Puro humor negro: La Xunta subvenciona con 250.000 euros a DomusVi para la formación de parados tras la muerte más de 2.000 ancianos en sus residencias

 "DomusVi, la empresa que gestiona la mayor red de residencias de ancianos de España, recibirá, a través de su fundación, una subvención de 250.000 euros de la Xunta de Galicia para formar a 100 personas en paro durante 12 meses. En los centros del grupo fallecieron más de 2.000 mayores desde que empezó la pandemia de COVID-19.

El dinero procede de los Programas Integrados de Emprego, financiados en un 80% con el Fondo Social Europeo. Los desarrollan entidades locales o entidades sin ánimo de lucro e implican un compromiso de insertar laboralmente a un mínimo del 35% de las personas que participan. En un comunicado tras conocer que había recibido la subvención, DomusVi asegura que colocará al 45% de quienes resulten elegidos para su plan formativo. 

 Antes, durante 12 meses, dará formación y ofrecerá orientación a los 100 participantes en materias como las "nuevas tecnologías, idiomas, técnicas de coaching e inteligencia emocional". Tras la parte teórica, harán "prácticas no laborales en la red de centros DomusVi, para su posterior inserción". El programa está abierto a mujeres y hombres de menos de 30 años en situación de desempleo y para mujeres en general de toda Galicia, explica la compañía.

Fuentes de la Consellería de Emprego e Igualdade señalan que la subvención se concedió "atendiendo a la normativa y dentro de la legalidad". DomusVi "cumple con todos los requisitos requeridos" y obtuvo "la puntuación necesaria" para recibir el apoyo de la administración. Estos programas, aclaran, se conceden por concurrencia competitiva y "siempre atendiendo a criterios previamente fijados en la orden de ayudas".

La multinacional gestiona más de 200 residencias en todo el Estado, en las que murieron más de 2.000 residentes desde que se inició la pandemia. Algunos de sus centros en Galicia fueron intervenidos por la Xunta debido a la magnitud de los brotes registrados. La consejera delegada de la empresa para España, Josefina Fernández, acudió el pasado 13 de noviembre al Parlamento de Galicia, en donde compareció ante la comisión creada para ofrecer propuestas contra la crisis. Su paso por la Cámara gallega derivó en protestas de la oposición por la falta de respuesta a sus preguntas y una petición de disculpas en boca del diputado Diego Calvo (PP)."                   (eldiario.es, 21/12/20)

La Xunta fue alertada ya en 2013 del fraude en cursos de formación

"Las actividades presuntamente ilícitas de la Academia ourensana investigada por un presunto fraude en cursos de formación en el que la Policía implica al jefe de personal de la Diputación provincial llegaron a los agentes en 2015. Pero antes ya habían llegado a otra instancia, el Valedor do Pobo [defensor del pueblo gallego]. 

En el año 2013 una ciudadana se dirigió a la defensoría gallega, entonces dirigida en funciones por José Julio Fernández - su antecesor se había visto obligado a dimitir por defender los recortes del PP-, para denunciar presuntas irregularidades en la actividad del Centro Sano Pablo. 

Aquella queja describe una manera de actuar muy semejante al después descubierto por la Policía y revela también que la academia tuvo que devolver más de 80.000 euros a la Xunta por no cumplir las condiciones de las subvenciones que había recibido de la Consellería de Traballo que, por lo tanto, al menos dos años antes ya había detectado irregularidades en esta organización.

Según la conclusión del expediente del Valedor, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, la queja de la ciudadana fue trasmitida por el alto comisionado a la Consellería, que confirmó que el Centro San Pablo y la asociación AEXPA habían participado en varias convocatorias de ayudas para cursos dirigidos a personas desempleadas. Algunas de ellas habían acabado teniendo que ser "reintegradas" y algunas otras no habían llegado a abonarse.

Concretamete, el Centro San Pablo consiguió en 2011 algo más de 53.000 euros para desarrollar un curso de Técnico de Software ofimático, aunque fue objeto de un "procedimiento de reintegro" por algo más de 43.000 euros por "incumplir" el "compromiso de contratación" anexa a la formación. En el caso de AEXPA sucedió lo mismo con un curso de Diseño Web y Multimedia por importe de casi 55.600 euros de los que trabajo le reclamó unos 43.200, también por el "incumplimiento" del compromiso de contratación.

Al año siguiente, en 2012, las dos entidades participaron de nuevo en estas convocatorias, optando a un total de seis cursos. En esa ocasión, no obstante, la información suministrada por la Consellería al Valedor indica que los pagos no llegaron a producirse porque Centr Sano Pablo y AEXPA mantenían deudas con la Seguridad Social y, el caso de la academia, también con la Consellería de Facenda, lo que imposibilitaba legalmente el pago.

Siempre según este expedidente del Valedor, que también fue informado de la "posible connivencia de una funcionaria de la Consellería" en este presunto fraude -la ahora investigada-, entonces Traballo informó de la puesta en marcha de una "investigación" interna. 

El Valedor indicaba, a modo de conclusión, que "en función del resultado" de esa investigación la Xunta "podría" promover "la correspondiente denuncia ante la autoridad competente", algo que también podría hacer la ciudadana reclamante "si interpreta (...) que los hechos pueden ser constitutivos de delito".            (David Lombao, eldiario.es, 29/04/17)

Investigado o xefe de persoal da Deputación de Ourense por suborno

"O xefe de persoal da Deputación de Ourense e alcalde de Monterrei, José Luís Suárez, atópase entre os investigados por un suposto delito de suborno nun operativo con cinco detidos e dous investigados por fraude en cursos de formación.

Fontes próximas á investigación explicaron que a operación, baixo segredo de sumario, comezou hai un ano e saldouse con cinco persoas detidas e dúas investigadas. Entre os primeiros hai empresarios e entre os segundos, un político.

As mesmas fontes apuntaron que dos cinco detidos, dous xa quedaron en liberdade en sede policial o pasado 26 de abril, mentres que outro tres pasarán a disposición xudicial nas próximas horas no Xulgado de Instrución Número 1 de Ourense, que instrúe a causa.

No marco deste operativo investígase unha suposta fraude duns 500.000 euros en cursos de formación en relación á academia San Pablo de Ourense.

SUBORNO

En concreto, o xefe de Persoal da Deputación de Ourense confirmou, en declaracións a Europa Press, que o xoves recibiu unha comunicación para personarse na comisaría da Policía Nacional, onde lle notificaron a súa situación de investigado por un suposto delito de suborno nun operativo sobre fraude en cursos de formación.

Respecto diso, Suárez afirmou que non ten "nada" que ver con esa academia investigada e rexeitou que exista relación con cursos de formación por parte da Deputación de Ourense, pero engadiu que descoñece calquera vinculación doutro tipo, como a relativa a subvencións."        (Galicia Confidencial, 28/04/17)

La declaración del empresario que señala a Feijóo reactiva la Operación Zeta, la del saqueo en los cursos de formación

"La Operación Zeta regresa meses después. Y lo ha hecho con la declaración del presunto líder de la trama, Gerardo Crespo, el empresario que señaló a Feijóo y a otros importantes cargos del PP. Hasta ahora se había acogido a su derecho a no declarar y había alegado desconocer de qué lo acusaban ante la ausencia de informes de la Agencia Tributaria sobre el dinero presuntamente defraudado, hasta 20 millones. 

Pero este martes, más de dos años después de su detención, ha respondido a las primeras preguntas ante la titular del juzgado de instrucción número 6 de A Coruña que lleva el caso.

Este empresario, militante del PP y antiguo líder vecinal coruñés, está considerado el presunto líder de una supuesta trama de falsos cursos de formación y captación y gestión irregular de fondos públicos. La jueza intenta esclarecer la presunta comisión de delitos de fraude de subvenciones, estafa y malversación, además de otros derivados como falsedad documental, cohecho o blanqueo. En total, son 55 los investigados.

Antes de entrar en el juzgado, y como había hecho anteriormente en numerosas ocasiones, Crespo dijo ser "totalmente inocente" y ha manifestado sus ganas por comparecer ante la jueza. Al salir, y después de declarar durante más de tres horas, ha asegurado estar "tranquilísimo". 

"En paz ya estaba pero salgo más tranquilo", ha advertido tras responder únicamente a las preguntas de su letrado y a un par de la Fiscalía. En las respuestas ha insistido en que ejecutó todos los cursos para los que recibió subvenciones, justo al contrario de lo que los informes policiales dicen, al acusarlo de incluso inventarse la formación y los requisitos necesarios para acceder a las ayudas públicas. 

