"Feijóo o la construcción de un líder mediante el uso de medios públicos y ayudas millonarias a la prensa
La televisión y la radio públicas acumularon durante los años del presidente del PP al frente de la Xunta centenares de sentencias en contra por vulneración de derechos fundamentales y laborales.
Su Administración pagó 45 millones en subvenciones directas a los grandes editores de periódicos de Galicia y adjudicó contratos a dedo a la prensa de Madrid y a medios y pseudomedios de ultraderecha.
El 22 de junio de 2018, sólo cuatro días después de anunciar que no optaría a suceder a Mariano Rajoy en el PP, Alberto Núñez Feijóo acudió al Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, en Santiago, para asistir a la gala benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer. La conductora del evento era Beatriz Moyano, uno de los rostros más conocidos de la Televisión de Galicia (TVG), donde presentaba junto a Alfonso Hermida el telediario nocturno de la cadena pública. Aquella noche Moyano vistió de negro, como buena parte de sus compañeros, que llevaban semanas utilizando ese color el último día laborable de la semana para denunciar la manipulación informativa, la falta de neutralidad y las represalias contra profesionales críticos con la dirección de los medios gestionados por la Xunta, entonces agrupados en la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG). Durante su intervención, y con Feijóo sentado en la primera fila, la periodista defendió la necesidad de garantizar su pluralidad e independencia.
Cinco días después, la dirección de la CRTVG abrió a Moyano un expediente disciplinario acusándola de usar los servicios de maquillaje de la corporación para prepararse antes de acudir a la gala. Lo consideraron una falta muy grave susceptible de despido. Moyano y Hermida –éste ya había sido apartado en 2011 de un especial electoral por manifestarse contra la ley de medios públicos– anunciaron que abandonarían la presentación del Telexornal. La corporación terminó archivando el expediente, pero el desenlace de la historia fue bien diferente para sus protagonistas. Moyano dejó de presentar informativos. Hermida acabó abandonando la compañía. Feijóo construyó en los medios públicos y privados de Galicia una imagen pública de estadista gracias a la cual aspira hoy a presidir el Gobierno de España. Ocho años después, los empleados y empleadas de la tele y la radio siguen vistiendo de negro los viernes.
Durante los mandatos de Feijóo en Galicia, la oposición en el Parlamento autonómico, el comité intercentros de la CRTVG y los trabajadores agrupados en la plataforma que organiza los venres negros denunciaron que la Xunta había puesto la televisión y la radio públicas al servicio de los intereses del PP y de la marca personal de su líder. Las protestas se prolongaron durante años y estuvieron acompañadas de huelgas, manifestaciones y denuncias públicas, que incluso llegaron hasta el Senado en abril de 2023, cuando Feijóo ocupó su escaño en la Cámara Alta tras su aterrizaje en Madrid.
Muchos años antes, en la campaña electoral de 2009, el hoy líder del PP había prometido despolitizar la televisión pública y garantizar que su dirección se elegiría mediante consenso parlamentario. Con respecto a lo segundo, nada más llegar a la Xunta nombró un director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, por entonces director de La Región, un periódico conservador de Ourense. Dos años después, el PP aprobó una la ley que establecía que el responsable de la CRTVG debía ser elegido por mayoría de dos tercios en el Parlamento, pero Feijóo nunca tuvo esa ventaja y mantuvo a Sánchez Izquierdo en su puesto durante los 11 años siguientes, incumpliendo así no sólo su promesa, sino su propia ley. La norma también preveía la constitución de un consejo de informativos que debía velar por la independencia y neutralidad de los medios públicos, pero que nunca se creó.
