El examen perfecto de la hija del alcalde que tiene 'mosca' a todo el pueblo Respondió correctamente a las 38 preguntas para una plaza de trabajadora social en el ayuntamiento; los otros aspirantes al puesto no pasaron de 15 aciertos

 "Verín es uno de los pueblos más importantes de la provincia de Ourense. A pesar de tener apenas 15.000 habitantes, su situación estratégica apenas a 15 minutos de la frontera con Portugal le convierte en un importante núcleo de comercio transfronterizo. Ahora, Verín vuelve a estar en el centro de todas las miradas, pero por una cuestión muy diferente. 

 En Verín gobierna el Partido Socialista. El alcalde se llama Gerardo Seoane y es el máximo regidor de esta localidad desde 2015. Sin embargo, su mandato se ha visto oscurecido por las acusaciones de presunto apaño de un concurso para la contratación de una plaza de trabajador social en el ayuntamiento. 

 Tal y como publica La Voz de Galicia, la CIG, Confederación Intersindical Galega, ha pedido que se revise el proceso de selección para ese puesto de trabajo. La razón es que se presentó la hija del alcalde, que ha sido la que más aciertos ha conseguido en el examen: respondió correctamente las 38 preguntas que se hacían.

Lo sospechoso del caso es que, en total, se presentaron 15 personas a este examen. De las catorce restantes, ninguna pasó de 15 respuestas correctas, por lo que el excelente resultado de la hija del alcalde se hace aún más sospechoso. Por eso, la CIG ha anunciado la revisión del proceso en la Comisión de Control del Ayuntamiento de Verín.

 La Confederación Intersindical Galega ha exigido que se haga público quien fue el encargado de preparar las preguntas del examen. Además, el sindicato cercano al Bloque Nacionalista Galego ha pedido que se tenga en cuenta que la secretaria que participó en el acta del proceso dejó anotado que se había producido un "resultado anómalo"."                 (El Confidencial, 07/06/21)

Oposiciones con libros y sabiendo las preguntas: la ayuda de la Xunta a su personal

"El personal laboral fijo de la Xunta contará con todas las facilidades para convertirse en funcionario. Irá a un examen de carácter eliminatorio y obligatorio conociendo las posibles preguntas y con los libros encima de la mesa, para preparar unas oposiciones que oscilarán entre 50 y 120 cuestiones tipo test, según el grupo al que pertenezcan. 

Es la respuesta del Gobierno gallego a la temporalidad del empleo en la Administración autonómica, uno de los más elevados de un país, España, al que la Unión Europea le ha tirado de las orejas en reiteradas ocasiones por el abuso de la interinidad en la contratación.

Las facilidades para que el personal laboral fijo se convierta en funcionario fueron pactadas por la Consellería de Facenda con Comisiones Obreras y UGT, pero se desmarcaron otros dos sindicatos con gran implantación en Galicia, como son el CSIF y el nacionalista CIG. "Es un traje hecho a medida", criticó la secretaria nacional de este último, Zeltia Burgos. 

La previsión del Gobierno gallego pasa por funcionarizar a 2.177 trabajadores de aquí a 2020, mediante un concurso-oposición en el que el 60% de la puntuación dependerá de un examen de dificultad mínima. El otro 40% de la puntación resultará de la antigüedad y, en menor medida, de otros procesos selectivos anteriores.

La Dirección Xeral de Función Pública publicará previamente todas las preguntas posibles, en torno a un millar, de las que se escogerán las elegidas. Se facilitarán tres opciones para que los opositores seleccionen una, sin que los errores resten nota. Para facilitar las cosas, los opositores podrán consultar durante la prueba todos los textos legales necesarios para responder a las preguntas, que versarán sobre la legislación en materia de sector público.

Se facilitarán tres opciones para que los opositores seleccionen una, sin que los errores resten nota

La Xunta negocia todavía con los sindicatos otras condiciones del proceso, como el número de preguntas y la composición de los temarios de cada convocatoria. La operación arranca en 2019 con los 577 primeros puestos. 

 Otros 800 se incorporarán en la Oferta Pública de Empleo (OPE) que se publique este año, y los 800 restantes en la de 2020. El objetivo de Alberto Núñez Feijóo es reducir a un 7% la temporalidad en la plantilla de la Administración autonómica, formada por unos 86.500 trabajadores. Queda fuera del acuerdo el personal laboral indefinido.

Los sindicatos que se oponen al plan pactado con UGT y Comisiones Obreras exigen negociar previamente qué categorías se podrán acoger a esa funcionarización y en qué condiciones, como por ejemplo las que afectan al derecho a la jubilación parcial. Para CSIF, el proceso es simplemente un "disparate" que no solucionará las tasas de temporalidad. "Hay una devaluación inaceptable del empleo público" que posibilita la menor retribución del trabajo del funcionario respecto a la del empleado laboral, lamenta la central.

La Xunta justifica este sistema —que la Administración gallega asume por primera vez— en que no se trata de un proceso competitivo, como lo serían unas oposiciones de acceso libre. La convocatoria forma parte de un plan voluntario que permite al personal laboral acceder a la condición de empleado público de carrera ocupando exactamente la misma categoría, sin ningún tipo de ascenso. El cambio de estatus supone algunos inconvenientes para los trabajadores, como la posibilidad de que vean reducida su nómina, y ventajas para la Administración, que se ahorra esa diferencia y las cotizaciones por desempleo que paga al personal laboral.