De lo que Crespo diga depende que la Operación Zeta salpique de nuevo o no tanto a Feijóo como a otras importantes figuras del PPdeG después de que altos cargos de la Xunta estén ya siendo investigados. Desde que explotara el caso en octubre de 2014, el empresario coruñés incide en subrayar las complicidades que lo unieron durante lustros con destacados dirigentes políticos para sacar adelante sus negocios. Señaló a varios y amenazó con tirar de la manta "poco a poco".

Para iniciar y extender lo que la Policía define como "caza de dinero público", Crespo tejió una red en la que no faltaban los regalos para los políticos y tampoco, según declaró en comisaría su ex contable, las donaciones en metálico para el PP. 

Según los agentes, los integrantes de la trama constituían asociaciones con el propósito de conseguir subvenciones, incluso inventando alguna de ellas que no tenían ni socios y para las que falsificaban datos y lograr cumplir así los requisitos de las administraciones.

En declaraciones a los medios tras su comparecencia, Crespo ha defendido su actividad como una "prestación de servicio" a la sociedad y ha criticado por "tendenciosa" la instrucción. Según defiende, hay informes que contienen "grandes errores de bulto" y están hechos "de parte para apoyar un sumario tendencioso, preconcebido y que coge lo que interesa y lo que no, lo descarta". 

 "Parece mentira por parte de la Agencia Tributaria", ha añadido. "Nuestros clientes eran los alumnos, pero la Administración, de alguna manera, nacionalizó el sector y esa Administración comenzó a ser nuestro cliente principal pero no dejó de ser una prestación de servicio", ha insistido más tarde. 

De Lucas, el 'conseguidor'

Según esos informes de los agentes, para engrasar la maquinaria de la red, Crespo -propietario de la academia Azetanet, que ya no está autorizada para impartir cursos de la Consellería de Traballo- contaría con la ayuda del empresario Pachi de Lucas, el amigo del presidente de la Xunta al que el investigado le abonaba cantidades periódicas para gratificar sus labores de intermediación, según los agentes.

Precisamente, la última novedad del caso antes de la declaración de este martes había sido la ampliación en 25 nombres -tras los 30 iniciales- la lista de personas investigadas y entre las que se incluye Francisco Ramón de Lucas, Pachi de Lucas, el considerado conseguidor de la trama, a quien Gerardo Crespo había situado en el "círculo íntimo" de Feijóo. Junto a él, también pasaron a ser investigados los dos anteriores directores generales de Formación y Colocación de la Xunta: Pastor Fuenteseca, del bipartito, y Ana María Díaz, del PP.

En el caso de Beatriz Mato, conselleira de Medio Ambiente y a quien la investigación relaciona también con Crespo, ahora es citada en calidad de testigo. En el inicio de la investigación Mato admitió que llegó a recibir un bolso como regalo de Azetanet y las escuchas de la Policía revelan diversos alusiones a ella.

Después de la declaración de este martes, el día 15 será el turno de Eliseo Calviño, el que había sido presidente de Caype, otra de las entidades investigadas. Con todo, Gerardo Crespo ha solicitado declarar otro día más en cuanto estén a su disposición los informes que pidió su defensa sobre la actividad de su grupo empresarial. 

En ellos rebatirá documentos des sumario, como los que criticó, para demostrar la legalidad de sus actividades. Además, ha afirmado que el proceso abierto acabó por "quebrar" sus negocios, que debe dinero y que puede que tenga que afrontar un desahucio."    ( eldiario.es, 13/12/16)

Amistades peligrosas y pasado sindicalista: la otra vida del candidato Feijóo

"Para la versión 3.0 del candidato Feijóo, su equipo de campaña ha decidido explotar una imagen nueva: tras el tecnócrata carente de pasado que sucedió a Fraga en 2006, el presidenciable sin gomina de 2009, el eficiente gestor que garantizaba carga de trabajo para los astilleros en 2012,  los estrategas electorales del PP gallego han decidido apostar esta vez por el padre de familia.

La estrategia ha sido calculada al milímetro por el formidable equipo de propaganda que arropa al presidente de la Xunta y candidato popular. "Este año me ha dado la peor noticia [falleció su padre hace unos meses] y también me va a dar la mejor", anticipó Feijóo en un mitin dos días antes de que el diario La Voz de Galicia adelantase el pasado 12 de septiembre, día del debate en TVG con el resto de candidatos, que iba a ser padre. 

La noticia de que su pareja, Eva Cárdenas Botas, alta directiva de Inditex con la que mantiene una relación desde 2013, estaba embarazada no fue casual: todo el equipo de campaña estaba avisado, según ha podido comprobar eldiario.es. 

Desde entonces, Feijóo ha posado con los bodys que le han regalado ante la prensa y repetido que Galicia, una de las comunidades con un menor índice de natalidad -que no ha mejorado durante sus ocho años de mandato- "es el mejor lugar para tener hijos".

Se trata del penúltimo intento de humanizar a un candidato que recibe un aprobado holgado en las encuestas -es el mejor valorado de todos los partidos- pero que sigue siendo percibido como distante y estirado por buena parte de los votantes, según recogen los sondeos internos. "Tiene imagen de sobrado", reconoce gráficamente uno de sus colaboradores. 

Su vida personal tampoco ha ayudado estos años a dulcificar su perfil de frío contable. Apenas quiso airear su relación anterior de vsrios años con la periodista Carmen Gámir, quien apenas tuvo protagonismo en sus actos políticos o de partido más allá de acompañarlo a algún mitin y ni siquiera vivió en la residencia oficial. 

La madre de Feijóo proclamaba entonces en un vídeo electoral del PP que su hijo no le daba nietos porque estaba "casado con Galicia". Cuando finalizó el noviazgo, Gámir se colocó en Madrid como jefa de prensa en el Ministerio de Hacienda a las órdenes de Marta Fernández Currás, exconsejera de Feijóo en Galicia, cuando esta asumió la secretaría de Estado de Presupuestos con Montoro.

 Desde entonces, la exnovia de Feijóo es uno de los tres cargos de confianza mejor pagados de la Administración: en 2013, cuando el portal de transparencia todavía facilitaba esos datos, cobraba  86.816 euros, 7.000 euros más de lo que gana hoy el presidente Mariano Rajoy.

Hasta que se anunció en 2013 la nueva relación de Feijóo con una ejecutiva de éxito al frente de Zara Home en el imperio Inditex, los publicistas no sabían qué hacer con él durante esas jornadas familiares que la prensa retrata en las jornadas de reflexión.

 En las elecciones de 2009 el PP llegó a subcontratarle "un amigo" para correr por el parque de Castrelos en Vigo. En realidad, su acompañante no era ni conocido, se trataba de uno de los extras habituales en los actos del PP: semanas atrás había hecho de camionero víctima de la crisis en un mitin en Santiago sobre economía. 

Pero la estrategia del nuevo Feijóo padre primerizo a los 55 años busca sepultar algo más: la sucesión de casos de corrupción que salpican a su Gobierno, a su partido y a algunas amistades cercanas. Porque el dirigente que marca distancias ante la prensa de Madrid con los escándalos de Bárcenas, Soria y Barberá, tiene sus propios cadáveres en el armario

 Uno de sus acompañantes habituales, Pachi Lucas, que lo seguía en todas las campañas y frecuentaba la residencia oficial y los despachos más altos de la Xunta,  está imputado por un fraude masivo en los cursos de formación. El sumario que investiga un juzgado de A Coruña lo pinta como el "abrelatas" o " el conseguidor de la trama". 

Su proximidad a Feijóo era tan clamorosa que cuando los periodistas preguntaron por su omnipresencia en los actos, el equipo de asesores lo calificaban como "un amigo del jefe". Pachi Lucas estaba en las noches electorales, en mítines por las cuatro provincias, en la sede regional del PP en Santiago y hasta acompañó a Feijóo junto a Rajoy  al tendido de la plaza de toros de Pontevedra, tal y como le recordó en su día el entonces portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera con una foto en la mano.

