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10/12/19

Feijóo y Caballero se enzarzan en el campo de fútbol. El PP apadrina una gran operación urbanística promovida por el Celta de Vigo que el alcalde socialista considera "ilegal"

"La trinidad del fútbol, la política y el ladrillo anda en Galicia más agitada que nunca. 

Abel Caballero, el socialista que dirige los designios de Vigo con la mayoría absoluta más rotunda de España, y Alberto Núñez Feijóo, el popular que disfruta también de tan altas cotas de poder en la Xunta de Galicia, libran su última batalla sobre el terreno de juego del Celta. El Gobierno gallego se ha aliado con el club para impulsar una gran operación urbanística que incluye ciudad deportiva y centro comercial y que se desarrollará en el vecino municipio de Mos, feudo del PP. El Ayuntamiento vigués la considera "ilegal".

El enfrentamiento ha estallado después de que el Celta colocase hace unos días la primera piedra del proyecto. Lo hizo su presidente y accionista mayoritario, Carlos Mouriño, en un acto con un millar de invitados y escoltado por la plana mayor del PP gallego. A la vera del empresario vigués, que hizo fortuna en México y dirige el club desde 2006, estaban el número dos de Feijóo en la Xunta, Alfonso Rueda; el responsable de Deportes del Gobierno gallego y expresidente del Consejo Superior de Deportes en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, José Ramón Lete; y hasta la expresidenta del Congreso Ana Pastor.

 “No están [aquí] los que su palabra no tiene validez, los que mienten y se ríen de sus mentiras, los que cuando nos cruzamos con ellos, presumiéndose de poderosos, tienen que bajar su mirada porque sienten vergüenza de sí mismos”, atacó Mouriño desde la tribuna al ausente Caballero sin llegar a mentarlo. “Esos quieren a un Celta sometido a sus caprichos y veleidades”.

El proyecto cuenta con las bendiciones del actual presidente de la Federación Galega de Fútbol y todopoderoso líder del PP de Pontevedra entre 2000 y 2016, Rafael Louzán, y está envuelto en cifras faraónicas. Ocupará cerca de 900.000 metros cuadrados. La ciudad deportiva, en la que el Celta prevé invertir unos 30 millones, incluirá varios campos de fútbol y un estadio para el filial, una “universidad del deporte”, espacios para otros deportes, conciertos y festivales de música y hasta un spa. En una parcela de 150.000 metros cuadrados se levantará un centro comercial que aspira a ser el más grande de la provincia de Pontevedra. El complejo precisará 40 millones de dinero público para infraestructuras.

El Celta ya tiene los terrenos para la ciudad deportiva tras lograr un acuerdo con sus dueños y las obras están en marcha. Pero para hacer realidad el gran centro comercial que le permitirá financiarla necesita la ayuda de las Administraciones del PP. El Ayuntamiento de Mos está recalificando el suelo rústico de protección forestal para hacerlo urbanizable, un cambio pendiente del visto bueno de la Xunta, y plantea una expropiación a la que se opone la comunidad de montes de Tameiga. 

Los comuneros consideran la operación una “aberración” y un “pelotazo de libro” porque “favorece intereses particulares”, los del Celta, y perjudica las traídas de agua que surten los hogares de más de 1.000 familias. “No queremos que nos expropien las tierras en las que vivimos ni el agua que bebemos del monte que nos da la vida”, defienden los portavoces de los vecinos de Tameiga, que han denunciado el caso en la Fiscalía.

El Ayuntamiento de Vigo también pone en duda la legalidad de la actuación y ha presentado alegaciones. Sostiene que el gobierno popular de Mos no puede expropiar terrenos para luego entregárselos al Celta sin un concurso público. “Es claramente ilegal predeterminar quién es el adjudicatario”, reprocha la concejala de Urbanismo de Vigo, María José Caride, exconsejera encargada de Urbanismo en el Gobierno gallego que presidió el socialista Emilio Pérez Touriño.

Guerra también en Balaídos

El gobierno municipal de Caballero critica que se estén utilizando dos instrumentos urbanísticos que “en algunos casos son contradictorios” (una modificación puntual del plan general de Mos y un plan especial de infraestructuras y dotaciones en suelo rústico) para “colar por el camino un centro comercial”. Cuestiona que se haya celebrado un acto de primera piedra con presencia de la Xunta cuando ninguno de los dos documentos ha recibido el necesario visto bueno del Gobierno gallego. En Mos, sostiene Caride, se han realizado incluso obras “sin tener autorización”.

El Ayuntamiento de Mos opta por callar ante tales acusaciones pero el presidente del Celta no. “Nos habla de ilegalidades la misma persona a la que le tiraron el Plan General por ilegal”, ha contraatacado Mouriño. El Celta asegura que sí habrá un concurso público tras la expropiación de los terrenos asumiendo el riesgo de que el club no lo gane. "Y el Ayuntamiento de Vigo lo sabe", subraya. Todas las obras que está ejecutando, defiende, tienen licencia.

La guerra del fútbol entre Feijóo y Caballero también se libra en el estadio de Balaídos de Vigo, donde juega y seguirá jugando el primer equipo del Celta. El recinto, que Mouriño quiso comprar y no pudo por la negativa del alcalde a privatizar un edificio público, está inmerso en unas obras salpicadas de retrasos y sobrecostes. La reforma se financia con 15 millones de euros aportados por el Ayuntamiento y la Diputación de Pontevedra, dos instituciones presididas por el PSOE que exigen a la Xunta que colabore. La delegada de Feijóo en Vigo, Corina Porro, compareció el pasado verano para anunciar que el Gobierno del PP no piensa poner ni un euro porque el proyecto es una “chapuza”. Lo hizo enfundada en la camiseta del Celta."                (Sonia Vizoso, El País, 09/12/19)

29/5/17

Guerra e denuncias de malversación entre as grandes construtoras por obras en Galicia

 Trazado sur para o Porto Exterior de Ferrol | Fonte: Geotren

"Moi poucas veces se rompe a invisible “lei de cabaleiros” que existe entre as grandes construtoras do Estado, sobre todo, entre as que se reparten os principais pedazos das obras públicas en España. Pero, moi poucas veces, os formalismos déixanse a un lado e saltan os coitelos... ou as denuncias. 

E o acontecido coas obras do porto exterior de Ferrol son unha boa mostra de que a cortesía non está enfrontada co famoso refrán galego da “vaquiña polo que vale”.

A principios de marzo Acciona, unha das principais construtoras españolas, presentaba un escrito ante a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao para denunciar que o proceso no que ela participara nunha UTE con Vías y Construcciones S.A. contra outras nove grandes construtoras estaba viciado e “podía ser obxecto de delito”.

Ese concurso ao que se refería Acciona era a construción do acceso ferroviario ao porto exterior de Ferrol, cun valor estimado de contrato de case 112 millóns de euros, e adxudicado, finalmente, a unha UTE entre a construtora ourensá Copasa, Ogmios Proyecto SL e Geotunel SL, por un valor final de 72.498.200 euros. O mesmo escrito chegaba tamén á Secretaría de Estado de Fomento, aínda que neste caso de forma anónima.

A adxudicación desta actuación foi tomada polo consello de administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao nunha sesión extraordinaria celebrada o pasado 15 de febreiro, e foi ratificada por maioría, xa que todos os conselleiros votaron a favor fóra de dous, que se abstiveron, a representante do Concello de Ferrol, Beatriz Sestayo (PSOE) e a patroa maior da Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol, Isabel Maroño.

 O ente xustificou que proposta gañadora foi "a que recibiu a maior puntuación das once que se presentaron, tanto no apartado da proposta técnica como económica".

Posibles delitos de influencias e malversación

No obstante, Acciona alertou da posible comisión, por parte dos membros do consello da Autoridade Portuaria, de “posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias e malversación de caudais públicos”.

A denuncia apuntaba a “existencia de presións para conseguir saltarse o procedemento e que a adxudicación sexa para a UTE liderada por Copasa” que incorría “na maior baixa temeraria de todas as licitantes”.

 Ademais, e segundo consta nese escrito ao que tivo acceso Galicia Confidencial, se dicía que porían estes feitos en coñecemento da Fiscalía Anticorrupción para evitar que a Autoridade Portuaria de Ferrol puidera alegar “erro vencible ou invencible” na comisión dos supostos delitos.
A presentación do recurso supuxo a suspensión da tramitación do expediente de contratación da obra, que estaba prevista para abril. 

Unha suspensión que se levantou un mes despois xa que o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais desestimou a reclamación de Acciona. Este órgano está especializado na resolución de reclamacións contra os actos de adxudicación dos contratos vinculados ás administracións públicas.

Por que a denuncia?

