¿Sobornos a cambio de puestos de trabajo en A Coruña y Ourense? CIG, UGT y CSIF, denunciaron la red caciquil de, STL en Ourense... la misma que ahora se descubre en A Coruña... FCC, Imprega, directivos y el "propio Concello de Ourense" compartirían poder en un "sistema caciquil y de servidumbre" para enchufar a ciertos trabajadores. La CIG relacionó una ola de enchufes masivos justo antes de las últimas elecciones municipales

"La detención de cuatros sindicalistas del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) ha causado un gran revuelo en A Coruña y no solo por lo inusitado de la actuación. También por las consecuencias que puede tener lo que se va conociendo de la investigación. Consecuencias que podrían extenderse no solo al servicio de limpieza municipal herculino, también al de Ourense. 

La Policía ha indicado que detuvo a Miguel Ángel Sánchez Puentes, líder del STL, porque sospecha que formaba parte de una "red criminal" que exigía pagos a los trabajadores que querían entrar en la contrata pública. Los investigadores cifran en 250.000 € lo conseguido solo en un año, 2021.

¿POR QUÉ UNA EMPRESA DEJA A UN SINDICATO ELEGIR EL PERSONAL?

La versión policial es que las concesionarias habrían cedido gran parte de la selección de personal al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en las contratas de limpieza viaria y de recogida de la basura del Ayuntamiento de A Coruña y minoritario en la limpieza viaria de Ourense.

Una práctica empresarial muy sorprendente. Con todo, hay que recordar que este sindicato ha protagonizado duras huelgas en los últimos años, denuncias de sabotajes -como la quema de camiones- contra Sánchez interpuestas por la concesionaria Prezero incluídas.

O PAGAS, O NO TRABAJAS, O TE DESPIDEN

Aprovechándose de la inusitada cesión de la selección de personal, Sánchez y una red de familiares y amigos "exigirían pagos mensuales a todas aquellas personas que quisiesen trabajar para las empresas adjudicatarias de los servicios como requisito obligatorio para poder entrar a trabajar en ellas, a modo de 'mordida'".

Esto es lo que dice la Policía. Sin soborno no habría empleo. Por ahora ni el STL ni ninguno de los cuatro detenidos han rebatido publicamente las acusaciones, pese a que hoy han quedado libres con cargos.

Las fuerzas del orden aseguran que los detenidos habrían logrado así amasar una fortuna, incluídos coches de lujos y propiedades inmobiliarias. Sánchez habría escondido parte de ese patrimonio en empresas gestionadas por una testaferro. Según comprobó Galiciapress en bases de datos que se alimentan del Registro Mercantil, Miguel Ángel Sánchez Puentes no figura como titular ni directivo de ninguna empresa.

SINDICATOS DENUNCIARON RED CACIQUIL DEL STL EN OURENSE

El asunto podría acabar salpicando también al Ayuntamiento de Ourense. La Unión Comarcal das CIG de Ourense ha pedido hoy a la fiscalía que reabra la investigación sobre la concesionaria de la limpieza en esa urbe, Ecourense UTE.

El sindicato nacionalista denuncia en Ourense exactamente lo mismo que la Policía sospecha sucedía en A Coruña. Basicamente, que desde el STL procedían a "cobrar distintas cantidades económicas para acceder a un posto de traballo".

La CIG acusa a la Fiscalía de Ourense de mirar para otro lado cuando presentaron su denunucia en 2020. "Nós naquel momento aportamos incluso extractos bancarios dalgunha persoa que se sentiu estafada e que colaborou coa denuncia”, explicaron desde esta central.