La Xunta justifica este sistema en que no se trata de un proceso competitivo, como lo serían unas oposiciones de acceso libre

El personal laboral fijo, que accede al empleo público por oposición, está sujeto al Estatuto de los Trabajadores y al convenio laboral, mientras que los funcionarios se rigen por el Estatuto de la Función Pública. A diferencia de estos últimos, los laborales pueden ser despedidos por causas "económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público", de acuerdo con los cambios en la ley introducidos en 2012 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En esas fechas, con unas elecciones autonómicas en puertas, Feijóo hizo un guiño al colectivo con la promesa de convertir en funcionarios a 6.000 trabajadores, aunque hasta este año no hubo plan alguno para lograr ese objetivo.

Feijóo firmó en enero con los representantes de UGT y Comisiones las líneas maestras del acuerdo, del que hasta ahora no se había informado de las facilidades para estos exámenes. Fue un pacto que el presidente de la Xunta calificó de "histórico", porque "pone punto y final al esfuerzo" de los trabajadores de la Administración durante los últimos años de crisis y supone "la recuperación y la ampliación de derechos". El acuerdo, aseguró la Xunta, dará "estabilidad" a 21.500 personas, entre empleados públicos, funcionarios y personal laboral de la Administración autonómica.

Feijóo cifró en torno a 5.000 las plazas para que los contratados temporales e interinos tengan oportunidad de obtener una plaza de funcionario, aunque en los próximos tres años serán solo los 2.177 ahora que se promuevan. También afirmó que la oferta pública de empleo de 2019 y 2020 sumará "como mínimo" 4.100 plazas.

Los dos sindicatos que se sumaron al acuerdo admiten que es un proceso pensado para que apruebe "la gran mayoría" de los que se presentan

Uno de los retos a los que deberá hacer frente la Xunta en los próximos 10 años es la jubilación de 8.500 personas, un 10% del total de sus trabajadores. "Hay que tener una OPE preparada para estas vacantes y para estabilizar a los laborales temporales y fijos que quieran ser funcionarios. Es un momento y una oportunidad histórica", afirmó Feijóo en la firma del acuerdo. UGT y Comisiones Obreras valoraron el pacto porque "restituye la negociación colectiva" y supone "un avance significativo", en palabras de la secretaria de Administración de UTG-Galicia, Irene Martínez. 

El vicesecretario de CCOO, Emilio Doforno, también situó el acuerdo en un contexto de "recuperación de la negociación colectiva". No permite recuperar todo lo perdido durante la crisis, afirmó, "pero se empieza a avanzar y a construir una nueva situación".

Los dos sindicatos que se sumaron al acuerdo admiten que es un proceso pensado para que apruebe "la gran mayoría", y se acordaron de CIG y CSIF, a los que acusaron de "negar y enfrentar", mientras que la Xunta pone el acento en que los laborales fijos ya pasaron una prueba. La CIG sostiene que las condiciones convierten la prueba en un trámite burocrático. 

"Llama la atención que se puedan llevar apuntes legales en una prueba tipo test", critica Burgos. Para la CSIF, mientras, es "injusto" que los funcionarios vayan a competir en traslados y promoción interna con laborales reconvertidos, por lo que reclama mayor exigencia.

Ante las críticas de ambas centrales, Comisiones Obreras salió al paso con un comunicado para negar que el personal laboral fijo vaya a disponer de las preguntas o pueda presentarse a las pruebas con apuntes. Lo que ocurrirá, aclaró, es que habrá una batería de preguntas sobre un temario publicado, de las cuales un tribunal escogerá las que formen parte de la prueba.

 El personal tampoco podrá acudir con apuntes, "sino con los textos legales, igual que ocurre con otros procesos". El sindicato recordó que los trabajadores sujetos a esta funcionarización ya pasaron un proceso selectivo con anterioridad."                (Pablo López, El Confidencial, 17/03/19)

La Xunta, condenada a anular una plaza creada para la cuñada de la secretaria de Igualdade

"El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la adjudicación de una plaza de docente creada a la medida de la cuñada de la secretaria xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia, Susana López Abella, en la Escuela de Restauración de Bens Culturais de Galicia. 

La anulación por el alto tribunal gallego confirma todas las acusaciones realizadas durante años por el sindicato nacionalista CIG que lleva años alertando de que se pretendía incorporar irregularmente a una lista de interinos a la cuñada de la alto cargo de la Xunta, una funcionaria de carrera en Asturias y la única persona en España que pidió una plaza de una especialidad que no existía. Y la consiguió.

El sindicato destaca que la sentencia del TSXG tilda de “torcida actuación” del Gobierno gallego, el intento de “integrar” a esta persona en la función pública de Galicia creando una plaza de Conservación y restauración de documento gráfico, una especialidad que no se imparte en esta comunidad y que no era necesaria en el centro. 

El TSXG señala que contra este fallo puede interponerse recurso ante el Tribunal Supremo. No obstante, la CIG ha exigido la "inmediata ejecución de la sentencia" y ha reiterado su demanda de asumir una política de “total transparencia en la gestión de las plazas que se ofertan en los diferentes concursos”.

