Los expediente de adjudicación de decenas de contratos de la XUNTA con el Grupo Eulen apuntan a que la compañía tuvo trato de favor con respecto a sus competidores en numerosos procedimientos... La directora del grupo para zona Noroeste es Micaela Núñez Feijóo... Sí, su hermana... Eulen se lleva adjudicaciones en las que no era la mejor oferta económica, incluso siendo la más cara en algunas; ganando procedimientos por exclusión de sus competidoras sin que aparezcan explicaciones en el expediente o incluso cuando presenta una oferta considerada temeraria (Cristina P. Marcote)

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Los expediente de adjudicación de decenas de contratos de la XUNTA con el Grupo Eulen apuntan a que la compañía tuvo trato de favor con respecto a sus competidores en numerosos procedimientos. La directora del grupo para zona Noroeste es Micaela Núñez Feijóo. Sí, su hermana. 

 Las sociedades del Grupo Eulen multiplicaron los contratos con la Xunta desde que Feijóo llegó al Gobierno en el 2009. Desde entonces hasta finales del 2021 recibió adjudicaciones por valor de 37 millones de euros, casi 3 millones de euros al año.

 Micaela Núñez Feijóo, que fue delegada del grupo en Pontevedra y Vigo y directora regional para Galicia, fue ascendida a directora para el Noroeste en el 2016, justo al año siguiente de que la empresa obtuviera su récord de adjudicaciones de las consellerías.

 Del análisis de los cerca de 140 contratos adjudicados por la Xunta a las filiales del grupo desde el 2009 que figuran en la plataforma de Contratos Públicos de Galicia, se puede deducir que obtuvo trato de favor en muchos de ellos

 Eulen se lleva adjudicaciones en las que no era la mejor oferta económica, incluso siendo la más cara en algunas; ganando procedimientos por exclusión de sus competidoras sin que aparezcan explicaciones en el expediente o incluso cuando presenta una oferta considerada temeraria.

 Es decir, oferta anormalmente baja y que podría poner en riesgo la correcta prestación del servicio o basarse en salarios desproporcionadamente bajos del personal de la empresa contratista.

 El contrato más cuantioso adjudicado hasta la fecha por la Xunta al Grupo Eulen se refiere a los servicios de vigilancia y seguridad de cinco hospitales y veinticinco centros de salud del área sanitaria de A Coruña.

 Eulen Seguridad se llevó ese contrato por 9,7 millones (4,38 millones más prórrogas y otros 940.00 euros de colchón para modificaciones del servicio). No era ni la mejor oferta económica ni tenía la mejor propuesta técnica, pero ganó frente a otras tres empresas.

 Lo más llamativo es que sólo unos meses antes, el Sergas sí había dividido el mismo concurso para hospitales y centros del área sanitaria de Vigo, por una cuantía similar. En esa ocasión Eulen sólo se llevó ocho de los treinta lotes. Fueron 438.000 euros, un 10% de lo de Coruña.

 Tras el concurso del área de Vigo, la gerente del Sergas dimitió aludiendo razones personales, y el gerente del área sanitaria viguesa fue cesado poco después.

 Desde entonces, el SERGAS licita la vigilancia y seguridad de sus centros sin dividir los procedimientos en lotes. En el 2015, Eulen Seguridad se lleva el contrato del área sanitaria de O Barbanza, al sur de A Coruña; y en el 2017, el 2019 y el 2021, los del área de Pontevedra.

 En el 2014, Eulen Servicios Sociosanitarios obtuvo del Consorcio Galego de Serivicios de Igualdade e Benestar 2,7 millones en 2 contratos para la gestión de 4 centros de día de personas dependientes en la comarca de Ferrolterra y otros 4 en municipios del interior de Lugo.

 Hay decenas de ejemplos más de adjudicaciones de la Xunta a las empresas del Grupo Eulen en los que sus ofertas no son las más ventajosas, y que ganan gracias a mejores puntuaciones en los criterios valorados subjetivamente. En muchas ocasiones sin que se justifiquen.

 En el 2013, el 2018 y el 2019, la Corporación Radio e Televisión de Galicia adjudicó a Eulen Seguridad 3 contratos consecutivos para la vigilancia de sus instalaciones en Santiago por un valor estimado de más de 3,68 millones de euros. NEPOTISMO al poder.

 10:11 a. m. · 20 jul. 2023194,1 mil Reproducciones

Primera gran derrota judicial de Raúl López, el creador del imperio Monbus, el 'rey de los autobuses' que regaba los despachos políticos con Vega Sicilia, el de Feijoó y otros

 "La imagen de Raúl López, el creador del imperio Monbus, uno de los principales operadores de transporte por carretera en España, quedó empañada hace casi una década por una cascada de problemas judiciales. Desde entonces, sus habituales fotos con políticos se redujeron prácticamente a los que pasaban por el palco del Obradoiro, el club de baloncesto que preside desde 2010. Tras su salto de las páginas deportivas a la crónica de tribunales, en los despachos se dejaron de contestar sus llamadas por miedo, admitían algunos dirigentes, a que el teléfono estuviese pinchado y pudiesen acabar, ellos también, en algún sumario. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ruido mediático se ha ido aplacando y las actividades del primer empresario del transporte de pasajeros por carretera habían salido del foco... hasta que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificada por el Supremo, sobre su acuerdo con Alsa para repartirse el mercado mientras la Xunta miraba para otro lado, ha devuelto a la actualidad sus conexiones con el gobierno gallego.

No consta si esta vez estuvieron regadas con Vega Sicilia, aquel vino para gourmets que mandaba por lotes a Núñez Feijóo, su vicepresidente Alfonso Rueda, el exministro socialista José Blanco o quien fue portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro. Obsequios valorados en miles de euros que la justicia consideró “regalos navideños” frutos de la “cortesía”.

Hasta este varapalo del Supremo, a Raúl López le gustaba cultivar el perfil de hombre hecho a sí mismo. En su biografía abundan episodios que alimentan esa leyenda. La del niño de aldea que mamó el negocio del transporte en casa cuando su padre empezó a mover viajeros por las carreteras lucenses en una camioneta tras la Guerra Civil. Hoy, aquella pequeña empresa familiar, Monbus, controla aproximadamente el 60% de las rutas por carretera en España con más de 2.000 autobuses y una facturación que supera holgadamente los 100 millones de euros.

Pero su conglomerado, que se extiende por varios países y gestiona palacios de congresos, servicios municipales y centenares de líneas de transporte escolar, se ve ahora amenazado por los sumarios de corrupción en los que aparece implicado López, detenido en Sanxenxo (Pontevedra) en marzo de 2016 con 60.000 euros en fajos de billetes, supuesto dinero negro que iba a entregar a una familia de hoteleros de las Rías Baixas.

Hasta entonces, durante las últimas décadas todo fue sobre ruedas para el imperio Monbus: fusiones, compras de compañías nacionales y extranjeras, a menudo apadrinado por instituciones públicas... Y cajas de ahorros dispuestas a soltar dinero fácil, hasta el punto de acompañar a la sociedad en algunas aventuras como accionistas.

En 2001 adquirió la gallega Castromil; en 2008 pagó 61 millones por La Hispano Igualadina, una de las firmas con más solera del sector. La expansión hacia Europa había arrancado años antes cuando adquirió la alemana Deustsche Touring y un holding de 32 sociedades agrupadas en Eurolines. Aquellos años nadie tosía a López, que siempre presumió de buenas compañías: alternó indistintamente con dirigentes del PSOE y del PP.

El fraguismo lo apadrinó como un empresario amigo hasta que el PP perdió las elecciones en Galicia y se acercó a José Blanco, lucense como él, que llegó a ministro de Fomento. López hizo migas después con Alberto Núñez Feijóo cuando este se convirtió en presidente de la Xunta. Durante su mandato, alcaldes de ayuntamientos afectados por servicios de autobús que consideraban deficientes se quejaban amargamente del poco éxito de sus gestiones ante el gobierno gallego. “Manda más Raúl que el conselleiro”.

A medida que aumentaba su cuenta de resultados, sus relaciones políticas y económicas con partidos de distinto color y el respaldo de las cajas de ahorros, el empresario empezó a preocuparse también por el reconocimiento social. Invirtió en un club de baloncesto, el Breogán de Lugo, del que se hizo presidente para llevarlo a la máxima categoría. En 2010, cansado de intentarlo, saltó a la dirección de su club rival, el Obradoiro de Santiago, en uno de los pocos traspasos de presidentes que se recuerdan en el deporte español. Y logró también colocarse a propuesta del PP como representante de la Universidad de Santiago en el Consello Económico e Social, un órgano consultivo del Gobierno gallego.

Así iba construyendo su mito el rey de los autobuses hasta que sus llamadas telefónicas se cruzaron con las de algunos políticos gallegos que estaban siendo investigados por corrupción en la trama Pokemon, una red de sobornos para lograr adjudicaciones públicas con ramificaciones en Galicia, Catalunya, Asturias y Cantabria. El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) puso la lupa en 2014 sobre un contrato de tres suministros de autobuses con cargo a fondos europeos en el Ayuntamiento de Santiago por más de 400.000 euros a una empresa que el SVA vinculaba con Raúl López: Talleres La Campiña.