Hay que indicar que esa denuncia de 2020 también tuvo el aval de otros tres sindicatos: CIG, UGT y CSIF, mayoría en ECOURENSE UTE. Así explicaron como funcionaría la presunta trama:

"O botín é diferente segundo o cupo do que se trate. O beneficio que cada grupo de control da contratación de persoal obtén, é diferente: nalgúns casos son réditos políticos, persoais e, en definitiva, control da vontade das persoas contratadas, que pasan a engrosar as ringleiras de quen debe favores que nunca se acaban de pagar. No caso da empresa pantalla INPREGA, cuxos listados de persoas contratadas son xestionados integramente polo pseudo sindicato STL, teñen unha dobre peaxe: unha económica, xa que cada persoa contratada a xornada completa debe pagar unha cota de 63,50 € mensuais. E por outra parte, contratados e familiares que xa estaban no cadro de persoal de ECOURENSE, deberán afiliarse ao referido STL"

La versión de la central es que Fomento de Construcciones y Contratas, S. A., más conocido como FCC -uno de los socios de la UTE- solo gestionaba la mitad de la fuerza laboral. La otra mitad la gestionaría el STL a través de una empresa llamada Asociación Impulso ao Emprego (Imprega).

Según denunció el Bloque, FCC, Imprega, directivos y el "propio Concello de Ourense" compartirían poder en un "sistema caciquil y de servidumbre" para enchufar a ciertos trabajadores. La CIG relacionó una ola de enchufes masivos justo antes de las últimas elecciones municipales, que acabaron con el mandato de Jesús Vázquez (PP).

TRABAJO CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Inprega se define como "cooperativa sin ánimo de lucro comprometida con la integración sociolaboral". En el pasado ha dado cursos de formación a personas en riesgo de exclusión, con difícil integración en el mercado laboral. A su nombre figuran varias adjudicaciones de contratos de formación en diversos ayuntamientos e instituciones de Galicia, sobre todo de las comarcas de Ferrolterra, Ourense y A Coruña.

La Justicia ha dejado en libertad con cargos a los cuatro detenidos vinculados al Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL) de A Coruña. Investiga a dos mujeres y dos hombres por los delitos corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales.

Según Quincemil, los cuatro detenidos son : el secretario general de STL, Miguel Ángel Sánchez; la mujer del presidente y gerente de Inprega, Cristina Martínez; el presidente del comité de empresa de PreZero (empresa que presta el servicio de limpieza en A Coruña), Luis Varela y la directora general del Centro Especial de Empleo de Cee Inusvalia, Ximena Romero."                                    (Manuel Vilas López, GaliciaPress, 24 de febrero de 2023)

Juicio a un histórico sindicalista con el PP como testigo

"Arranque de campaña de las elecciones gallegas de 2012. Con la crisis económica arreciando, unos 300 obreros se concentran ante el hotel Almirante de Ferrol donde el PP celebra su pegada de carteles. Le exigen al partido gobernante que cumpla con una obra prometida en los astilleros para recibir carga de trabajo. 

Los ánimos están muy encendidos y la protesta acaba con el histórico sindicalista Xesús Anxo López Pintos con la cabeza ensangrentada, detenido por agredir presuntamente a un agente y poniendo a su vez una denuncia por maltrato en comisaría. Siete años después, el entonces líder comarcal del sindicato nacionalista CIG, ya jubilado, se juega entrar en prisión.

Pintos, apoyado por CC OO, UGT, CGT y colectivos sociales y culturales de la comarca de Ferrol que denuncian "persecución sindical", se ha sentado esta semana en el banquillo de la Audiencia Provincial de A Coruña junto al policía nacional que lo arrestó -al que él a su vez denunció- y con los dirigentes del PP que estaban en aquel mitin declarando como testigos.

 La Fiscalía, que no ha presentado cargos contra el agente, le pide al sindicalista dos años de cárcel por un delito de atentado y una falta de lesiones y coacciones. Como acumula otra condena de nueve meses por otra de las incontables protestas que ha encabezado este percebeiro de Cedeira (A Coruña) en sus 40 años de lucha obrera, Pintos puede acabar entre rejas. La CIG sostiene que lo que se pretende es “convertir a la víctima en verdugo”.

Pintos niega haberse abalanzado contra el agente que lo denunció, como sostiene la Fiscalía, con la intención de romper el cordón policial y perseguir a los cargos del PP que abandonaban escoltados el hotel por una puerta trasera. Replica que se vio envuelto en una carga, que contó diez porrazos y que cuando le pusieron los grilletes no se pudo ni resistir porque estaba “grogui”:

 “Un agente vino hacia mí y me dio en una pierna, traté de esquivarlo. Entonces la policía cargó y me vi de repente en el medio. Llevé diez porrazos. No sé cómo aguanté”. Las imágenes de la detención captadas por La Sexta y emitidas durante el juicio muestran a Pintos en el suelo con cara de susto, rodeado de agentes y siendo esposado mientras uno le grita “¡date la vuelta o te abro la cabeza!”.

