El Tribunal Supremo rechaza los recursos de las familias que fueron despojadas de sus hijos en una maquinaria burocrática por la que estuvieron imputados monjas y funcionarios de la Xunta

"Era la última puerta a la que podían llamar antes de intentarlo con el Constitucional, que admite un porcentaje insignificante de casos. Los dramas familiares que pueblan la Operación Bebé de Lugo, que investigó presuntas irregularidades en los procesos de retirada de niños a sus progenitores por parte de la Xunta en pleno siglo XXI, se han dado de bruces con las pulidas puertas del Tribunal Supremo, que ni tan siquiera ha entrado a valorar la docena de sangrantes casos. 

Con un extenso fallo, los magistrados de la sala de lo Penal, en vez de bajar al horror vivido por las madres que no han podido volver a saber de sus bebés, ya adoptados por terceros, concluyen que no caben los recursos de casación contra el archivo de la causa acordado en Lugo. 

También se apresuran a advertir de que con esta decisión "no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva" que, como recuerdan, "no es absoluto y se presta a limitaciones implícitamente admitidas".

A lo largo de siete años, desde que la juez Estela San José, entonces titular de Instrucción número 3, ordenó la entrada y registro en la delegación de Menores en Lugo y en una residencia de monjas para madres desamparadas, casi una veintena de niños han crecido ajenos a la lucha desesperada de sus padres biológicos por recuperarlos después de que la Administración se los quitase. 

Este proceso de retirada con vistas a la adopción fue, según defienden las familias afectadas, en contra de su voluntad y basándose en una serie de informes oficiales que los progenitores siempre consideraron arbitrarios, forzados, parciales, subjetivos y falseados. 

En la causa, que pasó por las manos de varios magistrados hasta que la archivó en 2016 Sergio Orduña, que no alcanzó a ver el delito, llegaron a estar imputadas unas 20 personas, fundamentalmente trabajadores de la Xunta y religiosas del Hogar Madre Encarnación.

El sobreseimiento libre fue corroborado luego por la Audiencia Provincial, que poco antes había emitido un auto sobre la causa en el que sí veía "indicios de delito". Y por supuesto, también bendecido por la fiscalía, que siempre se mantuvo en una postura contraria a una investigación que avanzaba a trompicones. 

Por el juzgado no llegaron a pasar para prestar declaración todos los protagonistas del sumario ni se realizaron todas las pruebas que los denunciantes reclamaban. Si la Operación Bebé llegó a donde llegó fue sobre todo por el esfuerzo de los abogados de oficio de las familias afectadas, la inmensa mayoría con escasos recursos económicos y grandes dificultades para defenderse frente a unos engranajes burocráticos para ellos endiablados.

Al Supremo llegaron ya solo recursos por siete de los 12 ramos (uno por familia despojada) en que se organizó la causa, en un enésimo intento de los letrados por mantener viva esa Bebé que los tribunales gallegos ya daban por muerta y enterrada. La decisión de dar la espalda a los recursos de casación fue acordada por la sala de lo Penal el pasado día 7 y fundamentada a lo largo de 15 folios.

 Ayer su sentencia empezó a ser notificada a algunos de los abogados de oficio. Mientras digieren la noticia todavía no han decidido si darán el último paso que les brinda la justicia española: presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Archivadas quedan, probablemente de forma definitiva, las escalofriantes diligencias sobre una madre víctima de una presunta mafia rusa que entregó en adopción a su recién nacido bajo amenaza; o la lucha de una mujer confinada para siempre en una silla de ruedas después de arrojarse al vacío en el hospital de Pontevedra, desesperada por haber firmado el consentimiento de adopción de su niña. 

También el caso de una argelina que dio a luz en la Mariña lucense y declaró que firmó sin saber la entrega de su hija porque no entendía el castellano. O el de un padre al que ni se le preguntó si consentía la adopción que había rubricado su esposa hospitalizada y supuestamente sedada con tres Valium 10 en Lugo. 