Los pinchazos telefónicos captaron a un concejal del PP, encarcelado meses después, preguntando a López qué criterios debía incluir en el pliego del concurso. Los investigadores sospecharon de esa adjudicación: las otras dos ofertas fueron rechazadas porque sus vehículos “no cumplían con la altura mínima o el radio de giro”. Agentes del SVA vieron en eso otro “indicio de un concurso hecho a medida de uno de los ofertantes, adaptándolo a las características de su producto”, según escribieron en un informe remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, convertida ya entonces en látigo contra la corrupción.

De Lara y el SVA volvieron a cruzarse en la vida de Raúl López el 18 de marzo de 2015. Los agentes lo arrestaron ese día mientras entregaba 60.000 euros en un restaurante de lujo de Sanxenxo a una familia de hoteleros de la joya turística de las Rías Baixas. Permaneció detenido más de 72 horas y tras pagar 20.000 euros de fianza para evitar la prisión el empresario de los dos mil autobuses aseguró a la prensa: “Pudo haber alguna irregularidad administrativa, pero ya está aclarada”.

Ese fue el inicio de la llamada Operación Cóndor, que dejó otros diez detenidos. A López se le investiga por su relación con delitos fiscales y contables, blanqueo, falsedad, tráfico de influencias y cohecho. La policía sospechaba que se repartía con empresarios locales dinero negro que salía de las excursiones turísticas de jubilados. Ahora mismo, el sumario que pone fin a la instrucción de esta macrocausa está paralizado, pendiente de un recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo.

Regalos y pagos a cargos del Ejército

Las escuchas destaparon mucho más: presuntos sobornos a cargos del Ejército para obtener concesiones del Ministerio de Defensa para trasladar a la brigada de paracaidistas del Ejército de Tierra. Fue el propio yerno de Raúl López, Rafael Casqueiro, según el sumario, el que se encargó de gestionar el regalo del servicio de autobuses para la boda de la hija del jefe de Estado Mayor de la BriPac, el teniente coronel Luis Cortés, con el defensa internacional y hoy primer capitán del Real Madrid, Nacho Fernández. Cuando la jueza preguntó si tenía algo que ver con las concesiones del transporte, un cargo del Ejército que medió en la operación aseguró que Monbus no cobró nada por el transporte, ya que le interesaba “hacer publicidad” de sus autobuses en el evento.

Los investigadores sospechan que López también intentó sobornar con medio millón de euros al presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, antes de hacerse con los traslados de los equipos durante el Mundial de Baloncesto que se celebró en Madrid en 2014. Y que Monbus tuvo acceso a las ofertas de sus competidoras en este concurso para mejorarlas y asegurarse la concesión en un consorcio donde también estaban Alsa y Globalia.

El contrato para pasear a la Orquesta Sinfónica de Galicia también está en entredicho, como la forma en que Gerardo Díaz Ferrán le fue traspasando sociedades y concesiones cuando el monopoly del presidente de la patronal empezaba a desmoronarse, antes de acabar en prisión.

En uno de sus contratos privados, López y Díaz Ferrán falsearon la compraventa de la sociedad Autobuses Urbanos de Lugo para que las concesiones a esta empresa no fuesen impugnadas. Aunque en las escrituras públicas se establecía que Díaz Ferrán traspasaba a López el 49% de las acciones, el contrato privado aclaraba que en realidad le estaba vendiendo su mitad en la Unión Temporal de Empresas (UTE). El 1% que simulaba mantener el presidente de la patronal era para evitar que el Ayuntamiento de Santiago revisase la concesión del transporte urbano, tal y como estaba obligado a hacer si la UTE que optó a la concesión se deshacía.

Tras casi ocho años de silencio, ha sido otra sentencia la que ha vinculado la actividad ilícita de Monbus con el consentimiento de la Xunta. La decisión del Tribunal Supremo de no aceptar los recursos de los afectados ha convertido en firme la sentencia del TSXG que obligaba a la Comisión Galega da Competencia a abrir expediente sancionador tanto a esta empresa como a Alsa por “repartirse el mercado”. Ambas firmas concurrieron juntas a los lotes más jugosos del concurso autonómico de transporte de viajeros por carretera. En el resto, no se enfrentaban: donde competía una, no se presentaba la otra. Competencia, un órgano formado por tres antiguos cargos populares puestos a dedo por el gobierno gallego, había archivado la denuncia de un competidor sin siquiera pararse a comprobar lo que allí se decía. Mientras la oposición centra sus dardos en la “connivencia” de la Xunta –el BNG quiere que la conselleira dé explicaciones en el Parlamento– Monbus ya ha anunciado que pedirá amparo ante el Constitucional."                        

 (José Precedo / Luís Pardo  , eldiario.es, 26 de octubre de 2023)

La Xunta de Galicia ha desembolsado 44 millones de euros de más en las autovías de peaje en sombra... los resultados podrían haberse logrado con un coste significativamente menor, y generar "ahorros en los presupuestos pùblicos por valor de, cuando menos, 44 millones de euros."... la Xunta ha cedido a presiones económicas injustificadas, resultando en costes adicionales innecesarios para el erario público... cuando tres de estas autovías afrontaban el riesgo de colapso financiero, en lugar de mantenerse firmes frente a las concesionarias para asumir las pérdidas, la Xunta optó por revisar los contratos, resultando en un aumento exorbitante de 205 millones de euros en los pagos gubernamentales a las empresas gestoras... Esta decisión va en contra de las prácticas comunes y, de hecho, contradice sentencias previas del Tribunal Supremo en circunstancias similares

 "Un reciente informe del Consello de Contas de Galicia revela un extraño manejo de fondos públicos por parte del Gobierno gallego en relación con las autovías de peaje en sombra. La Xunta de Galicia ha desembolsado 44 millones de euros de más en estas vías, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia de la colaboración público-privada en la gestión de proyectos de infraestructura. El informe expone que los resultados podrían haberse logrado con un coste significativamente menor, y el balance general indica deficiencias que superan con creces los beneficios. En concreto, el Consello de Contas aprecia "posibilidades de reducir las tarifas abonadas por la Administración" y generar "ahorros en los presupuestos pùblicos por valor de, cuando menos, 44 millones de euros."

 Las cinco autovías bajo escrutinio, incluidas la AG-56 Santiago-Brión, la AG-41 de O Salnés, la AG-11 de O Barbanza, la AG-31 de Celanova y la AG-55 de A Costa da Morte, revelan un sombrío panorama. A pesar de los elogios por su construcción oportuna y mantenimiento de calidad, se subraya que la Xunta ha cedido a presiones económicas injustificadas, resultando en costes adicionales innecesarios para el erario público.

El informe del Consello de Contas señala un punto crucial en el 2014, cuando tres de estas autovías afrontaban el riesgo de colapso financiero. En lugar de mantenerse firmes frente a las concesionarias para asumir las pérdidas, la Xunta optó por revisar los contratos, resultando en un aumento exorbitante de 205 millones de euros en los pagos gubernamentales a las empresas gestoras. Esta decisión va en contra de las prácticas comunes y, de hecho, contradice sentencias previas del Tribunal Supremo en circunstancias similares.

 El informe también cuestiona la falta de estudios coste-beneficio que sustentaran las decisiones de inversión en estas autovías. Parece que el enfoque se centró en la externalización de los riesgos financieros, en lugar de basarse en evaluaciones rigurosas de viabilidad económica y social. La preferencia por ofertas económicas agresivas, en lugar de planes económicos sólidos y proyecciones de tráfico realistas, ha exacerbado los problemas financieros, representando una seria amenaza para las finanzas públicas.

 Carga financiera innecesaria

Además, la decisión de optar por la colaboración público-privada no parece haber sido respaldada por un análisis exhaustivo y transparente. El desequilibrio en la asignación de responsabilidades financieras entre el sector público y el privado ha generado una carga financiera innecesaria para la comunidad autónoma. Las consecuencias de esta controvertida gestión recaen directamente sobre los ciudadanos, con tarifas más altas que podrían haberse evitado con una toma de decisiones más prudente.

En un momento en que la cordura financiera y la eficiencia del gasto público son más cruciales que nunca, este derroche irresponsable resulta inaceptable. Se supone que la Xunta de Galicia debe rendir ahora cuentas por su manejo imprudente de fondos públicos y adoptar medidas inmediatas para rectificar esta situación. Parece también necesario realizar una evaluación exhaustiva de los contratos y adoptar un enfoque más responsable y transparente en la toma de decisiones de inversión para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas y garantizar un uso adecuado de los recursos del contribuyente.