El policía denunciante y acusado a la vez por Pintos asegura que solo se arrestó al líder de la CIG porque eran 12 agentes frente a 300 manifestantes: “No tuvimos capacidad para detener a más y se detiene a la persona que a mí me agrede”. Sostiene que el sindicalista “quería rebasar la línea policial” para correr detrás de los cargos del PP, que lo agarró y golpeó y que incluso le intentó quitar el casco. 

De ese momento no hay grabación. Sobre la detención, asegura que Pintos se puso “violento”, que “lanzó patadas”, una versión que apoya la Fiscalía, aunque no se aprecia en las imágenes que emitió La Sexta. El funcionario no recuerda haber amenazado a Pintos con abrirle la cabeza. Esgrime que la sangrante brecha que sufrió se la debió de hacer en otra carga anterior o por el impacto de los objetos que lanzaban los manifestantes.

Tras el arresto, sindicalista y agente se volvieron a ver las caras en comisaría. “Me amenaza e insulta: ‘¡Os voy a denunciar, hijos de puta!”, cuenta el policía que le gritó Pintos. El exdirigente de la CIG sostiene que en dependencias policiales fue golpeado y vejado por el funcionario mientras sus compañeros “miraban para otro lado” y proferían frases contra su sindicato. La Fiscalía, por contra, mantiene que “las lesiones sufridas y acreditadas no son compatibles con las supuestas agresiones que el acusado relata y sí lo son con la versión vertida por los agentes”.

Pintos proclama que su detención fue injustificada y que los policías fueron a por él por su trayectoria "reivindicativa pero no violenta": “Fue totalmente desproporcionado. Nadie estaba en peligro. Con los dirigentes del PP tenemos una relación fluida. El PP retiró su denuncia y hubo dirigentes que me llamaron”. Un sindicalista de UGT que presenció la detención de Pintos asegura que oyó cómo los agentes reconocían al acusado y decían que "había que cogerlo".

Por los altercados de aquel 4 de octubre de 2012, que obligaron a interrumpir el mitin dentro del hotel por la “rotura de cristales muy cerca” de los asistentes, los populares pusieron una denuncia por delito electoral que acabaron retirando para “normalizar las relaciones con los agentes sindicales”, según explicó en el juicio Diego Calvo, actual presidente provincial del partido de A Coruña y de la Diputación cuando ocurrieron los hechos.

“Todos temimos por nuestra integridad física”, declaró sobre aquella noche Miguel Tellado, número dos de Alberto Núñez Feijóo en el PP. “Ese nivel de violencia no lo habíamos vivido nunca”. Ninguno de los cargos del PP, que comparecieron como testigos a petición de la acusación contra Pintos, dijo haber visto la presunta agresión del sindicalista al policía. Este viernes el juicio quedó visto para sentencia."                           (Sonia Vizoso, El País, 16/11/19)

Despidos en Sargadelos, los platos rotos de una marca que “va bien”

"Sepan apreciar el arrepentimiento de un mal hombre como yo que se ha pasado toda su vida explotando y maltratando a sus empleados hasta que los sindicatos le han hecho comprender la realidad social", espetó sarcástico a su plantilla Segismundo García, dueño de Sargadelos, el pasado 17 de agosto. 

Acababa de convocar al personal a la vuelta del festivo de San Roque para anunciar, por sorpresa, "49 despidos" en los siguientes dos meses. Y atribuía la decisión a "amenazas" y "presiones" de una delegada sindical de UGT, que reclamaba una subida de sueldo para los contratados tras el concurso de acreedores de 2014. Esto era algo que, según el consejero delegado, a pesar de ir "bien", Sargadelos no podía asumir.