Sentencias por vulneración de derechos
Según la Justicia, el compromiso de despolitizar la televisión pública, tampoco se llevó a cabo. Sólo en los últimos 12 meses de Feijóo al frente de la Xunta, entre las primaveras de 2021 y 2022, la CRTVG recibió 18 condenas por vulneraciones de derechos fundamentales o laborales. En 17 años los medios públicos habían acumulado más de 400 sentencias desfavorables: represalias, coacciones, despidos improcedentes, contratación irregular, cesión ilegal de empleados, modificación unilateral injustificada de condiciones de trabajo, impago de pluses o complementos, violación de derechos sindicales, discriminación de género... Las indemnizaciones, gastos de defensa y costas judiciales que acompañaran a las condenas se abonaron con cargo del erario autonómico.
La CRTVG ha rechazado reiteradamente las acusaciones de manipulación y persecución ideológica y ha atribuido parte de los conflictos y derrotas judiciales a decisiones de responsables anteriores a Sánchez Izquierdo o a reestructuraciones organizativas, en una versión que contradicen las decenas de denuncias de profesionales durante el tiempo que Feijóo estuvo en la Xunta. Algunos de ellos no judicializaron sus casos. Otros lo hicieron y perdieron. Varios están a la espera de que los jueces decidan. Muchos ganaron.
Uno de estos últimos fue Carlos Jiménez, periodista de la Radio Galega y participante activo en los venres negros, expedientado en noviembre de 2018 por participar en aquellas protestas y manifestar en sus redes sociales una opinión crítica con la dirección y la línea editorial de la casa. La excusa para sancionarlo era que trabajaba en dos programas de la cadena elaborados por productoras externas. Los dos espacios habían sido contratados por la propia CRTVG, que además le había dado autorización expresa para participar en ellos y compatibilizarlos con su desempeño en la cadena. Jiménez ganó primero en un juzgado de lo Social, después en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y finalmente en el Tribunal Supremo, que confirmó en mayo de 2022, poco después de que Feijóo dejara la Xunta, que la sanción que le habían impuesto estaba motivada exclusivamente por haber ejercido su derecho fundamental a la libertad de expresión y a la tutela judicial. Jiménez cuenta con 17 sentencias favorables en los procedimientos judiciales que ha planteado contra la empresa.
Casos ganados y perdidos
La Justicia también ha fallado a favor de otras profesionales represaliadas después de que Feijóo abandonara el Gobierno autonómico, pero que se significaron mucho antes, pública y activamente, con los venres negros. Es el caso de Mónica Rosas, periodista con más de un cuarto de siglo de antigüedad en la división de televisión de la CRTVG y a quien trasladaron sin justificación a la radio de un viernes a un lunes. El TSXG estableció el pasado marzo que había sido una represalia política. Al revés, otro compañero, Alberto Ordóñez, reputado redactor de economía con dos décadas de experiencia en la radio, denunció su traslado a la televisión el día después de que se negara a ocultar en una locución que el IPC había subido más en Galicia que en España. Perdió su caso en primera instancia y en el TSXG. También perdió su caso Fito Ferreiro, camarógrafo, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña, sindicalista y activista por los derechos del colectivo LGTBIQ+. En junio de 2021 denunció que los mandos de la CRTVG habían arruinado su carrera profesional por su condición sexual, su actividad sindical y su adscripción política. Un juzgado de lo Social de Santiago desestimó su demanda cinco meses después.
El caso de la presentadora Mayte Cabezas está pendiente de juicio. Hija de un guardia civil asesinado por el Grapo, llevaba en la televisión más de 30 años cuando un lunes le dijeron que ese mismo día la trasladaban a la radio. El viernes anterior había colgado un post en sus redes criticando a Feijóo por la falta de apoyo a las víctimas del terrorismo durante sus años en Galicia, después de que éste hablara del asunto ya como presidente del PP estatal. La periodista reiteró su postura ese mismo día en una entrevista en SER Euskadi. El lunes le entregaron la carta anunciando que la cambiaban a la radio. Lo denunció, pero la jueza de primera instancia de lo social consideró que su traslado no suponía una modificación de sus condiciones de trabajo y no entró a valorar si se habían vulnerado sus derechos fundamentales. Posteriormente, el TSXG apreció el recurso de Cabezas y ordenó posteriormente repetir el juicio y que la jueza determine si existió o no esa vulneración. En otro proceso por la vía penal, otro juzgado no ha encontrado pruebas determinantes que demuestren la supuesta falsedad de unos correos electrónicos con los que la dirección de la CRTVG pretende demostrar que el traslado de la presentadora fue decidido antes de sus críticas a Feijóo.