Y también el de una madre a la que las trabajadoras sociales consideraron incapaz de criar a dos bebés sanos pero sí apta para cuidar a dos algo mayores, uno de ellos dependiente como un bebé. Como señala Amelia Saavedra, la abogada de esta supuesta víctima del sistema, la niña mayor y su hermano discapacitado no resultaban "nada apetecibles para las familias adoptantes".                        (Silvia R. Pontevedra, El País, 13/12/17)

La Xunta le roba los hijos a los pobres

"Fue a Menores y le dijeron que no podía ver a los pequeños, que le quitaban las visitas porque aunque tenía dinero y trabajo ya era tarde”. “Recuerda que le mandaron una carta diciendo que era retrasada y no podía cuidar a los niños, que cualquier persona le timaba porque era muy tonta, que no los iba a poder defender, educarlos y explicarles lo que es la vida”, relatan los papeles del juzgado. 

Como si precisamente ella, Irene (nombre ficticio para una historia real), no supiera mejor que nadie cómo se las gasta la vida, cómo se ensaña, cuando todo se vuelve en contra. 

Esta lucense encaja como un guante con el perfil más habitual de las madres que deambulan desesperadas por las miles de páginas de la conocida como Operación Bebé: está sola en el mundo, ha sido judicialmente declarada víctima de maltrato, se ha criado y ha vivido en la pobreza extrema y se ha sumido en una honda depresión cuando una maquinaria burocrática implacable le ha arrebatado todo lo que tenía, sus niños.

Ahora, como otras, lucha con un abogado de oficio por recuperar los críos que le quitó la Xunta, intentando demostrar que, más allá de la prepotencia, el exceso de celo o una suerte de convicción redentora, los funcionarios imputados que estos días prestan declaración ante la juez de Instrucción 2 de Lugo, Sandra Piñeiro, podrían haber cometido delitos relacionados con la alteración de fechas, los lapsus deliberados, la desaparición de documentos clave y la elaboración de informes subjetivos que habrían dado lugar a decisiones arbitrarias capaces de destrozar familias.

El de Irene es uno de los sangrantes testimonios de una docena de progenitores despojados de sus vástagos que han hecho del caso Bebé un sumario de 58 tomos angustiosos. Hoy hay más de 10 imputados, la mayoría funcionarios de la Administración gallega que ejercen en la Consellería de Traballo e Benestar o en hospitales. La procesión comenzó el jueves pasado y continuará mañana y el día 20.

 El 1 de diciembre cerrará la ronda una monja del Hogar Madre Encarnación de Lugo, una residencia que trabaja con la Xunta donde bajo el lema “sí a la vida” se da techo a mujeres embarazadas y recién paridas mientras, según recogen las diligencias, se les enseñan quehaceres de provecho para las hembras como el fregado de suelos.

Las primeras funcionarias en declarar defendieron el jueves que sus actuaciones fueron correctas, aunque según los abogados de las madres reconocieron errores en fechas, incurrieron en “contradicciones” y una llegó a admitir que no se preocupó por rastrear las circunstancias de una víctima de la mafia del caso Carioca que al firmar el consentimiento de adopción dejó escrito que lo hacía “por fuerza mayor”. 

 Esa madre, desesperada por la pérdida de su niña que hoy asegura haber entregado bajo presiones, intentó suicidarse al poco tiempo arrojándose desde el sexto piso del hospital pontevedrés de Montecelo. Perdió un brazo y está parapléjica.

Frente a esa pulcritud de las tramitaciones que defienden los funcionarios imputados, la abuela, también imputada, de uno de los recién nacidos retirados contó que su hija discapacitada psíquica de la que es tutora legal firmó los papeles de la Xunta estando sola en la habitación del hospital, sin su imprescindible supervisión. Un celador del Xeral Calde testificó además que previamente, ese día, a la chica le habían suministrado tres potentes ansiolíticos hipnóticos.

En el caso de Irene, Menores entró en su vida para nunca marchar porque alguien denunció la miseria en que vivía con su marido maltratador y su primera hija. Cuando la cría tenía dos años, llegaron los funcionarios “con la policía”:

 “Me dijeron que no me opusiera, que se iban a llevar a la niña por las buenas o por las malas y que firmase el documento”, relata. Ella se resistió largamente, pero le “amenazaron con que, si no firmaba”, no le dirían “adónde se la llevaban”.

Con el tiempo y ya con dos críos, hizo todo lo que le exigieron en la Xunta y aunque partía de la nada logró obrar milagros solo por amor a sus hijos, una niña nacida en 2005 y un niño de 2008, recuerdo de sus últimas noches con el hombre que la sometía. 