 "Lo correcto y lo justo sería rebajar el salario de todos los empleados en tanto las empresas no superen el convenio de acreedores. Pero la ley no lo permite. Según el legislador y los sindicatos es mejor cerrar las compañías", criticaba irónico García ante aquel perplejo auditorio. Por eso, concluía el jefe, "he decidido prescindir de los nuevos empleados con efecto inmediato... Doce abandonarán hoy ya sus puestos. No queremos que nadie se sienta explotado”.

Ha pasado medio mes desde que en la factoría más productiva del emblemático sello cerámico gallego, la histórica planta del municipio de Cervo (Lugo), la tierra se partió en dos. De momento, en un goteo que al principio fue más rápido y ahora más lento, han caído a la brecha abierta unos 20 trabajadores, que han recibido ya su carta de despido.

Y de nada han valido las visitas al dueño por parte de responsables de la Xunta de Galicia, ni el grito en el cielo puesto por formaciones como el BNG y el PSOE, que advierten que lo que está en juego, además del trabajo, es el "símbolo" que Sargadelos representa para la cultura gallega. 

Según UGT, en la lista de bajas no solo hay empleados nuevos, de aquellos que cobraban menos y la empresa decía que no podía equipararles el salario, sino que también se ha tenido que marchar a casa algún veterano al que se le ha ofrecido una indemnización mucho mayor. El abogado del sindicato, Pedro Blanco, asegura que está preparando estos días las demandas para impugnar esos despidos porque está "convencido" de que todos van a ser anulados.

En el epicentro de este terremoto está el enfrentamiento laboral y judicial que desde tiempos del ERE que emprendió la firma en 2010 (ahora declarado nulo por el Supremo) mantienen García, accionista mayoritario, y una trabajadora, Rogelia Mariña, que entró en la factoría en 1974, cuando solo tenía 14 años. La maestra decoradora fue presidenta del Comité de Empresa mientras lo hubo y es delegada de UGT en la actualidad. 

Y su sindicato entiende que el dueño de la empresa está tratando a los empleados como "rehenes", a los que "chantajea y coacciona" para lograr borrar de la fábrica a la representante de los trabajadores, contra la que muestra "una inquina personal". Mientras tanto, Segismundo García afirma a este diario que el que se siente presionado es él, pero admite que el anuncio (y ejecución) de los despidos es también un "pulso a los sindicatos y a los jueces de lo social y a la Inspección de Trabajo". "Algo que ya deberían haber hecho otros empresarios", apostilla, "ante la altanería, soberbia e impunidad con que actúan".

El consejero delegado, dueño también de un hotel y perfumerías en Ribadeo (Lugo), reconoce que ahora el negocio cerámico, al que rescató de la quiebra arriesgando su propio patrimonio, "va bien económicamente y en ventas". Pero al mismo tiempo se queja de que "solo este año" la empresa ha tenido que "pagar más de un millón de euros por demandas sindicales derivadas" de ese ERE, que en su opinión era "necesario para la pervivencia de la compañía". 

El caso es que a la semana siguiente del anuncio de despidos que dejó perplejos a todos, empezó a circular por la planta de Cervo un escrito rubricado por parte de la plantilla en el que, con frases casi calcadas a las que había esgrimido el propietario el día 17, los firmantes expresaban su rechazo a UGT y su apoyo al consejero delegado.

 "Rogelia Mariña debería dimitir de su cargo de representante sindical y repartir los 30.000 euros que consiguió por daños morales entre esos trabajadores nuevos que ella tanto quiere defender", decía el documento que, según la compañía, respaldaban más de 50 de los casi 100 trabajadores de la planta.

El párrafo se refería a otra batalla judicial, además de la del ERE, que la empleada había ganado al empresario el pasado febrero: el juzgado de lo Social número 3 de Lugo sentenciaba que su despido, tras oponerse a una ampliación de la jornada generalizada y sin remuneración, era nulo. La juez obligaba a Sargadelos a readmitirla en su puesto, pagarle los salarios no percibidos desde diciembre de 2016 e indemnizarla con 30.000 euros.

