrupción debe ser la Administración de la Justicia y no tiene medios suficientes. Sobretodo la Fiscalía, que debería realizar esa función mediante una rama especializada en la corrupción, dado que en muchos casos son delitos muy sofisticados que utilizan medios tecnológicos muy avanzados”, afirma.

Instrucciones masivas

El último punto señalado desde la izquierda es, quizás, el más peliagudo en términos jurídicos, pues atañe a la forma de proceder de la propia Pilar de Lara. Pese a las virtudes de la investigación y la necesidad de la misma, los partidos han hecho hincapié en las fallas encontradas en los procesos, que en muchos casos terminaban con delitos prescribiendo y con imputados, o bien saliendo impunes, o bien limpiando su nombre tras acarrear la losa de la sospecha sobre sus espaldas durante muchos años. (...)"                (J. Guzmán, Público, 09/04/19)

13/12/18

Piden máis de dous anos de cárcere para un empresario que cobrou facturas duplicadas á Xunta

"A Fiscalía solicita dous anos e medio de cárcere e o pago dunha multa de 5.400 euros para un empresario acusado de falsidade en documento mercantil e estafa, e que será xulgado este xoves na sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago de Compostela. Segundo o escrito de acusación pública, tres empresas das que M.C.R. era administrador foron contratadas pola sociedade que organizaba o Congreso de Análise sobre Latinoamérica-Construyendo Eurolat, que se celebrou en Santiago entre o 24 e o 29 de xaneiro de 2009.

Entre os servizos que prestaban as empresas do acusado estaba a compra de billetes de avión para os asistentes ao evento, aloxamento en hoteis e manutención, aluguer de salas e servizo de azafatas, traslados en bus ou guías para excursións. O acordo entre a empresa organizadora e o acusado era que algúns servizos se lle facturarían á organización e outros á Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia.

Con todo, as empresas de M.C.R. emitiron facturas duplicadas, de maneira que pretendía cobrar, polos mesmos servizos, tanto á organización do Congreso como á propia Xunta. De feito, a administración autonómica chegou a abonar, por esas facturas, case 40.000 euros, mentres que a sociedade organizadora do evento caeu na conta do engano e negouse a pagar (de feito, as empresas do acusado promoveron un proceso monetario nos xulgados de Madrid para reclamar eses abonos).

Por estes feitos, a Fiscalía considera ao acusado autor dun delito continuado de falsidade en documento mercantil, en concurso cunha tentativa de estafa, e pide que sexa condenado a dous anos e medio de cárcere, e ao pago dunha multa de 5.400 euros."                 (Galicia Confidencial, 09/12/18)

21/11/18

La juez anticorrupción de Galicia, investigada por el poder judicial... "Ya sabe cómo empieza esto, Primero la prensa se vuelve en contra, empiezan con ataques gratuitos, escarban en la vida privada, las conferencias, anteriores resoluciones. Y luego va subiendo la intensidad; la fiscalía empieza a pedir cosas raras, la audiencia revoca y adopta resoluciones poco entendibles, se empiezan a recibir visitas de la inspección y de la noche a la mañana te encuentras sumido en un infierno mediático y judicial"

 
 Pilar de Lara durante una conferencia en la sede de una ONG en Santiago en abril de 2017.

"Le colgaron el sambenito de juez estrella a pesar de que nunca concedió una entrevista y de que las conferencias que da en sus días libres son gratis y para ONG, fundamentalmente contra la trata de seres humanos y contra el maltrato animal. 

Aplaudida por el pueblo, temida y odiada en los despachos, Pilar de Lara (Cartagena, 1969) acaparó durante años desde el juzgado de Instrucción 1 de Lugo los grandes titulares de la prensa gallega. Primero por desentrañar una trama de proxenetismo de la que formaban parte principal guardias civiles y policías y que dio lugar a la mayor causa contra la prostitución que se ha investigado en España, el caso Carioca. 