Errores de cálculo a expensas del contribuyente

La Xunta de Galicia no puede permitirse más errores de cálculo a expensas del contribuyente, ya que la ciudadanía gallega merece una administración responsable y eficiente, por lo que haría bien en asumir la responsabilidad de su mala gestión y comprometerse a corregir estos errores tan costosos de los que advierte el órgano de control de las cuentas públicas de Galicia. Se supone que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares fundamentales en la gestión de proyectos de infraestructura para evitar el despilfarro innecesario y garantizar el beneficio real para todos los ciudadanos.

Como argumenta el conselleiro del Consello de Contas de Galicia Simón Rego Vilar en un artículo que publica en el diario La Voz de Galicia, "más allá de valorar el contexto de la decisión, resulta esencial evaluar el ejercicio de las competencias autonómicas en el control de la ejecución y de transferencia del riesgo al operador privado."

"La opinión mayoritaria del Consello [de Contas de Galicia ] –añade Rego Villar– plantea cómo los reequilibrios de estos contratos en el 2014 supusieron que los riesgos de caída del tráfico y de ingresos fueran asumidos por los presupuestos autonómicos, y no por el operador privado como estaba previsto, con unos incrementos de tarifa que oscilan del 38 % –Salnés– al 72,81 % –Celanova–; y que el escenario de una resolución anticipada de los contratos hubiese sido la alternativa más eficiente." Su conclusión es demoledora, al constatar "análisis contrafactuales (escenarios hipotéticos) en el horizonte del control de los recursos públicos, en este caso de 1.643 millones de euros." Palabras mayores."           (Editorial Mundodiario, 28/10/23)

Así se gestó la denuncia de Galibus contra el director xeral de Mobilidade por "prevaricación administrativa" beneficiando a Monbus... El proceso busca descubrir si el alto cargo de la Xunta dio orden de “salvar a las empresas y UTE’S vinculadas con Monbus”

 "Cuando los sindicatos que alentaron a la huelga del transporte por carretera en Galicia no habían decidido si iban o no a aparcar los buses el pasado 31 de marzo, desde Galibus ya asumían que eso iba a ocurrir. “La huelga es difícilmente evitable”, comentaban a este medio días antes. 

La Asociación Empresarial de Viajeros por Carretera de Galicia está compuesta por pymes que, siempre a la sombra de grandes compañías, llevaban años viendo como los gigantes les birlaban los contratos en una partida que parecía jugarse con las cartas marcadas. Sin embargo, las denuncias nunca llegaban a puerto. En ocasiones ni zarpaban. Ahora, después del pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que dio orden a la Comisión Galega da Competencia para incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa, las piezas comienzan a encajar.

Tras señalar la Justicia a las dos empresas “por indicios de haber podido repartirse el mercado” y a la Xunta como actor necesario para que esto sucediese, Galibus puso en marcha a sus equipos legales para iniciar un proceso que, hasta ahora, ha provocado que el Juzgado Nº1 de Santiago haya acordado incoar "diligencias previas por un delito de prevaricación administrativa" contra Ignacio Maestro Saavedra, director xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia desde 2017.

Todo esto comenzó a gestarse hace semanas, cuando Galibus presentó el pasado 14 de marzo la denuncia ante los juzgados e inició un proceso al entender que se estaban sucediendo las irregularidades en contrataciones públicas de transporte por carretera. 

De esta forma, señala directamente a Monbus como la empresa que “a través de diferentes mercantiles o UTE’s, licitan y resultan ser adjudicatarios de gran cantidad de los lotes que oferta la Consellería de Infraestructura e Mobilidade de la Xunta de Galicia, sorteando fraudulentamente, con el concurso y aquiescencia de quienes deben supervisar, vigilar y controlar que no ocurra, es decir la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade y, concretamente su Dirección Xeral de Mobilidade, las obligaciones y exigencias de los Pliegos, lo que implica un evidente agravio comparativo con el resto de licitadores y adjudicatarios y un grave perjuicio del interés público, con merma también del patrimonio público”, comentan desde Galibus.

Así las cosas, recuerdan que el 1 de septiembre del pasado año las empresas adjudicatarias tenían que haber justificado y aportado la relación de cada uno de los vehículos adscritos a los distintos contratos. Siete meses después, desde Galibus reprenden que no se ha realizado este trámite, por lo que no queda justificado si las empresas “disponen de los medios necesarios para poder prestar el servicio, con grave merma de un servicio público esencial”.

Esto entroncaría directamente con las denuncias de muchos usuarios, que advierten que en muchas de las líneas donde opera Monbus los autocares presentan deficiencias o, directamente, no llegan para prestar el servicio, acumulando grandes retrasos y perjudicando a los viajeros.

VIEJOS CONOCIDOS EN LOS PASILLOS DEL JUZGADO

En cualquier caso, no es la primera vez que desde Galibus recurren a la Justicia para denunciar los incumplimientos, toda vez que aseguran haber comprobado “que las empresas adjudicatarias estaban incumpliendo las exigencias contractuales, lo que fue asimismo denunciado ante la Administración por medio de diversos escritos a lo largo de sucesivos meses”. Las denuncias, eso sí, no tuvieron más recorrido y la Xunta permitió “el incumplimiento sistemático” de las adjudicatarias.  

 Es en este punto donde se ve la mano del director xeral de Mobilidade, Maestro Saavedra, cuyas actuaciones están bajo la lupa de la magistrada Ana López-Suevos. Las pymes integradas en el colectivo señalan que el propio Maestro Saavedra “dictó diversas resoluciones” con la intención de “salvar a las empresas y UTE’S vinculadas con Monbus”. 

 Esto suponía un perjuicio para el resto de empresas que acudían al concurso y que, al contrario que Monbus, “sí se encuentran en condiciones de cumplir con los Pliegos del contrato, dado que se está prestando un servicio defectuoso con numerosos y reiterados incumplimientos, como ponen de manifiesto una y otra vez las continuas denuncias al respecto formuladas por colectivos ciudadanos, sindicatos, ayuntamientos, etc y que han tenido amplia repercusión en los diversos medios de comunicación”.

“Entendemos que el director xeral es plenamente conocedor de los incumplimientos denunciados y actuando arbitrariamente, tanto por acción como por omisión, ha permitido la permanencia en el tiempo de una situación anómala e ilegal, originando graves perjuicios a otros empresarios, al sector en general, a los derechos de los ciudadanos y a la credibilidad en la actuación de la Administración que representa”, indican, lo que ha llevado a la Justicia a considerar que hay indicios de un delito de prevaricación administrativa, incoando las diligencias previas contra Maestro Saavedra. La Xunta, eso sí, reitera que siempre operó según la ley y que "ha cumplido y sigue cumpliendo escrupulosamente" en la adjudicación de contratos. "               (Rodrigo brión, Galiciapress, 07/04/23)

Ecologistas y mariscadores se levantan contra los vertidos de una mina autorizados por la Xunta en la ría de Noia... El Gobierno gallego da luz verde al plan de una empresa australiana de vaciar 890.000 metros cúbicos de aguas con metales pesados a un río para reiniciar la extracción de wolframio en San Finx, en el municipio de Lousame

 "En el municipio coruñés de Lousame, sobre la ría de Muros y Noia, se acumulan cerca de un millón de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados de una mina, la de San Finx, de la que se extrajeron durante años wolframio y estaño. El yacimiento está sin actividad desde 2017, pero un cambio de manos en 2022 puso sobre la mesa su reactivación. Para acceder a las galerías que quiere explotar el nuevo propietario, la empresa australiana Pivotal Metals (hasta hace unos meses, Rafaella Resources), hace falta vaciar el agua que las anega, cargada con zinc, cadmio y cobre. 

La Xunta ha dado su autorización para que se vierta al río Pesqueiras (también llamado rego das Rabaceiras), a siete kilómetros de los bancos marisqueros de los que se extrae la mayor parte del berberecho que se produce en Galicia. Organizaciones ecologistas añaden que los terrenos afectados incluyen zonas protegidas de agua potable y áreas de la Red Natura 2000. Asociaciones ambientalistas, cofradías y algunas de las corporaciones municipales de la zona se han unido contra el permiso dado por el Gobierno gallego.

El órgano responsable de dar esa autorización es Augas de Galicia, que depende de la Consellería de Infraestruturas. La hizo pública el pasado 1 de febrero justificándola en que las aguas residuales deben pasar un proceso de depuración y la empresa tiene que cumplir “18 requisitos y la atención estricta de las normas de calidad ambiental”. De acuerdo con el documento, Tungsten San Finx S.L. (filial de Pivotal Metals) podrá vaciar 889.885 metros cúbicos de agua acumulada en un periodo de 494 días (algo más de un año y cuatro meses). En la fase de explotación de la mina, la cantidad podrá llegar a 631.836 metros cúbicos anuales, parte de ellos procedentes de las galerías y parte de la zona industrial.

La resolución provocó una tormenta en la comarca de Noia. Desde entonces diferentes cargos de la Xunta han salido a defender la decisión con el argumento de que cumple “escrupulosamente” la normativa. El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, insistió en que esta autorización no es todavía la que le permite a la empresa retomar la actividad minera. Para eso, añadió, tiene que tramitar una actualización de proyectos para la que hay un análisis ambiental. Sin embargo, Tungsten San Finx sí podrá empezar a verter el agua contaminada para liberar las plantas anegadas. Y esto preocupa a ecologistas y mariscadores.