 De momento, según su sindicato, no ha cobrado nada de esto porque el fallo ha sido recurrido en el Superior, tanto por la empresa como por UGT, que reclama una indemnización de 70.000. A esto se suma una nueva demanda, esta vez de tutela de derechos fundamentales, que el abogado de UGT acaba de interponer por los hechos de los últimos días y en la que por daños y perjuicios pide 100.000 euros para el sindicato y otros tantos para la representante de los trabajadores, de los que quiere que también se haga cargo el dueño de Sargadelos con su patrimonio personal. En la demanda, UGT solicita también al juzgado de lo social que "paralice los despidos" de forma cautelar.

Rogelia Mariña no va estos días por la fábrica. La misma jornada, 20 de agosto, en que apareció el misterioso escrito de repulsa, la sindicalista recibió una carta firmada por el empresario en la que, con evidente tono socarrón, la mandaba provisionalmente a casa. 

 "Ante la tensión generada en el día de hoy en la planta de producción, con la firma de una carta manifiesto por parte de la mayoría de los trabajadores, y con el fin de poder evitar posibles enfrentamientos personales, esta dirección considera pertinente otorgarle permiso remunerado. En la espera de que los ánimos se calmen y la inquietud se relaje. Confiamos en que sepa entender esta decisión, y como siempre le agradecemos sus desvelos por la compañía".

Aunque Segismundo García niega que las rescisiones de contrato se estén llevando a cabo de forma aleatoria (sino que responden a determinadas necesidades de trabajo para "satisfacer los pedidos"), UGT ha denunciado que el jefe está cosechando para su lista negra a los trabajadores que no firmaron el escrito contra Mariña después de garantizar el empleo a los que lo secundasen. El próximo día 11 tendrá lugar una asamblea solicitada por 48 empleados con un único tema sobre la mesa: la revocación de la delegada sindical.

 Unas horas antes, ese mismo martes el dueño de Sargadelos está citado por el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) para un acto de conciliación después de que UGT plantease un conflicto colectivo.

 A esta reunión también están convocados representantes de los sindicatos CC OO y Confederación Intersindical Galega, además de la Confederación de Empresarios de Galicia. A la representante sindical "la respalda la legislación laboral y UGT", decía ante sus empleados García el día que anunció las expulsiones: "A mí solo me ampara el sentido común y las ganas de sacar estas empresas adelante".

En medio de este cataclismo que solo afecta a la planta de Cervo y deja al margen la de Sada (A Coruña), un día amaneció la fábrica lucense con dos pintadas sobre el asfalto. "El trabajo os hará libres", rezaba la primera de ellas. "¡¡Vivan las cadenas!!", replicaba la segunda. Aquella fatídica jornada en que anunció los despidos, el consejero delegado retaba una vez más al sindicato: 

"En estos dos días festivos he revisado el Estatuto de los Trabajadores, las ordenanzas y reglamentaciones laborales, la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Ley General de la Seguridad Social, las ordenanzas municipales sobre licencias de actividad, la Ley de Marcas, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Ley de Protección de Datos y la ley autonómica sobre residuos industriales", dijo. "He detectado que Sargadelos incumple 262 normas o preceptos y deseo facilitar esos datos a UGT para que curse las correspondientes denuncias y, si es el caso, se proceda a la clausura de la compañía".

 Era la primera vez en mucho tiempo, después de los agónicos años de crisis en que casi naufragó, que se hablaba de cierre en Sargadelos. Pero desde hace medio mes el temor a ese desenlace ha estado en boca de trabajadores y representantes políticos de todos los colores que claman por salvar este icono cultural. La semana pasada, además, el propio Segismundo García echaba más leña al fuego con unas declaraciones en las que vinculaba el futuro de la firma a la respuesta que diera el juzgado a la demanda de tutela presentada por UGT.

 Si la empresa se veía obligada a pagar 100.000 euros (y el accionista mayoritario otros 100.000), para García la única salida sería la venta o el fin de una marca que Galicia identifica como parte de su acervo."             (Silvia R., El País, 03/09/18)

Laura Bugallo, xulgada por denunciar unha mafia de trata de brancas e inmigrantes. 'Todos sufrimos a inxustiza da mal chamada xustiza'... cousas veredes

"A primeira reacción tras o remate deste xuízo é que me parece que, de súpeto, estou voando. Quitei de enriba un peso tremendo. Só pensar en que isto se podía prolongar aínda dous anos máis..., mimá. Esta situación limitábame moito os movementos".