Después, por destejer ese ovillo infinito de cazadores de contratas públicas que sacó a la luz la Operación Pokémon sepultando muchas carreras políticas de todos los colores. Pero aquel nido de corrupción que parecía prosperar en la tranquila ciudad de Lugo se sostenía en realidad sobre un árbol lleno de ramas que llegaban a Asturias, Cantabria, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Murcia. 

Y ella siguió tirando del hilo sin vislumbrar el final de sus pesquisas. Ahora, por estos supuestos retrasos en causas elefantiásicas propias de un juzgado central, De Lara es la investigada. Ha contratado los servicios de un abogado y el día 21 tendrá que viajar a Madrid para declarar ante sus superiores.

El lunes de la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial notificó a la magistrada que el Promotor de la Acción Disciplinaria había acordado incoar expediente por la presunta comisión de varias faltas: la "desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales" y la "adopción de decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generan ficticios incrementos del volumen de trabajo".

El expediente, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, "se basa en las actas levantadas por el servicio de inspección" sobre "la situación del juzgado", entre ellas la de la "inspección extraordinaria realizada entre los pasados 21 y 31 de mayo". Pero en realidad, la cúpula judicial comenzó su rastreo hace más tiempo. Según fuentes judiciales, el servicio de inspección empezó el seguimiento en 2015 y después lo sumió en un letargo de dos años sin notificar ninguna resolución a la magistrada hasta ahora.

"Cualquiera que la conozca sabe cuál es su dedicación, incluso excesiva" defiende su letrado, Agustín Azparren, exmagistrado y exvocal del CGPJ. El retraso "no solo depende de la instrucción de la juez, sino de otras circunstancias", como "la demora de la Audiencia Nacional en resolver sus inhibiciones" en ramas de la Pokémon que afectan a otras comunidades.

Según él, es habitual que en este tipo de macrocausas por corrupción se instruyan expedientes, pero recuerda que en sus ocho años como miembro de la comisión disciplinaria todos acabaron "archivados" porque los retrasos están "justificados". Desde Lugo han salido ya hacia el CGPJ un millar de folios de alegaciones y cajas con unos 600 documentos anexos como prueba. Azparren apunta, además, que en casos tan delicados como los que lleva De Lara, "siempre hay denuncias" de implicados y "siempre se busca cualquier motivo para apartar al juez".

El expediente puede acabar archivado, con una propuesta de sanción, un traslado forzoso o, en la hipótesis menos probable, la suspensión de su carrera. La Carioca data de 2008 y la Pokémon de 2011. Hay todo un bosque de ramificaciones, testigos protegidos, infinidad de víctimas y cientos de imputados que inundan el juzgado de recursos. Y mientras estos aguardan un juicio que no llega, esperan ver caer a la instructora por el larguísimo camino.

Esta semana, dando la cara u ocultos tras un seudónimo, algunos investigados celebraron en las redes sociales la mina puesta en la senda de De Lara por el gobierno de los jueces. "Lo habíamos dicho muchas veces. Ahora lo dice también el CGPJ. Muchos inocentes hemos sufrido injustamente sus modos. La imagen de nuestra ciudad también ha sufrido las consecuencias. Esperamos justicia", sentenciaba un tuit de Xosé López Orozco, exalcalde socialista de Lugo que ha logrado desembarazarse, en la Audiencia Provincial, de parte de sus imputaciones.




S. R. P. / EP

Pilar de Lara acaba de incorporarse después de una baja cuya causa médica fue el "estrés agudo por motivos laborales". En varios de sus últimos autos, la juez de Lugo justifica las demoras "en la acumulación de asuntos de naturaleza penal seguidos en el juzgado", en especial tras la reciente huelga de tres meses de los funcionarios de la justicia, "a expensas de medidas de la Xunta" que nunca llegan para paliar sus consecuencias.

También fundamenta el atasco en la "necesidad de invertir tiempo" en elaborar "informes solicitados por el servicio de inspección del CGPJ". Esto, asegura De Lara en un auto del 16 de octubre, "lleva a la casi paralización de la actividad procesal".