Cuando la oposición preguntó al presidente gallego en el Parlamento regional por sus compañías, Feijóo despejó el tema alegando que se negaba a "hablar de personas que no están presentes". El juzgado entretanto sigue investigando a Lucas por tráfico de influencias y tiene sobre su mesa correos electrónicos que él y el supuesto cerebro de la red, otro habitual en los actos del PP,  intercambiaban con el presidente incluso para comentar sus jornadas de ocio. Desde entonces Lucas se ha convertido en otro proscrito en la Xunta y en el PP gallego al que nadie parece conocer.

No es la primera vez que Feijóo tiene que hacer números para escapar de su propio pasado. Esta es también la primera campaña que vive como candidato después de que El País desvelase en 2013 sus años de viajes y vacaciones con el narcotraficante Marcial Dorado a finales de los 90.

 El resto de fuerzas políticas se lo ha recordado insistentemente en los mítines: cómo alguien puede presentarse como regenerador de la política habiendo compartido yates y chalés con uno de los narcotraficantes más célebres de la Ría de Arousa, hoy en prisión. Los argumentarios del PP intentan revestir aquella vieja amistad como un error de juventud, obviando que durante aquellos años de escapadas a la nieve, el mar y la montaña, Feijóo sobrepasaba la treintena y era ya el número dos de la consejería de sanidad a las órdenes de José Manuel Romay Beccaría. 

Cuando la oposición pidió los contratos de las empresas legales de Dorado con la Xunta, el Gobierno gallego alegó que se habían perdido en una inundación.

En el álbum sepia del candidato a la reelección amarillean otras fotos, esas sí más antiguas: las del Feijóo sindicalista. En 1988 se presentó en la lista de la Agrupación de Funcionarios Interinos y Contratados de la Administración Pública (Afica)en unas elecciones sindicales donde exigía junto a otros compañeros como el exalcalde de A Coruña, Carlos Negreira, también del PP,  el acceso de los interinos a la función pública en igualdad de condiciones que los funcionarios con plaza.

 Aquellos folletos sindicales también persiguen al candidato popular: el sindidato nacionalista CIG los ha recuperado para recriminarle que no haya mantenido la filosofía de aquel recién llegado a la Administración durante sus dos legislaturas de recortes."                   (José Precedo, Público, 20/09/16)

La operación Zeta de falsos cursos de formación estrecha el cerco sobre Núñez Feijóo

"La lista de imputados de la operación Zeta no para de crecer. Un auto de la jueza de A Coruña que investiga el supuesto fraude de subvenciones para falsos cursos de formación ha elevado de 30 a 55 el número de los investigados, de acuerdo con su actual denominación.

 En la nueva lista hay 21 presuntos colaboradores de la trama y tres cargos públicos, dos de ellos de la Xunta. Pero no son ellos los que más preocupan al presidente gallego. 

Quien realmente supone una amenaza para él a menos de un año de las autonómicas es el imputado número 25, el empresario madrileño Pachi de Lucas, presunto autor de un delito de tráfico de influencias y amigo personal de Alberto Núñez Feijóo.

De Lucas estaba señalado desde hace tiempo no solo por las investigaciones policiales, sino también por las declaraciones judiciales y públicas de Gerardo Crespo, cabecilla de la trama. Crespo, activo militante del PP de A Coruña hasta estallar este caso, reconoce que pagó durante dos años 3.000 euros mensuales a De Lucas por abrirle puertas en las administraciones del PP. 

“Le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo”, confesó en la Cadena Ser. Los informes policiales confirman los pagos al empresario por hacer de “intermediario para la gestión, entre otras, de reuniones con personas relevantes del PP”.

Feijóo y Francisco Ramón 'Pachi' de Lucas Blanco entablaron amistad hace más de 15 años en Madrid, donde el primero ejercía la presidencia del Instituto Nacional de Salud (Insalud) y De Lucas, hijo de un médico pontevedrés, centraba sus negocios, relacionados con la venta de joyería por catálogo. 

Tras su regreso a Galicia en 2003, Feijóo siguió frecuentando a su amigo en sus descansos estivales en la zona de Bueu, cerca de Pontevedra. Aunque su familia continúa en Madrid, el ahora imputado pasa largas temporadas en Galicia y se ha dejado ver en numerosas ocasiones con Feijóo, tanto en su tiempo de ocio -son habituales de la plaza de toros de Pontevedra- como en actos públicos.

Crespo se ha encargado en los últimos meses de ventilar públicamente esa “amistad íntima” entre su conseguidor y el presidente de la Xunta. “En el PP, o estás con los amigos, y Pachi de Lucas era íntimo de Feijóo, o si no, no haces nada”, relató en la radio el empresario, que aseguró que él y De Lucas tenían “todas las bendiciones” del jefe del Gobierno gallego. “A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, reveló.

Un fraude en los cursos de formación

La operación Zeta estalló después de casi tres años de investigaciones en septiembre de 2014, cuando se produjeron las primeras detenciones. 

El caso, llevado por el juzgado de instrucción número 6 de A Coruña, está relacionado con un presunto fraude en subvenciones y adjudicaciones públicas para cursos de formación de empleo que nunca se realizaron o recayeron en entidades ficticias creadas para captar ese dinero. Las ayudas bajo sospecha suman cinco millones de euros.

Que el presunto conseguidor aún no estuviese imputado en el caso era motivo de sorpresa en círculos relacionados con la investigación. Pero el pasado 15 de enero, la jueza emitió un auto en el que casi duplicó una lista de investigados en la que finalmente ha entrado De Lucas, al que la Policía ya había vinculado con la trama de subvenciones.

La magistrada tomó esta decisión después de considerar las conclusiones de un nuevo informe de la Unidad de Auxilio judicial de la Agencia Tributaria, que “no pueden ser más demoledoras”, señala, y que “vienen a confirmar los numerosos indicios aportados por las diligencias practicadas hasta la fecha”.

En su auto, la jueza cita un mensaje telefónico en el que De Lucas informa a Gerardo Crespo de “una cita concertada para él” y otro miembro de su entidad, Azetanet, en el despacho de Ana Pastor en la sede del PP en la calle Génova de Madrid en 2011. Fue enviado meses antes de convertirse en ministra de Fomento, y concluye con un “Feijóo va a ser clave”.

 Los investigadores aseguran que los pagos a De Lucas eran “una prioridad” para Crespo. Otro de los mensajes intervenidos por la Policía alude a su participación en una comida en Bueu con Feijóo, en la que supuestamente trataron asuntos relacionados con las empresas de Gerardo Crespo.

La abrupta forma en que Crespo rompió con De Lucas y dejó de ingresarle sus emolumentos también resulta comprometedora para Feijóo. Según el presunto cabecilla de la trama, tiene que ver con una filtración de la investigación judicial, que provocó que De Lucas dejase de contestar el teléfono a Crespo. “Sabía de los pinchazos”, sostiene este, que añadió: “Me dijo que lo sentía mucho, pero que no me podía avisar, y que fue por eso que la 'conselleira' y Feijóo montaron todo lo de anular los últimos cursos y enviar el caso al fiscal para salvarse”.

 Preguntado este jueves por su relación con De Lucas, Feijóo se limitó a señalar que la Xunta no habría presentado esa denuncia a la fiscalía si tuviera “intención de ocultar cualquier tipo de cosas”.

Feijóo no es en todo caso el único de su partido salpicado por la operación Zeta. El exalcalde de A Coruña Carlos Negreira, la 'conselleira' de la Xunta Beatriz Mato -que ha reconocido que recibió un bolso de la trama como regalo- y el histórico del partido José Manuel Romay Beccaría son otros de los dirigentes populares que aparecen en el sumario. La Policía halló en la contabilidad de la trama pagos al PP en 2011 por 17.000 euros, 15.000 de ellos en vísperas de las elecciones generales que ganó Mariano Rajoy.

La jueza ha planteado trasladar parte del caso a la Audiencia Nacional, ya que las subvenciones bajo sospecha también afectan al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a otras comunidades, como el País Vasco y La Rioja. Pero es en Galicia donde se ventilará el grueso de la causa, sobre todo por ser la Administración gallega la que suma más imputados. 

Uno de ellos es la exdirectora general de Trabajo y actual directora general de Conservación da Naturaleza de la Xunta, Ana María Díaz. Se la acusa, junto a otros excargos, de un delito de prevaricación por su "total dejación" en la supervisión de las subvenciones y por "los indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva".

Según la jueza, el principal instrumento de los acusados para recibir las subvenciones y contratos públicos es la denominada Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), un “mero artificio” dirigido en la sombra por Gerardo Crespo, que simulaba mediante la creación de “sedes ficticias” tener implantación estatal, para acceder así a más tipos de ayudas para cursos que no realizaba. 