Laura Bugalho quedou este martes libre do proceso que dende hai sete anos a perseguía. Chegou a un acordo coa Fiscalía para aceptar unha condena de 11 meses de prisión (que non cumprirá) e o pagamento de 750 euros por un delito de falsidade documental.

 "Estou farta, teño 52 anos e quérome xubilar tranquila”, destacaba a activista no exterior dos xulgados de Compostela, onde ducias de persoas se concentraron para apoiala, celebrando con ela a resolución.

Fíxose xustiza? "Non veremos as persoas responsables desta situación, que mesmo cometeron delitos, ir a xuízo. Pero mira, cando menos paga a pena ter divulgado e que se visibilice a represión que está a sufrir tanta xente, tanto na Galiza coma no Estado, e ter defendido que ser solidaria non é delito", destaca Laura Bugalho en conversa con Praza.

 "A min, por suposto, teríame gustado saír sen condena ningunha, pero sabendo como é a xustiza española, que ten xente secuestrada, xente sen casa, xente sen traballo, pois tampouco podía pedir moito máis".

Na vista que tivo lugar este martes chegouse a valorar a posibilidade de suspender o xuízo, adiando de novo o remate deste proceso, ao non comparecer as persoas migrantes que estaban chamadas a declarar como testemuñas.

Para Laura Bugalho, "fixeron moi ben, os compañeiros están en rebeldía. que van esperar por esta xustiza e por esta lei de estranxeiría, a que os fodan máis?”. "Non é un proceso que eu fixen, senón un proceso que me inventaron”, denunciou, engadindo que “sei que toquei fibras moi sensibles deste sistema e o sistema deféndese".

"De todo este proceso aprendín que se tivese que volver denunciar unha trama deste tipo, debería facelo de maneira colectiva e non tan a cara descuberta. Aprendín tamén que a solidariedade pode mover unha resolución xudicial, pois ata hai unha semana a fiscal aínda pedía unha condena de tres anos inapelables".

Laura Bugalho agradeceu especialmente a campaña de solidariedade que a acompañou nestes anos e, moi esepecialmente, nas últimas semanas: "iso foi un arroupe inmenso. E gustaríame que se mantivese para todas aquelas persas que xa están condenadas ou as que poden necesitar a nosa acción na rúa e o noso afecto. Unha onda de solidariedade que se mantivese no tempo. Para min, cando menos, foi un balón de osíxeno impresionante".

Un proceso de sete anos

Laura Bugalho axudou a sacar á luz a trama desvelada pola Operación Peregrino, pola que 57 persoas de orixe marroquí foran traídas a España coa promesa dun emprego despois de teren abonado dez mil euros.

En principio o seu destino foi Andalucía, pero algúns deles chegaron a Galicia para traballar na industria do metal en condicións de ilegalidade, nunha escura trama na que poderían esta implicadas 39 empresas do sector do Metal da comarca de Compostela, persoal de sindicatos, da policía, da seguridade social, funcionarios de estranxeiría e persoal diplomático.

A partir de aí a activista comezou a sufrir un forte acoso policial e estrañas circunstancias que ela non cre que foran casuais, coma un asalto á súa casa. Unha semana despois foi detida, pasando 48 horas nos calabozos e sendo acusada de trata ilegal de inmigrantes e falsidade documental.

Aínda que a primeira acusación decaeu enseguida, a Fiscalía mantivo a segunda, pedindo para ela tres anos de cárcere."                (Marcos Pérez Pena, Praza Pública, 08/06/16)


"(...)  A activista LGTBi e sindicalista da CIG estaba acusada dun presunto delito de falsificación documental e tráfico de persoas. En declaracións aos medios de comunicación e visibelmente emocionada polas mostras de apoio recibidas ao longo destes días alén mesmo da Galiza, Bugalho amosouse convencida de que a causa será "arquivada ou sobreseída". 