La docente enchufada queda sin destino. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo insistió en la creación y adjudicación de ese puesto a la cuñada de López Abella pese a la advertencia del sindicato. 

“La Consellería de Educación justificó la oferta de la vacante basándose en que al haber materias comunes podían ser impartidas por cualquier profesor de las especialidades de estudios superiores de restauración”, explicó la CIG en su momento denunciando que el departamento presidido por Román Rodríguez no había tenido en cuenta que, al no impartirse esa especialidad, no era necesario el perfil de la cuñada de la alto cargo y que, además, había profesorado en el centro con la doble especialidad que reunía los requisitos.

El sindicato denunció entonces que la “obstinación” del Ejecutivo gallego por sacar una vacante innecesaria de manera irregular e ilegal” ocultaba el deseo de “beneficiar a una docente con nombre y apellidos”. La CIG responsabilizó al conselleiro de Educación y al propio Feijóo por “no poner impedimento en saltar la legalidad y actuar con nepotismo para favorecer y enchufar a familiares de su gobierno”. 

Lejos de recular, el Ejecutivo gallego se mantuvo en sus trece mientras los representantes sindicales acudían a la Valedora do Pobo para intentar paralizar la irregularidad. Ante la falta de respuestas de la Xunta al sindicato y a la Valedora, la denuncia acabó en los tribunales.

En su defensa, el Gobierno gallego presentó en el juicio un informe de la Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial, en el que se afirmaba, sostiene el sindicato, que “la incorporación de docentes de especialidades distintas… podría reportar beneficios para una mejor formación del alumnado a través del conocimiento de todas las especialidades”. La CIG valora positivamente que la sentencia “critique duramente el ocultismo y la falta de transparencia da Consellería de Educación” que negó información y respuestas en todo momento."               (Cristina Huete, El País, 25/10/18)

O TSXG anulou unha praza que a Valedora do Pobo lle deu a dedo a unha irmá de Pedro Puy Fraga

"Desvío de poder" e "arbitrariedade". Estes son algúns dos argumentos utilizados polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para anular unha praza de alta dirección para a que a Valedora do Pobo elixiu a María Puy Fraga, irmá de Pedro Puy Fraga, portavoz do PPdeG no Parlamento de Galicia.

A sección 1 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia presidida por Fernando Seoane Pesqueira e con Blanca María Fernández Conde e Dolores Rivera Frade anulou este nomeamento por irregularidades no proceso ao entender que a valedora, Milagros Otero, intercedeu para que o cargo recaese nunha persoa coa que tiña relación.

Foi Fernando Jorge Mora, funcionario do Corpo Superior da Xunta da escala de Letrados (Grupo A) o que impugnou en vía xurisdicional a resolución do 4 de marzo de 2016 da Valedora dunha convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, do posto de xefe do servizo de Administración e Persoal desta institución. Posto para o que foi elixida María Puy Fraga.

O demandante alegou que se comenteron "groseiras infraccións do procedemento, que, ademais, denotan unha manifesta desviación do poder, no sentido de que a elección de candidata seleccionada estaba claramente predeterminada antes de efectuarse a convocatoria".

Algo que confirma a sentenza, á que tivo acceso Galicia Confidencial, que recolle que a valedora do pobo, Milagros Otero, cometeu "desvío de poder" e "arbitrariedade" ao intervir no proceso con "interese de que fora seleccionada a señora Puy Fraga", todo iso a pesar de que se abstivo de participar no procedemento "sen chegar a especificar" as causas para facelo.

COMO FOI A SELECCIÓN

Para resolver esa praza de libre designación, a valedora pediu un informe que foi avaliado por Jesús Martínez Girón, catedrático de Dereito do Traballo na Universidade da Coruña; Fernando Luis de Andrés Alonso, secretario xeral do Valedor do Pobo e María Beatriz González Moreno, coordinadora xeral do valedor do Pobo. Dito informe tiña que versar sobre o "cumprimento polos aspirantes das condicións sinaladas nas bases da convocatoria, dos criterios para a adecuada slección, debendo formular a correspondente conclusión tras o exame da totalidade de solicitudes e documentación aportada".

A sentenza recolle que o tribunal que debeu elixir esa persoa tiña, "ou ben intereses persoais" en que saíra elixida esa persoa ou "amistade íntima con algún dos aspirantes". Tamén suliña que "existen indicios claros de que boa parte dos criterios de selección e méritos computables foron determinados á medida da candidata que resultou beneficiada coa adxudicación do posto. 

Isto, segundo a setenza, orienta "á apreciación de infracción do principio de igualdade de todos os candidatos, e favorecemento da candidata finalmetne elixida, e, con iso, dun motivo de nulidade da resolución impugnada".

"DESVIACIÓN DE PODER"

O tribunal aprecia "desviación de poder e arbitrariedade" na resolución adoptada. Así, di que chama a atención que se solicite a emisión dun informe a un catedrático de Dereito Administrativo, e non a un de Traballo, "xa que ao marxe dos méritos que o señor Martínez Girón poida poseer, indubidablemente aquel sería máis adecuada á vista das funcións propias do xefe de servizo de Administración e Persoal de dirección, organización e control dos servizos administrativos e de mantemento da sede do Valedor, así como coordinación coa Intervención do Parlamento.