Pero por que decidiu Acciona impugnar o acordo?. Segundo as fontes consultadas, é moi raro que entre as grandes construtoras “se poñan pedras no camiño”. “Está claro que hai moitos ciumes e mesmo inimistades, pero é raro que unha denuncie a outra por un concurso como aconteceu co de Ferrol”, sinalan. “Terían que ver algo moi raro para que se decidiran a atacar...algunha amistade, algún contacto que axudou no contrato”, indican.

De feito, na denuncia, Acciona insiste noutros procedementos similares e sacaba a relucir o caso Opera, no que se xulga ao ex presidente de Baleares, Jaume Matas por prevaricación e tráfico de influencias, e, entre outras cuestións, “reprochase a conduta prevaricadora por adxudicar a empresas con baixa temeraria”. 

Segundo a documentación do concurso público á que tivo acceso GC, só dúas UTEs terían caído en baixa temeraria, a de Copasa e a de Agroman e Construtora San José, que presentou unha oferta de 70,948 millóns. A oferta de Acciona era a cuarta máis económica, 76 millóns, por debaixo da media das propostas presentadas que foi de case 77 millóns. A baixa temeraria do concurso, foi estimada en 72.518.898,12, é dicir, un 35,21% por debaixo do prezo inicial ofertado.

Rexeitamento da denuncia

“O Tribunal analizou as diferentes alegacións xurídicas, técnicas e económicas presentadas pola ute reclamante rexeitándoas todas por entender que tanto a comisión técnica, como a mesa de contratación actuaron con criterios técnicos e obxectivos, non apreciando erros materiais ou de feito, nin arbitrariedade nas resolucións adoptadas e informes elaborados”, informaba o Porto ferrolán nun escrito para dar por pechada a denuncia de Acciona.  

Segundo a autoridade portuaria, o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais considera que ·os informes técnicos analizan, pormenorizadamente, a xustificación presentada pola adxudicataria, e motivan máis que sobradamente a aceptación da xustificación ofrecida”. Por iso, “entende o Tribunal que se seguiu o procedemento establecido para verificar a viabilidade da oferta da adxudicataria, non advertindo arbitrariedade algunha na súa adxudicación”.

O futuro tendido ferroviario discorrerá por 6,4 quilómetros entre os portos interior e exterior. A obra, que terá que realizarse en 46 meses, implicará a construción dun viaduto con catro alicerces sobre a enseada da Malata e un túnel baixo os montes de Brión, desde A Graña ata a chaira do porto exterior."              (Galicia Confidencial, 25/05/17)

30/7/15

Las ruinas gallegas de Fadesa... Miño, O Pino...

"El mayor concurso de acreedores de la historia en España, el de la constructora Martinsa-Fadesa en el verano de 2008, así como sus actuales dificultades para evitar la quiebra, pone aún más cerca del abismo y de la ruina económica a dos Ayuntamientos coruñeses, Miño y O Pino. 

Ambos, bajo el bastón de mando del PP desde hace décadas, abocaron las arcas municipales a una bancarrota por el mismo camino: encargarse, con condiciones preferentes para la entonces todopoderosa inmobiliaria fundada por el coruñés Manuel Jove pero nefastas para sus vecinos afectados, de expropiar los terrenos necesarios para albergar negocios privados a gran escala, como la descomunal pero aún inacabada urbanización Costa Miño Golf (1.217 viviendas y parcelas), o un inexistente polígono industrial de un millón de metros cuadrados en O Pino. Era el boom del ladrillo y a principios del siglo atraer macroproyectos constituía la vía preferida de los alcaldes para supuestamente llevar el progreso a sus pequeños municipios.

Unas desatinadas y rocambolescas tramitaciones de expropiaciones acabaron, tras más de una docena de años de entuertos, litigios, impagos y condenas judiciales, por ser tumbadas por los tribunales y ponen a ambos Ayuntamientos en la obligación de pagar millonarias indemnizaciones que duplican o quintuplica sus presupuestos municipales, ya de por sí mermados por la escasez y deudas importantes. 

El motivo siempre es el mismo: los gobiernos locales pagaron precios irrisorios por las parcelas destinadas a la constructora, unos seis euros el metro cuadrado que tras años de pleitos fueron revisados a alza, hasta seis veces más, por los tribunales.

Pese a todos los varapalos judiciales recibidos en 12 años y tras haber rechazado el Tribunal Supremo la pasada primavera su último intento de evitar el pago de 26 millones de euros a los propietarios expropiados en 2002 para la gigantesca urbanización de Fadesa, el alcalde de Miño, Jesús Veiga Sabín (PP), continúa su estrategia de ganar tiempo con nuevas acciones judiciales. 

Con ayuda de la Diputación coruñesa, presentó un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Constitucional, contra la sentencia en firme que condena al Ayuntamiento a pagar los 25 millones de euros (intereses de demora incluidos) por el excesivamente bajo precio de las expropiaciones realizadas en su día para Martinsa-Fadesa.

Si la corporación es responsable, sentenciaron los jueces, es entre otras razones porque ni siquiera pidió aval alguno a la constructora para hacer frente a posibles reclamaciones por el precio, anormalmente bajo, que se pagó inicialmente a los expropiados. Los afectados siguen sin ver un euro pese a haber logrado ganar en los tribunales.

 Y con la constructora en vías de liquidación si no logra renegociar el concurso de acreedores y el Ayuntamiento, por su parte en la ruina, no parece que los vecinos vayan a cobrar en breve. Los 25 millones quintuplican el presupuesto anual de Miño, una localidad costera de apenas 5.700 habitantes y sin industrias que engrosen las arcas municipales que ya arrastran una deuda importante, que ronda los cuatro millones. Damnificados son también aquellos ciudadanos que compraron vivienda en la macrourbanización inacabada, fantasmal y carente de cualquier servicio básico.

Idéntica es la situación del Ayuntamiento de O Pino, condenado también a pagar casi dos millones de euros a los vecinos a quienes expropió hace más de una década y a bajo precio parcelas para otro negocio de Fadesa Inmobiliaria, un polígono industrial de un millón de metros cuadrados que incluía un hotel pegado al aeropuerto compostelano de Lavacolla. Un proyecto que iba a traer, según su alcalde, Manuel Taboada (PP), “progreso económico y poblacional” a este pequeño municipio del rural, con apenas 4.700 habitantes.

La indemnización que Taboada tratará con nuevos recursos judiciales de evitar pagar, o cuando menos retrasar al máximo su ejecución, arruina a O Pino, cuyo presupuesto anual es tan sólo de 2,8 millones de euros. 

 El alcalde intercedió además ante los vecinos para favorecer a Fadesa y convencerles de aceptar precios tres veces por debajo de lo que al final los tribunales reconocieron a un puñado de expropiados que se embarcaron en largas reclamaciones judiciales. El parque empresarial así como el hotel no existen. Al suspender pagos la constructora, todo se fue al garete."                  (   , El País, A Coruña 24 ENE 2015)

14/7/15

La Confederación de los presidentes imputados

"Como su vida es todavía corta, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil solo ha tenido dos presidentes, y se puede decir que el 100% de sus responsables están imputados porque ambos son objeto de investigación judicial. 

El primero, que inauguró el cargo a la par que una lujosa sede, Francisco Fernández Liñares (PSOE), representa el origen y el eje del macrocaso Pokémon sobre corrupción política que instruye desde Lugo la magistrada Pilar de Lara. 

El segundo, Francisco Marín, que relevó al socialista cuando Rajoy recogió los bártulos de Zapatero, acaba de ser citado a declarar en calidad de imputado por un supuesto delito de quebrantamiento de medida cautelar por parte de la juez de Sarria Diana Vales.

Presuntamente este alto cargo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente desobedeció al juzgado, que había ordenado suspender la tala de árboles prevista por las obras de encauzamiento del río Sarria, a su paso por la población lucense a la que también da nombre. 

El descomunal proyecto de canalización con el que la Confederación pretendía evitar las crecidas afectaba a la mayor parte (178 árboles) de la vegetación de ribera, un conjunto de alisos saludables que conforman el pulmón verde de una localidad tomada por el cemento.

Además, el plan, impulsado ya por el primero de los presidentes de esta Confederación, Fernández Liñares, contemplaba obras de demolición y reforma en varios puentes, algunos de ellos históricos.

 El juzgado número 1 de Sarria ordenó la suspensión cautelar de la tala tras la denuncia de buena parte de los vecinos, movilizados desde hace año y medio contra el polémico proyecto que cambiaría por completo su paisaje urbano. Durante varias semanas los protagonistas de lo que se dio en llamar "el Gamonal de Sarria" llevaron a cabo protestas y se encadenaron, dentro de la isla fluvial de O Toleiro, a los árboles marcados con un aspa por la empresa maderera para evitar su tala. 

Luego fueron desalojados bruscamente por las fuerzas del orden y algunos de ellos empezaron a recibir multas de la Subdelegación del Gobierno que en total sumaban más de 20.000 euros y que interpretaron como "medida represora".