Como Ferreiro y Ordóñez, otras compañeras ya han visto cómo sus casos derivaban en decisiones judiciales desfavorables. Entre ellos figura el de otra periodista con décadas de experiencia que recurrió también a la vía penal para denunciar trato degradante y una campaña de años de desprestigio profesional y personal que acabó afectando severamente a su salud. Según su relato, que la dirección niega, fue trasladada de puesto y privada de tareas o coberturas relevantes, excluida de reuniones y ninguneada, perjudicada en la distribución de turnos, vacaciones y permisos, y obstaculizada para que pudiera conciliar su trabajo con los cuidados de su padre anciano. La querella por acoso que presentó en 2023, y que llevó a la imputación de Sánchez Izquierdo y de otros ocho directivos y directivas, ha sido sobreseída provisionalmente. Esa persona sigue hoy de baja.
Algunas denuncias de otras trabajadoras que sí fructificaron alcanzaron el terreno de la discriminación por razón de sexo, por impedir la conciliación de madres trabajadoras o vulnerar su derecho a la huelga, por sustituirlas por hombres si secundaban los paros de los 8M. Los tribunales también declararon abusivos e ilegales los servicios mínimos impuestos en varias huelgas feministas y laborales. A esas resoluciones judiciales se sumaron decisiones de las juntas electorales exigiendo neutralidad y pluralidad en los informativos durante las campañas de varios comicios autonómicos y generales.
Imagen pop de Feijóo
Además de esas denuncias judiciales, los trabajadores y la oposición política también han alertado del uso de programas de entretenimiento para construir y proyectar una imagen amable, cercana y pop de Feijóo, con apariciones estelares en espacios donde, sin embargo, no tenían presencia los representantes de la oposición política o social. Un ejemplo es Land Rober Tunai Show, presentado por el cómico Roberto Vilar. En septiembre de 2016, el entonces presidente de la Xunta acudió al espacio y fue recibido con una puesta en escena que incluía un sitial inspirado en la serie Juego de tronos. Feijóo se sentó literalmente en aquel Trono de Ferro, como lo denominó Vilar, rodeado de espadas, en una escena que convirtió su presencia en el programa en un espectáculo de exaltación personal.
Land Rober Tunai Show también acumuló polémicas por sus contenidos machistas. Entre ellas, la emisión de un programa en el que el presentador presionaba en directo a una joven de 20 años para encontrarse con su expareja, mientras ella se negaba y le advertía de que había roto la relación por sus comportamientos controladores y abusivos. El comité de empresa pidió la dimisión del director general, en un debate que se ha agudizado recientemente tras saberse que la Xunta ha aumentado la dotación de los contratos con la productora del programa.
Ese modelo de relaciones laborales, de línea editorial y de contenidos alineados con el ideario del PP que acompañó la construcción de imagen política de Feijóo en los medios públicos durante sus años en la Xunta se apoyó también en una creciente privatización de emisiones y servicios. Una de las críticas recurrentes de los trabajadores fue que la dirección de Alfonso Sánchez Izquierdo había ido trasladando a productoras privadas una parte cada vez mayor de la programación, incluidos espacios y coberturas que podían realizarse con medios y profesionales propios. En febrero pasado, el Consello de Contas de Galicia, el organismo responsable de fiscalizar la contabilidad de la Administración autonómica cuestionó la privatización de los directos de los servicios informativos que se había ejecutado bajo los gobiernos de Feijóo y alertó de que, lejos de ahorrar presupuesto al erario público, implicaban gastos mucho mayores.