En el sumario se explica que fue cumpliendo los requisitos que le iban imponiendo: se atrevió a denunciar a su marido y obtuvo la orden de alejamiento; buscó un piso estupendo en Lugo capital; se empezó a cuidar físicamente y encontró trabajo. Irene hubo de desechar varios empleos hasta que halló uno al gusto de los funcionarios que supervisaban con lupa su desgraciada vida. Pero por parte de la Administración “todo eran pegas”.

En una visita a su piso alquilado que hizo una fundación de las que trabajan mano a mano con la Xunta en el tema de las tutelas y las adopciones de niños declarados en desamparo, Irene cuenta que las diligentes trabajadoras sociales le reprocharon que se tratase de un octavo, una altura, opinaban, peligrosa para los pequeños. Venía de vivir con el esposo que la traicionaba y le pegaba en una casa de aldea casi en ruinas donde el único mueble era un colchón en el suelo. 

Había pasado el embarazo de riesgo, asegura, obligada por unos parientes a limpiar y servir todo el día en un bar cuando el médico le recetaba reposo y cama. “Nada de psicólogo, ¡lo mejor contra la depresión es trabajar!”, le insistía la familiar que al parecer la explotaba a cambio de techo.

 Con lo que había visto en su vida, ¿cómo podía digerir esa crítica a la altura del piso que le hacían las representantes de la ONG subvencionada? “Ah, ya sé, querrán una casa sin ventanas”, bromea con amargura Irene en un manuscrito que presentó al juzgado y en el que esta mujer a la que le han matado cualquier atisbo de autoestima pide perdón por las posibles faltas y redundancias que pueda cometer: “Hay palabras que repito mucho”.

Pero los abogados de estas familias de Lugo denuncian que además de cortar la relación con sus progenitores, Menores decidió también romper el contacto de los críos con su familia extensa. 

Un padre cuenta cómo huyeron con el carrito, tapando a su bebé, las mujeres que lo tutelaban el día que vieron llegar al abuelo al parque. Ese mismo hombre denuncia, aportando incluso las esquelas de su madre, que la abuela murió pidiendo ver por última vez al crío que era el niño de sus ojos.

 “La Xunta ha secuestrado a mi hijo”, concluía el padre en una entrevista con este medio. Irene relata también cómo se les negó la custodia a los abuelos de sus hijos, pese a que “vendieron las vacas para arreglar la casa” según las exigencias burocráticas.

Uno de los aspectos más dolorosos del sumario Bebé es el contraste entre la desesperada lucha de los padres biológicos y las apacibles cartas de las familias acogedoras describiendo el estado de felicidad que reina en sus hogares para que se formalice la adopción a su favor: son “la bendición” de esta casa, se congratula el matrimonio que aspira a quedarse con tres menores por los que al mismo tiempo pelea su verdadera madre. 

Esa chica denuncia que no puede ver a sus niños a pesar del informe que emitió la Casa da Muller del Ayuntamiento de Lugo en el que se afirma que sufrió el “síndrome de la mujer maltratada” y que “las dificultades para atender a sus hijos derivan directamente de la situación de maltrato vivida durante la mayor parte de su existencia”. 

No obstante, sigue el documento, gracias a su determinación “de un año a esta parte se produce un cambio evidente en casi todas las facetas de su vida”, por lo que la técnica que firma el escrito que supuestamente no se tuvo en cuenta aboga por un reagrupamiento.

Antes de nacer el segundo hijo de Irene, fruto de su relación con el mismo maltratador al que luego denunció, Menores ya le avisó de que se lo iban a quitar. A ojos del rígido sistema no pareció importar demasiado que, en las visitas de una hora que permitía la Xunta los sábados, la hija mayor se abrazase a ella como un náufrago a un madero: “Quedaba llorando, las cuidadoras tenían que soltarla de mí a la fuerza”; “mami, no te marches quédate conmigo que te quiero mucho; duermes en mi camita conmigo”, afirma que le suplicaba la cría. Irene recuerda que, cuando se los dejaban llevar al piso, los niños estaban felices. 