Tamén suliña que chama "poderosamente" a atención que en dito informe do 4 de marzo do 2016, decisivo para a resolución da praza, soamente se valoran os méritos dunha das candidatas, en concreto da señora Puy Fraga, finalmente adxudicatiria, non dos restantes candidatos, "co que se incumpre o encargo efectuado a quen tiña o cometido de elaboralo, á vez que se ofrecen evidentes mostras de favorecimento e predeterminanción no seu favor".

"No caso presente, xa non é só que a nula referencia aos méritos dos demais candidatos permite deducir que non teñen sido examinados nin ponderados, senon que, ademais, existen indicios claros de que os criterios de selección e os méritos evaluables teñen sido determinados coa finalidade de favorecer a quen finalmente resultou adxudicataria do posto convocado, polo que a motivación é insuficiente e resulta patente a infracción dos principios de mérito e capacidade".

En definitiva, o alto tribunal galego sinala que o exame do expediente administrativo aporta "sobrados datos" de que na selección da adxudicataria do posto convocado non se guiou a quen adoptou a decisión polos principios de igualdade, mérito e capacidade, senón "polo desexo de adxudicarllo a unha das candidatas, con desprecio da valoración dos méritos e aptitudes evidenciados polos restantes aspirantes, cuxa documentación nin sequera se tomou en consideración, pois non existe un mínimo contraste ou comparación entre as cualidades destrezas e habilidades exteriorizadas por todos os candidatos".

En Marea xa pediu a dimisión de MIlagros Otero por un claro caso, din, "de abuso de poder" ao "enchufar" a irmá de Puy Fraga. Tamén o PSdeG pide que marche por "responsabilidade política". Pola súa banda, o Valedor defende que a contratación da irmá de Puy Fraga anulada polo TSXG foi legal."
   (Xurxo Salgado, Galicia Confidencial, 30/06/18)

Es un favor que te pido. El padre es muy amigo nuestro y un gran defensor nuestro. El año pasado su hija ya estuvo de socorrista en vuestras playas

"“Querido Julio, Carmen Hervada [edil en A Coruña] te pasó un tema mío. Es un favor que te pido. El padre es muy amigo nuestro y un gran defensor nuestro. El año pasado su hija ya estuvo de socorrista en vuestras playas (...) Ya me dices algo. Gracias y un saludo”.

 Los últimos folios, por ahora, del sumario de la Pokémon recogen el texto que supuestamente envió el entonces conselleiro de Educación y Cultura y hoy candidato a la alcaldía del Ourense por el PP, Jesús Vázquez, desde su correo de la Xunta a Julio Flores, teniente de alcalde de A Coruña que, según los investigadores, actuaba como una agencia de colocación desde el consistorio. 

El mensaje es del 4 de junio de 2012, y está ligado a otros de antes y después. Apareció en el registro del ordenador de Flores (imputado en la causa), llevado a cabo por agentes de Aduanas a las órdenes de la juez de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara.

Todavía más elocuente es el correo que a continuación reenvía el ex alto cargo de la Xunta y en la actualidad diputado a Flores. Se trata de la petición que le han formulado a favor de la joven que quiere entrar a trabajar. “Hola conselleiro. A ver si cuando tengas un momento me haces un pequeño favor. El Ayuntamiento de A Coruña (o sea, de los nuestros) ha sacado a concurso el salvamento y socorrismo de las playas para el verano. 

A ver si puedes hablar con alguien (concejal o quien sea) para que la empresa que obtuvo el concurso (que como todas cogen a los socorristas a dedo) coja a U. [nombre de la chica], que el año pasado ya fue socorrista en Coruña con la empresa de turno”. A continuación, el hombre que escribe a Jesús Vázquez le da los datos de la candidata y enfila vertiginosamente la recta final de su misiva: 

“Cuando puedas a ver si me dices algo, o alguien con quien pueda hablar U. ya que solo faltaba que entren los amigos de ZP y nosotros nos quedemos fuera. Moitas gracias”.

Los agentes de Aduanas han comprobado que la recomendada por el conselleiro entró a trabajar en la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, que aparece en la lista de 49 entidades y empresas que están siendo investigadas en la Pokémon para comprobar si tienen vínculos con el Ayuntamiento de A Coruña.

Jesús Vázquez, inmerso ahora en su carrera a la alcaldía de Ourense, dijo ayer a este diario que no se acuerda de nada de esto. “Sinceramente, no lo recuerdo. Ni tengo constancia de quién es esa chica. No recuerdo nada”, insistió, “no caigo en quién puede ser U.”. E inmediatamente después puntualizó sin que se le preguntase, y pese a que los correos no hacen referencia alguna a la empresa situada en el eje del caso Pokémon: “Yo con Vendex no tengo relación ninguna. No tengo nada que ver”.

En este nuevo tramo de la Pokémon que parte de la investigación a Julio Flores y rastrea posibles casos de tráfico de influencias relacionados con autoridades públicas y funcionarios del Ayuntamiento de A Coruña, también aparece Diego Calvo, presidente popular de la Diputación de A Coruña. No es la primera ni la segunda ocasión en que la figura del líder provincial deambula por las diligencias de esta macrocausa sobre corrupción política. 