El juzgado abrió un proceso penal para investigar la legalidad de unas obras denunciadas por los vecinos —aunados por la Plataforma Sarria polo Río— y bendecidas en principio tanto por el anterior gobierno local del PP como por la Xunta de Galicia. 

En una nueva fase, la juez quiere saber por qué se taló un árbol en la isla tras el veto que impuso. Francisco Marín ha sido citado después de haber declarado ya como imputados, tal y como informa la plataforma vecinal, la directora de la obra, un jefe anterior, un encargado y el representante legal de la empresa adjudicataria.

Numerosos colectivos ecologistas, culturales y sociales de toda España han dado su respaldo a los vecinos desde que se rebelaron ante estas obras impuestas por la Confederación. En Galicia, desde la Escola Galega da Paisaxe hasta el Consello da Cultura Galega, pasando por varios de los más destacados catedráticos de Botánica e Ingeniería Agroforestal tomaron partido en contra el proyecto. Todos advirtieron de la necesidad de conservar unos árboles "indiscutibles", "prioritarios", "insustituíbles", además de raramente sanos en una comunidad autónoma donde buena parte de los alisos están enfermos.

La obra proyectaba la eliminación de presas históricas y de parte de la isla fluvial, y la transformación radical de cuatro puentes. Uno, Ponte Ribeira, con base medieval y en pleno Camino Francés a Santiago, una ruta que en su conjunto ha sido declarada patrimonio de la Unesco; y otro, el de la rúa Calvo-Sotelo, construido en el XIX.

Hoy, la Plataforma Sarriana polo Río, que continúa su lucha, ha hecho público un comunicado en el que felicita a los sarrianos porque de momento el "esfuerzo" del pueblo mantiene en pie buena parte del patrimonio local amenazado por la piqueta. "Fuimos capaces de hacerlo en contra del deseo de la mayoría de los políticos, que solo veían en la demolición una obra que les podía dar réditos electorales", afirman.

Mientras tanto, el presidente anterior de la Confederación Hidrográfica, el jefe cuando el proyecto de encauzamiento del Sarria (previo a la era de los recortes) se calculaba aún más ambicioso, sigue siendo investigado por la juez De Lara, titular del 1 de Instrucción de Lugo. La magistrada sigue su pista desde que estalló la Operación Carioca sobre prostitución y trata de mujeres. Liñares aparecía entonces estrechamente ligado al propietario del solar en el que se levantaba el prostíbulo epicentro de la trama.

 Durante años, la juez tiró del hilo y terminó cercando al político socialista que había sido la mano izquierda del alcalde Orozco en Lugo y fue premiado por el Gobierno con una Confederación recién nacida y con infinidad de concursos y contratos por cerrar.

El sumario de la Pokémon nace con capítulos que describen el supuesto cobro de sobresueldos y mordidas por parte de Liñares, apodado Garbancito en las escuchas telefónicas a empresarios supuestamente beneficiados por él. En los registros domiciliarios apareció todo un arsenal de lujosos regalos que recibía a cambio de los favores. También anotaciones contables que lo delataron.

 Es uno de los pocos imputados de la Pokémon que reconoció los hechos nada más entrar a declarar después de ser detenido. Según los investigadores de Aduanas, tampoco le hacía ascos a los presentes en especie, y presuntamente aceptaba tanto perdices como costosos trabajos forestales gratuitos en sus fincas plantadas de eucaliptos. 

Además, en una pieza separada, la juez De Lara rastrea ahora si Fernández Liñares acosó y abusó sexualmente de varias mujeres que declararon que lograron puestos de trabajo a cambio de presuntas relaciones."                (   , El País, Santiago 2 JUL 2015)

22/10/14

La Xunta perdona a la constructora media Autovía da Costa da Morte

"La adjudicataria de la Autovía da Costa da Morte ya no tendrá que construir todo el vial para comenzar a cobrar de la Xunta su canon anual por cada vehículo que circule, como se había comprometido la concesionaria en 2011 cuando ganó el concurso de la obra. 

Tres años después, la unión de empresas encabezada por Copasa aún no había logrado la financiación privada necesaria para acometer toda la vía, pero ahora el Gobierno gallego, en vez de rescindirle el contrato por completo, lo adaptará a la medida de sus posibilidades. La constructora hará solo 25 de los 42 kilómetros totales, según se recoge en la última disposición adicional de la ley de acompañamiento de los Presupuestos autonómicos que ayer entró en el Parlamento.

La Autovía da Costa da Morte, entre Carballo y Berdoias (Vimianzo), obra valorada en 200 millones de euros, fue planificada como una infraestructura de peaje en la sombra, sistema por el que una empresa asume su construcción con fondos propios y, una vez terminada, la Administración le paga por cada vehículo que la emplee.

 La vía la licitó por primera vez el bipartito de PSdeG y BNG en 2008, pero al poco de colocar el entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, la primera piedra, su adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial y Taboada y Ramos, paró los trabajos por su incapacidad para lograr la financiación necesaria. Nada más recuperar la Xunta en 2009, y en una decisión que contrasta con la actual, el PP rescindió aquel contrato por completo.

 En vez de negociar al igual que ahora con la concesionaria, como venía haciendo el bipartito, criticó ese proceder y convocó un segundo concurso. El PSdeG denunció entonces sobrecoste en ese procedimiento, y la polémica llevó a la Xunta a anularlo, destituir a la entonces directora de Infraestructuras y convocar un tercer concurso.

 En ese último proceso, resuelto en 2011 y al que solo se presentó otra oferta, de ACS, ganó la UTE formada por Copasa, Taboada y Ramos (presente ya en la primera adjudicación), Covsa y CRC Obras y Servicios, a la que se le fijó la condición de que “solo se tendrá derecho a recibir ingresos por parte de la Administración tras la entrada en servicio de la totalidad de la autovía”.

Tres años después, la adjudicataria apenas ha ejecutado una quinta parte del total de la obra porque tampoco ha logrado la financiación a la que se había comprometido. Ahora, la Xunta, y con rango de ley, ha acordado “la resolución parcial del contrato” para que la empresa solo tenga que ejecutar los primeros 25 kilómetros de la vía, entre Carballo y Baio (Zas) y así “reducir el volumen de compromisos de gasto que se derivan”. 

Aparcados sin fecha quedan los 17 kilómetros restantes entre Baio y Berdoias (Vimianzo), por cuyos trabajos ya iniciados y al 19% de ejecución la empresa será compensada. Esa cantidad por lo ya trabajado pero no terminado y el nuevo canon anual que recibirá la concesionaria por los 25 kilómetros que sí acabará aún deberán ser definidos.

 Los Presupuestos autonómicos en los que se incluye esta rescisión parcial del contrato siguen contemplando entre las obligaciones plurianuales el total de 745 millones que la Xunta se había comprometido a pagar hasta 2036 a cambio de los 42 kilómetros cuyo coste real no supera los 200 millones.

La norma que impulsa el Gobierno gallego nada dice de posibles impugnaciones por parte de la otra oferta que se presentó al concurso de 2011, de Iridium, filial para concesiones del grupo ACS, a la que la candidatura encabezada por Copasa ganó fundamentalmente por su mejor oferta económica, esa que luego ha sido incapaz de cumplir. (...)"        (   El País, Santiago,   20 OCT 2014)

23/4/14

Y el pueblo salvó el río Sarria, desde un bar

Vecinos de Sarria concentrados en el malecón en febrero pasado. / XOSÉ MARRA

"Un día de diciembre, los alisos del Malecón aparecieron tatuados con espray naranja. Aspas, o cruces de San Andrés, que indicaban su inminente ejecución. José María Díaz sumó uno por uno los viejos árboles de ribera señalados y la cuenta le dio 178. 

Esa misma tarde, él, Roberto Irimia y otros sarrianos inquietos, reunidos en una taberna, garabatearon en una servilleta de papel las razones de un vecindario decidido a salvar el paisaje de su vida. 

Acordaron no aceptar vinculación política alguna, y repartir el trabajo para estudiar a fondo las leyes ambientales y el que consideraban “absurdo, horroroso e inútil” proyecto de encauzamiento preparado por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para el río Sarria.

Cuentan que la localidad entró en un mapa de zonas de riesgo de crecidas por causa de una “extraña jugada administrativa” a principios de la década pasada. Los vecinos afirman que el río que da nombre al pueblo puede desbordarse en otros tramos, pero no en el Malecón, y sin embargo el Gobierno central va a actuar únicamente allí.

 El plan para abrir paso a la corriente de agua, aunque reducido solo a su primera fase, 300 metros y unos cinco millones de euros, había sido heredado del tiempo en que el socialista Francisco Fernández Liñares, principal imputado de la Operación Pokémon, presidía el organismo de cuenca.