“Esto pone en riesgo a toda la comarca”, protesta Santiago Cruz, patrón mayor de la cofradía de Noia, que, junto a la Portosín, convocaron la protesta de este sábado contra la decisión de la Xunta. La movilización recibió apoyo de asociaciones ecologistas como Greenpeace, Verdegaia y Ecoloxistas en Acción. Cruz asegura que llevarán el caso a los tribunales, pero, con los tiempos de la justicia, teme que la empresa empiece a verter residuos antes de que haya un fallo. “Después nos tiraremos de los pelos”, dice y asegura que son 5.000 las familias que dependen de la ría de forma directa. Considera que “hay intereses” no declarados porque ve “sospechoso” que se dé luz verde a una medida que puede afectar a tantos trabajadores por permitir la actividad en una planta que daría empleo a “50 ó 70” personas.

Joám Evans, de Verdegaia, concuerda. Recuerda que el proceso para autorizar los vertidos llevaba siete años en trámite. Hace un año se produjo la operación empresarial por la que la mina pasó de estar en manos de una filial de Sacyr (Valoriza Minería). El traspaso estaba condicionado a que se pudiese reanudar efectivamente la producción y se vendiesen al menos 1.000 toneladas de material. Hasta entonces no habrá ningún pago. Evans cree que todo el proceso es “un gran favor político a Sacyr”, que tendría que asumir el coste de reparar y clausurar el yacimiento si no prosperase el proyecto de Pivotal Metals. La actividad está parada desde 2017 en una mina investigada por la Justicia y que llevó a un alto cargo de la Xunta a tener que responder ante el juez en una causa por presunta prevaricación ambiental.

Recursos de alzada y denuncias

El representante de Verdegaia indica que se ha presentado denuncia por la vía penal contra los tres funcionarios que tramitaron la resolución y la directora de Augas de Galicia. Por la vía administrativa, también se han registrado recursos de alzada. Uno de ellos corresponde, según publicó el diario La Voz de Galicia, al Ayuntamiento de Noia, con un alcalde, Santiago Freire, que es del PP. La autorización de vertido es para Evans “como empezar la casa por el tejado” porque permite empezar a evacuar residuos para un proyecto que no tiene todavía la autorización para empezar a funcionar.

También Greenpeace critica la decisión de la Xunta. Los vertidos “podrían dañar irreparablemente” el área donde desemboca el río Tambre en la ría, que es una zona de especial conservación de la Red Natura, y perjudicaría al marisqueo “sostenible” que de desarrolla allí. Para el portavoz de la organización en Galicia, Manoel Santos, el Gobierno gallego parece “decidido a reabrir la mina de San Finx y ponerse a jugar con metales pesados en la ría”. “El resultado podría ser catastrófico”, añade y recuerda que la contaminación por metales pesados “es uno de los mayores problemas ambientales por su persistencia y toxicidad”. También recalca que Pivotal Metals no tiene minas operativas en otros lugares del mundo y que a la otra que controla en Galicia, la de Varilongo (Santa Comba, A Coruña), Augas de Galicia le denegó a finales de 2022 una autorización de vertidos similar a la de San Finx.

Niveles de metales “muy por encima de los permitidos”

La resolución de Augas de Galicia insiste en que las aguas se tienen que depurar antes de que lleguen al cauce fluvial y da un plazo de cuatro meses para que estén finalizadas las obras en los sistemas de tratamiento y evacuación. Establece que la empresa debe hacer un control semanal en la fase de vaciamiento y uno mensual en la de explotación y remitir los resultados de los análisis a la administración gallega.

Tres semanas después del anuncio de la Xunta, la cofradía de Noia entregó al Gobierno gallego un informe técnico que cuestiona las medidas preventivas de la Xunta. El documento concluye que la prueba piloto en la que se basa la planta de tratamiento de aguas de mina aprobada fue “un fracaso” y “no consiguió controlar los niveles de cinc y resultó en concentraciones de cadmio y cobre disparados”. Del estudio se encargó el geofísico Steven H. Emerman, experto en residuos mineros, y en el mismo señala que las concentraciones de estos metales pesados están “muy por encima de los valores máximos permitidos”.

Berberecho no apto para el consumo

La bióloga de la cofradía de Noia, Liliana Solís, explica que la presencia de metales pesados tiene impacto sobre las poblaciones de berberecho y almeja, que son las más importantes en la zona. Recuerda que son organismos filtradores, que pueden bombear 80 litros de agua al día para retener las microalgas de las que se alimentan. “Si en el medio hay metales pesados, los van a bioacumular. Y nosotros, por encima de ciertos niveles, no podemos consumir ni zinc ni cobre ni cadmio”, señala. El vertido de los residuos de la mina derivará no tanto en un impacto sobre las poblaciones de estos bivalvos, sino en que no se podrán comercializar para consumo humano.

El problema para quienes se dedican al marisqueo en la ría de Muros y Noia se suma a la elevada mortalidad de los moluscos esta temporada. La situación, dice Solís, se repite siempre que hay una temporada de elevadas precipitaciones, que fue lo que ocurrió el pasado otoño y en la primera parte del invierno. Una presa río arriba hace desembalses para producir electricidad y esa cantidad de agua dulce provoca una bajada de la salinidad en los bancos marisqueros de la ría, además de arrastres y un aumento de la turbidez. Esto es lo que ha provocado la muerte del 80% de los ejemplares de berberecho comercial y el 77% de la cría, además del 54% de la almeja japonesa."                    (Beatriz Muñoz  , eldiario.es, 4 de marzo de 2023)

A trama das UTE: como Monbus conquistou a estrada galega con empresas pantalla... con contratos que non se cumpren, e autobuses que nunca pasan

 "O xigante do transporte público válese de pequenas empresas familiares para crear unións mercantís e esquivar a normativa antimonopolio. Dende o sector denuncian que Monbús se apropia de axudas públicas doutras entidades e que a Xunta, consciente da estratexia, segue favorecendo á compañía.

Os connaiseurs do viño saben que a prestixiosa adega Vega Sicilia, a pesar do que suxira o nome, non está en Italia, senón en Valladolid. Probablemente o coñeza tamén Alberto Núñez Feijóo, que entre 2006 e 2013 recibía cada Nadal unha caixa chea deste afamado licor cortesía de Raúl López López, presidente do grupo empresarial Monbús. 

Quizais López ignoraba que Feijóo, xa nos anos da universidade, era coñecido por non pedir máis que auga nas escasas noites que cambiaba o piso polos bares. Chegaran ou non a descorcharse esas botellas, o certo é que nos últimos dez anos Monbus conquistou o 80% dos contratos públicos de transporte regular da Xunta, segundo datos de Galibus. Unha fazaña empresarial na que a empresa de Sarria se serviu de compañías familiares vidas a menos para cambiar de cara ante a administración e esquivar a súa normativa anti-monopolio.

En Galicia, as liñas de autobús dependen da Xunta, e, máis precisamente, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Cada certo tempo, a administración autonómica saca a concurso paquetes de traxectos agrupados xeograficamente e senta unhas bases para acceder a eles. Nos contratos, claro, vai incluído un límite de axudicacións por empresa. Pero a Monbús, posuída nun 30% por Abanca, sóbranlle fórmulas para burlar este muro.

Un exemplo: en decembro de 2020 a Xunta adxudicou as liñas de Ferrol sur e Betanzos norte á UTE Hércules del Norte. A compañía fora creada poucas semanas antes da licitación, sen dúbida ex-profeso para esta. Sorprende que a Xunta achegara os permisos para exercer en Ferrol a unha entidade con sede social en Vimianzo, é dicir, a máis de 100 quilómetros da cidade naval. O caso repítese en Betanzos sur ou na do servizo XG-847, no Barbanza. En todos os casos atopamos a Monbús tras o entramado empresarial e os labirintos do Borme.

A compañía de López López valeríase deste recurso legal para acumular liñas que non lle corresponderían no caso de se presentar con nome e apelidos. O grupo de Sarria asegúrase de esquivar os límites das adxudicacións botando man das máis de dez empresas que o conforman: La Hispano Igualadina, Castromil, Transportes la Unión, etc. Deste xeito, as posibilidades de ser apercibidos por unha aparición reiterada decrecen. Sobre o papel, non se trata xa da mesma entidade, aínda que en moitos casos estas compañías non conten sequera con páxina web e os seus autobuses conten co logotipo de Monbus.

O PAPEL DA XUNTA

Inquirida por esta estratexia, a Xunta sinalou en ocasións anteriores que os contratos de Mobilidade estaban en regra, apuntando á ausencia de sentencias condenatorias. Pero é que a propia Xunta estaría a xogar un papel importante nesta trampa á administración autonómica, por paradóxico que pareza. 