Ya antes su nombre apareció a lo largo de páginas que versaban sobre algún supuesto caso de enchufismo o sobre el rocambolesco episodio en el que un tal Josman del PP se citaba telefónicamente con el delegado de Vendex en Galicia para recoger una presunta mordida postelectoral. Es por las sucesivas apariciones que en esta nueva parte del sumario Aduanas incluye información sobre Calvo que ha sido solicitada a la Agencia Tributaria.

En esta última parte, aparece citado en un correo que le envía una mujer, M.C., nuevamente, al concejal Julio Flores. El mensaje, según creen los investigadores, es una petición para que el teniente de alcalde haga gestiones ante Calvo con el fin de que se contrate en algún área o servicio relacionado con la Diputación a otra mujer, cuyo nombre de pila empieza por P. La que escribe el correo a Flores, M.C., le ruega que le “eche una mano” porque sabe que la “influencia” de este edil del gobierno local de Carlos Negreira “es mucha”.

El mensaje tiene fecha de 20 de julio de 2011, cuando tras las elecciones municipales el PP ya se ha hecho con la presidencia del organismo provincial, antes en manos del PSOE. “P. sigue en el tema y esta mañana le ha mandado un correo a Jaime [supuestamente otro eslabón para este contrato] donde le dice que ella ya ha hablado con Diego Calvo y le ha mandado currículum”. 

Ayer por la tarde, este periódico intentó recabar la versión de los hechos del presidente provincial. Cuando se le comentó el contenido del mensaje se carcajeó y negó hacer comentarios: “No tengo nada que decir”.

De Josman al "malo malísimo"

Diego Calvo asoma una y otra vez en la Pokémon de la mano del teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores, y el PP de Ferrol. Uno de los capítulos más sonados fue el de la supuesta recomendación, en mayo de 2012, de un trabajador para la depuradora de Aquagest en Valdoviño. 

 El jefe de producción de la empresa concesionaria —en el epicentro, como Vendex, de la trama investigada— describe por teléfono a su jefe territorial, Henry Laíño, cómo son los candidatos a emplearse en la red de tratamiento de varios municipios. “El del alcalde [de Betanzos, Ramón García, PSdeG] es muy bueno, fue mecánico de la Ford; el de María [Faraldo, entonces número dosde Calvo] es calderero, puede servir; el del presidente es malo malísimo”. 

“Hay que darle una oportunidad, por lo menos unos meses”, responde en referencia al presunto recomendado de Diego Calvo el jefe en Galicia de Aquagest.

El otro hito del político del PP en el recorrido por los 150 tomos que suma ya la Pokémon es el conocido como asunto Josman. Un militante raso del partido en Ferrol, José Manuel Vilaboy, admitió ante la juez ser el Josman que aparecía en alguna escucha citándose con el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor. 

Los investigadores creen que en ese encuentro la firma concesionaria entregó 3.000 euros al PP. Días antes, según declaró Josman, Diego Calvo, al que no conocía, se le acercó en un mitin y le dijo que había un empresario llamado Tutor, y que Flores tenía mucho interés en que se conocieran."                ( Silvia R. Pontevedra  , El País, Santiago 23 ABR 2015)

Un excandidato del PP denuncia enchufes del partido en Ourense

 José Manuel Freire, alcalde de Barbadás / nacho gómez

"Sancionado por la Agencia Tributaria en 2012, tras una denuncia anónima en la Fiscalía Anticorrupción, por haber defraudado 208.068 euros entre 2007 y 2010; imputado por supuestos delitos de corrupción urbanística a raíz de una demanda presentada por el PSOE local y denunciado ahora también en el juzgado por un excompañero de partido por amañar presuntamente las oposiciones municipales. 

El alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto, afronta la recta final de su larga carrera política —renunció a repetir, tras 26 años en la alcaldía, en cuanto la juez abrió la investigación— cuestionado por sus más sonadas actuaciones: el desarrollo urbanístico del municipio, colindante con la capital, y la política de personal.

 El regidor niega “rotundamente” los hechos que le atribuye su antiguo hombre de confianza y achaca la denuncia al “revanchismo” de quien “confiaba en que lo nombraría sucesor”. El portavoz del PSdeG en Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, sí da crédito a la denuncia: ha anunciado su decisión de personarse en la causa y reclamado ya al Ayuntamiento la relación de los aprobados desde 2007 hasta el momento, sus calificaciones y la lista de los miembros de los tribunales que otorgaron las plazas.

El empresario Marcos Valencia, número ocho en la lista del PP en las municipales de 2007 y estrecho colaborador de Freire hasta hace unos años, registró el sábado una denuncia en el juzgado de guardia de Ourense. 

Acusa a Freire y a su grupo de gobierno, incluida su sucesora en la candidatura a la alcaldía de Barbadás, Consuelo Vispo, de “vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad en la contratación de trabajadores”. Una denuncia política repetida durante años por la oposición. En el escrito registrado en el juzgado, Valencia sostiene que los integrantes del grupo de gobierno “amañaron exámenes como pago de favores” a funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento.