Además de Crespo, en el centro de la trama también se sitúa Eliseo Calviño, presidente de Caype y durante décadas responsable de la asociación de hosteleros coruñeses. Fraude o estafa de subvenciones, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos objeto de la investigación."                (Pablo López. Vigo , El Confidencial, 25/01/16)

El alcalde de Dozón, su hijo y su sobrino, detenidos por fraudes en cursos de sus empresas

“Dozón é un concello onde ou tes a túa explotación gandeira/avícola ou traballas para o monopolio deste señor... Polo que ou votas ao PP ou vas á rúa”. Así reaccionaba un internauta a noticia da detención de Adolfo Campos. 

GC debulla a barroca rede empresarial do alcalde de Dozón, detido na Operación Qatedra, e as subvencións que lle outorgaron varios departamentos da Xunta. Factura máis de 21 millóns ao ano, sen contar as empresas ao nome do seu fillo, tamén detido."               (Galicia Confidencial)

"La Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín detuvo ayer a los cuatro miembros del consejo de administración del grupo empresarial Campos, radicado en Dozón, en el marco de la operación Qatedra que investiga presuntos fraudes en cursos de formación. 

Se trata del alcalde de Dozón, y presidente del consejo de Administración, Adolfo Campos Panadeiros; su hijo, teniente alcalde en el mismo Concello y consejero delegado, Adolfo Campos Vázquez; su sobrino, David Campos Cortés, secretario del consejo, y a S.C.C., trabajadora técnica del departamento laboral.

A estas detenciones, que se producían por la mañana, se sumaron por la tarde las de A.M.R.G., administradora única de una empresa de Silleda y M.I.G.F., representante legal de una asociación de mujeres de una parroquia de Lalín. 

A los seis se les achacan presuntos delitos de estafa, falsificación de documento público mercantil y fraude de subvenciones por haber solicitado supuestamente ayudas para cursos de formación que no llegaron realizarse y para los que presuntamente recibieron subvenciones de la Xunta y la Unión Europea.

Son los mismos cargos por los que se investiga al resto de los detenidos, que suman ya diecisiete. Los detenidos quedaron en libertad por orden del instructor del caso y tendrán que comparecer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lalín cuando sean requeridos.

Desde el grupo de empresas Campos explican que fueron citados a personarse en el cuartel de la Guardia Civil de Lalín en relación con dos cursos de formación celebrados en el 2010, uno de ellos para la empresa Estación de Servicio Campos y otro para Industrias Frigoríficas del Deza.

En su comparecencia, apuntan, declararon de forma voluntaria explicando la distribución de responsabilidades en el seno de los distintos departamentos de las empresas del grupo.

Sin intervención

Subrayan que el presidente del Consejo de Administración, el alcalde de Dozón, Adolfo Campos Panadeiros, «non exerce tarefas executivas nas empresas dende hai máis de dez anos e, por tanto nin interveu nos feitos obxecto de investigación nin coñece os mesmos».

Desde el grupo empresarial dezano, sus representantes expresan su absoluta tranquilidad respecto a la investigación en curso y ofrecen su máxima colaboración a la instructora del caso como, dicen, ya pusieron de manifiesto en sus declaraciones a la Guardia Civil. Los empresarios se brindaron a aportar la documentación que les sea requerida y a volver a declarar en el Juzgado de Lalín en el caso de que sea necesario para «tentar de esclarecer os feitos e eliminar calquera sospeita sobre o grupo de empresas canto antes».

La investigación arrancó en marzo a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria a la empresa lalinense Prosem alertando de posibles irregularidades. A partir de ahí empezaron a analizar los cursos de formación realizados por esta firma, que trabajaba con empresas de toda Galicia.  (...)"                (La Voz, 28/11/15)

Una alto cargo de Consumo admite que era «habitual» consultar a Crespo qué empresas invitar a concursos

"Las empresas de Gerardo Crespo, principal implicado en la supuesta trama de subvenciones para la formación y el empleo, fueron adjudicatarias de dos concursos del Instituto Galego de Consumo. Por uno recibió 58.056 euros, el 21 de febrero del 2011, y por el otro, 64.800 euros, justo un año después. 

Cuando el grupo contra los delitos económicos de la Policía registró los domicilios y las entidades de Crespo, encontraron correos electrónicos entre el empresario, sus empleados y responsables de Consumo en los que se «evidencia» que aquellos concursos «estaban amañados». 

Según aparece en el sumario, «la encargada administrativa de la preparación de los pliegos les pidió a empleadas de Azetanet que revisaran con anterioridad el mismo para después ella poder enfocar el pliego, reuniéndose con posterioridad con la directora técnica, Esther Álvarez, para acordar las mejoras que debería presentar la mercantil para ser adjudicataria». 

Los investigadores «interpretan que los citados concursos estaban amañados desde su inicio». Crespo se presentaba con tres empresas y sin rivales con el conocimiento de responsables de Consumo, añaden. Las aludidas declararon ayer como imputadas y ambas negaron toda ilegalidad. La jefa de servicio de Asuntos Generales del Instituto Galego de Consumo, María Isabel Caramés, sostuvo que jamás modificó ningún pliego porque no estaba entre sus atribuciones, «pues todo le venía dado» por el personal de Consumo.

 La directora técnica, Esther Álvarez, señaló que era «habitual y normal» preguntar a Crespo qué empresas podían invitar a concursos de la Xunta «porque hay muy pocas en el sector».          (Alberto MahíaA Coruña / La Voz, 15 de abril de 2015)

Crespo: Trabajé con Pachi Lucas con todas las bendiciones de Feijóo. Podía abrir cualquier puerta. En el despacho de Rajoy no estuve, pero casi, estuve en La Moncloa

 

 Gerardo Crespo, tras comparecer en el juzgado el pasado día 2 / gabriel tizón

"Gerardo Crespo, considerado uno de cabecillas de la Operación Zeta sobre una supuesta trama en A Coruña para defraudar subvenciones públicas a cursos de formación y empleo, insiste en la ayuda clave que le prestó Pachi Lucas, “amigo íntimo” del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

 “Podía abrir cualquier puerta, conseguía contrataciones en distintos lugares de toda España”, relató ayer a Radio Coruña, de la Cadena SER, el empresario coruñés sobre el considerado “conseguidor”, según la Policía, de un entramado bajo investigación judicial desde hace tres años y que suma ya 30 imputados, entre ellos cinco altos cargos de la Xunta cesados tras conocerse su implicación.

 Crespo reiteró que pagó durante dos años 3.000 euros mensuales a Lucas por sus servicios de “abrepuertas” con las administraciones gobernadas por el PP. Era la única manera de “trabajar”, agregó, muy molesto por el hecho de que el amigo del presidente aún no haya sido siquiera llamado a testificar en este caso.

 Crespo desveló ayer más sobre su relación con ese conseguidor: “En el PP o estás con los amigos —y Pachi Lucas era íntimo de Feijóo— o si no, no haces nada”.

 “Evidentemente que le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo. Le pedimos los dos permiso al presidente para trabajar juntos. Y teníamos todas las bendiciones de Feijóo. A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, explicó el empresario, notorio militante del PP de A Coruña hasta estallar este caso.

Reitera que dará a la juez, en cuanto se emita el informe de la Agencia Tributaria detallando los delitos de los que se le acusa, el relato entero y pruebas sobre las actividades que realizaba para él el amigo del presidente. Pero antes, subraya las buenas relaciones que Lucas tenía “con todos, Rajoy, Ana Pastor y otras personas muy importantes del PP”. 

“Están muy tocados”, insistió. Y citó específicamente desde el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay, pasando por el presidente de la Xunta o el actual alcalde de A Coruña, Carlos Negreira.

Lucas, continuó Crespo, “no es el típico del PP que cobra por no conseguir nada, que también los hay”. “No, con Pachi sí conseguí estar en los despachos de todos, podía abrir cualquier puerta. En el despacho de Rajoy no estuve, pero casi, estuve en La Moncloa”. 

Una versión que vino a confirmar ayer, a la misma hora en la que se emitía esta entrevista, una de las exempleadas de su consultoría Azetanet durante su declaración ante la juez que instruye este abultado sumario. Margarita Ordóñez, directora general de la empresa de Crespo y también imputada, admitió, a preguntas de la magistrada, haber asistido a una reunión entre su jefe y Lucas. 