“En transporte regular houbo tres concesións [nos últimos anos]. A primeira estaba orientada a «empresas ou grupo de empresas». Pero nas seguintes a Xunta sacou esta coletilla, e abriron a porta a que as empresas grandes se fixeran co 100% do mercado”, explica Alberto Paillet, presidente da plataforma Galibus, que agrupa ás compañías máis pequenas dun sector que ameaza con concentrarse en dúas grandes firmas: Monbús e Arriva.

Deste xeito, a empresa estaría a burlar a normativa autonómica apoiándose nos elos máis débiles do sector. A pregunta queda, naturalmente, en que beneficio tiran as sociedades que serven de máscara para a UTE. De acordo con Paillet, é habitual que estas firmas accedan a “asinar un folio en branco” cando se unen a Monbus: “métenos para facer o que a eles non lles interesa; as liñas descolgadas, por exemplo”.

Pero Galicia Confidencial puido contactar cunha destas empresas familiares e rematou recabando unha versión distinta dos feitos. “Nós non damos ningunha liña, todo o servizo é de Monbús”, relata o propietario dunha sociedade afincada en Vimianzo. “Somos convidados de pedra, simplemente”. Preguntado polo beneficio que tiran deste acordo, o home preferiu gardar silencio

O REPARTO DAS AXUDAS

A agrupación en UTEs que tería permitido a Monbús conquistar o 80% do mercado traería consigo un trato cuestionable para as pequenas empresas que acceden a ser fagocitadas. Como toda UTE, estas unións contan cun xestor escollido en liña co nivel de participación na entidade; é dicir, Monbús. Acontece que, á hora de recibir axudas da administración, é tamén a compañía administradora a que as recibe, e, segundo Paillet, estas non chegan ao resto de socios. “As empresas pequenas teñen un prezo pechado por día, así que agora non cobran absolutamente ningunha das axudas que veñan”, explica. 

Paillet destaca que, unha vez se lle comunicou esta circunstancia á Xunta, esta preferiu lavar as mans escudándose no carácter privado de tales acordos, “que é certo, pero debían axudar a todo o sector, non sempre aos mesmos”. Con todo, a plataforma de pequenas e medianas empresas non ten reparo en sinalar a responsabilidade da administración autonómica nesta marea de dificultades para os máis pequenos do sector. 

A cuestión está nos propios lotes de rutas que Mobilidade saca a concurso. Acontece que os ‘packs’ son demasiado amplos como para que unha empresa pequena poida asumir as esixencias do prego. Paillet cifra en até 50 autobuses a frota esixida pola Xunta, cando a dotación habitual dunha entidade do ‘terceiro estado’ non pasa de dez. “No momento en que hai lotes deste tamaño as empresas pequenas quedan fóra de xogo”, valora, unha impresión que comparte Marta, propietaria dunha entidade familiar ao norte de Ferrol."                     

O tamaño dos lotes licitados provoca que as empresas máis pequenas teñan que escoller entre quedar a cero ou aliarse con Goliat para, presumiblemente, recoller as migas que resten de tan proveitoso negocio. Porque Monbús, unha vez conquistadas as liñas, estaría a deixar fenecer moitas delas reducindo drasticamente a cantidade de autobuses e frecuencias.

Entidades veciñais e empresariais xa denunciaron á compañía en reiteradas ocasións por incumprir os pregos dos contratos que a converteron na firma número un do país. Pero esas serán cuestións a tratar na segunda parte desta reportaxe, na que, por certo, non se contou coa versión de Monbús e a Consellería de Infraestruturas. A primeira dixo carecer de tempo a raíz das vacacións, a segunda non dixo nada."          (Iago Codesido , Galicia Conficencial,  13/04/2022)

"A trama das UTE (II): contratos que non se cumpren, autobuses que nunca pasan.

 A comarca de Ferrol denuncia un recorte sen precedentes do transporte público dende a chegada dunha UTE integrada por Monbús. No sector aseguran que as grandes empresas buscan acaparar os contratos da Xunta ofrecendo grandes servizos que, unha vez se fan coas liñas, incumpren.

 Cando en 2011 estalou a Primavera Árabe non foron poucos os gurús tecnolóxicos que quixeron bautizala como “Revolución Facebook”. Cóntase, non en balde, que as redes sociais serviron como canle de axitación na que fraguou o descontento contra os vellos tiranos das poltronas orientais. Dende hai meses, Ferrol vive a súa particular revolución Facebook; neste caso contra un deterioro do transporte público polo que sobran dedos acusando aos responsables.

Día a día, os muros de Facebook de distintas asociacións énchense de queixas contra a UTE Hércules del Norte, constituída, entre outros, por Monbus, se ben a compañía apunta que a súa participación é máis ben minoritaria. Unha explicación que non aclara por que a web da UTE redirixe directamente á do xigante de Sarria e, segundo os veciños, todas as liñas directas veñen rotuladas coa compañía de Raul López López.

“Hai días que [o bus] non vén, hai días que vén antes de tempo... a xente non pode estar agardando na parada sen saber se vai chegar ou non”, laméntase María José Sánchez, da A.VV. de Chanteiro, unha pequena aldea de 250 habitantes a varios quilómetros de Ares. O diagnóstico é semellante da man da Plataforma Transporte Público Digno Ferrol e Comarca, que lidera as mobilizacións pola aparente precarización do servizo de autobús: “xa non é a primeira vez que queda xente en terra”, incide Teresa Vázquez.

A UTE Hércules Norte gañou a adxudicación das liñas de Ferrol sur e Betanzos norte en decembro de 2020, concedidas pola Xunta a pesar de que a esta unión ten a súa sede ben lonxe da Praza de España e a Avenida de Esteiro: Vimianzo. Dende entón, aseguran os veciños, boa parte dos servizos “esenciais” que a anterior concesionaria prestaba con relativa dilixencia foron caendo.

O problema centraríase nas liñas de primeira hora da mañá, particularmente sensibles porque serven para desprazar un gran número de traballadores á Coruña. Até a chegada da UTE, os ferroláns contaban con tres traxectos na alba do día: un ás 6:30 e dous específicos para transportar estudantes universitarios e sanitarios do CHUAC á urbe herculina. Pero a nova

empresa, apuntan, decidiu fundir as tres liñas nunha soa, e aí comezaron os protestas.

“Os autobuses non saen á súa hora, queda xente en terra... algunhas veces nin sequera pasan”, volven incidir dende a Plataforma. Precisamente, foi esta asociación a que a comezos de este ano interpelou á Xunta para recuperar as frecuencias anteriores. Mobilidade comprometeuse entón a falar coa UTE, pero, seguindo a versión dos veciños, non lograron mellorar a situación: “non repuxeron as liñas, senón que cambiaron de hora a que xa había”, explican, unha manobra que non solventaría a escaseza de prazas nin a duración ampliada do traxecto: de 45 minutos a unha hora e media en xornadas puntuais.

A cidade de Ferrol constitúese como unha zona especialmente sensible de cara ao recorte de servizos por estrada polo deficitario do seu tren, unha problemática que se agrava co recente encarecemento dos combustibles e as reticencias a usar o coche particular. Pero os problemas son aínda maiores na pequena aldea de Chanteiro, onde, segundo explica María José Sánchez, teñen que baixar a Ares “para calquera cousa. Para facer a compra, para ir á perruquería... por todo”, incide.

O envellecemento da poboación rural suma un problema engadido a estas zonas da contorna ferrolá. Segundo explica a muller, en 2020 contaban cunha liña proveitosa para desprazarse á vila con regularidade: todos os días tiñan un bus de ida ás 10:00h e outro de volta ao mediodía. A frecuencia foi suspendida pola UTE despois de realizar unha auditoría: “agora só temos o das 7 da mañá, pero non hai forma de volver”, explica.

É por iso que os veciños do lugar se ven obrigados a tomar o taxi ou depender dun familiar. Esta última posibilidade é un recurso obrigado para o caso dos alumnos do IES de Mugardos, que depende tamén do transporte privado. “Teñen un bus ás oito da mañá, pero para volver do instituto non hai nada”, apunta a mesma fonte, que incide tamén nas deficiencias da liña dispoñible: “hai días que non vén, outros chega antes de tempo...”. 

INCUMPRIMENTO DE CONTRATOS

Plataforma e asociación de veciños coinciden na crítica dun servizo “que non é serio” e se aprecia “desorganizado”. Para proba disto último, o día en que Chanteiro recibiu un bus de dúas plantas para recoller un ou dous veciños. “Os horarios están en función dos seus petos, non da necesidade da xente”, incide María José Sánchez. Pero detrás da precariedade denuncia podería haber máis que a simple desidia dunha compañía sinalada día tras día en redes sociais.

Galicia Confidencial xa recolleu o testemuño de Galibus sobre a adxudicación de liñas da banda da Xunta. A plataforma de pequenas e medianas empresas denuncia que Mobilidade licita lotes demasiado grandes como para que as entidades menores poidan conseguir a súa porción do mercado. A problemática estriba en que, de acordo coas mesmas fontes, as entidades que dominan o sector estarían a facer “trampas” para conquistar os contratos con promesas que logo nunca se cumpren.