Preveía no solo la tala masiva del único pulmón verde de la localidad, sino la eliminación de presas históricas, la amputación de buena parte de una isla fluvial y una metamorfosis total de la zona más popular de Sarria al alterar por completo cuatro puentes. Uno de estos (Ponte Ribeira) tiene base medieval y está en pleno Camino Francés, un itinerario declarado BIC y patrimonio de la Unesco.

 Otro de ellos (el de la rúa Calvo Sotelo) fue proyectado y construido en el siglo XIX, en concreto por un bisabuelo ingeniero que tenía Álvarez Cascos. La Escola Galega da Paisaxe ha criticado duramente estas reformas.

Desde aquella primera reunión en el bar, los vecinos han pasado de recoger firmas y organizarse a través de una web (www.plataformariosarria.org) y una página de Facebook, a manifestarse por las calles, convocar caceroladas, montar un campamento base en la isla del río, cosechar miles de apoyos y encadenarse durante un mes entero a los árboles para defenderlos de una tala que ya había comenzado. Al final, la mañana del pasado día 25, un número desproporcionado de guardias civiles se presentó en el Malecón y los desalojó.

Para los miembros de la Plataforma Sarriana polo Río no fue ninguna sorpresa. Aseguran que un representante del PP, el partido que gobierna este municipio lucense, había pasado varias veces por su acampada “jactándose” de que pronto llegaría de arriba la orden de la evacuación forzosa. 

Tras el desalojo, los indignados vecinos se concentraron inmediatamente en el Ayuntamiento, y el alcalde, José Antonio García, terminó logrando marchar de allí, pero escoltado, y con la misma acusó a sus vecinos de actuar “de forma radical y violenta”.

 Entonces, la plataforma se fue al juzgado de Sarria y puso una denuncia. El efecto fue fulminante, porque la titular mandó parar las motosierras. La empresa maderera había retomado la tala, suspendida hacía un mes, nada más desalojar a los vecinos. Y eso que un grupo formado por cuatro de los profesores de Botánica e Ingeniería Agroforestal más influyentes de Galicia acababan de advertir que aquel bosque de ribera, uno de los pocos conjuntos de alisos sanos de la comunidad, debía ser “especialmente protegido”.

Sin embargo, un día antes de que los guardias civiles se llevasen a los últimos de la isla de O Toleiro, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil había sorprendido a todos con un anuncio que hoy se puede tomar, si no como una rendición —porque la polémica transformación de los puentes sigue adelante—, sí como una claudicación.

 El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente aceptó varias de las reclamaciones de la plataforma cívica y redujo el número de árboles talados en un 95%; amnistió la barandilla del paseo, que para los sarrianos y los peregrinos es un símbolo; y suspendió el brutal rebaje previsto para la isla de O Toleiro, que iba a perder perímetro y 70 centímetros de capa vegetal, incluidos todos sus árboles, y la rica fauna que en ella se refugia.

“Ahora que hay un procedimiento penal, accedimos a informes que habíamos solicitado y nunca nos entregaron”, echaba en cara el colectivo al conselleiro Hernández en una carta esta semana. Mientras, en sus notas de prensa la Confederación que preside Francisco Marín insiste en su “total transparencia”.

El colectivo vecinal cree que detrás de las obras, respaldadas por Xunta y consistorio, se acumulan “un delito contra el medio ambiente, uno contra el patrimonio, y posiblemente otro de prevaricación”. “Estos días supimos que algunos informes de la Xunta fueron contradictorios, llegaron un año tarde y obviaron incluso el número de árboles que iban a caer”, asegura Díaz. “Además, la juez ha reclamado el permiso de obra municipal y nadie se lo entrega”.

Por ahora, desde que se cortaron los primeros en diciembre, en el Malecón no han caído ni una veintena de árboles, con tan buena suerte que los pocos que según las nuevas cuentas de la Confederación quedan por caer nadie podrá cortarlos hasta octubre. 

La guerra vecinal agotó el plazo del permiso dado por Conservación da Natureza: por razones “fitosanitarias”, para que no se transmitan enfermedades entre árboles, la tala solo está permitida del 1 de octubre al 1 de abril. Una vez que se supo que el ministerio renunciaba a talar la mayoría de los ameneiros, el alcalde se apresuró a darse la enhorabuena: “Es una mejora medioambiental tremenda”.              (El País, 07/04/2014)

8/4/14

A Santiago le crece un Gamonal... en Galeras

Cruce de la calle Galeras en la que el Ayuntamiento de Santiago pretende ejecutar la rotonda. / OSCAR CORRAL

"Ocupado como está en defenderse de múltiples imputaciones, al gobierno local de Santiago le crecen los enanos en la gestión diaria. La última polémica urbanística de la ciudad no se debe a una gran obra o recalificación sino a la decisión del ejecutivo municipal de ceder un pequeño espacio público a un aparcamiento privado. 

La operación ha puesto en pie de guerra a los vecinos de la calle Galeras, que ya hacen bromas con la similitud del nombre con el del barrio burgalés de Gamonal, en el que la protesta ciudadana logró paralizar la construcción de un aparcamiento subterráneo.

El malestar vecinal en Galeras lo desencadenó la autorización otorgada por el Ayuntamiento a un aparcamiento privado para construirse una nueva entrada ocupando parte del principal parque del barrio.

 No será más que un carril de acceso con su correspondiente rampa, de unos 30 metros de longitud. Ocupará menos del 1% de un parque de unos 40.000 metros cuadrados, pero es un espacio público que los vecinos no están dispuestos a entregar a manos privadas. (...)

La discrepancia será ahora resuelta por la Justicia, después de que la Fiscalía de Medio Ambiente admitiese a trámite una denuncia de los vecinos contrarios a la obra.  (...)

La argumentación de fondo que lleva al Ayuntamiento a apoyar la operación se basa en que, a cambio de la cesión de ese espacio público, la empresa del aparcamiento acometerá gratis una nueva rotonda necesaria, a su juicio para reordenar el tráfico y peatonalizar otros viales del barrio.

 Pero construir la rotonda obligará a trasladar los contenedores soterrados y la parada del autobús allí instalados hace apenas cuatro años, cuando se reurbanizó la calle por última vez. La operación, publicita el Ayuntamiento, supondrá una inversión a cargo de la empresa privada de 766.000 euros.

Pero los vecinos niegan la mayor y creen que la rotonda y el caro traslado de servicios solo son necesarios para facilitar el nuevo acceso al aparcamiento, ya que el tráfico se podría cambiar simplemente modificando los semáforos que ya existen en la zona. Cada sábado, encabezados por las asociaciones Río Sarela y Aqualume, los contrarios a la obra se concentran junto al parque que quieren salvar, ya vallado y deteriorándose pero de momento con las obras paralizadas a la espera de un permiso.

Las protestas se producen a pocos metros de la conocida como Finca do Espiño, cuya turbia recalificacíón está ahora aflorando en las escuchas de la Operación Pokémon que tanto preocupan al gobierno local. Aquella actuación, ahora judicializada y que pretendía levantar viviendas de lujo donde se preveía un geriátrico, se paró también tras protestas de los vecinos. Y eso es lo que intentan repetir ahora con la rotonda de Galeras. Como en Gamonal."                   (El País, 04/04/2014)

4/4/14

A Xunta prevé gastar nestes 2 anos en cemento 460 millóns de euros

"Existe unha prioridade nos despachos da Xunta -e das construtoras- que non semella coincidir coas demandas que se escoitan a pé de rúa. 

Segundo anunciou Núñez Feijóo, o Plan de Xestión para o período 2014-2015 da Axencia Galega de Infraestruturas estará dotado de 460 millóns de euros, que nestes ámbitos sempre é susceptíbel de medrar. O Gaiás, xa paralizado, custou pouco máis de 400, segundo a maioría dos cálculos.

O destino desa inmensa cantidade de diñeiro público para estradas será para “avanzar ou finalizar algunhas obras”, moitas delas máis ben esquecidas na actualidade. Estradas e autovías que valen coma unha nova Cidade da Cultura e que favorecen ás empresas da construción."             (Sermos Galiza, 20/03/2014)

2/4/14

La resaca del ladrillo arruina Miño con deudas urbanísticas por 30 millones

 Urbanizaciones del municipio de Miño / GABRIEL TIZÓN

"El bum del ladrillo y las descomunales macrourbanizaciones arruinan la pequeña localidad costera de Miño, a 20 minutos en coche de A Coruña.

 Este ayuntamiento gobernado por el PP desde hace décadas debe 30,5 millones de euros por condenas judiciales a consecuencia de una mala tramitación de expropiaciones de terrenos para albergar promociones inmobiliarias a gran escala, como la descomunal e inacabada Costa Miño Golf (1.217 viviendas y parcelas) de Martinsa-Fadesa, o el proyecto de 750 viviendas que pretendían erigir en el monte Piñeiro cinco promotoras.