 El método, según sostiene, era que el teniente de alcalde, Manuel García —investigado junto con Freire por supuesta corrupción urbanística— llamaba “el día anterior al examen desde un teléfono móvil” a los seleccionados a quienes “entregaba las respuestas” de las pruebas. Asegura además el demandante que los tribunales examinadores estaban “al tanto de todo”.

El alcalde niega “rotundamente” la denuncia, que atribuye al revanchismo del excolaborador: “Es una venganza contra su exmujer [que está contratada en el Ayuntamiento] de la que tiene orden de alejamiento y contra mí, porque pensaba nombrarlo mi sucesor para la alcaldía y así se lo hice saber”, sentencia el regidor, que explica que dio marcha atrás a esta idea cuando le alertaron “de quién era realmente” su colaborador. 

Un poco antes, el gobierno municipal presidido por Freire había promovido un expediente municipal de apoyo a Valencia por su “novedosa iniciativa” en la creación de una empresa de hielo en la localidad.

En declaraciones a este diario, el demandante ha asegurado tener pruebas que aportar a la investigación judicial. “Yo estaba con ellos cuando se hacían esos procesos de selección y además es fácil comprobar las llamadas que se realizaban desde el mismo número de teléfono, siempre el día anterior a los exámenes, a todos los que después aprobaban”, explica. 

Valencia reconoce que su exesposa fue “una de las enchufadas” y sostiene que ha decidido presentar ahora la denuncia porque está ya “fuera del partido”. “Quería quitarme este peso de encima”, afirma."            ( Cristina Huete  , El País, Ourense 8 MAR 2015)

El clan de Baltar

"Las dinastías familiares vinculadas al PP que forman el entramado laboral de la Diputación de Ourense tienen su paradigma en el Inorde (el Instituto ourensano de desarrollo económico dependiente de esta institución).

 Y también en Esgos, esencia del baltarismo y principio y fin del exbarón: lugar de nacimiento y en el que ordenó construirse un panteón. En su municipio natal quedó inmortalizado ya en el año 1997 cuando el entonces alcalde, Manuel Ángel Rodríguez, decidió vincularlo al pueblo para siempre y le puso su nombre y apellidos a la piscina y al polideportivo, subvencionados ambos por la Diputación que el homenajeado presidía. Después lo elevó aún a la categoría de hijo predilecto. (...)

Manuel Ángel Rodríguez consiguió ver empleados a sus tres hijos en la Diputación, a una sobrina en el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín —el otro municipio fetiche del baltarismo en donde el fundador de la dinastía nació como alcalde a la política y desde donde dio el salto a la institución provincial en la que se ha perpetuado ahora a través de su vástago—, a un sobrino, José Manuel Rodríguez González, en la gerencia del Inorde y a otro más, Mario Rodríguez González, en la misma alcaldía de Esgos que él ostentó.

 La hija del gerente del Inorde encontró empleo fuera del ámbito de Esgos pero vinculado igualmente a la Diputación: es gerente del centro empresarial transfronterizo de Barbadás, el Ayuntamiento del que es alcalde José Manuel Freire Couto, presidente del Inorde y jefe, por tanto, del progenitor de la técnico empresarial. (...)


Entre los dos parientes Rodríguez regidores del Ayuntamiento de Esgos hubo un lapso de siete años. La alcaldía quedó entonces en manos de la familia Baltar: Manuel Blanco Pérez, el cuñado del exbarón y tío del actual presidente de la Diputación y del PP, José Manuel Baltar Blanco, la mantuvo entre 2003 y 2010.

Su sobrino lo custodió desde la tenencia de alcaldía —entre idas y venidas al Parlamento gallego que compatibilizaba con la labor municipal— a través de un escaño que le permitió obtener acta de diputado provincial (suplente) y, en última instancia, y tras una cadena de renuncias de sus compañeros de grupo, alcanzar por aclamación de su partido la presidencia de la Diputación en la que sucedió a su padre.

En su pueblo natal de Esgos José Luis Baltar es aún mucho más de lo que ha sido en la provincia de Ourense. En alguno de los númerosos mítines electorales que el “cacique bueno” celebró en su municipio adiestraba a sus vecinos en la práctica de la petición política de favores.

 Los arengaba desde el estrado instándolos a que, si tenían a algún paciente en lista de espera en el hospital público, acudieran a su despacho a pedir un enchufe. "¡Y si no os recibo, dais una patada en la puerta!", los exhortó en una ocasión a abordarlo por las bravas para la consecución de una prebenda.

El fundador del baltarismo sigue vinculado a Esgos. Ahí se ha construido un panteón, un chalé y el afecto del vecindario que le regala cerradas mayorías absolutas y que el pasado 25 de junio se congregó en la Plaza da Souteira para rendirle el enémiso homenaje tras su jubilación y el traspaso consumado de todos sus poderes a su hijo.

Ante los 400 vecinos que acudieron a honrarlo, el alcalde actual —el sobrino de quien inmortalizó al exbarón bautizando las obras públicas con su nombre— glosó las virtudes del fundador del baltarismo con un fervor escueto: “Es una persona muy querida por todos, al margen de ideologías”.

Mario Rodríguez llegó a la alcaldía de Esgos en las elecciones de 2011. En plena crisis, con Feijóo enarbolando el eslogan de la austeridad, el regidor no se puso sueldo. Cobra de la mancomunidad de la Ribeira Sacra, subvencionada íntegramente por el Inorde que gestiona su hermano José Manuel.