Para optar a prestar un servizo de transporte terrestre, a Xunta esixe que as adxudicatarias conten cun número mínimo de vehículos e que estes se atopen en determinadas condicións de antigüidade, equipo, etc. Segundo Galibus, é habitual que as compañías máis grandes prometan á administración autobuses novos e equipados ante que logo nunca prestarán servizo.

“Danlles matrículas de frotas que xa están empregando en Madrid e en Barcelona, autobuses novos, e logo aquí operan con outros máis vellos”, incide Alberto Paillet, presidente da asociación. Segundo explica, moitos destes vehículos nin sequera poderían circular en Galicia porque xa forman parte de adxudicacións en distintas comunidades autónomas. Unha problemática que foi posta en coñecemento da Xunta e dos que, segundo Galibus, Mobilidade xa tomou nota. “O que pasa cos expedientes xa non o sabemos”, incide.

Cheguen a castigarse ou non os aparentes incumprimentos de contrato, o certo é que as extraordinarias ofertas que logo resultan en papel mollado teñen deixado fóra dos concursos diversas empresas pequenas que o terán moi difícil para subsistir até a próxima licitación. “Houbo compañías que xa tiveron que pechar porque outras fixeran ofertas desmesuradas. Xa lle dixemos á administración que parece que aquí ofertar non ten consecuencias, porque non obrigan ao seu cumprimento”, incide."             (Galicia Confidencial, 14/04/22)

Helicópteros, barcos, autobuses: a Xunta prorroga contratos e obstaculiza a entrada de novas empresas nos seus medios de transporte

 "Nos últimos anos a Xunta vén prorrogando sen convocar novos concurso públicos contratos de servizos de todo tipo, desde mantemento de estradas ata subministros enerxéticos ou servizos postais. As prórrogas son legais e estaban permitidas xa nos contratos orixinais deses servizos adxudicados no seu momento por concurso público, pero supoñen un obstáculo á libre competencia, segundo veñen advertindo o Consello de Contas ou a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC), que no caso do Goberno galego se produce de xeito reiterado na xestión de todo tipo de vehículos e medios de transporte, sexan helicópteros, barcos ou autobuses.

A última prórroga dun gran contrato deste tipo é a que vén de revelar Praza.gal do servizo de operación dos dous helicópteros de salvamento marítimo da Xunta. Adxudicado en 2017 por 8,25 millóns de euros ao ano á empresa á que o Goberno galego vendera en 2012 os seus dous helicópteros mercados sete anos antes porque ían quedar obsoletos, tiña un prazo de execución de catro anos, prorrogable por outros dous. A empresa seguiu operando o servizo con aqueles aparatos que lle vendera a Xunta e agora esta prorrógallo outros dous anos máis, ata novembro de 2023 e por 16,5 millóns de euros, malia que no seu momento o propio presidente Feijóo asegurara que en sucesivos concursos se poderían obter aparatos “máis modernos”.

 O Goberno galego decidiu prorrogar o contrato en vez de convocar un novo concurso sen máis argumentación que a de que así estaba permitido no contrato asinado hai catro anos e que o servizo de salvamento marítimo non pode deixar de prestarse. No seu momento, cando a Xunta se desfixo dos aparatos, o Consello de Contas xa advertira de que o Goberno galego tomara a decisión sen “ningún estudo sobre a repercusión da venda dos helicópteros” nas futuras contratacións do servizo cando a administración xa non tivese a súa propiedade.

A Xunta tamén prorrogou durante anos á mesma empresa -a antiga Inaer, mercada a mediados da pasada década pola multinacional con base británica Babcock, que agora quere volver desafacerse dela, segundo varios medios-, diversos contratos de helicópteros de loita contra os incendios. Prórrogas que foron censuradas polo Consello de Contas por entender que se producira unha incorrecta planificación do servizo por parte da Xunta.

Porque segundo a Comisión da Competencia, “incluso cando as prórrogas se atopen xustificadas e a súa posibilidade estea establecida nos pregos do contrato, só debe recorrerse a elas como mecanismo verdadeiramente excepcional, para evitar o risco de que outorgamentos sucesivos de prórrogas ao contratista leven a un peche do mercado por longos e potencialmente indefinidos períodos de tempo”, outorgando así aínda máis “vantaxes para os operadores xa instalados”.

 As prórrogas non só se rexistran nos helicópteros, sexan de incendios ou de salvamento marítimo, senón que nese último sector, tamén no departamento de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, o servizo de operación dos catro barcos de maior tamaño da Xunta vén sendo prorrogado sucesivamente sen un novo concurso público desde o que se outorgou en 2006 á empresa Remolcanosa. Cun custo duns 6 millóns de euros ao ano, prevía un prazo de execución de dous anos, pero permitía prórrogas por períodos similares ata un máximo de 25 anos. E así o vén prorrogando a Xunta sen descartar que non volva haber un concurso público ata 2031.

O subsector dos medios de locomoción no que a Xunta, aínda que con demora, si está a dar pasos para rematar con prórrogas sucesivas durante incluso décadas é o do transporte en autobús, no que xa completou a reorganización dos servizos de liña regular e está a ultimar os servizos escolares. Pero tamén eses procedementos de reorganización, e diversos erros cometidos pola propia Xunta, levárona a prorrogar contratos previos para que non quedasen os servizos sen prestar mentres se concretaban os novos concursos. É o que aínda está a ocorrer na metade das liñas de transporte escolar de Galicia, prorrogadas porque a Xunta tivo que reiniciar o concurso para renovalas porque cometera “erros non subsanables”.

 Nos próximos meses está previsto que á fin queden renovados todos os contratos de transporte escolar tras prórrogas que nalgúns casos se sucedían desde hai varias décadas. Son contratos, dixo no seu momento o Consello de Contas, que se outorgaran incumprindo os sucesivos gobernos galegos “os principios esenciais da contratación administrativa (publicidade, concurrencia, igualdade e non discriminación)” e nos que posteriormente “a utilización do mecanismo da prórroga permitiu estender a duración dos contratos [...] sen que se promovera concorrencia no sector”. 

En 2009 o Goberno de Feijóo chegou a prorrogar os servizos preexistentes de transporte en autobús tanto regular como escolar cunha lei específica, pero mesmo cando en 2016 o Tribunal Supremo a anulou a solución da Xunta foi prorrogar novamente os servizos co argumento de que senón quedarían sen prestar. Ata o actual proceso de renovación de todos os contratos con novos concursos que aínda está pendente de rematar para a metade das liñas de bus escolar."               (David Reinero, Praza Gal, 07/11/21)

Feijóo cambia de versión tras o expediente da UE pola AP-9: "Galicia debe xestionala"

 "O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volveuse a pronunciar este venres á mantenta do expediente aberto pola UE polas prórrogas da concesión da autoestrada AP-9 e concluíu que o ocorrido ratifica que Galicia debe xestionar" esta vía de vertebración da comunidade. En todo caso, mostrouse pouco "optimista" sobre que este expediente poida ter un impacto económico en Galicia.

En declaracións aos medios este venres en Santiago de Compostela, Feijóo apuntou que o que coñece é que se estudan as "decisións das prórrogas" da autoestrada. En concreto, segundo figura na información comunitaria, o Executivo europeo considera que a última ampliación da concesión da AP-9, que estenderá as peaxes ata 2048, non se fixo de acordo á lexislación europea.

Tanto a duración como o alcance da concesión están baixo a lupa de Bruxelas, xa que a regulación comunitaria establece que a prórroga dun contrato de concesión equivale a unha nova concesión, que só pode adxudicarse mediante concurso público. Desta forma dáse a oportunidade ás empresas interesadas a optar á concesión, promovendo un mellor servizo ao menor prezo.

Para corrixir isto, Bruxelas espera que as autoridades españolas saquen a renovación da AP-9 a concurso público, o que debería facerse ao acabar a vixencia da concesión, en lugar de prorrogarse.

Con todo, Feijóo entende que está baixo cuestión a actuación de todos os gobernos desde os anos 70 ata José Luís Rodríguez Zapatero --a obra decidida polo Goberno socialista materializouse baixo o goberno de Mariano Rajoy--, pasando polo de Felipe González e José María Aznar.

FALTOU UN REQUISITO

O pronunciamento do Executivo comunitario parte da asociación galega En-Colectivo, que en xullo de 2020 presentou unha denuncia ante a Comisión Europea por considerar que as prórrogas da concesión da AP-9 a Audasa, aprobadas por senllos reais decreto en 1994 --ata 2023, durante o Goberno de Felipe González-- e 2000 --ata 2048, durante o Goberno de José María Aznar-- por considerar que vulneran a normativa comunitaria.

Feijóo subliña que a UE entende que "faltou un requisito, que é a publicidade e concorrencia" nas últimas dúas concesións. "Por tanto, imos ver se esas decisións do Goberno español reiteradas desde as décadas dos 70 son contrarias á competencia e ao dereito comunitario", apuntou.