Actualmente, el expediente disciplinario está en fase de instrucción y, cuando la juez declare, se podrán acordar pruebas documentales o testificales. Si hubiese base para seguir adelante, el promotor tendría que redactar un pliego de cargos y la defensa expresaría sus alegaciones, que pasarían a la comisión disciplinaria para la resolución del expediente.

Lo más llamativo de este caso, según el abogado que la defiende, es que la inspección judicial, compuesta por "dos equipos", estuvo durante "dos semanas" en el juzgado de Lugo. Además, no solo "se les tomó declaración a varios abogados de las causas" que ella investiga, sino que "se les invitó a que presentaran denuncia".

Los apoyos a De Lara suelen venir de la calle. A lo largo de los años en que, procedente de un juzgado asturiano, conmocionó con su olfato para el (supuesto) delito la sociedad lucense y gallega, fue objeto de actos de homenaje, recogidas de firmas solidarias y hasta una multitudinaria manifestación de los vecinos. A la vez, ha padecido un reguero de coacciones, insultos, pintadas y anónimos amenazantes contra ella y su familia. Durante un tiempo tuvo que cambiar de rutinas y llevar escolta.

Hoy, además de la Carioca y la Pokémon (que dio a luz después varias hijas como la Pikachu y la Manga), entre otras investigaciones la magistrada dirige de la mano de Vigilancia Aduanera la Operación Cóndor (fraude fiscal, blanqueo, tráfico de influencias), la Cebra (narcotráfico, contrabando y lavado de dinero a escala mundial), la Pulpo (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos) o el caso Garañón (tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y delitos contra la ordenación del territorio). En todas estas causas que han dado lugar a múltiples ramas hay implicados políticos o expolíticos.

También estaba en sus manos una pieza separada de la Operación Campeón, un caso de Instrucción número 3 que ya ha sido juzgado y en el que por poco tiempo estuvo investigado el exministro socialista José Blanco, exculpado en el Supremo. En la pieza desgajada que correspondió al número 1, siguió imputado por soborno desde 2011 el exconselleiro nacionalista Fernando Blanco, cuyo abogado presentó poco después de la inspección de mayo una denuncia por dilaciones en el CGPJ.

Curiosamente, cuatro meses después de que llegase a la Audiencia de Lugo el recurso de apelación, la investigación sobre Blanco ha sido archivada esta semana por la instancia provincial pese a que la fiscal se oponía hace meses al sobreseimiento.

Abogados e investigados (empresarios, proxenetas, políticos y agentes) temen los ya célebres interrogatorios maratonianos de la juez, con jornadas que acaban de madrugada y donde la magistrada acorrala sutilmente a sus sospechosos. Pilar de Lara ha pasado muchas noches en el juzgado y ha dedicado vacaciones a redactar autos, pero esto, lejos de aligerar la sobrecarga de trabajo parece haberla multiplicado. Y además de las grandes causas, este juzgado de provincias debe dar salida a los asuntos ordinarios.

Entre noticias sobre registros, arrestos y varapalos de instancias superiores contra los retrasos, la forma de instruir y las dimensiones de sus causas, de vez en cuando surgen de su despacho decisiones muy distintas que también recorren España. Como la orden de alejamiento nunca antes vista que dictó el año pasado para proteger a una perra maltratada de sus dueños.

Sus investigaciones tocaron peligrosamente la puerta de algunos aforados como el propio Alberto Núñez Feijóo en la Cóndor, que se libraron de acabar imputados (como lo están otros políticos no aforados) por decisión de los altos órganos judiciales y los fiscales que no vieron el cohecho que apuntaba De Lara. Pero operaciones como la Pokémon sí influyeron, de forma radical, en las elecciones municipales y dieron un vuelco al mapa político de varias ciudades como Ourense, Santiago o A Coruña.