 Una factura millonaria que representa seis veces el presupuesto anual de este municipio de apenas 5.700 habitantes. Y puede dispararse en otros 75 millones de euros por reclamaciones de daños y perjuicios de las empresas afectadas.

 La estrategia del alcalde, Jesús Veiga Sabín, intenta ganar tiempo recurriendo invariablemente las sentencias contra el ayuntamiento que sucesivamente emitió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pero ya van más de 11 años de entuertos, litigios, impagos y condenas judiciales que abocan a un callejón sin salida y la ruina económica de esta localidad. Su deuda municipal, unos cuatro millones de euros, va camino de ser tan grande como su presupuesto anual (4,9 millones en 2013, prorrogado este año).

El último varapalo llegó la semana pasada, cuando el Ayuntamiento confirmó que decayó, por incumplirse los plazos, el convenio urbanístico para construir 750 viviendas en el monte Piñeiro, un enclave privilegiado con vistas al mar y gran valor ecológico al incluir una marisma y humedales.

 El proyecto fue ideado y pactado antes de la crisis, en 2006, cuando Miño ya llevaba cuatro años enfrascado en una de las promociones más grandes de Galicia, la de Costa Miño Golf de Martinsa-Fadesa.

Pero en el monte Piñeiro, las cinco promotoras (una UTE compuesta por Constantino Núñez, Odegal y Lucus Urban así como las empresas Promociones Areal y Vallehermoso) recurrieron en los tribunales el sistema de expropiación y ganaron el litigio frente al Ayuntamiento, que fue condenado a devolver los tres millones de euros que cobró en 2006 como canon por ese aprovechamiento urbanístico que nunca se llegó a realizar y a pagar 1,5 millones en intereses. 

Hace un año, en un intento de resucitar el proyecto y pagar a plazos esa deuda que ponía en quiebra las maltrechas arcas municipales, el Ayuntamiento renegoció y firmó con las constructoras un nuevo convenio por el que se comprometía a tramitar en un año la aprobación definitiva de esta macrourbanización y su proyecto de parcelación.

Debiera estar todo listo antes de la entrada en vigor, el próximo 24 de febrero, del Plan de Ordenación del Litoral que acota, y bastante, la edificación en el monte Piñeiro al calificarlo de área de mejora ambiental.

 Pero transcurrió el año sin que ese convenio fuese al pleno y ahora la nueva norma obligaría a redimensionar el proyecto, dado que ya no se podrá construir cerca de la marisma. Además, alerta el PSOE local, único partido en la oposición (seis ediles frente a siete del PP), la resolución del convenio da la posibilidad a las promotores de reclamar perjuicios al Ayuntamiento, unos 20,8 millones de euros según cálculos de las empresas.

“Se está repitiendo el caso de Fadesa”, acusa el portavoz socialista, Manuel Vázquez Faraldo: “el gobierno local expropia terrenos para un negocio privado, con una tramitación turbia y problemas judiciales, hasta la entrada en concurso de empresas implicadas”, como ocurrió con una filial de la UTE promotora de la urbanización del monte Piñeiro.

 En 55 millones de euros cifró Martinsa-Fadesa la indemnización que podría reclamar a Miño, después de la sentencia del Tribunal Superior, en noviembre pasado, que anula el proceso de adjudicación de la urbanización Costa Miño Golf. Una condena que ha sido recurrida ante el Supremo, pero que también amenaza con llevar a la ruina total al Ayuntamiento. Y sigue sin pagar los 26 millones por las expropiaciones de esa promoción."           (El País, 28/01/2014)

16/12/13

A Coruña deja sin fecha la gran urbanización en los muelles del centro que pagaría una parte del Puerto Exterior


"Queda aplazada sin fecha la operación inmobiliaria en A Coruña con la que el Ministerio Fomento contaba inicialmente recuperar hasta un tercio de la abultada factura de la construcción del puerto exterior en Punta Langosteira, que se disparó hasta 789 millones de euros. 

Esta costosa infraestructura, decidida en 2004 en compensación por la catástrofe del Prestige, no solo pretendía retirar de los viejos muelles situados en el corazón de la ciudad los tráficos marítimos de mercancías peligrosas y molestas, como los hidrocarburos de uno de los principales clientes del puerto, Repsol, sino a la vez, con la liberación y venta de los terrenos que ahora ocupa la petrolera, reconvertir para su uso residencial y de disfrute ciudadano una zona a pie del mar y con vistas privilegiadas de la ría. Y de paso obtener parte de la financiación que requiere la nueva dársena, la obra pública más cara de Galicia.

 Pero el reciente acuerdo que establece la mudanza parcial, dentro de cinco años, del 60% de las actividades de Repsol a la nueva dársena deja en suspenso ese desarrollo urbanístico que tanto anhela el Ayuntamiento coruñés. 

Tardará décadas en ser algún día una realidad aquel ambicioso plan diseñado por el urbanista Joan Busquets que prevía la reconversión del viejo puerto en áreas de esparcimiento, edificios públicos y de viviendas en el corazón de A Coruña.

Es más, en el convenio hecho público ayer, 15 días después de su firma, la Autoridad Portuaria y Repsol acuerdan que hasta que no se libere la totalidad de los 98.323 metros cuadrados que ocupa ahora la petrolera en los muelles del centro no se procederá a “remediar” ese suelo. Esto es, a descontaminarlo —lleva dedicado medio siglo a almacenar productos petrolíferos— y tratarlo para que pueda ser reconvertido en urbanizable. 

De momento, sólo está acordado, con el traslado parcial a Langosteira dentro de cinco años, que la compañía libere y desmantele antes de 2020 instalaciones, básicamente enormes tanques de crudo, en 26.397 metros cuadrados, es decir un 27% de la superficie que ahora ocupa en el viejo puerto interior.

 “Dada la ubicación” de esos terrenos que quedarán libres pero encajonados entre otras actividades portuarias de mercancías peligrosas, “y con ese entorno” —Repsol seguirá utilizando el puerto del centro para exportar la producción de su refinería coruñesa—, “no tiene sentido hacer un desarrollo urbanístico por partes”, confirmó Enrique Losada, presidente de la Autoridad Portuaria.

Explicó que “tampoco se sabe la afección, ni el estado del subsuelo” en esos terrenos. Habrá que realizar una prospección para determinar qué debe hacer la concesionaria a fin de devolver los terrenos “al nivel que tenían” antes. Dado el coste que todo eso puede suponer, es mejor, insistió Losada, esperar a que Repsol se vaya totalmente del centro, lo que aún no tiene fecha, para recuperar la totalidad del suelo.

 No obstante, el acuerdo establece una excepción: en caso de que la Autoridad Portuaria permita “a un tercero y para cualquier actividad o por cualquier titulo” ocupar esos 26.000 metros cuadrados que liberará Repsol en 2018, esta última se compromete a “remediar” en un año ese suelo pero “exclusivamente a condiciones de uso industrial”.

Reconvertirlo luego en apto para usos urbanos y residenciales, como establecía el convenio de 2004 de Fomento y el Ayuntamiento de A Coruña para construir en los muelles y lograr “un tercio de los costes globales del nuevo puerto exterior”, obligará a un nuevo desembolso de dinero público y años de demora.

 La crisis ya había puesto en tela de juicio la operación urbanística, y este nuevo aplazamiento refuerza su inviabilidad, al menos en un futuro próximo. Cuando el Puerto obtuvo un crédito de 250 millones para garantizar la viabilidad, incluía en sus cuentas recaudar 200 millones por la venta de los viejos muelles del centro.

“El objetivo de la Autoridad Portuaria es ahora que se ejecute en su totalidad el traslado de Repsol a Langosteira”, comentó Losada, insistente en reseñar su convencimiento de que la petrolera acabará por mudar “lo antes posible” la totalidad de sus instalaciones. “No puedo aventurar fechas”, admitió. Pero se mostró convencido que la dificultad que entrañará operar desde dos terminales acabará por llevar a Repsol a acelerar su mudanza total."                (El País, 29/10/2013)

3/12/13

El juez investiga si un promotor urdió una estafa con un crédito de Fontenla

Parcela en la que están los terrenos que eran de los vecinos de Culleredo / gabriel tizón

"El constructor coruñés Antonio Gómez Landeira pasaba apuros económicos en enero de 2009 cuando el expresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia Antonio Fontenla acudió en su ayuda. Landeira necesitaba dinero y tenía a una veintena de familias del municipio limítrofe de Culleredo pisándole los talones para reclamarle unas fincas que le habían permutado por unos pisos que nunca recibieron. 

Fontenla le concedió entonces al promotor un controvertido crédito: le prestó un millón de euros con la condición de que se lo devolviera en solo seis meses, pero no le reclamó documentación que acreditase su solvencia y solo confió en la palabra de un colaborador que le dijo que Landeira era “una persona próspera”. Como transcurrido ese tiempo ni el millón ni el 1% de intereses volvieron a su bolsillo, se efectuó un embargo y Fontenla pasó a ser el propietario del terreno cuyo pago reclamaban los vecinos a Landeira y que había sido utilizado como garantía. 