"TRANSFERENCIA"

En todo caso, o presidente autonómico concluíu que esta situación "vén xustificar a solicitude do Parlamento e do Goberno galego "da transferencia da autoestrada a Galicia, para que sexa o goberno democrático de Galicia o que tome conta da autoestrada, que é a columna vertebral dos galegos, os que a usan e a pagan".

"Volvemos solicitar de novo a transferencia", remarcou Feijóo, quen dixo que cando se dirima se se cumpriu o principio de concorrencia ou se vai en contra das directivas europeas, a Xunta "acatará a sentenza que se traslade no seu caso".

Con todo, sinalou que esta situación "moita operatividade e moito impacto na situación da autoestrada en Galicia non vai ter". "O que pode haber é un aviso dun incumprimento para que non volva ocorrer". "Non son moi optimista de que isto vaia a ter algún impacto económico en favor de Galicia", indicou, antes de sentenciar que "Galicia o que necesita é a transferencia".

"Esa autoestrada debe de ser xestionada polos galegos, porque somos os que pagamos todos os días, a pesar de larebaja, que é unha excelente noticia", sentenciou.

PPdeG

Pola súa banda, o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, chamou a deixar que sexan "as autoridades competentes" as que "analicen" se a prórroga da concesión da AP-9 a Audasa aprobada polo Goberno de José María Aznar se axuste ao dereito comunitario. Con todo, considera que "a prioridade" é "que o PSOE non bloquee a transferencia" desta infraestrutura a Galicia que está en trámite no Congreso."                       (Galicia Confidencial, 24/09/21)

Veinte años y cero empresas: el fiasco del mayor parque industrial de Galicia

 "Veinte años después de que tres administraciones acordasen impulsar el que iba a ser el mayor parque industrial de Galicia, ni una sola empresa se ha instalado en el dominado Puerto Seco de Vigo, una Plataforma Logística e Industrial a la que se han destinado de momento 150 millones de euros y que probablemente se disparará por encima de los 230 millones. 

Una conservera, una tecnológica y una gasolinera son los únicos clientes que han mostrado interés en un complejo de tres millones de metros cuadrados castigado por incontables reveses judiciales, que está consumiendo anualmente partidas millonarias de la Autoridad Portuaria, la Zona Franca y la Xunta.

Fueron esas tres instituciones las que, en septiembre de 2000, firmaron un protocolo de colaboración para crear una gran superficie industrial a caballo entre los ayuntamientos de Salvaterra y As Neves, a 35 kilómetros de Vigo. Uno de sus principales objetivos consistía en servir de plataforma de almacenaje de contenedores portuarios, pero los estudios previos, de existir, fallaron estrepitosamente, como asumió el Puerto de Vigo al renunciar a gestionar la denominada Plisan como puerto seco. 

La entidad que preside Enrique López Veiga es de hecho uno de los principales perjudicados del fracaso del proyecto, hasta el punto de que la Intervención General del Estado le ha ordenado provisionar fondos por los terrenos sin vender. De cerrar el ejercicio 2019 con 2,2 millones de beneficios pasará a pérdidas por medio millón de euros.

Las ofertas suman apenas siete hectáreas

Transcurridas dos décadas desde que se iniciaron los trámites, las administraciones involucradas aún no han conseguido concluir la segunda de las dos fases en que se dividió la ejecución de la Plisan, y la primera se cerró solo recientemente. Pese a los incentivos ofrecidos a las empresas, que incluyen precios de 50 euros el metro cuadrado o la posibilidad de construir antes de que finalice la urbanización, las ofertas presentadas suman apenas siete hectáreas. Gracias principalmente al interés de una única compañía, la conservera Albo —ahora en manos de la china Shangai Kaichuang—, que ha reservado 60.000 metros cuadrados. El resto se lo reparte la tecnológica Beta Implants y una sociedad unipersonal que gestionará una estación de servicio.

Mientras, el gasto en la Plataforma Logística e Industrial Salvaterra-As Neves sigue en aumento. Esta misma semana, la Xunta comunicaba la finalización de las obras de la estación depuradora de aguas residuales y la ejecución de las de la planta potabilizadora, que está previsto que concluyan este mismo año. La inversión en la depuradora supera los 4,31 millones de euros, mientras que la de la potabilizadora asciende a 7,23 millones. La Xunta estudia además abrir al tráfico la conexión en autopista del parque con la A-52, un tramo de 4,5 kilómetros concluido hace seis años cuyo coste ascendió a 28,5 millones de euros, que permanece sin inaugurar. Los vecinos de la zona lo utilizan para dar paseos. 

El fracaso de la oferta de espacio para almacenar contenedores a 35 kilómetros de Vigo es solo una de las causas del fiasco de un proyecto lastrado por sucesivos tropiezos judiciales, que se iniciaron con una expropiación que calculó de forma defectuosa las fincas afectadas y no tuvo en cuenta que parte de la zona es de protección forestal, como constataría tiempo después el Tribunal Supremo. Como consecuencia de aquel error, el 25% de los terrenos –los que correspondían a Zona Franca— tuvieron que ser excluidos, lo que obligó a deshacer la segregación y reordenar la planificación al completo. Ahora está formulada con un 61% para el Puerto, un 21% para Zona Franca y un 19% del Instituto Galego de Vivenda e Solo de la Xunta.

También se sucedieron las reclamaciones de empresas de explotación minera de la zona y de las comunidades de montes y propietarios, un conflicto que los impulsores de la Plisan despreciaron inicialmente pero que se judicializaría. Aquel litigio acabaría frenando el interés de la japonesa Mitsubishi para instalar en la zona una fábrica de batería de litio para coches eléctricos, a finales de la pasada década.

Otra traba, esta administrativa, resultó de la ausencia de solicitud de permiso a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para las obras de la depuradora de la primera fase, pero el último y más importante de los contratiempos judiciales se produjo en diciembre de 2017, cuando el Tribunal Supremo vetó la venta de parcelas en toda su superficie. La sentencia, que califica como “dominio público” el ámbito que pertenece al puerto, obligó a idear una declaración de innecesaridad de los terrenos afectados, disolver el pro indiviso que el Puerto constituyó en 2015 con Xunta y Zona Franca y volver al modelo inicial, de condominio en propiedad compartida con el resto de instituciones. Para mayor escarnio, la resolución del TS se produjo al desestimar el TS un recurso de una empresa minera contra la Autoridad Portuaria.

Pese a que la Xunta consideró “desbloqueado” el proyecto en febrero de 2020, las reticencias de las industrias se mantienen, y las tres empresas en cartera distan de las 400 que vaticinaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el año 2006, cuando estaba al frente de la Consellería de Política Territorial. Las administraciones implicadas tampoco aciertan con el presupuesto final previsto para el que se anunció como el segundo parque empresarial de España, que Zona Franca sitúa en 192 millones de euros, la Autoridad Portuaria en 201 millones y la Xunta en 231.

El margen para incentivar la comercialización del suelo es escaso. Según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, la venta de las parcelas al precio oficial se sitúa 27 euros por debajo del valor real del metro cuadrado, lo que, solo en sus primeras 35 hectáreas, generaría pérdidas de dos millones de euros en Zona Franca y de 6,6 millones (de los que podrá restar 1,5 en subvenciones) en la Autoridad Portuaria."                       (Pablo López, El Confidencial, 04/10/20)

Denuncian que unha ex conselleira de Feijóo manexa información privilexiada para aprobar os seus proxectos eólicos

"Greenalia, a enerxética na que dende febreiro é directiva a ex-conselleira de medio ambiente Beatriz Mato, tramita nestes intres coa Xunta 13 parques eólicos, con outros 14 en proxecto, por máis de 700 MW. “Os trámites están a gozar de inestimábeis axudas oficiais e oficiosas”, é a denuncia que fai Adega que acusa á ex conselleira de utilizar información privilexiada na tramitación destes proxectos.