"Eles saben que fixeron moitas cousas más, que fixeron estafas e que eu sei moitas cousas de clubes de alterne que teñen que tapar", sinalaba á entrada dos xulgados en declaracións á imprensa Laura Bugalho. "Por iso queren que estexa dentro, para que cale, que me silencien, mais aí están os ecos", acrecentou. 

"Acho que non vai acontecer nada", sinalou, "mais que me deixen en paz". A activista LGTBi asegurou ter recibido unha "ameaza" por parte "dun número da policía" quen lle tería dito que "se non entras desta, entras para a seguinte". Aliás, sinalou, recibiu "cinco chamadas" nas que lle pedían "droga e mulleres". "[Non fago] nen unha cousa nen a outra, iso si que o fai quen me denunciou". 

'Operación Peregrino'

O caso contra Laura Bugalho remóntase ao ano 2009 cando a traballadora da Área de Migracións da Confederación Intersindical Galega (CIG) destapou unha mafia de tráfico de persoas que operaba en Compostela na coñecida como 'Operación Peregrino' na que un empregado do centro de información para traballadoras e traballadores inmigrantes de CC.OO. en Compostela, Messaoud El-Omari, foi detido e acusado de "asociación ilícita", "introdución ilegal de man de obra estranxeira" e "fraude". 

 Canda el prenderon a Hadaoui Kayrou --en paradoiro descoñecido-- e os propietarios de catro empresas en Compostela e na Barbanza, vinculadas tres ao sector do metal --Miguel Ángel e Ramón Hermo Sánchez, e Ángel Baqueiro Meijide-- e unha ao agro --na granxa de Ángel García Espido a policía española atopou os traballadores durmindo na corte, como recolleu a imprensa na altura e tamén Sermos Galiza. 

Durante estes sete anos a causa foi arquivada pola xuíza instrutora, Ana López-Suevos, e posteriormente reaberta por mor do recurso presentado pola Fiscalía. Para ela pide o Ministerio Público entre 3 e 6 anos de cadea por ter falsificado documentos. A policía, en troca, eleva a 8 a petición por un presunto delito de tráfico de seres humanos ao acusar a Bugalho de liderar unha "mafia" através da que conseguir permisos de residencia para migrantes. "           (Sermos Galiza, 07/06/16)

"A activista Laura Bugalho non irá a prisión.

O acordo remóntase a un caso que tivo lugar fai sete anos, momento no que pedían para Bugalho até oito anos de prisión por un delito de falsidade documental e outro de tráfico de persoas, mentres que na reapertura do caso, coa vista prevista para hoxe, reclamábanselle tres anos polo primeiro deles.

Diante dos xulgados de Santiago concentrouse un centear de persoas para criticar que a activista sofre "persecución política". Ela mesma denunciou, antes de entrar na vista, a "historia macabra" coa que pretenden "silenciar" todo o armazón que ela descubriu cando traballaba con asuntos relacionados con estranxeiría.

Xa, á súa saída dos xulgados, onde a esperaban un centenar de persoas coreando o seu nome desde as 9 da mañá, Bugalho celebrou o acordo, aínda que cargou contra a "represión xeneralizada" existente en España. "Todos sufrimos a inxustiza da mal chamada xustiza", díxolles aos seus compañeiros, que a esperaban ás portas do xulgado.

Deste xeito, a activista insistiu en que este caso está xa resolto, polo que advertiu que se ela se ve involucrada outra vez en problemas xudiciais, "deberase a unha vinganza". "A Fiscalía sabe que se entro unha vez máis con problemas" é porque, dixo, "hai alguén uniformado que me puxo en problemas", recibindo mesmo ameazas, apuntou.

A súa letrada, Mari Luz Canle, lembrou o labor social da súa defendida, que en 2009 denunciou a explotación laboral sufrida por decenas de persoas inmigrantes en Galicia, e por iso valorou que hoxe non tivese que enfrontarse a un xuízo oral xa que "non é unha delincuente".

A avogada dixo así que a mesma Fiscalía recoñeceu que Laura non é unha delincuente e que a súa condena se debe a un "erro de vulto" que realizou "por axudar aos demais" cando "destapou 19 tramas de tráfico inmigrantes".