Y reconoció haber enviado a este último, por orden de su superior, un correo para concretar una entrevista con la actual ministra de Fomento, Ana Pastor. Al igual que hicieron el miércoles otras dos exdirectivas de Azetanet, Ordóñez confirmó que se preparaban múltiples sobres con dinero en metálico que luego distribuía el empresario.

Crespo niega tajante que en esos repartos pagara a cargos de la Xunta a cambio de subvenciones. Y sólo admite como “poco ético” recurrir a personas como Lucas para lograr contratos públicos.

 “Pero todos los cursos se realizaron, no hay ninguno ficticio, y también los conseguí durante el anterior Gobierno bipartito de la Xunta sin necesidad de corromper a nadie, gracias a las baremaciones técnicas que lograba”, explicó el empresario, quien defendió la actuación del equipo del exconselleiro socialista de Traballo Ricardo Varela frente al de su sucesora del PP, Beatriz Mato. “No hay color”, aseveró.

La relación con Lucas se truncó abruptamente en enero de 2012, un mes después de abrirse, bajo secreto, este sumario. “Dejó de cogerme el teléfono, pero siguió cobrando de mi empresa hasta mayo”. Fue entonces, según desveló Crespo, cuando se citó en Madrid con Lucas y éste le reconoció que rompió la comunicación por estar el empresario bajo escucha policial.

 “Sabía los pinchazos, me dijo que lo sentía mucho pero que no me podía avisar, y que fue por eso que la conselleira y Feijóo montaron todo lo de anular los últimos cursos y enviar el caso al fiscal para salvarse”. Muy dolido con la “deslealtad del PP”, el empresario coruñés asegura tener pruebas de que Feijóo y Mato fueron alertados de la apertura, en teoría bajo secreto, de este sumario en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña."               ( Paola Obelleiro  , El País, A Coruña 12 FEB 2015)

El principal acusado por los cursos falsos ve en el PP “corrupción crónica”

"El empresario coruñés Gerardo Crespo, principal imputado en la 'Operación Zeta' -que investiga un supuesto fraude en cursos de formación- se ha negado a declarar, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, por la falta de un informe de Hacienda. 

No obstante, a la salida del juzgado, en el que estuvo casi media hora, ha apelado a su "inocencia" y ha reiterado que todos los cursos de formación fueron "realizados, auditados y aprobados por la Xunta", ha añadido en relación a las justificaciones económicas aportadas ante ésta y otras administraciones. (...)

Crespo ha incidido en que está satisfecho de que el proceso "avance". "Va a hacer tres años que empezó un registro policial y más de tres años pinchado telefónicamente", ha remarcado el empresario quien ha señalado que este caso ha supuesto "la quiebra" de su patrimonio.

"Aunque digan que he ganado mucho dinero, el dinero lo he gastado en los cursos", ha recalcado el empresario quien, en contraposición a las declaraciones efectuadas a un medio de comunicación, ha sostenido que "no ha habido ningún pago para conseguir ninguna adjudicación", ha indicado sobre los contratos obtenidos. (...)

En la misma línea, arremete contra el presidente de la Xunta y la conselleira de Traballo. Argumenta que, cuando se enteran de la investigación, para "desmarcarse" remiten el caso a la Fiscalía "inventándose unas revocaciones de unos planes integrales de empleo y dejan de coger el teléfono".

"Trabajaba con Pachi Lucas -dice sobre el empresario al que situó como amigo de Feijóo y al que los investigadores consideran el supuesto conseguidor de cursos- porque o estás con los amigos o no trabajas", añade. Además, Crespo acusa al PP de ser "la corrupción crónica y la deslealtad generalizad".

Su letrado ha recalcado que la Xunta "tenía conocimiento de todo este procedimiento" antes que ellos y ha recalcado, sobre la nota difundida por el empresario, que "no es cierto" que desconociesen la causa. "Se demostrará si hay connivencia o no en los hechos que se nos imputan", ha precisado. (...)

Junto a Crespo, están imputadas otras 29 personas, en unos casos, por presunto fraude de subvenciones, estafa y malversación de caudales públicos y, en otros, por tráfico de influencias y cohecho, delito que se imputa al exdirector xeral de Traballo, Odilo Martiñá.

Crespo, un notorio militante del PP durante años y con importantes conexiones en la cúpula del partido, está acusado de montar una red para captar subvenciones destinadas a cursos de empleo que, según la investigación, nunca se celebraron. 

Tras el estallido del escándalo, Crespo ha amenazado con desvelar los supuestos donativos ilegales entregados al PP y que figuran en una contabilidad b de sus empresas hallada por la policía en los registros. 

El empresario también ha asegurado a los medios que tenía en nómina al empresario Pachi Lucas, al que define como el "mejor amigo" del presidente Feijóo, para que le hiciese de "abrepuertas" ante las distintas Administraciones.

A la declaración de Crespo, seguirán otras durante los próximos meses. Así, a la de dos empleadas el 11 de febrero, seguirán el día 12 la del presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello, junto con otra imputada, empleada de Crespo. La del presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, prevista para el 4 de febrero, se ha pospuesto al 21 de mayo, a las 9,30 horas, mientras el director de la Feria de Autónomos, José Luis Fraga, declarará el 13 de mayo y no el día 16 de febrero como estaba previsto. En febrero, en concreto el día 6, declararán dos testigos.

En el marco de esta investigación, están imputadas un total de 30 personas por supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas. Inicialmente se imputó a siete personas, entre las que se encontraban el empresario coruñés Gerardo Crespo; el presidente de Caype, Eliseo Calviño y su homólogo de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) Francisco Javier Pérez Bello, a los que se sumaron, posteriormente, otros 23.

Entre ellos, están el exdirector general de Traballo Odilo Martiñá Rodríguez y otros dos excargos de la Xunta, el que fue jefe territorial de esta Consellería en A Coruña y exdirector del área de Servicios Provinciales de la Diputación coruñesa Luis Alberto Álvarez Freijido y el exjefe de Servicio de Empleo de la Xunta Joaquín Vila Sampayo.

 A estos nombres, se suman los de María Isabel Caramés, jefa de Servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo, y la directora técnica de Consumo Esther Álvarez. Figura, además, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete."               (El País, 01/02/2015)

Imputado el ex director xeral de Traballo por cohecho

 

 Odilo Martiñá era director xeral de Formación. santi m. amil

"La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha ampliado el número de imputaciones en la operación Zeta a un total de 31 personas, entre los que figuran los tres altos cargos de la Consellería de Traballo que ya habían sido destituidos: Odilo Martiñá, que era director xeral de Formación, Luis Alberto Álvarez Freijido, que fue delegado de la consellería en A Coruña y ahora trabaja para la Diputación coruñesa en comisión de servicios, y Joaquín Vila, que era jefe de servicio en la Xunta. A los tres les imputa un supuesto delito de cohecho y los cita a declarar el 9 de abril del próximo año, a partir de las nueve y media de la mañana, para esclarecer su vinculación con la trama de la operación Zeta.

En la providencia dictada ayer por la jueza María Jesús García García se incluye también la imputación al actual presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (Cehosga), Héctor Cañete, al que atribuye la comisión de los delitos de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Tendrá que acudir a declarar el 25 de febrero.

La jueza instructora también quiere oír la versión como imputadas de dos funcionarias adscritas a la Oficina de Consumo de la Xunta por un presunto delito de tráfico de influencias que también se le atribuye al empresario José Carlos Fernández Abreu.

En la relación de imputados citados a declarar el 26 de febrero figura además la mujer de Gerardo Crespo, María del Carmen Canel Crespo, a la que la jueza instructora vincula con la comisión de los delitos de fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental, junto a Milagros Vázquez Reino, Yoanna Castro García, Abdeslam Joaquim Amezian, Sergio Diéguez, Natalia Abeal Figueroa, Patricia Dopazo Guntín, Sonia Gómez Eira, Pío Santos Movilla, Alicia Cordeiro Padín, María Dolores Pérez Martínez, Paloma Sobrino Butragueño, Rosa María Triay López y Patricia García González, que tendrán que acudir a declarar los días 17 y 18 de marzo, y el 17 de abril.