 Esta situación coincide, ademais, coa orde da Xunta do pasado 27 de abril, que desbloquea a tramitación das avaliacións ambientais de 1.000 proxectos enerxéticos, a maior parte deles parques eólicos, paralisados polo estado de alarma. E, curiosamente,  unha destas empresas, nomeadamenrte Greenalia Wind Power SLU, contou para os seus proxectos con "axudas informais da Xunta e mesmo información privilexiada que só obra en poder da administración”, segundo a entidade ecoloxista.
De feito, ADEGA suliña nun comunicado que está a revisar as ducias de proxectos eólicos aos que a Xunta vén de favorecer coa reactivación dos procedementos de avaliación ambiental. Entre eles, os 13 que Greenalia Wind Power SLU ten en diferentes fases de tramitación. Nesta morea de información atoparon que o parque eólico "O Cerqueiral", nos concellos de Cabana de Bergantiños, Coristanco e Santa Comba, xunto cos veciños parques "Campelo", "Bustelo" e "Monte Toural", tamén de Greenalia, son en realidade o "despece" dunha única instalación que a Xunta tramita por separado, afectando a unha área (a contorna da Lagoa de Alcaián) de enorme valor ecolóxico e coa presenza de endemismos únicos no mundo.
Así, denuncia que a tramitación por separado do que debería ser un único parque para eludir determinados procedementos, supón xa unha fraude de lei “que Greenalia nen sequera oculta ao informar de que o PE O Cerqueiral comparte infraestruturas (central de transformación e liña de evacuación) cos outros tres parques veciños de seu”.
EN PERIGO ESPECIES VULNERÁBEIS
Esta empresa que asesora a ex conselleira Mato tamén poñen en perigo dúas especies ameazadas e que están nos plans de recuperación de especies en perigo. Trátase da Centaurea ultreiae, planta endémica en perigo de extinción, da tartaraña cincenta (Circus pygargus) e da gatafornela (Circus cyaneus), dúas especies de aves vulnerábeis.
Curiosamente, estes dous documentos de xestión, cuxa redacción e aprobación é obrigatoria por parte da Xunta ao tratarse de especies vulnerábeis, non foron aínda aprobados nin publicados no DOG, polo que non están en vigor. “Como é posíbel que unha empresa privada teña acceso para defender os seus intereses á información contida nuns documentos que non son públicos e que recollen valiosos datos científicos sobre especies tan sensíbeis? Como se entende que universidades, concellos, e cidadanía en xeral non poidamos dispoñer da información necesaria para poder contribuír á conservación destas especies e evitar o seu deterioro, mentres que a Consellaría fai un uso espúreo dela?”, denuncia Adega nun comunicado.
Neste sentido, lembra que os colectivos ecoloxistas levan anos reclamando a aprobación deses instrumentos de xestión dos hábitats e especies máis sensíbeis, “obriga legal e paso imprescindíbel para garantir a súa conservación e recuperación”. A Xunta conta dende hai anos con ducias de planos de xestión e recuperación, moitos deles redactados durante a etapa do bipartito, mais até o de agora só 3 foron aprobados e publicados das máis de 200 especies ameazadas. “O resto fican nunha gaveta da administración”, denuncia.
Por iso, alerta que, “este desleixado proceder ten graves consecuencias no noso patrimonio natural máis valioso: especies como o mazarico real ou o sisón esmorecen por falta de xestión e poden extinguirse en poucos anos como xa fixo o arao dos cons e a pita de monte”. “Outras como a aguia real e o oso pardo, teñen os seus planos sen aprobar e en revisión permanente... Á lista únense agora endemismos únicos, como a Centaurea ultreiaie e máis aves ameazadas”, conclúe.

GREENALIA

Pola súa banda, a empresa enerxética Greenalia nega que tivese acceso "privilexiado" a información oficial da Xunta na tramitación dun parque eólico, como denuncia Adega. Así pois, asegura que tivo acceso "como calquera outra empresa" a estes plans de conservación a través dunha consulta telemática realizada o 22 de novembro á Consellería de Medio Ambiente, que remitiu devanditos documentos.

"Aínda que este plan non está aprobado, é coñecida a súa existencia e serve de referencia a moitas consultoras e empresas para coñecer as especies en perigo da zona á hora de facer informes ambientais", sinala a compañía, que subliña que no momento da consulta Beatriz Mato xa non ocupaba responsabilidades na Consellería de Medio Ambiente."            (Galicia Confidencial, 08/05/20)

Una veintena de colegios gallegos tienen que recurrir a pizzas y bocatas de encargo para dar de comer a sus alumnos

"El comienzo del curso escolar en Galicia no sólo se ha visto alterado por las protestas en varios colegios por la falta de profesorado. Ayer, jueves, una veintena de centros de varias zonas rurales de la comunidad tuvieron que recurrir a los servicios de comida a domicilio o a restaurantes y a establecimientos locales para poder cubrir las necesidades del alumnado a la hora de comer, ante la falta de alimentos disponibles para preparar el almuerzo.

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que dirige Román Rodríguez, responsabiliza a la empresa subcontratada para ello, la compañía de catering Gescor, con sede en Salamanca, a la que ya multó el año pasado con 17.000 euros por deficiencias en la prestación de un servicio que, sin embargo, sigue manteniendo para este año.

Gescor tiene la concesión para el suministro de comida elaborada o de las materias necesarias para prepararla en más de un centenar de centros de toda Galicia. Tanto las asociaciones de padres y madres de alumnos como los sindicatos vienen denunciando desde hace años numerosas deficiencias, como la no provisión de comidas ya preparadas y de materias primas, así como de menaje, frigoríficos y lavaplatos. También, problemas en los repartos, impagos a los proveedores y a los trabajadores y falta de personal para el cuidado y vigilancia de los comedores.

Según la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato mayoritario en Galicia, esos problemas se han repetido al inicio de este curso, obligando a los propios profesores "a comprar empanadas, pizzas y bocadillos" para darles de comer a los alumnos. La CIG insta a la Xunta a que asuma directamente la gestión de ese servicio, y advierte de que considera indignante que el Gobierno de Feijóo incluso haya respondido a los directores de algunos colegios que compren ellos mismos el pan en el caso de que la empresa encargada de suministrarlo no se lo facilite.

"El primer día de clase, el lunes, tuvimos que llamar a la pizzería porque no teníamos utensilios para dar de comer a los escolares. Y el martes lo que no había era utensilios para prepararla, así que de nuevo tuvimos que recurrir a las pizzas", aseguran fuentes del Instituto de Educación Secundaria Val da Asma, en Chantada (Lugo).

Sin cocinas propias

No todos los colegios de las zonas rurales de Galicia tienen cocinas propias en uso, lo que obliga a que las comidas de muchos de ellos se elaboren en otros centros para ser transportadas luego al resto. Algunos de esos colegios están a varias decenas de kilómetros de distancia unos de otros, en zonas rurales y con malas comunicaciones por carretera.

Uno de los más afectados es el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Celso Emilio Ferreiro, de A Silva, en la localidad coruñesa de Cerceda, donde, además de para su propio comedor, se elaboran los almuerzos de más de 300 niños y niñas de otros cinco centros de la comarca.

 El CEIP de A Silva no recibió ayer los alimentos necesarios para preparar todas las comidas, y aunque contaba con un pequeño remanente de materia prima, éste sólo permitió cubrir las necesidades de sus propios escolares. En los otros cinco centros, hubo que recurrir a la comida rápida de los restaurantes locales para poder alimentar a los niños y niñas.

"El primer día de clase, el lunes, tuvimos que llamar a la pizzería porque no teníamos utensilios para dar de comer a los escolares. Y el martes lo que no había era utensilios para prepararla, así que de nuevo tuvimos que recurrir a las pizzas"

Esta semana se produjeron situaciones similares, y también "insostenibles", según la CIG, en el IES Fonmiña de A Pastoriza, en Lugo, que también prepara la comida para el IES Enrique Muruais, de A Pontenova, y que ayer sólo disponía de alimentos para elaborar uno de los dos platos con los que cuenta el menú. En el IES Basanta Silva, de Vilalba llevan dos días sin recibir nada, sin frigorífico y sin cuidadores para el comedor.

Según la CIG, hay algunos colegios donde, ante la previsión de que se agoten los alimentos, la Xunta, a través de su Delegación Territorial, ha llegado a instar a las respectivas direcciones a que se busquen la vida y los compren en las tiendas y comercios locales. Es el caso del IES de Becerreá, del Centro Público Integrado —CPI, con alumnos de entre 3 y 16 años— Uxío Novoneyra, de Pedrafita do Cenbreiro, y del IES Lamas de Quendas de esa misma localidad, todos en Os Ancares lucenses.

El secretario nacional de CIG-Ensino, Xesús Vermello, exigió a la Xunta que resuelva de inmediato todos esos problemas "para que todos los niños y niñas tengan garantizada su comida en condiciones óptimas y con el personal necesario para su cuidado". También reclamó al Gobierno de Feijóo que retire la concesión a Gescor, y ha recordado que su sindicato siempre ha defendido que los comedores escolares y el transporte escolar "son dos servicios públicos más dentro del servicio educativo que presta la Administración", y que, por tanto, "así deben ser tratados".

La Consellería de Educación ha confirmado que tiene constancia de lo que denomina "incidencias", y asegura que ya ha transmitido la necesidad de solventarlas a los responsables de Gesccor, a quienes ha informado de que se tomarán “las medidas pertinentes de acuerdo con los pliegos de contratación y con la Ley de Contratos” del Sector Público.

Fuentes del departamento de Román Rodríguez también han reconocido que el curso pasado se detectaron varias "incidencias", a las que la Xunta dio respuesta "a través de la imposición de sanciones por importe de 17.000,07 euros". Sin embargo, las mismas fuentes restaron importancia a esas multas asegurando que las irregularidades que las originaron no supusieron "riesgo alimentario para los escolares".

"Son multas de carácter casi ordinario y corresponden a incumplimientos por el número de vigilantes, por el mantenimiento de las temperaturas exigidas o por la no conservación de muestras".

Este diario ha intentado sin éxito obtener la versión de Gescor."                  (Juan Oliver, Público, 20/09/18)