Tamén enmarcou a investigación sobre Laura Bugalho nunha "vinganza" e un "aviso a navegantes" para silenciar as investigacións sobre estas redes de tráfico de persoas.

Ademais da pena de once meses de prisión, deberá facer fronte a unha multa de cinco meses a razón de cinco euros ao día coa atenuante de dilacións indebidas."            (Galicia Confidencial, 07/06/16)

La Xunta pasa de acusar a Unións Agrarias de financiación irregular... a acusarla del tamaño de los carteles de las ayudas

"Del testimonio que prestaron ante la juez de instrucción número 1 de Santiago, Ana López Suevos, el director general de Reforma e Calidade Administrativa, Jaime Bouzada y su homólogo al frente del departamento de Promoción de Emprego, Andrés Hermida Trastoy, se deduce que la Xunta decidió abrir una investigación general a Unións Agrarias tras leer en los periódicos las denuncias lanzadas por distintos dirigentes del Partido Popular, como su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda y el secretario general, Alfonso Rueda.

Las declaraciones de dos altos cargos del Gobierno gallego en el juzgado el pasado 22 de febrero permiten concluir también que pese a no encontrar irregularidades relevantes en las primeras visitas que realizaron los funcionarios de Traballo a 13 asociaciones el 7 de junio de 2010, la Xunta decidió dar un paso más en la investigación e implicar a las consellerías de Presidencia y Facenda en la fiscalización de esos trece entes vinculados al sindicato agrario.

Así lo ha admitido en su paso por el juzgado, adonde acudió como imputado tras una denuncia de Unións Agrarias, el alto cargo de Traballo Andrés Hermida Trastoy, quien asumió como suya la idea de realizar visitas de comprobación a 13 entidades tras leer en la prensa las denuncias del PP.

Hermida Trastoy reconoció que aunque son 800 las asociaciones que recibieron ayudas de su consellería para contratar desempleados, desde su llegada al cargo en 2009 solo investigó a estas 13 entidades puesto que "en ningún caso hubo una situación tan manifiesta de que pudiera haber ningún tipo de irregularidades".

Aludió a titulares de El Correo Gallego, La Voz de Galicia y EL PAÍS que reproducían las acusaciones de Miranda y Rueda. Hermida Trastoy asumió como decisión propia esas primeras visitas, "no inspecciones", de comprobación, pero no la investigación posterior, que atribuye a su conselleira, Beatriz Mato. (...)

Qué encontraron los funcionarios de Traballo en esas sedes durante el 7 de junio para que la conselleira tomase la determinación una semana después de profundizar en la investigación en Unións Agrarias es algo que no dejó claro en el juzgado Hermida Trastoy. (...)

La última de las constataciones que, según el informe interno de la Consellería de Traballo, llevó a su máxima responsable, Beatriz Mato, a ordenar la inspección fue "el tamaño de los carteles que debían anunciar el sistema de cofinanciación de las ayudas".

En 10 de las 13 asociaciones, la señalización de los fondos de donde partía la subvención era defectuosa o directamente no existía.

De las graves imputaciones de Rodríguez Miranda al PSOE sobre supuesta financiación ilegal y fraude en el uso de fondos públicos, la Xunta había pasado ya a medir el tamaño de carteles anunciadores de ayudas por parte de 13 entidades vinculadas a Unións Agrarias.

Sentado ante la juez, Hermida Trastoy admitió que esos indicios "pueden no ser muchos porque eso es valorable", pero fueron los que motivaron el inicio de una segunda fiscalización conjunta con la Consellería de Presidencia. (...)

Cuando fue interrogado por si esas no eran pruebas evidentes de que el desvío de fondos que denunciaba el PP -y que estaban en el origen de la investigación abierta por el Gobierno gallego- era imposible, Hermida Trastoy subrayó en dos ocasiones que él nunca había aludido al desvío de fondos. A la pregunta de qué buscaban concretamente en las inspecciones a Unións Agrarias, el alto cargo de Traballo no supo responder." (El País, Galicia, 04/04/2011, p. 2)