Ahora ambos constructores se han asociado para urbanizar la parcela —han presentado juntos un estudio de detalle en el Ayuntamiento de Culleredo— y los afectados se han quedado sin sus propiedades y sin indemnización.


 El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña investiga si, como sostienen varios vecinos que perdieron sus terrenos, el crédito de Fontenla fue parte de una maniobra de Gómez Landeira, que declaró el pasado 11 de octubre como imputado por estafa. (...)

Los querellantes sostienen que la empresa a través de la cual Fontenla prestó los fondos a Landeira (Aparcamientos Monelos, SL) también estaba entonces “en quiebra técnica”.

Landeira se hizo en 1999 con las fincas de Culleredo, una de las localidades del área de A Coruña en la que más caja hicieron los empresarios del ladrillo, gracias a una permuta bendecida por el Ayuntamiento. El acuerdo con las familias propietarias consistía en que estas entregaban el suelo a Landeira a cambio de recibir algunos de los pisos que allí se levantarían.

 El pacto privado se firmó en una notaría en presencia del alcalde de Culleredo, el socialista Julio Sacristán, quien, según los vecinos que han acudido a los tribunales, le dio “fiabilidad” a la operación. Sin embargo, ese día los residentes en Culleredo suscribieron sin ser advertidos un contrato carente de garantías, en el que no se incluía ninguna compensación por las tierras en caso de que las viviendas no se ejecutasen, como finalmente ocurrió.

Landeira nunca construyó en el solar permutado con los vecinos, según explicó al juez, porque el Ayuntamiento había pactado darle más edificabilidad a la parcela en un nuevo plan urbanístico que casi 15 años después aún no ha sido aprobado. Una sentencia civil de 2011 reconoció el derecho de los vecinos que demandaron a ser indemnizados por Landeira con un total de 445.000 euros, una cantidad equivalente al precio de los pisos prometidos, pero que, según alegó el propio constructor en el juzgado, “no ha podido pagar”.

 Landeira actuó en este caso a través de la empresa Promociones Naiguata, aunque está vinculado a otras diez sociedades, entre ellas una sicav (Moriche Inversiones) que, según datos del Registro Mercantil, declaró en 2011 un patrimonio de 2,3 millones de euros.

Fue al preparar la demanda civil cuando los vecinos que han presentado ahora la querella por estafa descubrieron que las fincas que permutaron a cambio de unos pisos nunca recibidos ya no eran de Landeira y que Fontenla se había quedado con ellas gracias al controvertido préstamo.

 Según los querellantes, la maniobra fue un “engaño” orquestado por el administrador de Promociones Naiguata “para adueñarse sin prestación legítima alguna de sus propiedades”, ya que, según explica su abogado, aunque ahora se urbanice el solar sus clientes no recibirán los pisos porque la sentencia civil ya fijó una indemnización, esa que el acusado dice no poder pagar.

 Este periódico no ha logrado contactar con Landeira porque el único número de teléfono que consta de Promociones Naiguata es el de una asesoría. (...)

A finales de la década de los noventa, la burbuja inmobiliaria empezaba a ganar aire en la comarca de A Coruña. 

Mientras en la capital provincial se asfaltaban nuevos barrios como el de Los Rosales, en el municipio limítrofe de Culleredo el Ayuntamiento y los constructores buscaban rincones donde floreciera el negocio. Corría el año 1998 y, frente a la iglesia de Vilaboa, los propietarios de un conjunto de antiguas viviendas de dos plantas que ocupaban una parcela de más de 8.000 metros cuadrados decidieron firmar un convenio con el gobierno local del socialista Julio Sacristán para aumentar su edificabilidad en el próximo plan urbanístico. 

Solo un año después, la empresa Promociones Naiguata suscribía otro acuerdo con ellos para permutarles el solar a cambio de algunos de los pisos que allí levantaría.

Las viejas casas de Vilaboa fueron derruidas y los residentes que vivían en ellas se mudaron a un piso de alquiler en espera de sus nuevas viviendas. Sin embargo, Naiguata, administrada por el constructor Gómez Landeira, nunca urbanizó, entre otras cosas porque el plan urbanístico no llegó y porque la Lei do Solo de 2002 prohibió la edificabilidad pactada con el Ayuntamiento. 

Fuentes oficiales del gobierno local restan importancia al conflicto judicial con los vecinos que se han querellado contra Landeira por estafa —aseguran que varios de ellos se han descolgado de la denuncia— y afirman que están en contacto permanente con el promotor, al que no cuestionan.

 Sobre la presencia del alcalde en la firma de los contratos de permuta entre el constructor y las familias que no recogían garantías para estas últimas, el portavoz del Ayuntamiento de Culleredo explica que transcurrido tanto tiempo el regidor no recuerda aquel día y sugieren que si estuvo allí pudo ser porque tenía que resolver otros asuntos en la misma notaría."       (El País, 27/10/2013)

29/11/13

Nadie compra un piso en Barreiros... sin abastecimiento, saneamiento o accesos

Promoción de pisos sin terminar en Barreiros, Lugo. / XOSÉ MARRA

  "También con vistas al Cantábrico hay esqueletos a medio construir de viviendas que ya no lo serán y segundas residencias terminadas hace años por cuya puerta aún no ha entrado el primer propietario. 

En el litoral de Lugo, a 900 kilómetros de la playa mediterránea más cercana o a 200 de las turísticas Rías Baixas, está el municipio de Barreiros, dedicado tradicionalmente a la agricultura. Su costa virgen desató a principios de la pasada década una euforia constructora que la Xunta cortó en seco en 2006 interviniendo su urbanismo.

 Pese a ese temprano parón, hoy, varios años de crisis después, son cientos las viviendas a medio construir o terminadas que no encuentran comprador.

Los 3.200 habitantes de Barreiros ocupan 1.200 viviendas con carácter de residencia principal. Pero hasta que en 2006 el Gobierno autónomo del PSOE y BNG mandó parar, el alcalde del PP, Alfonso Fuente, había otorgado licencias para construir 5.800 nuevas viviendas.

 No todas llegaron a iniciarse, y otras están sin terminar desde entonces, pero según las estadísticas oficiales en Barreiros hay en la actualidad 3.500 segundas residencias, tres por cada ciudadano empadronado. Buena parte de ellas están vacías, sin vender pese a que inmobiliarias y bancos ofrecen gangas como un piso de dos habitaciones por 36.000 euros.

 El mismo apartamento que hace cinco años aún se intentaba colocar por 100.000 euros. Son varias las urbanizaciones con ofertas idénticas.

“Y ni así se vende”, explicaba hace unas semanas Francisco Campos, cuyo abuelo, emigrante retornado de Cuba, levantó hace un siglo su casa indiana junto a la iglesia del pueblo. Hoy su nieto ve cómo frente a ella, junto al cementerio, se alza una mole que apenas tiene vida en julio y agosto. 

Francisco se hace preguntas: “¿De dónde salió el dinero para financiar estas urbanizaciones que ahora se regalan?”. Y se contesta: “De lo que las cajas de ahorros no dedicaron a obra social”.

 La urbanización frente a la que habla Francisco Campos se llama Costa Reinante, pero está a dos kilómetros del mar. Aquí no hay grandes moles que tapen el litoral, como en otras zonas. Lo que hubo en Barreiros fue vía libre para construir en cualquier terreno, incluso en suelo rústico, sin servicios básicos como abastecimiento, saneamiento o accesos viarios. 

Así que lo que se ve, si se sigue el camino mal asfaltado y sin señalizar que lleva a la contaminada playa más cercana, son prados con vacas que se alternan con bloques a medio construir invadidos por la maleza, urbanizaciones con carteles de se vende o viviendas unifamiliares, ocupadas o no, de diversa tipología. (...)"        ( Lugo , El País, 26 NOV 2013 )

20/11/13

La otra marea negra del Prestige: compra de votos y voluntades


"(...)  Tras el hundimiento del barco, la prioridad del Partido Popular fue que el Prestige no lo arrastrara al fondo con él. La maquinaria de propaganda de la Xunta y todas las fuerzas vivas del partido se pusieron a trabajar para minimizar el posible coste electoral de una tragedia de estas dimensiones.

La compra de votos y voluntades

El hundimiento del Prestige llevó al gobierno a publicar una serie de decretos urgentes con las indemnizaciones que se darían a cofradías, armadores y mariscadores. Según un estudio de la universidad de Santiago, las ayudas otorgadas a las marineros llegaban a duplicar el salario ganado en sus labores. Extremo reconocido por Antonio Blanco, alcalde popular de Muxía.