Les había comprado juguetes y vídeos de Barrio Sésamo, sus favoritos. Llama la atención que el delito genérico que aparece citado en el encabezamiento de muchas de estas diligencias previas sea el de “estafa”.          ( Silvia R. Pontevedra , El País,  Santiago 8 NOV 2014)

Acusados de robo de bebés una monja y empleados de la Xunta

"Niños que entonces eran recién nacidos rondan ahora los seis años, y todo este tiempo han crecido apartados de sus madres, en muchos casos ignorando que existen, mientras estas peleaban por recuperarlos ante una maquinaria judicial bloqueada. 

Tres meses después de que la Audiencia de Lugo desatascase la instrucción al ordenar a la titular del juzgado número 2 que imputase a las personas que intervinieron en aquellas retiradas de niños supuestamente irregulares, los abogados de los padres han sabido que en noviembre tendrán que prestar declaración ante la juez Sandra Piñeiro al menos 10 personas. 

Entre los imputados están una monja que fue responsable del Hogar Madre Encarnación de Lugo en la década pasada —un centro al que acuden mujeres desprotegidas en el embarazo— y un número importante, aunque aún indeterminado, de trabajadores vinculados a la Xunta. (...)

Los interrogatorios están fijados para los días 6, 10 y 20 del mes que viene, y en su providencia la juez cita, además de a la religiosa, a una trabajadora social del Hospital da Costa, en Burela, y a la subdirectora médica del mismo centro del Sergas que ocupaban esos puestos en 2011, cuando dio a luz una mujer argelina que no ha vuelto a ver a su niña. Esta madre asegura que no entendía el idioma ni se le facilitó un intérprete, y cuenta que firmó la entrega de su bebé creyendo que cubría el alta médica.

Además, Piñeiro llama a declarar, igualmente en calidad de imputados, a varios técnicos facultativos del Servicio de Menores de Lugo, dependiente de la Consellería de Traballo e Benestar, y a algún familiar de las personas que denunciaron la supuesta retirada irregular de sus hijos. 

Precisamente el departamento de Menores de Lugo fue objeto de un registro judicial al comienzo de la instrucción, cuando investigaba las primeras denuncias que presentaron un grupo de abogados del turno de oficio otra juez, Estela San José, responsable del número 3. Esta se inhibió poco después por su amistad con la letrada de una de las madres denunciantes, y entonces el caso pareció caer en un limbo mientras las criaturas, en principio una decena, se hacían mayores y en buena parte eran dadas en adopción.

Al menos dos de estas madres a las que la Administración autonómica les quitó sus bebés de manera presuntamente irregular aparecían en otro sumario de los juzgados lucenses, el de la Operación Carioca contra la trata de mujeres y la explotación sexual. Una de las extranjeras declaró haber sufrido amenazas para entregar a su bebé por parte de una presunta organización mafiosa. 

Y otra contó que fue recluida en centros psiquiátricos y en Madre Encarnación hasta que parió y le retiraron a la cría. Deambuló sin rumbo por Galicia y acabó arrojándose desde un piso alto del hospital de Montecelo, en Pontevedra. Como consecuencia de la caída perdió un brazo y está parapléjica. Desde la residencia para discapacitados físicos en la que tiene que vivir internada, sigue reclamando a su niña, que no la conoce, con la esperanza de rehacer su vida. 

Pero en la Operación Bebé hay también padres que reclaman a más de un hijo. Casi todas las historias recogidas en el sumario son diferentes, pero coinciden en que los trámites bajo sospecha fueron llevados a cabo por personal de la Xunta. Varios de estos niños pasaron, además, por el centro de acogida para madres desamparadas de Lugo.

Los abogados que representan a los progenitores afectados aseguran que llevan dos años reclamando copia de las actuaciones, que hace tiempo que no están bajo secreto, y se quejan de que el juzgado no se las facilita. Recibieron notificación de la providencia en la que la juez ordena la citación de los imputados el martes, pero esta tiene fecha de hace un mes. 