Aunque la jueza instructora prosigue con algunas diligencias para esclarecer detalles de la trama que supuestamente gestionó de forma irregular ayudas a la formación del Gobierno central, el autonómico y algunas administraciones locales por importe de al menos veinte millones de euros, el paseíllo judicial no dará comienzo hasta el 2 de febrero.

Ese día está previsto que acuda a declarar Gerardo Crespo, responsable y fundador de varias de las empresas a las que se les atribuyen las irregularidades. Y dos días después lo hará Eliseo Calviño. Para el 6 de febrero están citadas a declarar como testigos Isabel Prieto y Cristina Souto, las dos extrabajadoras de Caype cuya denuncia motivó el inicio de las investigaciones policiales y de la propia Consellería de Traballo.

A continuación será el turno para el resto de los protagonistas principales de la trama, según las pesquisas policiales: el 11 de febrero lo harán Mercedes García y Susana Pérez Otero; el 12 será el turno para Javier Pérez Bello, presidente de la Confederación de Autónomos de Galicia, y Margarita Ordóñez Novo; y el 16 de febrero cerrará el primer turno de interrogatorios Luis Fraga.  (...)"             ( La Voz  20 de noviembre de 2014)

Feijóo insiste en ocultar su relación con el conseguidor de Crespo

"El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha atrincherado en el silencio para no contestar a ninguna pregunta sobre su relación con el empresario Pachi Lucas, a quien la policía considera el intermediario entre la presunta trama acusada de defraudar subvenciones para cursos de formación y la cúpula del PP. 

Ni el pasado miércoles, en la sesión parlamentaria de control al presidente, ni el jueves, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, donde los periodistas le inquirieron hasta seis veces por sus vínculos con Lucas, el presidente dijo una sola palabra del asunto. Y hoy ha vuelto a esquivar la cuestión ante una pregunta concreta de un periodista.

A Feijóo se le cuestionó por las declaraciones de Gerardo Crespo, el principal imputado en el caso de los cursos, la llamada Operación Zeta, quien ha asegurado que Lucas es "el mejor amigo" del presidente y que lo tuvo en nómina durante un año y medio con un sueldo mensual de 3.000 euros para que le hiciese de "abrepuertas".

 En lugar de contestar, el jefe del Ejecutivo gallego ha vuelto a recordar que su Gobierno realizó inspecciones a las empresas de la supuesta trama -después de que se abriese una investigación judicial sobre el caso- y remitió sus conclusiones a la fiscalía.

El presidente ha repetido el mismo argumento al ser preguntado por el informe del Consello de Contas que revela graves irregularidades en la gestión de esos cursos por otras entidades como la patronal y los sindicatos mayoritarios. Insistió en que su Gobierno, a diferencia de los anteriores, fue el que empezó a investigar el asunto y añadió:  "Supongo que, tras lo que conocemos de Contas, no hay dudas de que hay un Gobierno que no está dispuesto a mirar para otro lado cuando se pueda detectar alguna irregularidad en los cursos de formación. Afecte a quien afecte y esté quien esté". "Y me comparo con ventaja sobre cualquier otro tipo de actuación o de discusión", remachó.

 El presidente tampoco se muestra dispuesto a dar mayores explicaciones en el Parlamento. El PP ha vetado hoy una solicitud de la oposición para que Feijóo y la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, compareciesen en la Cámara para hablar del asunto.

 Con todo, PSdeG, AGE y BNG se lo echarán en cara en la próxima sesión de control al presidente, un debate con un formato mucho más reducido que la comparecencia monográfica."La corrupción es un tema tabú. Con la que está cayendo", ha protestado el portavoz socialista, José Luis Méndez Romeu.

El dirigente del PSdeG ha reprobado que "un conseguidor a sueldo de la trama" sea "inquilino habitual" de Monte Pío -según aseguró Crespo- , la residencia oficial del presidente "pagada y sostenida" con fondos públicos.

 "Es imprescindible que Feijóo disipe las dudas, que garantice documentalmente que no existen tratos para conseguidores, testaferros, comisionistas o abrepuertas", ha reclamado Méndez Romeu.

El portavoz  del BNG, Francisco Jorquera, ha anunciado  "una auténtica ofensiva parlamentaria" por el "escándalo" que supone este caso. 

El Bloque, junto a AGE, pedirá la apertura de una comisión de investigación que los socialistas se muestran dispuestos a apoyar pero sobre la que aún no se ha pronunciado el PP. Jorquera también pretende que el presidente explique por qué la antigua contable de Crespo declaró en el juzgado que había llevado "sobres de dinero negro" para el PP.

La viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ha ironizado con que, tras "tanto hablar de los ERE de Andalucía", una fraude que ha condenado, en Galicia se estaba formando "un charco inmenso" del que la Xunta tiene que "rendir cuentas"."El rey [en referencia a Feijóo] está amenazado por las tramas de corrupción", ha aseverado Díaz.

Pedro Puy, el portavoz del PP, ha rechazado que su grupo "vete nada" y ha esgrimido como prueba que "casi el 80% del orden del día del próximo pleno corresponde a la oposición. Y señala que el Gobierno considera suficiente que Feijóo responda a tres preguntas sobre el caso. "El presidente no sólo no se esconde, sino que da la cara", concluyó Puy."             ( El País / EP  ,  El País,  Santiago 4 NOV 2014)

La ex contable de una empresa de Zeta le revela a la Policía "dos sobres" de dinero B "destinados al PP"

"El PP solo tiene una contabilidad, la auditada por el Tribunal de Cuentas". El pasado 23 de octubre el alcalde de A Coruña y presidente provincial del PP, Carlos Negreira, intentaba zanjar de este modo ante la prensa las preguntas sobre la supuesta financiación irregular de su partido a raíz de las primeras revelaciones de la Operación Zeta, la presunta trama corrupta de falsos cursos de formación. 

Un mes antes, a las nueve de la mañana del 22 de septiembre, la ex contable de Azetanet, la empresa de Gerardo Crespo que, según la investigación, estaba en el centro de la red, era detenida en su casa de A Coruña "por su participación en un presunto delito de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos y falsificación documental". 

Cuatro horas después la antigua empleada declaraba en la comisaría de la ciudad y admitía, entre otros aspectos, que tuvo que aportar dinero negro de la empresa para "hacer dos sobres destinados al Partido Popular".

Ese dinero, le explicó la ex contable a los agentes de la UDEF, salió de la "caja B" de Azetanet, un depósito de fondos en efectivo que se materializaba "en un cajón de su mesa de trabajo". La "operativa habitual", señala el acta de la declaración, incluida en el sumario del caso a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, era que "tras la petición de dinero en efectivo" estos eran guardados "en un sobre" que se entregaba "casi siempre a Gerardo" o, en su defecto "a Margarita", directora general de la empresa, "para entregárselo a él".

"La declarante preparaba los sobres y se los entregaba a Gerardo o Marga" y, como norma general, afirmó, "ignora a quien se los entregaban". No obstante, sí admitió ante los agentes "que Gerardo en dos ocasiones le pidió reintegrar dinero para hacer dos sobres destinados al Partido Popular".

 Además, también "recuerda" pagos a través de transferencias bancarias la empresas propiedad de Pachi Lucas, empresario señalado por la investigación como intermediario ante políticos y conseguidor de la trama y, según publicó el diario El País, amigo personal del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. 

Los pagos a Lucas eran "una cantidad periódica, siendo este pago priorizado por Gerardo". De la misma caja saldrían también "reintegros a determinadas personas y funcionarios porque así lo refería Gerardo", pero ella "no sabían quiénes eran ni los cargos que ocupaban".

Durante su declaración en la comisaría la ex contable ratificó también lo que para la UDEF es una de las maneras de actuar de la trama: el cobro de subvenciones públicas para formación recibidas por otras empresas a las que, justo después, les devolvía una parte de lo pagado sin realizar curso alguno.

 Lo que la Policía define como "caza de dinero público" era "siempre supervisado por Gerardo Crespo", según la antigua empleada, "siendo el quien decidía a quién pagar y cuándo". "En Azetanet todo se comunicaba a Gerardo Crespo", resalta la declaración, en la que admite ser "perfectamente conocedora de que el grupo realizaba devoluciones o retornos en metálico y a través de contrafacturas a múltiples clientes".

 La "operativa básica" consistía en que los responsables de la empresa "le comunicaban que en una fecha determinada debía tener una suma de dinero en efectivo" para "serle entregada a clientes del grupo".