Mientras tanto, la Carioca debería llegar a su término a finales de este año, después de la prórroga solicitada por los fiscales que se repartieron el medio centenar de piezas tras la muerte de aquel que conocía el caso. La macrocausa, la mayor instrucción que ha habido en Galicia, la más importante sobre proxenetismo que ha conocido España, corre un alto riesgo de llegar escuálida al banquillo después de tanto tiempo.

En medio del clamor social de grupos contra la trata, el ministerio público ya propuso el archivo de algún capítulo sangrante de la causa, como el de la prostitución de una menor a la vista de guardias civiles.

Estos días, en ámbitos judiciales de Lugo se rememora y califica de "profético" aquel correo que un día de 2014 envió a la magistrada Cándido Conde Pumpido Varela, hijo del exfiscal general del Estado y exmagistrado del Supremo, hoy del Constitucional: "Empieza a sonar un runrún en el Supremo de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política y se escucha hablar de investigaciones prospectivas".

 "Según mi experiencia, es mucho más peligroso para un juez investigar a un determinado partido que a otro", le advertía, al tiempo que avisaba de la presunta existencia de dos "grupos de presión" políticos que maniobraban contra ella.

"Ya sabe cómo empieza esto", seguía. "Primero la prensa se vuelve en contra, empiezan con ataques gratuitos, escarban en la vida privada, las conferencias, anteriores resoluciones. Y luego va subiendo la intensidad; la fiscalía empieza a pedir cosas raras, la audiencia revoca y adopta resoluciones poco entendibles, se empiezan a recibir visitas de la inspección y de la noche a la mañana te encuentras sumido en un infierno mediático y judicial". "Mi consejo es que intente apartarse y vaya con pies de plomo", le recomendaba."                         (Silvia R., El País, 12/11/18)


"El abogado de Pilar de Lara: “No hay juzgado en España con más macrocausas”.

El abogado de la juez Pilar de Lara en la acción disciplinaria abierta por el Consejo General del Poder Judicial, Agustín Azparren, ha afirmado hoy que “no hay juzgado en España con más macrocausas” que el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. 

El expediente disciplinario se abre por la supuesta comisión de una falta prevista en los artículos 417.9, 418.11 y 419.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere a la “desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales”.

Agustín Azparren ha apelado a que “sí examinamos en que juzgados de España, dejando aparte los juzgados centrales de instrucción que por razones de competencia es normal que tengan macrocausas, yo creo que ahora mismo en toda España sería imposible encontrar alguna capital de provincia, u otros ciudades con más población que Lugo, en la que haya tanta macrocausa, con tantas piezas y en un solo juzgado”.

“Eso también influye, porque no son los mismos medios, ni las mismas condiciones trabajar en la Audiencia Nacional por ejemplo, que en Lugo. Hay muchos factores que influyen en posibles retrasos, retrasos que se dan también en muchos juzgados de España. 

Es habitual”, justifica. Y es que la jueza Pilar de Lara tiene abiertas distintas macro operaciones, como la Carioca, sobre redes de prostitución, la Pokemon, sobre adjudicaciones públicas irregulares, sobre el Garañón, la urbanización a los pies del parque Rosalía de Lugo, o la Operación Pulpo, centrada en la diputación, y la Condor sobre la empresa Monbus, que están por cerrar. Todas ellas tocan cuerdas especialmente sensibles, ya que afectan a cargos o excargos políticos y, en el caso de la Carioca, a agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

Respecto a la acción disciplinaria, Azparren se ha aferrado a que la jueza Pilar de Lara, “todo el mundo que la conozca profesional y personalmente, sabe que de tener un defecto es el contrario, el exceso de celo y exceso de dedicación a todas las causas”. “Desde ese punto de vista creemos que no tiene mucha base la calificación (de la acción disciplinaria) por retraso vinculado a la dejadez o a una actitud pasiva de la jueza”, argumenta.