En ella no se identifica a todos los imputados, de ahí que no se sepa exactamente cuántos son. Esta incógnita afecta a varios técnicos de Menores de la Xunta que aparecen firmando documentos oficiales con un número, pero sin nombre. Piñeiro ha ordenado a la Policía Judicial que aclare su identidad."             ( Silvia R. Pontevedra  , El País, Santiago 15 OCT 2014)

El juez confirma la imputación de una monja en Vigo por el robo de un bebé

 La monja Pilar Hoyos llegando al juzgado / SALVADOR SAS (EFE)

"Sor Pilar Hoyos, monja de la casa cuna Santa Isabel de Teis, en Vigo, continúa imputada tras declarar en los juzgados de Vigo por su supuesta implicación en la adopción irregular de una niña recién nacida, Noemí Lima, que, años después ha denunciado públicamente su caso al sospechar que podría tratarse de un bebé robado.

Según ha explicado el abogado que ejerce la acusación, Raúl Vázquez, la religiosa ha respondido a las preguntas de la juez de instrucción número 7 de Vigo "con evasivas e imprecisiones", alegando no recordar los hechos cuando la pregunta era comprometida o "no le interesaba contestar".

 No obstante, de su declaración (siempre según la versión de este letrado, ya que ni la monja ni sus representantes legales han querido hacer manifestaciones a los medios) se desprende que reconoce que la madre biológica de Noemí "no autorizó la adopción". La propia madre biológica explicó en los juzgados que, tras dar a luz, se llevaron a su hija, en teoría a la casa cuna y, "cuando la fue a reclamar, ya no estaba".

Sor Pilar "descargó" toda la responsabilidad del expediente de adopción en un abogado, aunque no ha presentado ninguna documentación que acredite este extremo, según Raúl Vázquez, quien ha señalado que la monja "niega cualquier tipo de fraude" en la adopción de la niña. 

A ese respecto, la religiosa también ha negado que la congregación o la casa cuna Santa Isabel se haya lucrado con la adopción de esta niña, a pesar de que hubiera cobrado 47.000 pesetas por la estancia de su madre. Según su declaración, eran gastos por la manutención y la atención a la madre, menor de edad entonces.

Por otra parte, este abogado ha explicado que tratará de probar que Sor Pilar hacía las gestiones de las adopciones con unos determinados médicos, aunque ella sostuvo ante la juez que los facultativos que atendían a las madres que iban desde la casa cuna eran los que estuvieran en el turno correspondiente.

 "Vamos a intentar probar que los elegía ella", ha señalado Raúl Vázquez, quien ha avanzado que esos mismos sanitarios aparecen en otros casos de supuestos bebés robados o adopciones irregulares que está investigando su despacho. Con respecto a otras facturas, como gastos por más de 100.000 pesetas (600 euros) abonados al Hospital Municipal (ahora Hospital Nicolás Peña), la religiosa ha afirmado que "no lo recuerda". 

Del mismo modo, Sor Pilar tampoco ha aportado luz sobre la inscripción de la menor en el registro, que lleva su firma (aunque ella había declarado inicialmente que, una vez que el bebé abandonó el hospital, nunca había estado en la casa cuna, ni habían vuelto a saber de ella).

Noemí Lima (nacida en septiembre de 1987), con ayuda de la asociación SOS Bebés Robados de Galicia, interpuso una denuncia en enero de 2013 por detención ilegal, alteración de estado civil, adopción ilegal y falsedad en documento público, tras haber descubierto años atrás que era adoptada y que sus padres adoptivos guardaban facturas de ese proceso y documentación que mostraba evidencias de una tramitación irregular. 

En dichas facturas figuran pagos no sólo a la casa cuna de Santa Isabel, sino también al hospital municipal (ahora Nicolás Peña). Al iniciar las pesquisas, esta viguesa se fue encontrando con documentación y testimonios que confirmaban esas contradicciones. Paralelamente a la vía judicial, Noemí Lima inició por su cuenta la búsqueda de su madre biológica, y llegó a facilitar una muestra de su ADN para cotejarlo con las muestras que ya hay en los bancos existentes.

 Cuando el juzgado requirió a sor Pilar el expediente completo de la adopción, se pudo comprobar el nombre de la madre biológica de Noemí, que ya ha declarado ante el juzgado y se puso en contacto con la joven. El abogado de la joven ha señalado que el parentesco aún no ha sido ratificado por las pruebas biológicas, pero ha destacado que incluso la juez ha comprobado el evidente parecido físico entre ambas."                 (El País, 10/03/2014)