Esos "ingresos y salidas de efectivo" eran apuntadas en una "estricta contabilidad en Excel". Las "anotaciones", siempre según la declaración, "se realizaban tras los comentarios que le hacían especialmente Gerardo Crespo o porque así se lo preguntaba expresamente a Margarita". Crespo, mantiene, "era perfectamente conocedor de la existencia y gestión del archivo informático" en el que se "documentaba" esa contabilidad B. 

"Quiere dejar claro que todas las anotaciones que en él figuran en relación al concepto son verdaderas", si bien no recogen todos los pagos a los supuestos clientes por cursos no realizados, porque "otro medio de devolución" era "con la confección de facturas cruzadas". Para confeccionar esas facturas se llamaba "a los clientes para definir el concepto, ya fuera para no pagar el IVA u otros motivos". En todo caso, "los conceptos eran evidentemente falsos".

Tras "cuatro o cinco años" trabajando para Azetanet esta trabajadora fue despedida. Crespo, le dijo a la Policía, "la despidió porque le decía las cosas que estaba haciendo mal y no se podían hacer". "Quiere dejar claro -refleja la declaración- que lo único que quería era conservar su puesto de trabajo, teniendo una hipoteca, y que sólo cumplía órdenes".               (David Lombao , eldiario.es, 02/11/2014)

De los papeles de Bárcenas a los falsos cursos de formación... y a la financiación del PP

Feijóo, Louzán y Pachi Lucas, supuesto conseguidor de la trama de Crespo, en los toros en Pontevedra en 2011 / Óscar Corral

"En los dos últimos años, tres investigaciones judiciales han sembrado sospechas sobre la financiación del PP gallego. Y en todos los episodios, la dirección de los populares ha optado por alegar desconocimiento sin ofrecer más explicaciones. Estos son los casos que han puesto en entredicho los ingresos del partido gobernante en Galicia.

 Los papeles de Bárcenas. El extesorero nacional del PP declaró en julio del pasado año ante el juez Pablo Ruz que en 2006, cuando Feijóo ya era el líder en Galicia, el entonces gerente regional del partido, Modesto Rodríguez, le envió un escrito en el que detallaba ingresos en b por valor de 1,8 millones de euros. 

El dinero procedía supuestamente de donaciones opacas de empresas que habían recibido contratos de los gobiernos de Fraga, entre ellos las millonarias adjudicaciones de la Cidade da Cultura. El PP bloqueó todas las iniciativas para que Feijóo explicase el asunto en el Parlamento y se limitó a asegurar que no tenía constancia de esos hechos.

Embargo en Pontevedra. El PP nacional asumió en 2009 el pago de 187.000 euros por un embargo en la sede de Pontevedra. La dirección exigió que Galicia devolviese esa cantidad y, según Bárcenas, el gerente de los populares gallegos viajó a Madrid para entregarle en mano 50.000 euros como adelanto.

 En un informe del pasado agosto, la policía certifica que ese dinero no aparece en la contabilidad oficial.  Feijóo volvió a alegar que no sabe nada del asunto.

 ‘Caso Pokémon’. Aduanas acusa a PP, PSdeG y BNG de recibir dinero en negro del grupo empresarial Vendex, con numerosas contratas municipales en Galicia. 

Por ese motivo está imputado el alcalde popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el Supremo estudia si imputa también al presidente del partido en Lugo, José Manuel Barreiro. Ambos están acusados de recibir sobornos de unos 5.000 euros en cada caso. Los dos lo niegan taxativamente.

Cursos de empleo. En la contabilidad b de las sociedades del empresario coruñés Gerardo Crespo, presunto cabecilla de la trama a la que la policía acusa de defraudar subvenciones para falsos cursos de empleo, aparecen registrados dos donativos opacos al PP en 2011 por valor de 17.000 euros. El propio Crespo, militante popular hasta ahora, no lo ha negado y ha anunciado que lo explicará ante la juez del caso."       ( El País Santiago 31 OCT 2014)

Un amigo de Feijóo era el enlace entre la trama del saqueo de los cursos de formación y la cúpula del PP

"Los empresarios imputados en la presunta trama de fraude de subvenciones destapada por la Operación Zeta tenían claras sus vinculaciones políticas y dejaban constancia de ellas por escrito, según se desprende de la investigación judicial.

 La Federación de Autónomos de Galicia “nació desde el Partido Popular”, le recordaba en una carta de mayo de 2010 —incluida en el sumario del caso— al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el número dos de esta organización, Francisco Javier Pérez Bello, acusado de pertenecer al entramado que supuestamente desvió para su uso y disfrute buena parte de los 20 millones de euros que recibieron de la Administración —15 de la Xunta y cinco del Gobierno central— para impartir cursos a autónomos que en la mayoría de los casos ni se celebraron.

 Tras dos años de pesquisas, pinchazos y registros, la policía está convencida de que el “intermediario” entre los imputados y los dirigentes populares de más alto nivel era Francisco Ramón Pachi de Lucas Blanco, un empresario madrileño afincado en Bueu (Pontevedra) que, según numerosos testimonios recabados por este periódico, acumula años de amistad con Feijóo.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la policía sostiene que Pachi Lucas, que fue visto junto a Feijóo en momentos especiales de su carrera política como su toma de posesión como presidente de la Xunta en 2009, estaba a sueldo de la trama, ya que se “le abonaba un dinero por la práctica de gestiones de interés”, como entrevistas o la “adjudicación y/o cobro de proyectos”, concluye un informe policial. 

Una empleada del departamento financiero de Azetanet, una de las empresas de Gerardo Crespo —activo militante del PP al que la policía considera cabecilla de la trama—, declaró que “le pagaba por transferencia a mercantiles de Pachi Lucas”. Era una “cantidad periódica” que se priorizaba por órdenes de su jefe, añadió.

Según las investigaciones, Lucas era un nexo fundamental con las Administraciones gobernadas por el PP de las que los empresarios imputados obtenían concesiones millonarias para sus sociedades mercantiles u organizaciones declaradas falsamente sin ánimo de lucro. Actuaba, señala la policía, “de intermediario para la gestión, entre otras, de reuniones con personas relevantes del PP”.

En las postrimerías del Gobierno de Zapatero, el 4 de julio de 2011, Pachi Lucas envía un SMS a Crespo para comunicarle la cita que le había conseguido con la que luego sería ministra de Fomento, Ana Pastor: “Gerardo, el jueves 7. A las 5,30 en Génova, despacho Ana Pastor. Marga [una directiva de las empresas de Crespo] y tú. Un saludo. Feijóo va a ser clave”.

Unos días después una representante de Azetanet, una de las empresas de Crespo, informa a Pachi Lucas de que la firma se va a presentar a un concurso de la Diputación Provincial de Pontevedra para actividades de formación.

 “Te lo comento por si está en tu mano hacer algo”, le dice al amigo de Feijóo, aunque finalmente la sociedad del imputado no logró el contrato. Un mes después de estas gestiones, el empresario madrileño compartió tendido en la plaza de toros de Pontevedra con Feijóo, Mariano Rajoy, Alfonso Rueda y Rafael Louzán.

La policía graba en enero de 2012 una conversación entre Crespo y Lucas en la que queda “patente” que el primero “está intentando influir en una persona sin identificar, supuestamente para conseguir el pago de alguna cantidad adeudada”. “Necesito verte”, le dice Crespo. “Hoy llamé a Génova y pedí una cita”. Una colaboradora del empresario coruñés afirma que Lucas está “muy pendiente de Galicia” pero que ha hablado con él para que no se olvide “de lo de Madrid”.

Pachi Lucas y Feijóo se conocieron en Madrid en los noventa cuando el dirigente popular ocupaba cargos en los Gobiernos de José María Aznar. Lucas se dedicaba al sector de la joyería. Según consta en el Registro Mercantil, actualmente sigue administrando Lucas y Cia Joyeros, así como las firmas Disart 4 y Ralumeg, dedicadas a la orfebrería y a los regalos de empresa.

Tal era la importancia que le otorgaba a Lucas el trío formado por Crespo, Pérez Bello y el hostelero Eliseo Calviño, principales imputados, que cuando el madrileño, en la primavera de 2012, dejó repentinamente de cogerles el teléfono, en los despachos de los gallegos saltaron las alarmas. 