Las críticas a la gestión editorial y empresaria de la CRTVG y a su programación coincidieron además con un deterioro de las audiencias. La TVG cerró 2022 con un 10,5% de cuota de pantalla. En 2009 superaba el 14,3%. Cuando cuando Sánchez Izquierdo abandonó la CRTVG en 2025, era del 8,4%. Ese año, el director general cobraba un salario de 102.168,66 euros anuales, que sumado al de los otros 12 altos cargos de su cúpula directiva sumaron 1,10 millones, según datos de la propia corporación. Una media de 85.000 euros anuales por persona. En 2022, el año en que Feijóo dejó la Xunta, la CRTVG cerró el ejercicio con 102,3 millones de euros de pérdidas, según el balance contable oficial de la compañía, con una "dependencia prácticamente total" de la financiación de la Administración autonómica según otro informe del Consello de Contas de Galicia.
Ayudas a la prensa
Ninguno de los conflictos laborales, judiciales y políticos surgido en torno a la CRTVG durante los mandatos de Feijóo ha sido objeto de seguimiento relevante en los grandes medios de la prensa regional. Precisamente, otra de las críticas recurrentes de la oposición a sus gobiernos ha sido la conversión del ecosistema mediático de la comunidad en una suerte de kiosko de prensa concertada, a través de un modelo de ayudas públicas millonarias a las editoras de las principales cabeceras de papel y sus filiales digitales, comerciales, audiovisuales y demoscópicas.
El ejemplo más ilustrativo es de La Voz de Galicia, diario editado en A Coruña propiedad de la Fundación Santiago Rey, presidida por Lois Blanco. En su patronato se sientan vocales representantes de grandes empresas como Inditex o vinculados a sus dueños, Amancio Ortega y su hija Sandra; a Abanca –la entidad propiedad de Juan Carlos Escotet que heredó las cajas de ahorro gallegas cuando fueron privatizadas–, y a Gadisa –la mayor cadena de distribución alimentaria de Galicia, en manos de la familia Tojeiro– y Reganosa, su división energética.
Con datos del último balance del Estudio General de Medios, La Voz asegura que concentra más del 56% de la audiencia de lectores de diarios de papel en Galicia, unos 294.000. Según la auditoría del Consello de Contas sobre el balance contable de la Xunta de 2022, el último año con Feijóo al mando, de entre todas las empresas de capital privado de todos los sectores económicos, con sede en Galicia o fuera de ella, que se beneficiaron de subvenciones de la Administración autonómica todos los años entre 2018 y 2022, La Voz de Galicia SA fue la tercera que más dinero recibió: 4,6 millones de euros.
Feijóo anunció que optaría a presidir el PP estatal el 2 de marzo de 2022 en un acto celebrado, precisamente, en la sede de la fundación propietaria del diario coruñés, junto a su rotativa. Hasta entonces, y desde su llegada a la Xunta, sus gobiernos habían abonado 15,8 millones a la empresa editora de La Voz entre acuerdos bilaterales sin concurso y ayudas directas, y sin contar otras subvenciones con cargo a las partidas para promoción económica y fomento del empleo que la Administración autonómica pone a disposición de cualquier sociedad mercantil. Sumadas las empresas editoras de las once cabeceras en castellano con sede en Galicia, la Xunta adjudicó cerca de 5 millones de euros mediante ayudas a dedo y convenios de propaganda, algunos de los cuales incluían cláusulas expresas orientadas a condicionar su línea editorial o que vinculaban las subvenciones a la publicación de informaciones destinadas a glosar las políticas de la Xunta. Otros incluyen la compra en masa de ejemplares de esos mismos diarios.