En cuanto a las indemnizaciones dadas a las armadores, éstas hacían que les resultara mucho más rentable tener las embarcaciones paradas que trabajando. El Partido Popular utilizó las indemnizaciones como arma electoral para conseguir mantener el apoyo en las zonas afectadas por la tragedia y así exhibirlas ante el resto de la sociedad gallega como ejemplo de que la catástrofe del Prestige no les había pasado factura.

Así ocurrió en la zona cero de la tragedia, la ciudad de Muxía, un pequeño pueblo pesquero que se adentra en el mar cantábrico flanqueado por el Cabo Vilano y Cabo Touriñán. El Partido Popular consiguió mantener la mayoría absoluta en esa pequeña población en las elecciones municipales de mayo de 2003, efectuadas tan solo 6 meses después de la tragedia. El partido de Fraga consiguió 2.200 votos, solo 25 menos de los que consiguiera en las elecciones de 1999.

La estrategia del PP de usar las indemnizaciones a los afectados en las poblaciones más dañadas por el vertido se dio en Cambados, Boiro, Noia, Carballo, Rianxo, Muros, Porto do Son, Laracha, Vimianzo, Cee, Malpica, Muxía, Fisterra, Ponteceso, Camariñas, Carnota, Corcubión, Dumbría y Laxe aumentando además la partida de las indemnizaciones en las fechas previas a las elecciones generales de 2004, para llegar incluso a entregar las indemnizaciones durante la campaña electoral.

Tal y como ocurrió en Malpica de Bergantiños, en la que incluso hubo pescadores que cobrarían a la vez las indemnizaciones del Prestige junto a las del Mar Egeo, petrolero hundido frente a la torre de Hércules en el año 1992. 

En esas elecciones generales el Partido Popular en Malpica consiguió el 48% de los votos siendo el más votado con 2.318 votos, en las elecciones generales del año 2000 había conseguido 2.454 votos con un porcentaje del 53% de los votos.

La premura con la que el Partido Popular actuó en el caso de las indemnizaciones, que llegó a exigir a las cofradías más rapidez en la entrega de la documentación, se debía a la intención de entregar todas las ayudas e indemnizaciones antes de la fecha de las elecciones generales de 2004

Esa tendencia electoral se mantuvo en casi todas las poblaciones que sufrieron la marea negra. Muxía, Junto Fisterra y Cee, en las que el PP consiguió mayoría absoluta tras el desastre, fueron la bandera que enarboló Mariano Rajoy para minimizar el impacto político del desastre.

Hubo que esperar al año 2005 para que la factura del Prestige le fuera cobrada al Partido Popular. Las promesas del gobierno central del plan de dinamización económica, el Plan Galicia, con 1170 millones de euros enviados desde Madrid, no pudieron minimizar el desgaste que Manuel Fraga venía sufriendo desde el hundimiento del Prestige en el año 2002.

El PP acabó derrotado en las elecciones autonómicas de 2005 frente al PSG y BNG por primera vez en la democracia. Anteriormente en el año 2003, las disputas internas en el seno del PP, surgidas a raíz del vertido, propiciaron que la confianza del electorado gallego en Manuel Fraga fuera desapareciendo paulatinamente. (...)

El chapapote no fue el único en impregnar la costa con el hundimiento del Prestige. El boom urbanístico y los escándalos de corrupción fueron otra de las mareas que asfaltaron todas las poblaciones afectadas por el vertido. Según una información de Paola Obelleiro en el diario El País del año 2007, desde el año 2005 al 2007 la construcción se incrementó en Fisterra en un 444%.

El nivel al que llegó el ladrillazo y la escalada urbanística arropados por la impunidad propia de estas actuaciones llevó incluso a que el alcalde de Cee autorizara a una empresa del socio de su hijo a construir sobre el río Laxe, canalizándolo a través del sótano. En la misma población, una constructora de Elche planeaba construir una urbanización con más de mil viviendas.

Una de las infraestructuras de turismo prometidas en el Plan Galicia de 2003 era la construcción de un parador en Muxía. A principios de 2012, Manuel Soria, Ministro de Energía, Industria y Turismo, renunció a construirlo por la reducción presupuestaria después de 9 años de promesas en las fechas previas a las elecciones. (...)

No es la primera vez que Mariano Rajoy hace una promesa en lo que respecta al parador de Muxía, ya que fue él mismo el que en el año 2003 cuando visitó las playas de la población en el mes de diciembre, un año después del desastre, con la solemnidad propia del momento prometió “El parador estará en Muxía”.              (La Marea, 14/11/2013)

29/7/13

Bárcenas ocultó donativos ilegales de FCC, OHL y ACS para el PP gallego

"El Partido Popular, a través de su entonces gerente Luis Bárcenas, ocultó supuestamente en 2006 como anónimos una serie de donativos efectuados por tres de las principales constructoras españolas —FCC, OHL y ACS—, que por su naturaleza de contratistas con la Administración tenían prohibido entregar dinero a las formaciones políticas. 

Así se desprende de uno de los manuscritos que Bárcenas entregó al juez Ruz en su declaración del pasado lunes, en la que, tras dos semanas largas en prisión, decidió destapar la presunta financiación irregular del principal partido de España durante las últimas dos décadas.

Como muestra de su voluntad de colaboración, Bárcenas entregó al magistrado antes del interrogatorio nueve carpetas de colores con distinta documentación relevante para la investigación. La carpeta número tres era la más delgada pero quizá la más jugosa. En ese portafolio amarillo, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, había dos folios.

 El primero era un manuscrito, con la caligrafía de Bárcenas, en la que figuran bajo el epígrafe “Galicia” las siguientes anotaciones. “OHL: 300.000 € en campaña / ACS: se comprom. a 1 M€, ha dado 30.000 € / Ingr. 2006 en donat.: = 360 M./Pts / FCC: daba 50.000€/mes; va a dar 12.000€/mes + ayuda campaña”.

En la siguiente línea, el gerente y luego tesorero popular anotó la siguiente valoración: “Las empresas siguen ayudando”. Finalmente en el último renglón apunta: “Congreso y Monte Dogazo (sic), pagados”. 

Las anotaciones coinciden con la época en la que el fallecido presidente de la Xunta y fundador del PP, Manuel Fraga, perdió las elecciones autonómicas de 2005 contra la coalición de PSOE y BNG que aupó al poder al socialista Emilio Pérez Touriño. La derrota dejó exangües las arcas del PP gallego, que había realizado una campaña electoral costosísima

 La referencia a “Congreso” tiene que ver presumiblemente con el congreso del PP gallego ganado por Alberto Núñez Feijóo en marzo de 2006, y “Dogazo” con los macromítines que organizaba Fraga cada primavera en el Monte do Gozo, de Santiago de Compostela y que congregaban a miles de personas. Este acto fue suprimido por su sucesor.

 Con todo, el elemento más significativo del documento es un pequeño recuadro en la esquina inferior izquierda en la que Bárcenas anotó “Ojo, donat. Anoni”. Esta apostilla muestra la preocupación de Bárcenas de no dejar rastro de los supuestos donantes, ya que la Ley de Financiación de Partido Políticos prohibía expresamente a las formaciones aceptar fondos procedentes de empresas con contratos con la Administración. En aquella época, FCC, OHL y ACS firmaban contratos de obras públicas por valor de miles de euros.

Representantes de FCC y OHL ya han sido imputados en el caso de los papeles de Bárcenas como supuestos donantes en la contabilidad paralela del extesorero popular. Fuentes de ACS calificaron de “rotundamente falso” que hubieran dado o prometido dinero alguno al partido conservador.

Otro documento conservado por Bárcenas, en este caso en la carpeta azul con el número 7, es una factura de diciembre de 1992 con los honorarios de Pedro Arriola, presidente del Instituto de Estudios Sociales y asesor de máxima confianza del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

En ella, Arriola pide 10.736.194 pesetas más IVA por “trabajos y servicios adicionales encargados personalmente por el presidente del PP, D. José María Aznar al margen del contrato” que vinculaba al asesor con el partido. Los servicios se prestaron durante el cuarto trimestre de 1991 y todo el año 1992.

Lo que aparentemente es una factura normal viene precedida por una nota manuscrita. Esta tiene la misma letra con la que Arriola firma otro mensaje a Bárcenas y pone lo siguiente: “Resumen del adicional 4ºT del 91 y 92 completo”, y a continuación, junto al epígrafe “blancas” la misma cifra de la factura, 10.736.194 + IVA.

 La última línea, subrayada, es otra cifra, 2.934.600, que no figura en la factura oficial. Junto a ella, Arriola escribió “negras”, lo que indica que el asesor pidió cobrar en dinero b parte de los servicios prestados a Aznar.