Seguidamente aclara que “una vez que se incoa el expediente disciplinario hay un plazo máximo de seis meses; pasados seis meses caduca”. “Sí en seis meses el Consejo General del Poder Judicial no ha resuelto que sea archivado el expediente o sancionado con falta grave, muy grave o leve, el plazo expira”, ha insistido. 

El día que se ha sabido que el gobierno de los jueces será para el conservador Manuel Marchena tras llegar a un acuerdo PSOE y PP, Azparren recuerda que “nos vamos a encontrar con cambios en el Consejo General del Poder Judicial que puede afectar, a lo mejor, al promotor de la acción disciplinaria”, es decir, el magistrado que ha decidido incoar expediente a De Lara. El 21 de noviembre, a las doce del mediodía, la juez ha sido llamada a declarar ante el consejo acompañada de su letrado."                (Pepe Seijo, El País, 12/11/18)


"Liñares, exconcejal en Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, se declara “víctima” de la juez Pilar de Lara... a pesar de todos los informes de la investigación lo sitúan en el epicentro de la trama Pokemón y de que la fiscalía ha pedido para él cinco años de prisión

El vértice y principal investigado de la macrocausa Pokémon, el exconcejal en Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, ha afirmado hoy que se ve como una “víctima” de la juez Pilar de Lara, que lleva esta investigación en el juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad.

 A pesar de todos los informes de la investigación que lo sitúan en el epicentro de la trama y de que la fiscalía ha pedido para él cinco años de prisión, Liñares proclama ahora su inocencia: "Yo mantengo, considero, que soy inocente. Si se celebra juicio no habría problema para demostrarlo, pero habrá que ver si se celebra”, ha advertido en declaraciones a Radio Lugo-Cadena Ser. 

La semana pasada se conoció el expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial a la magistrada, y el expolítico socialista asegura que anímicamente él se encuentra “perfectamente": "me siento en una situación inmejorable”, ha dicho el que fue mano derecha del exalcalde Xosé López Orozco.

La juez Pilar de Lara, que instruye la Pokémon entre otras macro operaciones, está pendiente de que se resuelva una acción disciplinaria abierta por el Consejo General del Poder Judicial, que se inicia por la supuesta comisión de una falta prevista en los artículos 417.9, 418.11 y 419.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene que ver con “la desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales”. 

En el arranque de la operación Pokémon, sobre adjudicaciones irregulares a cambio de mordidas, en 2012 la magistrada detuvo y encarceló a Liñares acusado de varios delitos, entre otros, cohecho y tráfico de influencias. Se le atribuye haber tejido una “red de intereses económicos”, para su propio provecho.

La acción disciplinaria abierta a Pilar de Lara, al exconcejal no le sorprende. “A mi modesto entender, y sin querer meterme en grandes investigaciones, yo considero desde hace varios años que esto estaba más o menos anunciado, por la forma de instruir y la forma de trabajar. Comparando el trabajo riguroso que hace la justicia, aunque éste no es buen momento en España para la credibilidad judicial que creo que son casos puntuales las últimas sentencias de las altas magistraturas, yo creo que no debía de afectar a la imagen general de la justicia. 

Opino que tenemos un sistema judicial bueno, pero las personas de la justicia son humanas y pueden cometer algún error”, sentencia.

Liñares ha incidido finalmente, sobre el expediente a la jueza, que él “hace varios años” imaginaba este desenlace. “Creo que esto era un final que se veía venir”, comenta. Interpelado sobre si se considera una víctima de Pilar de Lara, responde que “evidentemente sí”, para, a renglón seguido, mantener que es “absolutamente inocente”. 

“Si llegara a celebrarse el juicio lo demostraríamos sin grandes complicaciones. Distinto es lo que salió en los medios de comunicación [haciéndose eco del sumario] en algún momento, en aras de la libertad de expresión que tienen los medios; y faltaría más. Pero yo mantengo, sigo considerando que soy inocente. Si se celebra juicio no habría problema para demostrarlo, pero habrá que ver si se celebra”, avisa."             (Pepe Seijo, El País, 13/11/18)