El principal beneficiario fue La Voz de Galicia, pero también Prensa Ibérica, propiedad de Javier Moll, que edita Faro de Vigo, El Correo Gallego de Santiago y La Opinión de A Coruña, y que se llevó 7,1 millones entre 2009 y 2022. Esa cifra no incluye otros tres millones destinados a la editora de El Correo antes de que Prensa Ibérica lo comprara a finales de ese último año. El Grupo El Progreso, que edita El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra, y cuya presidenta es Blanca García Montenegro, se llevó 5,24 millones. El Grupo La Región –La Región de Ourense y Atlántico Diario de Vigo–, propiedad de Óscar Outeiriño, obtuvo otros 3,37 millones y Editorial La Capital, del empresario José Collazo y que tira El Ideal Gallego de A Coruña, Diario de Ferrol y Diario de Arousa, 1,52 millones.
Contratos menores
Esas cantidades tampoco incluyen los pagos por inserciones publicitarias puntuales de las diversas consellerías de la Xunta y de las empresas, fundaciones y agencias dependientes de la Administración autonómica, cuya distribución se tramita en muchas ocasiones a través de contratos menores sin concurso público o se deja en manos de agencias privadas de comercialización de publicidad. Sólo en los últimos cinco años de mandatos de Feijoo, fueron 3,64 millones más para La Voz de Galicia y otras filiales de su grupo; 2,28 millones para Prensa Ibérica y las suyas, incluida la antigua editora de El Correo; 2,53 millones para Grupo El Progreso; 1,06 millones para Grupo La Región, y 950.000 euros para La Capital. En total, cerca de otros 10,5 millones de euros sólo en adjudicaciones menores sin concurso público entre 2018 y 2022.
La imagen política de Feijóo como gestor en Galicia no se construyó sólo a través de los medios públicos y privados de la comunidad. Durante sus gobiernos en la Xunta, el hoy candidato del PP a la Presidencia del Gobierno también financió con diversas cantidades a periódicos liberales y conservadores de Madrid, como El País, El Mundo, ABC y La Razón; a emisoras de diversas tendencias, como la SER, la COPE y Onda Cero; y a pseudomedios y digitales ultra como Libertad Digital, El Debate y The Objective. En la primavera de 2022, cuando ya había sido elegido presidente del PP, la Xunta adjudicó a dedo 50.000 euros a EdaTV, el canal digital de los agitadores Javier Negre y Vito Quiles, para que el primero publicara vídeos suyos haciendo algunos tramos del Camino de Santiago.
Feijóo elevó la inversión en medios madrileños justo antes de su aterrizaje en Madrid. El 19 de abril de 2022, mes y medio después de anunciar en la sede de La Voz de Galicia que optaría a liderar el partido y diez días antes de renunciar a la Xunta, entregó otros 50.000 euros a Uniprex, la filial de Atresmedia que gestiona su división de radio –Onda Cero–. El 2 de mayo, tres días después de que el Diario Oficial de Galicia publicara su dimisión y mientras él asistía a los actos del Día de la Comunidad de Madrid acompañando a Isabel Díaz Ayuso, su Gobierno en funciones contrató 200.000 euros más con Vocento, propietaria de ABC y 13TV. El 5 de mayo fueron 200.000 euros para la Cope y, al día siguiente, otros 200.000 euros para Prisa –El País y la cadena SER– y 300.000 euros para Audiovisual Española 2000, editora de La Razón. El 9 de mayo la Xunta adjudicó 200.000 euros más a Unidad Editorial –El Mundo–.
En total fueron 1,3 millones. En todo ese mismo año, el presupuesto de la Xunta para sufragar los gastos de funcionamiento de las formaciones de la oposición en el Parlamento de Galicia, que la ley orgánica de financiación de los partidos políticos encomienda a la Administración autonómica, no alcanzó los 1,29 millones –515.872,33 euros para el BNG y 404.603,89 euros para el PSdeG–. En el último año de Feijóo en Galicia, las 30 publicaciones escritas íntegramente en gallego que pidieron subvenciones a la Xunta recibieron 200.000 euros entre todas. Es decir, seis veces menos de lo que se llevaron seis empresas editoras de medios en castellano con sede en Madrid en las mismas dos semanas en las que el hoy presidente del PP escenificaba su llegada al liderazgo del partido."
(Juan Oliver , Público, 20/11/26)