Hernández firmó una certificación falsa a favor de su antigua empresa. El conselleiro dio por concluidas unas obras que apenas si han comenzado

"Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, certificó como responsable de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Pontevedra el final de obra de una carretera de acceso a Lira, una parroquia de Salvaterra de Miño, que apenas si ha comenzado a construirse. No obstante, la Diputación de Pontevedra pagó el pasado 17 de marzo 331.629 euros a Sercoysa, adjudicataria de la obra y empresa de la que Hernández fue director de construcción y apoderado. El diputado provincial del BNG, Gabriel Martínez, lo presentó ayer como un caso de "grave falsedad" en documento público que implica, además de al conselleiro, al presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y al alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, como los anteriores, del PP.

La obra, con la denominación oficial E.P. 4102 Variante de acceso a Lira (Salvaterra de Miño), fue solicitada por el Ayuntamiento de Salvaterra e incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2006, con financiación del Estado. Fue licitada por 458.000 euros y adjudicada a Sercoysa por 391.864 euros. El plazo para concluirla acabó en diciembre de 2007, pero la Diputación solicitó una prórroga de un año que le fue concedida.

Un año después, la obra seguía paralizada: tan sólo se han ejecutado unos desmontes y allanamiento de tierras. Pese a ello, desde la Diputación Provincial, con el visto bueno de su presidente, Rafael Louzán; de Agustín Hernández, en tanto que jefe de Infraestructuras del organismo provincial, y de Baltasar Pujales Estévez como director de la obra, el 19 de diciembre de 2008 se certificó el final de la obra "para engañar al Estado y pagar a la empresa Sercoysa", apuntó ayer Gabriel Martínez. (...)

Consecuentemente con esa certificación, la Diputación Provincial pagó el pasado 17 de marzo 331.629,24 euros a Sercoysa. (...)

Los diputados Henrique Viéitez, autonómico, y Olaia Fernández Davila, en el Congress, que acompañaron ayer a Gabriel Martínez, señalaron, sin embargo, que la Diputación Provincial pudo solicitar una segunda prórroga para ejecutar la construcción de la variante, antes que certificar en falso su conclusión." (El País, ed. Galicia, Galicia, 01/05/2009, p. 1)

Feijoo y los suyos

"El diputado popular Agustín Hernández, uno de los dos representantes del futuro presidente, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión que negocia el traspaso de poderes, y principal candidato a conselleiro de Obras Públicas en la nueva Xunta, fue fichado como consejero en 2006 por una sociedad integrada en el grupo constructor Puentes y Calzadas. Sólo un año antes, Hernández había adjudicado a esa empresa infraestructuras por más de 30 millones de euros, desde la Dirección Xeral de Obras Públicas, en el último Gobierno de Manuel Fraga.

Según consta en el Registro Mercantil, Hernández fue fichado por el grupo constructor Puentes y Calzadas en septiembre de 2006, 13 meses después de que el bipartito lo removiese de su cargo el 18 de agosto de 2005. Ese mismo año, el departamento de Obras Públicas que dirigía Hernández había otorgado al menos dos contratos a Puentes y Calzadas. Tal y como figura en el informe de licitación pública, la Consellería de Política Territorial que entonces presidía Feijóo, también vicepresidente primero de aquel Gobierno, adjudicó al grupo constructor una infraestructura por 19,6 millones de euros.

Además, cinco días antes de que se celebraran las elecciones que desalojaron al PP del poder, el 14 de junio de 2005, Política Territorial falló el concurso por el que encomendaba a Puentes y Calzadas, en UTE (unión temporal de empresas) junto a Copasa y Caixanova, el desdoblamiento de la polémica vía rápida del Salnés, a cambio de 40,2 millones de euros. La ejecución de la obra correspondió ya al bipartito, que la inauguró en julio del año pasado. Durante las próximas tres décadas, la Xunta deberá abonar a la unión temporal de empresas -en la que Puentes tiene un 30%- un canon proporcional al tráfico de la vía, siguiendo la fórmula de peaje en la sombra, para financiar la infraestructura." (El País, ed. Galicia, Galicia, 04/04/2009, p. 1)

El diputado del PP Agustín Hernández, hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo, a quien representa en el traspaso de poderes y favorito para dirigir infraestructuras y medio ambiente en la futura Xunta, fue contratado al abandonar el Gobierno gallego por dos empresas que habían recibido adjudicaciones millonarias de su departamento, la Dirección Xeral de Obras Públicas en el último Ejecutivo de Fraga. Antes de fichar, en septiembre de 2006, como consejero de Puentes y Calzadas -concesionaria del 30% de la autovía del Salnés, en virtud del contrato adjudicado por Obras Públicas en junio de 2005-, Hernández desempeñó durante diez meses el cargo de director de construcción en Sercoysa, un grupo al que Política Territorial también había otorgado entre 2003 y 2005 obras por un importe superior a 1,5 millones de euros.

El último de los encargos lo obtuvo esta constructora pontevedresa en un concurso público que la Consellería de Política Territorial -que presidía Feijóo y en la que Hernández ejercía de número tres- falló semanas después de las elecciones autonómicas, cuando el PP ya había perdido el Gobierno. El 29 de julio de 2005, el Ejecutivo en funciones de Manuel Fraga adjudicó a Sercoysa la urbanización de una carretera entre Darbo y Aldán en el municipio de Cangas por 530.112 euros. El contrato fue hecho público la víspera de la toma de posesión del bipartito. Un par de meses antes, en junio, el departamento de Hernández había encargado también a Sercoysa la urbanización de una vía alternativa en Ponte da Barca, en Pontevedra, por 106.514 euros. En los dos ejercicios anteriores, los de 2003 y 2004, Obras Públicas había reservado partidas para la misma firma por más de 1,2 millones de euros en dos infraestructuras distintas." (El País, Galicia, Galicia, 07/04/2009, p. 1)