Los papeles entregados por Bárcenas en sus carpetas de colores contienen, entre otros documentos, varios recibís manuscritos del exconsejero de Salud navarro Calixto Ayesa, del exdiputado Jaime Ignacio del Burgo o del exportavoz del Gobierno con Aznar Miguel Ángel Rodríguez. Estos recibís concuerdan con los apuntes de la contabilidad secreta de Bárcenas publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero."         (El País, 18/07/2013)

26/6/13

Un alcalde del PP autoriza obras sin licencia a la constructora de su socio

Vivienda en la que, según el alcalde, se ha ejecutado una obra menor. / NACHO GÓMEZ

"La actividad promotora de José Antonio Feijóo (alcalde popular del Ayuntamiento ourensano de Baltar procesado por supuestas amenazas y coacciones a candidatos del PSOE de su municipio) choca con su gestión al frente de la institución local. 

Feijóo, vinculado a seis empresas constructoras con sede en la comarca de A Limia a la que pertenece el municipio que preside, comparte socios con una adjudicataria de obra pública de su propio Ayuntamiento.

 El alcalde tiene, además, varias empresas en común con otro promotor que ejecuta obras para particulares y que ha reconstruido una casa sin licencia en una localidad del municipio, Meaus, cuyo suelo está calificado como rústico. La vivienda que el socio del alcalde levantó sobre la ruina de una planta baja sin los permisos oportunos está en el radio de acción de un crucero catalogado.

 Meaus es, además, uno de los tres pueblos que conforman el Couto Mixto, zona fronteriza con Portugal de singulares características catalogada como enclave histórico-cultural por el Congreso de los Diputados y el Parlamento gallego. El planeamiento urbanístico que está redactando el Ayuntamiento de Baltar y que sustituirá a las normas subsidiarias de 1991 por las que se rige ahora, incluirá la protección específica de las tres localidades del Couto Mixto, entre las que se encuentra Meaus. 

José Antonio Feijóo ha mirado hacia otro lado mientras una de las empresas de su socio Francisco Andrade reconvertía unas ruinas de planta baja en una vivienda de bajo y dos alturas en Meaus. “No nos consta que haya hecho ahí ninguna obra significativa”, disculpa el alcalde en declaraciones a este diario la intervención en esa zona en la que no se puede edificar.

 “Sé que se hacen algunas chapuzas, arreglos, esas cosas propias de los pueblos”, justifica el regidor. Feijóo no es capaz de precisar si es necesaria licencia municipal para esas actuaciones. “Tratándose de obras menores, yo creo que no hace falta licencia”, señala y resta importancia a la intervención de su asociado apuntando que “se han hecho varias casas por ahí”.

 El alcalde de Baltar se refiere a Andrade como “un señor que creo que tiene una constructora en Calvos de Randín”, ayuntamiento limítrofe. Pero Feijóo y Andrade están asociados en al menos dos empresas: Inversiones Inmobiliarias Xinzo, SL, y Promociones Terra da Limia, SL. 

Ambas carecen de empleados aunque obtienen beneficios. La primera cerró el ejercicio de 2010 con un activo de 611.929,16 euros y un patrimonio neto de 296.970,71 euros. La segunda, con un activo total de 6,6 millones de euros. Las dos constructoras, que comparten domicilio social, fueron constituidas con menos de 4.000 euros de capital.

A quien sí asegura conocer el alcalde es al dueño de Construcciones Rodríguez, una de las empresas que ejecuta obra municipial en Baltar. “Sí, a Ángel Rodríguez lo conozco, aunque apenas hace obra pública aquí”, resuelve el alcalde.

 Pero el empresario, que comparte socios con el regidor de Baltar en algunas promotoras, ha construido el colegio de Educación Primaria del ayuntamiento y ha sido beneficiado con la adjudicación de la carretera Baltar-Xinzo que financia la Diputación. El alcalde-promotor del Ayuntamiento de Baltar está inmerso en un conglomerado empresarial de tal calibre en la comarca de A Limia que no solo comparte socios con los promotores a los que adjudica obras, sino también sede social.

Inversiones Inmobiliarias Xinzo, SL, integrada por José Antonio Feijóo, Francisco Andrade Quelle, José Rodríguez García y José Antonio Carrasco, tiene el mismo domicilio social, el número 6-B de la calle San Sebastián, que Promociones Val do Salas, la inmobiliaria de la que fue administrador Rudesindo Alvar Mayo, el socio en varias inmobiliarias del empresario que ejecuta ahora obra pública en el municipio. 

La actividad constructora es una de las características de Feijóo. Él fue uno de los alcaldes que contrató obras a la empresa del exalcalde de Os Blancos José Antonio Rodríguez Ferreiro (autoproclamado devoto “de Dios, la Virgen y Baltar”, por el expresidente de la Diputación ourensana) cuando este iba ya a ingresar en la cárcel condenado a cinco años y tres meses por un delito de malversación (se había llevado 200.000 euros de las arcas municipales). 

Feijóo le echó entonces un capote y permitió que la empresa del condenado realizara, mediante subcontrata, la obra del pabellón polideportivo de Baltar.·"          (El País, 05/06/2013)

19/6/13

El ‘número dos’ de Barbadás acumula inmuebles por 1,2 millones

Bloques nuevos de viviendas en A Valenzá, en Barbadás. / NACHO GÓMEZ

"El boom del ladrillo de la pequeña localidad de A Valenzá (el núcleo urbano del municipio de Barbadás y zona de expansión de la capital ourensana con la que limita) ha sido paralelo al desarrollo patrimonial de destacados dirigentes del gobierno local.

 El municipio de Barbadás ha estado durante años en manos de diversos promotores inmobiliarios, alguno de los cuales llegó a estar al frente de la concejalía de Urbanismo. Los cerca de dos millones de euros en fincas e inmuebles acumulados por el alcalde, el baltarista José Manuel Freire Couto, médico de profesión que se metió también a promotor, tienen su réplica en el capital que posee, 1,2 millones de euros solo en valoración catastral, su teniente de alcalde, Manuel García González, que tiene suscritas dos hipotecas por 240.000 euros.
 
Ni él ni el regidor viven en el municipio que dirigen y García es definido por la oposición como el “verdadero alcalde en la sombra”, debido a las múltiples ocupaciones de Freire quien, además de atender su psicotécnico ocupa escaño en el grupo de gobierno de la Diputación de Ourense y —hasta este mismo mes en que cesó tras hacerse público su patrimonio y el fraude a Hacienda— asumió la presidencia del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde).

El hombre de confianza de Freire en la alcaldía de Barbadás tiene registradas a su nombre cinco viviendas —tres en Ourense, una en Sanxenxo y otra en Ciudadela (Valencia)—, varios garajes y trasteros, cuatro bajos comerciales en A Valenzá, tres solares urbanizables y 16 fincas rústicas fuera de la provincia de Ourense. Los tres solares urbanizables de García están tasados por Catastro en 224.000 euros. 

 Ocupan 3.000 metros cuadrados en el polígono de reparto convertido en urbanizable por el gobierno local del que él mismo formaba parte y que aprobó en 2003 el planeamiento urbanístico. Junto a él figuran como dueños de parcelas en ese revalorizado polígono exconcejales de los gobiernos de Freire, constructores (algunos imputados por supuestos delitos de fraude urbanístico) y el propio alcalde.
 
En declaraciones a este diario, García asegura que se hizo con las parcelas “entre 2001 y 2002”, aunque no pagó por ellas: “Las cambié por un inmueble”, precisa tras señalar que “esos terrenos siempre fueron urbanizables, de toda la vida”. 

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento aseguran que las parcelas de ese polígono de reparto, en el que está previsto levantar torres de edificios, adquirieron esa calificación al aprobarse el plan de ordenación municipal de 2003, un año después de la fecha de trueque que menciona el teniente de alcalde.

El resto de las propiedades inmobiliarias de García se reparten entre Saxenxo (un piso de 160 metros cuadrados con un valor catastral superior a los 157.000 euros) y Ourense. En la capital ourensana, García tiene tres pisos en una céntrica calle. Uno de ellos, de 203 metros cuadrados, valorado en cerca de 209.000 euros por el Catastro; otro en el mismo edificio, de 93 metros cuadrados, con un valor catastral de más de 95.000 euros (ambos forman el dúplex en el que vive) y otro piso más en un inmueble de esa misma calle, de 150 metros cuadrados y que Catastro valora por encima de los 125.000 euros. 

Su piso de Valencia, de 128 metros cuadrados, tiene un valor catastral de 44.000 euros. Los bajos comerciales de Manuel García están situados en la calle más céntrica de A Valenzá. 

Dos de ellos (con un valor catastral que supera los 116.000 euros) los ocupa la farmacia de su mujer, otro lo tiene alquilado a una firma gallega de supermercados que le paga 9.300 euros anuales (el teniente de alcalde asegura que solo posee un tercio de ese bajo, de ahí la “escasa” renta que percibe) y el último, por el que consta que cobra 9.885 euros anuales, lo tiene arrendado a una cafetería."           (El País, 28/05/2013)