Desempeña un trabajo de técnico por el que cobra del Inorde (este es el único organismo del que se nutre la mancomunidad) aunque los alcaldes consultados por este diario aseguran que carece de actividad y que está abocada al cierre.

La única noticia que ha trascendido en los últimos años de este ente supramunicipal ha sido la del respaldo que el presidente, el teniente de alcalde de Pereiro de Aguiar, Manuel Doval, hizo público a la ampliación del aprovechamiento hidroeléctrico de bombeo de Santa Cristina, —el proyecto más ambicioso de Iberdrola para esta zona declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) e integrada en la Red Natura y que implicaba horadar la montaña para ampliar de nuevo el embalse de Santo Estevo y construir una nueva instalación hidroeléctrica— amparándolo en la creación “de gran número de empleos” para algunos de los ayuntamientos de la mancomunidad."                (El País, Galicia, 20/07/2012)

Los organigramas directivos de los chiringuitos de la Xunta engordan, y aumentan los nombramientos a dedo. A ellos no les afectan los recortes

"El Gobierno gallego se enorgullece casi todos los meses de su trabajo para reducir el número de entes paralelos de la Administración autónoma, los denominados chiringuitos. Según sus cifras, en los últimos dos años y medio se han eliminado o fusionado 42 de los dos centenares que existían -la mayoría (34), fundaciones comarcales similares unas a otras- con un ahorro de 20,9 millones.

Buena parte de esa reducción se ha logrado fusionando varios entes en nuevas agencias, pero en el proceso también se ha aprovechado para integrar en ellas departamentos que antes formaban parte de la estructura ordinaria de la Administración.

Se han reducido chiringuitos, sí, pero los que quedan son más grandes y tienen más poder y personal, se les han encomendado nuevas competencias que antes corrían a cargo de secretarías o direcciones generales y se les ha habilitado para usar procedimientos no permitidos en el organigrama ordinario de la Administración. 

De todos los tipos de entes paralelos, el que más juego le está dando al Ejecutivo son las agencias. Al analizar los estatutos se percibe que en cada una se ha optado por dejar abierta una puerta distinta a diversos procederes no permitidos en la estructura ordinaria.

La Axencia Galega de Servizos Sociais quiere pagar incentivos a sus directivos; la Axencia de Infraestruturas facilitará que se nombre a dedo a un mayor número de esos cargos; la Axencia Galega de Promoción Económica podría consolidar como funcionarios a personal que no lo era; y la de Innovación facilitaría la contratación de personal sin pasar por los procesos selectivos ordinarios.

La Axencia de Servizos Sociais (en la que se fusionarán la Secretaría Xeral de Familia e Benestar y el Consorcio de Servizos Sociais) es el primer ente paralelo de la Administración gallega en el que el Gobierno quiere implantar el pago a sus directivos en función del "cumplimiento de los objetivos fijados" y de su "productividad", según se reflejó en su borrador de estatutos.

Esos objetivos, sin embargo, los fijaría el propio órgano de control de la agencia, lo que abre la puerta a sobresueldos discrecionales. Los secretarios, directores o subdirectores generales del organigrama ordinario de la Xunta (por ejemplo, de la Secretaría Xeral de Familia e Benestar a la que sustituirá la nueva agencia) cobran un mismo sueldo en cada tipo de categoría.

La Axencia de Infraestruturas detalla en sus estatutos que sus directivos serán más que los que había antes en la Dirección Xeral de Infraestruturas a la que sustituye. Además, si los subdirectores antes tenían que ser nombrados de entre los funcionarios, los nuevos podrán ser elegidos a dedo fuera de la Administración.

En cuanto a la Axencia Galega de Promoción Económica, que sustituirá al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), sus estatutos están suscitando el recelo de los sindicatos por la intención del Gobierno gallego de consolidar en ella como funcionarios a los trabajadores que heredará del Igape, muchos de los cuales entraron sin pasar por procedimientos selectivos ordinarios y abiertos.

Y una alerta similar han dado también los sindicatos en el caso de la Axencia Galega de Innovación, en la que la Xunta quiere poder elegir libremente al 40% de la plantilla por tratarse de un personal muy especializado, según se le argumentó a las centrales."                           (El País, ed. Galicia, Galicia, 19/09/2011, p. 1) 

"La empresa trató de reemplazar a los (bomberos) despedidos con dos personas que no habían superado los exámenes de acceso"

"Aprobaron los exámenes, pasaron las pruebas y desde hace dos meses estaban trabajando con normalidad. Pero de la noche a la mañana Julio Gonzalo y Iago Carregal fueron despedidos del parque de bomberos de Porriño sin mediar explicación.

Sus compañeros de los parques de Porriño, Vilagarcía y Ribadumia decidieron ayer encerrarse en sus bases para exigir que los readmitan. (...)

"No había ni un solo informe negativo, no nos lo explicamos", cuenta. Un delegado sindical asegura además que la empresa trató de reemplazar a los despedidos con dos personas que no habían superado los exámenes de acceso, unas duras pruebas físicas y un control teórico al que sigue un periodo de práctica de 200 horas.