El esquinazo coincidió con el momento en el que la Consellería de Benestar empezó a realizar inspecciones en las entidades de la trama, subrayan los encargados de la investigación judicial. El 1 de junio de 2012, Crespo escribe un mensaje desesperado a Carlos Negreira, alcalde de A Coruña con el que mantiene una relación que los agentes tachan “de confianza”. 

“Carlos se está cometiendo una injusticia con mi empresa y me va a llevar a la suspensión de pagos”, le dice Crespo. “Ninguno me cogéis el teléfono, incluido Pachi, que le aconsejáis que me deje”.

Las organizaciones de Crespo, Calviño y Pérez Bello nunca antes habían sido objeto de controles por parte del Gobierno gallego, confesaron los imputados en sus conversaciones telefónicas grabadas aquellos días por la policía. Aunque ellos lo ignoraban, el cambio de actitud de la Xunta y del PP tenía una causa. 

Meses antes, a mediados del mes de diciembre de 2011, el testimonio de dos extrabajadoras de las entidades con las que captaban fondos públicos había puesto en marcha una investigación judicial en el Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña. “Carlos [por Carlos Negreira] y estos lo saben hace tres meses”, le confesó, indignado, Crespo en junio de 2012 al dirigente de una asociación vecinal del centro urbano de A Coruña, también vinculada al PP, en referencia a las inspecciones de la Xunta a sus empresas. “Sí, desde que le dijeron a Pachi 'no te pongas al móvil”.

Aquella carta a Feijóo en la que uno de los implicados en el caso presumía de la genética popular de la Federación de Autónomos de Galicia, una misiva calificada entre los imputados como “urgente, personal y confidencial”, es una de las varias comunicaciones de estos con el presidente de la Xunta recogidas en el sumario del caso. 

En la misiva, Pérez Bello trasladaba además al líder del PP gallego su temor a que el Gobierno central, entonces en manos del PSOE, les retirase las millonarias ayudas que recibían y se las otorgase a otras entidades que “pedirán el voto para el partido socialista”. 

“Ellos tendrán el dinero y nosotros no; así de claro”, advertía Pérez Bello al presidente del Gobierno gallego. La policía halló en la contabilidad de la trama pagos al PP en 2011 por 17.000 euros, 15.000 de ellos en las vísperas de las elecciones generales que ganó Mariano Rajoy.

En el sumario constan dos correos electrónicos de Crespo a Feijóo en los que le traslada, en palabras de la policía, “sus inquietudes laborales”. Uno de ellos lo envió el imputado con copia oculta a Pachi Lucas. El 22 de mayo de 2011, en la jornada electoral en la que el PP arrebató el poder al PSOE en A Coruña, Santiago y Ferrol, cuando el partido saboreaba ya la victoria, Lucas remite un SMS a Crespo: “Comiendo en Beluso, presidente, mar...! Todo bien”.            ( Sonia Vizoso   ,  El País,  Santiago 29 OCT 2014)

Siete arrestos en Galicia por fraude en ayudas a cursos de autónomos

"La policía nacional ha detenido en Galicia a siete personas como presuntos responsables de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración de Justicia en el marco de la denominada Operación Zeta. 

Entre los arrestados figuran los responsables "de distintas asociaciones de autónomos, así como de una fundación y de una consultora de formación", según informa la policía. Las detenciones se produjeron a finales de septiembre, aunque no han trascendido hasta hoy, y los acusados, a los que la policía coloca en el centro de esta presunta trama, fueron puestos en libertad con cargos. 

Las pesquisas se han prolongado durante dos años a cargo de la titular del juzgado de instrucción número 6 de A Coruña, y provocaron hace unos días la dimisión del director general de Traballo de la Xunta, Odilo Martiñá, interrogado como imputado.

Los delitos que se les imputan a estas siete personas, todas ellas de A Coruña, son fraude de subvenciones o estafa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo y falsificación documental, entre otros. De la investigación se ha concluido que las entidades investigadas han sido receptoras de más de 20 millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas relacionadas con la formación de autónomos.

Las pesquisas, que han dado lugar a un sumario que acumula ya 25 tomos y unos 12.000 folios, apuntan al posible uso instrumental de entidades sin aparente ánimo de lucro para la obtención de subvenciones con el objeto de generar un "beneficio económico" a sus presuntos responsables mediante el desvío de una parte "relevante" del dinero.

La policía asegura que varias de las entidades subvencionadas, algunas de discapacitados, eran "presuntamente ficticias en su actividad y estructura". Los investigadores creen que la consultora de formación implicada era subcontratada por asociaciones profesionales y sindicatos para realizar los cursos y esta entregaba a las entidades porcentajes ilegales del dinero público.

El Juzgado de Instrucción nº6 de A Coruña inició el 22 de diciembre de 2011 la investigación sobre un posible fraude en el cobro de subvenciones tras haber recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Policial de la Policía Judicial en A Coruña. 

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el secreto de las diligencias se levantó el pasado 10 de octubre, cuando la jueza emitió un auto en el que también se llamaba a declarar como imputadas a siete personas, unas comparecencias que se celebrarán en el mes de febrero.

La policía ha interrogado como imputadas a un total de 61 personas sobre las que la juez aún no ha tomado una decisión, 22 de ellas residentes fuera de Galicia. Entre ellas está el exdirector de Traballo Odilo Martiñá, que dimitió el día antes de prestar declaración.(...)"        ( El País Santiago de Compostela 15 OCT 2014)

Dimite el número 4 de Traballo por el fraude de los cursos de formación

"La investigación judicial y polícial emprendida hace ahora dos años y media por una trama de ayudas falsas para cursos de formación, y que salpicaron a varias entidades y empresarios de toda Galicia, se ha llevado por delante su primera pieza política, la de Odilo Martiñá, que hasta este jueves fue director general de Traballo e Economía Social. 

El número cuatro de la Consellería de Traballo e Benestar había presentado su dimisión este jueves alegando motivos personales. Nada más que eso. Unas horas después de aceptar su adiós y agradecerle los servicios prestados, el presidente de la Xunta se despertó con la imagen de Martiñá entrando en la comisaría coruñesa de Lonzas tras ser llamado a declarar en la trama de los cursos de formación, cuya investigación continúa, dos años y medio después de iniciarse, bajo secreto de sumario, en el juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña. Se negó a declarar.

A la policía le hubiese gustado preguntarle como uno de los máximos responsables en la concesión de subvenciones a varias entidades para que estas gestionasen cursos o talleres para parados. El problema es que nunca se celebraron. Fue la propia consellería, una vez que la Fiscalía pidió abrir diligencias, la que constató que las sospechas policiales eran ciertas.

Fue hace año y medio cuando personal de la Dirección Xeral de Empleo visitó las instalaciones de 26 entidades sin ánimo de lucro que habían sido seleccionadas para impartir estos talleres, que se incluían dentro del programa de integración y empleo de la Xunta, y que tenían dos objetivos principales: la formación de los alumnos y su inserción laboral.

 Tras la revisión de toda la documentación, se supo que ni los cursos de formación se hicieron, ni se contrató al personal para impartirlos, ni se contaba con las instalaciones prometidas. En concreto, se descubrió que dos de las firmas -Fundefo y AED, pertenecientes al empresario coruñés Gerardo Crespo- presentaban varias irregularidades graves. 

En concreto, faltaba información sobre el número de alumnos que habían asistido a las actividades, no había datos suficientes sobre el personal supuestamente cualificado que había impartido los talleres, y se detectaron varios incumplimientos en las directrices del programa.

Cuando la Consellería abrió una investigación se encontró, entre otras muchas irregularidades, que las entidades incumplían lo acordado en materia de personal, ya que Fundefo obtuvo la puntuación máxima (12 puntos) porque tenía previsto emplear a 12 personas para impartir los talleres, aunque solo hizo cuatro contratos, «e no momento da nosa visita non se atopaba ningunha das persoas contratadas, e as explicacións que nos deron ao respecto foron varias: traballa en Vigo, está de vacacións, está con Adecco, está enferma...», según desvelaron fuentes de Traballo.

No solo las compañías del empresario coruñés Gerardo Crespo están siendo investigadas. Así, aparte de Fundefo y Azetanet, también se miraron con lupa la Federación Galega de Hostelería, que preside Héctor Cañete y la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga).

Varios funcionarios fueron también llamados a declarar en calidad de testigos, y se espera que en los próximos días o semanas sean llamados a declarar responsables de otras entidades que recibieron algún tipo de subvención."              (La Voz de Galicia, 27/09/2014)