"Si quieren desalojarnos, tendrá que venir la policía", avisó ayer.El apoyo a los encierros, explicó, es secundado por la totalidad de las plantillas." (El País, Galicia, 21/06/2011, p. 5)

La Xunta paga 3.000 millones de pesetas (que no hay para Sanidad) por privatizar las oficinas del IGAPE en el extranjero

"La Consellería de Economía, que dirige Javier Guerra, tardará pocos meses en dar a conocer un plan para privatizar las oficinas del Igape en el extranjero y dejarlas en manos de la Confederación de Empresarios.

Había que cerrar las delegaciones de Tokio y Varsovia; privatizar las de Düsseldorf, Shangai y Miami y abrir otras once 11 nuevas "plataformas". Y se encargaría el personal de la CEG a cambio de recibir, durante cuatro años, 18 millones de euros, 3.000 millones de pesetas. La cuantía de la asignación llamó de inmediato la atención.(...)

¿Quién ayudaría, dentro de la CEG, a montar las plataformas? José Luis González, sucesor de Barbeito en las dos empresas, también según notas recogidas por la prensa, trabaja activamente para habilitar un sistema de videoconferencia con todas las oficinas que él mismo coordinará desde Santiago. (...)

(Francisco Javier Álvarez Barbeito toma posesión (el día 11) como nuevo secretario general de Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), organismo de fomento empresarial que depende de la Consellería de Economía.

El día 25 de ese mes el Boletín del Registro Mercantil publica su renuncia (efectiva antes de su llegada al organismo) a los cargos de accionista y administrador en dos empresas dedicadas a la promoción de servicios en comercio exterior: ABH Consultoría y Asistencia Técnica y Albromat Servicios Integrales.

Llevaba tres años trabajando desde estas sociedades para la Confederación de Empresarios de Galicia, donde impulsó el servicio de licitaciones internacionales, que ayuda gratuitamente a las empresas a conseguir contratos fuera de España.

En ese proyecto, financiado a través de un convenio por la Consellería de Traballo y la obra social de Caixa Galicia, también trabaja José Luis González, que se hace cargo de esas empresas cuando Álvarez Barbeito reingresa en la administración. ) (...)

El Diario Oficial de Galicia recogía este viernes una de las últimas medidas puesta en marcha por el exdirector del Igape, Joaquín Varela, imputado dentro de la Operación Campeón: la creación de varias direcciones generales que ocuparán personas contratadas a dedo.

"Hay cada vez más técnicos de libre designación entre nosotros [señala una fuente interna] son ya 38 en una plantilla de 133 personas". Al mal ambiente que ha creado el escándalo de la investigación judicial se suma ahora el nerviosismo de los técnicos de base que tienen contratos temporales y que ven peligrar su nómina porque el instituto no puede incrementar la masa salarial.

Temen que pueda haber despidos para pagar a los nuevos directores sueldos proporcionalmente más elevados que los del resto de la Administración. "Por algún lado hay que cortar, y se quiere empezar por los de abajo", critica la plantilla." (El País, Galicia, 19/06/2011, p. 1)

"Ahora vas a ir a comprar el regalo del alcalde, amiga, te comprometiste, ¡Hostia! Si no vas, te dejo, vas a ir conmigo a darle las gracias"

"En el sumario de la Operación Orquesta no solo hay conversaciones entre el alcalde y el edil de Fisterra, ambos en libertad provisional acusados de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación, con el constructor y otras personas prometiendo "dar un toque a Bea [Mato]" para que influyese en las contrataciones del geriátrico.

En el registro policial del despacho del regidor también fueron aprehendidos e incorporados al sumario como pruebas dos correos de José Manuel Traba a Mato. En ambos, con fecha del 29 de septiembre y 5 de octubre, el alcalde le comunica la identidad de cinco personas recomendadas para el geriátrico de Vimianzo.

En algunos casos, acompaña los nombres y apellidos con DNI, el currículo o con el puesto al que aspiran como "mantenimiento" o "auxiliar de cocina". En otros casos precisa que la recomendación parte de "Manolete, el patrón mayor que me pasó el nombre de una sobrina".

Traba también precisa a Mato en un correo que de los tres nombres que le pasó anteriormente, sólo uno es de Fisterra. "Por lo que supongo que también te pedirían por esas dos de Cee y Vimianzo, que es de donde son", añade.

En esos correos no aparece citada la novia de Ogando, Isabel Martínez, natural de Fisterra. Pero en las conversaciones y mensajes telefónicos interceptados por la policía sí se la nombra varias veces como una de las personas por las cuales intercedería el alcalde ante la conselleira de Traballo.

Martínez, que trabajaba como secretaria de los Ogando, los constructores predilectos del Ayuntameinto de Fisterra y conocía todos los amaños con las obras, tiene ahora plaza fija en el geriátrico de Vimianzo. Su novio constructor le ordenó dar las gracias al regidor de su pueblo por el empleo:

"Ahora vas a ir a comprar el regalo del alcalde, amiga, te comprometiste, ¡Hostia! Si no vas, te dejo, ¡Cago en Dios! Te sale redondo, vas a ir conmigo al despacho a darle las gracias personalmente". (El País, Galicia, 18/06/2011, p. 3)